Radio Miami- Radio para la difusion de ideas

TODO EN DESCENSO
Durante los últimos años la amplia mayoría de los analistas políticos y
económicos, mientras preferían ignorar el desmedido crecimiento de
los medios de pago que significó el sostenimiento artificial del dólar,
aseguraban que no había riesgo de que la inflación escapase de control.
La celebrada ancla fiscal nos inmunizaba de un eventual descalabro
inflacionario. Excedentes fiscales primarios del orden del 3,5 %, como
los que la Argentina exhibió a partir de la licuación del gasto que acarreó
la megadevaluación de 2001, nos pondrían a resguardo de esa amenaza.
Poco importaba que tal superávit fuese ficticio, al no computar los
fondos necesarios para absorber el excedente cambiario. Pero ninguna
familia consideraría que sus ingresos resultan suficientes si hubiesen
dejado fuera de la cuenta los gastos por luz, gas, transporte y colegio de
los chicos. De la misma forma, habiendo elevado el “tipo de cambio
competitivo” a la condición de propósito irrenunciable del modelo
kirchnerista, la determinación del resultado fiscal debería incluir los
fondos necesarios para sostener esa ventaja cambiaria.
Precisamente, es la insuficiencia del superávit financiero (una vez
pagados los servicios de la deuda) para atender esas erogaciones lo que
lleva a que sean cubiertas con emisión monetaria. Lo que deja al
descubierto un Banco Central que, disimulando bajo la adquisición de
reservas, se dedicó a satisfacer las necesidades del gobierno —el dólar
alto que permitió al matrimonio presidencial disponer, retenciones
mediante, de la caja con la cual dominar la escena política.
Es decir, el BCRA hizo una lectura paradojal, o inversa, de su ley orgánica: donde le
ordenaba defender el valor de la moneda, las autoridades monetarias
entendieron que no se refería al peso argentino sino al dólar
estadounidense…
Pero volvamos a aquella supuesta ortodoxia que levantó la bandera
del superávit fiscal, aunque trucho, como garantía de estabilidad. Poco le
importó que esa enseña flamease sobre una montaña de instituciones y
reglas de juego quebradas —unilateralmente— una y mil veces.
Tampoco incomodó a los exponentes de tan singular ortodoxia el que la holgura del
superávit primario fuera empalidecida por el exuberante crecimiento del
gasto corriente. Se perdió de vista que lo esencial es la moderación en el
gasto, no el tamaño del excedente. Se dio la espalda a la austeridad, que
fue reemplazada por la voracidad. El asalto a los productores rurales
encuentra explicación cuando consideramos que el gasto corriente saltó
en abril 50,4 % interanual mientras que las transferencias al sector
privado se duplicaron y tienen clara tendencia a acelerarse. Ya gastamos
más en subsidios que en seguridad social. Ni el gobierno, ni los
economistas heterodoxos ni buena parte de quienes se consideran
ortodoxos han tomado conciencia de que es preferible sufrir un leve y
pasajero déficit fiscal que acompañe un gasto contenido, que lucir un
superávit elevado pese a gastar sin medida y a costa de ahogar con
impuestos a la sociedad.
Extasiada por el superávit fiscal y confundida por los impactos
residuales de la tragedia del 2001, buena parte de la ortodoxia autóctona
olvidó las graves consecuencias de crear dinero muy por encima de la
tasa de generación de riqueza. La parálisis económica había estimulado
una voraz demanda de dinero por parte del público, que durante los dos
primeros años absorbió sin fatiga la formidable expansión monetaria que
requería sostener el dólar alto. En la medida que la depresión fue
quedando atrás, se recreó la demanda de bienes y declinó la demanda de
dinero.
Algunos alertamos con anticipación que si la oferta monetaria no se
acomodaba a este cambio en las preferencias sociales se alimentaría la
inflación, aun cuando el dinero emitido fuera dedicado a comprar
reservas internacionales. La euforia del ancla fiscal ahogó nuestras
advertencias y la base monetaria siguió expandiéndose a un vertiginoso
35 % interanual.
Cuando a partir del 2005 la inflación se hizo sentir, el riesgo de
escalada siguió siendo menospreciado ante la “solidez” del anclaje fiscal.
Se prefirió echar las culpas de la suba de los precios a los alimentos, pese
a la evidencia de que más de dos tercios de la inflación nada tiene que ver
con ellos. O reducir la suba a la “inflación importada”, cuando a poco que
se examina el IVA–DGI queda a la luz la importancia del componente
puramente local.
En estas horas, la inflación ya cabalga sobre el 30 % anual; seguir
confiando en las seguridades de un superávit fiscal ficticio se convierte en
un deporte peligroso. Sin disciplina monetaria y reducción del gasto total
en general y del corriente en particular, el combate a la inflación es
reemplazado por el combate a la inversión, encarnado en la lógica
perversa de los controles de precios y la doctrina represiva de la ley de
Abastecimiento de los idolatrados setenta.
¿Es que el ancla fiscal kirchnerista ha resultado acaso inocua? Sí lo
ha sido para contener la inflación. Pero no ha sido neutra en otros
respectos. Para que los ingresos públicos se mantuvieran por encima del
vertiginoso aumento del gasto, la presión fiscal efectiva alcanzó niveles
sin precedentes históricos, por encima del 60 %. La rebelión tributaria del
campo dejó en descubierto la realidad de un régimen que se devora las
ganancias de los productores, y con ellas el motor de la inversión.
Multitud de señales de los más diversos sectores de la economía
sugieren un franco deterioro del nivel de actividad. Hasta el mentiroso
INDEC debió reconocer una caída de las ventas de supermercados de 0,7
% mensual en abril, que para nosotros fue de 3,3 %; las de los shoppings
caen 4 % interanual en el primer cuatrimestre. Mayo marcó el tercer mes
consecutivo de disminución, de 5 %, en las ventas minoristas, según lo
informado por la oficialista CAME, pero las ventas en el interior
muestran caídas de hasta 30 %. Los descensos van desde el consumo de
servicios públicos hasta las transacciones inmobiliarias, pasando por las
ventas de electrodomésticos. Incluso la subsidiada demanda de
electricidad se ha desacelerado.
Aún si imagináramos que el gobierno lograse que la rebelión
agropecuaria se levantara sin reducir los niveles de presión tributaria
efectiva, la brutal transferencia de riqueza desde el sector productivo
hacia el no productivo terminará llevándonos a un estancamiento
económico en el segundo semestre, con el consiguiente derrumbe de las
finanzas públicas. La alabada ancla fiscal —entendida hasta hoy solo
como una alocada carrera de la carga fiscal para ganarle al aumento del
gasto estatal— lo único que ha impedido que se escape es la actividad
económica, a la que amenaza llevarse consigo al fondo del mar.
Para esquivar el parate debe reformarse con urgencia el sistema de
ingresos públicos y reducir el gasto estatal, particularmente en subsidios.
Eso a su vez impone liberar precios congelados y regulados. El estruendo
resultante del demorado reacomodamiento de precios relativos que los
Kirchner se niegan a cargar podrá ser superado si hay determinación y
grandeza en la clase política y en la sociedad como un todo. Recomponer
un clima de inversión será una tarea lenta y ciclópea. O encaramos con
decisión el futuro o éste vendrá por nosotros.