21 Ene 2008
Argentina: Cuestionable prórroga del hipódromo de Palermo.

En vísperas de Año Nuevo los empresarios Cristóbal López y Federico Achával recibieron el mejor regalo que el entonces presidente Néstor Kirchner podría haberles hecho: con fecha 5 de diciembre, el presidente de la Nación firmó el decreto 1851/2007 por el cual prorrogó hasta 2032 la concesión del hipódromo y el complejo de tragamonedas de Palermo, que vencía originalmente en 2017. Esa decisión ameritaría que el gobierno porteño reviese su actitud pasiva acerca del juego en la ciudad y que, a su vez, el gobierno nacional revisase tan polémica medida.
La norma, publicada en el Boletín Oficial del pasado 31 de diciembre, jornada declarada de asueto para la administración pública, también fue suscripta por la ministra de Acción Social y hermana del ex presidente, Alicia Kirchner, y por el jefe de Gabinete, Alberto Fernández.
En los considerandos para justificar la extensión del plazo original, el Gobierno recurrió a un argumento por demás curioso y sorprendente. Así es que mencionó "el escaso tiempo restante para la finalización de la concesión otorgada" -restaban 9 años para que terminase-, "todo lo cual le impediría amortizar y/o recuperar las pérdidas sufridas y la inversión realizada". También reconoció que "durante los primeros diez años de concesión, la actividad hípica atravesó una seria crisis, originada en diversos factores, que conllevaron a una sensible merma, en la asistencia del público apostador al circo hípico palermitano".
Demasiada preocupación de las autoridades por un emprendimiento privado que, como tal, tuvo que haber previsto el riesgo eventual en el momento de la presentación de las ofertas. Además, casi por la vía de la reducción al absurdo, cabe preguntarse por qué el Estado resuelve salvar a un hipódromo anexándole el formidable negocio de las máquinas de apuestas y no otro tipo de entidad: una escuela o un hospital, por ejemplo.
Pero eso no es todo. A cambio de otorgarle una extensión de 15 años en un contrato que vencería en 2017, el decreto firmado por Néstor Kirchner le impone a la concesionaria determinadas condiciones. Entre otras, y por cierto la más llamativa o escandalosa, según cómo se la mire, es la intimación a la empresa concesionaria para que incremente el parque de máquinas tragamonedas, algo que difícilmente podría ser mal visto por Cristóbal López, persona muy cercana al ex presidente Kirchner, pues esas máquinas constituyen su principal fuente de ingresos. La norma intima a Hipódromo Argentino de Palermo Sociedad Anónima (Hapsa) a "incrementar el parque de máquinas de resolución inmediata, atento a las necesidades del mercado lúdico".
Esa medida implicaría la obligación de incorporar 1500 máquinas tragamonedas más a las 3000 que en la actualidad están en operaciones, superando así el límite de máquinas permitido en los casinos de Las Vegas.
Más sorprendente aún resulta la actitud de las autoridades porteñas que, con su silencio, no hacen más que consentir el avance del gobierno nacional sobre el juego de apuestas, que por disposición de la Constitución de la ciudad de Buenos Aires le compete a ésta, por tener el poder de policía sobre el juego.
De esa manera, Mauricio Macri sigue el criterio de sus antecesores. Aníbal Ibarra resignó el reclamo por el derecho de la ciudad a la jurisdicción sobre el juego y aceptó que la Lotería Nacional le pague una suma determinada al municipio por lo que se recauda por las máquinas tragamonedas. Telerman continuó la misma línea y admitió que, sin licitación alguna, se renovaran las concesiones de los bingos a sus actuales titulares.
Como ya fue señalado desde esta columna editorial, el Estado debe procurar que no se generen dudas e interrogantes en la opinión pública y su intervenciones deberían estar alejadas de toda sospecha de parcialidad y favoritismo. Ello debe ocurrir siempre, pero, sobre todo, cuando se trata de determinados sectores que dejan ganancias millonarias y en ellos hay empresarios cercanos al poder. Por consiguiente, el decreto que dispuso la prórroga de la concesión de Hapsa hasta 2032 y el aumento en el número de máquinas tragamonedas en las salas de Palermo, entre otras cuestiones, es una medida de dudosa transparencia, ya que ni siquiera se realizó un concurso o una licitación para decidirla.
Es de esperar que las autoridades porteñas revean la decisión adoptada con relación al juego en la ciudad y cumplan y hagan cumplir la letra y el espíritu de la Constitución porteña, reasumiendo, en consecuencia, el poder de policía que ésta le confiere. Más en esta ocasión, cuando se han dejado de lado normas mínimas que hacen a la buena administración y cuando existe una fuerte presunción que la decisión que dispuso la prórroga pudo haber sido tomada para favorecer algún interés particular, en detrimento del interés general. También debería poder esperarse de la nueva Presidenta una revisión de la medida, a pesar de que el polémico decreto fue refrendado por dos ministros a quienes ella confirmó en sus cargos.
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