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El Parlamento Europeo aprobó el pasado miércoles la polémica ley de retorno que afectará a millones de ilegales, una decisión que fue enérgicamente condenada "por violatoria de los derechos humanos", tanto por la Iglesia como por los partidos de izquierda y verdes europeos, varios países de América latina y numerosas ONG.
De hecho, America Latina rechazó en duros términos la nueva directiva aprobada por la Unión Europa (UE) que prevé la expulsión de los inmigrantes ilegales y que entre sus disposiciones permite que, antes de ser enviadas a sus países de origen, las personas en situación irregular puedan ser detenidas por un período de hasta 18 meses.
La disposición adoptada por el Parlamento Europeo generó un unánime rechazo de los países de la región: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Bolivia criticaron en duros términos la medida. Incluso, los cancilleres analizan la posibilidad de hacer una presentación conjunta ante la UE, que se suscribiría el 1ø de julio próximo en la reunión cumbre del Mercosur que se realizará en Tucumán.
La nueva ley es una etapa más en la elaboración de una política común de inmigración y asilo de la UE, que debe entrar en vigor en 2010. Su aplicación debería afectar a unos ocho millones de inmigrantes ilegales que viven en los 27 países del bloque.
El texto de la nueva norma europea, resultado de un compromiso entre los 27 miembros de la Unión Europea (UE), fue aprobado por 367 votos a favor, 206 en contra y 109 abstenciones, mientras se extiende el sentimiento antiinmigratorio en el bloque, donde Italia endureció su postura frente a los ilegales y Francia ha enfrentado en el pasado tensiones en los suburbios fuertemente poblados por inmigrantes.
Además, la desaceleración económica en varios países de la UE ha hecho que sus gobiernos experimenten cada vez más presión para endurecer sus políticas hacia la inmigración irregular. Recordemos que, desde las elecciones europeas de 2004, está dominado por la derecha.
Según la principal medida, los inmigrantes podrán permanecer detenidos por un período de hasta 18 meses mientras se tramita su expulsión.
Después, no tendrán derecho a regresar a la Unión Europea (UE) durante un período de cinco años.
La nueva ley también autoriza a expulsar a menores de edad no acompañados por sus padres. Ese es el punto más controvertido del texto, por el que fue calificado de "directiva de la vergüenza" por sus adversarios.
La directiva garantiza "el acceso a la educación" de los niños y solicita a los Estados miembros de la UE que tengan en cuenta "el interés superior" de los menores, pero autoriza su expulsión hacia países donde no tengan tutores ni familia, a condición de que haya "estructuras adecuadas" para recibirlos.
Esa disposición, sin embargo, no podrá ser aplicada en Francia, "donde la ley prohíbe la expulsión de menores no acompañados", recordó el ministro del Interior, Brice Hortefeux. Es probable que Francia tampoco aplique la prohibición de regreso por cinco años.
La directiva (ley) prevé que las personas detenidas en situación irregular tengan 30 días para partir en forma voluntaria. Sólo en caso de negativa, podrán ser colocadas en detención administrativa.
Al mismo tiempo, los miembros de la UE deberán garantizar los derechos elementales de esos indocumentados, como el acceso a una ayuda judicial gratuita, y están obligados a hacer validar la detención administrativa por un juez "lo antes posible".
España, donde los inmigrantes en situación irregular pueden ser retenidos por un máximo de 40 días, analiza la posibilidad de elevar ese período a 60 días. Italia, que comenzó a endurecer sus políticas de inmigración después del retorno de Silvio Berlusconi al poder, anticipó que elevará el período de detención administrativa hasta el máximo previsto.
Llama la atención la resolución adoptada por un continente que durante más de un siglo expulsó de sus filas (por diferentes motivos) a millones de personas que fueron recibidas con los brazos abiertos por países a los cuales hoy se les cierra la puerta. La nueva Europa se parece mucho a una retrógrada e ingrata, que no comprende de las necesidades de los otros.