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En una gran muestra de sentido común, de autonomía de criterio y de percepción política -ante el empate en la cámara- el vicepresidente Julio Cobos priorizó sus convicciones republicanas y, conmovido, volcó la balanza con su voto negativo, no sin antes intentar un último llamado al consenso, su objetivo desde que se decidió a terciar en el problema, cuando arreciaba la intransigencia de la Rosada y sobre todo de Puerto Madero.

En cualquier país serio, democrático y con responsabilidad institucional, lo que ocurrió en la madrugada de ayer en el Senado, no hubiera pasado de ser un hecho más o menos habitual, acorde con los fragores y características de todo Parlamento, que es el escenario de los grandes debates y origen de las políticas de Estado.

Aquí, en cambio, como hecho excepcional, se llegó a un clímax de tensiones y dramatismo, movido fundamentalmente por el estilo de confrontación a todo o nada y al tortuoso camino que el Gobierno nacional, sus exégetas y, sobre todo, el ex presidente de la Nación, cargaron sobre este debate que crispó y dividió al país durante insólitos 124 días, provocando la reacción no sólo del campo sino también de una gran parte de la sociedad. La misma que salió a exigir a sus representantes, criterio, responsabilidad y sentido común.

Cuando crecía cotidianamente la convulsión social por las retenciones y las obstinaciones presidenciales, y mientras el país era agredido por problemas más graves aún -inflación, amesetamiento de la economía, inseguridad-, la actitud de Cobos, cargada de comprensible emoción, significó el rechazo a la pretensión del Ejecutivo de aumentar las retenciones y una intrincada trama de alícuotas y compensaciones, rotundamente rechazadas por el agro por confiscatorias e inconstitucionales.

Cobos y los senadores del no, cerraron un capítulo de obstinación y propósitos dudosos: se esgrimió como destino de las retenciones extras, primero el subsidio de los precios internos, luego un fondo de difusas obras públicas y al fin la necesidad de hacer frente a los pagos de la creciente deuda externa.

El Vicepresidente y los senadores del no, abrieron así -pese a la presión oficial y a la prédica militante- una nueva instancia en la búsqueda del consenso por las vías institucionales (la Presidenta admitió la vía parlamentaria recién cuando las plazas hicieron sonar los cacerolazos y Cobos le pidió por carta pública que enviara al Congreso la iniciativa).

El no de Julio Cobos y la férrea defensa de 36 senadores representantes de las provincias, consiguieron mucho más que frustrar un intento de aumentar las retenciones por una resolución ministerial:

Salvaron y fortalecieron el prestigio del Senado de la Nación, como otro de los pilares de la división de poderes del Estado y pudieron evitar la delegación de facultades propias del Parlamento en materia impositiva, cuya cesión está expresamente prohibida por la Constitución de 1994.

El saludable debate parlamentario desnudó además la necesidad de hacer del consenso una meta permanente y de ese escenario, el Congreso, el lugar de gestación de las grandes políticas del Estado.

Esta vigilia parlamentaria evidenció los gravísimos temas pendientes en el debate del Parlamento: el anhelo de consensuar una política agro-ganadera, que es mucho más amplia que las retenciones y la soja; el replanteo del régimen de Coparticipación -hoy absolutamente distorsionado en detrimento de las provincias- y la salvaguarda de un federalismo político como pretendieron los inspiradores de nuestra república democrática y federal.

Estas asignaturas pendientes, como la necesidad de revisar la política impositiva con la minería, con la actividad financiera y otros rubros, como nuestra conducta con el uso del suelo fértil, el agua y las actitudes ante la polémica de los biocombustibles, surgieron en el debate. Saldo, sin dudas, del protagonismo del Congreso y rescatado del intenso y casi dramático debate.

El Vicepresidente y el Senado le han hecho a la comunidad el inmenso servicio de provocar que el Congreso de aquí en más y por la vía de la consulta y el consenso, se ocupe de lo que siempre debió ocuparse, por mandato constitucional, como resguardo de la división de poderes.

Resta ahora confiar en que la Presidenta aproveche esta oportunidad que la gente y el Parlamento le conceden, para replantear no sólo su propuesta impositiva sino su estilo de gobierno, empecinado, intransigente, con asiduas convocatorias a los rencores y divisiones del pasado y, sobre todo, apelando al autoritarismo a despecho de los caminos institucionales que marca la Constitución de la República.