Miguel Angel Loizaga tiene 62 años y hace 26 que edita Heraldo del Oeste, un pequeño periódico quincenal con base en Luján, provincia de Buenos Aires. No está afiliado a ningún partido, dice que no votó a Cristina Kirchner y asegura que nunca se le pasó por la cabeza poner plata para la campaña de la Presidenta. Pero su nombre, junto con su número de documento, figura en la nómina de aportantes que el kirchnerismo presentó ante la justicia electoral.

"No tengo la menor idea de por qué aparezco ahí. Yo no puse un peso", dijo a La Nacion Loizaga (DNI 4.734.284), que figura con una donación de 10.000 pesos.

El suyo no es el único caso de aportantes "fantasma". En un control al azar hecho durante los últimos días, LA NACION descubrió otras cuatro situaciones idénticas: tres personas y una empresa que aparecen en los listados de aportantes, con número de documento y de CUIT, pero que aseguran no haber donado nada ni tener relación con el kirchnerismo.

Los fondos proselitistas de la Casa Rosada ya estaban bajo sospecha luego de que en el juicio que se sigue en Miami por el caso de la valija se denunció que los 800.000 dólares decomisados en Aeroparque eran para la campaña kirchnerista.

Este año, además, se supo que una de las víctimas del triple crimen de General Rodríguez, al que la Justicia vincula con el narcotráfico, figura entre los aportantes a la campaña. Era Damián Forza, dueño de una droguería, rubro del que provino el 36,5% de las donaciones al kirchnerismo. Las dudas se potenciaron cuando la ministra de Salud, Graciela Ocaña, cuestionó los vínculos del superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, con empresas del área acusadas de graves delitos (una de esas firmas era SeaCamp, de Forza). Capaccioli fue el principal recaudador de la candidata Cristina Kirchner.

Los responsables legales del financiamiento de la campaña del Frente para la Victoria, Sebastián Gramajo y Hernán Diez, negaron a LA NACION la existencia de aportantes fantasma y aportaron documentos para comprobar la transparencia las donaciones. Marcela Lombardi, una diseñadora gráfica de la Capital, se sorprendió ante la consulta de LA NACION. "Debe de haber un error, yo no aporté nada", dijo. En los registros dice que usted puso 8000 pesos, preguntó LA NACION. "No, yo no puse nada", dijo Lombadi. ¿Su documento es 17.867.148?, insistió este diario. "Sí, pero yo no puse plata", expresó.

Respuestas similares dieron Francisco Navas (DNI 5.088.793), un empresario de Lobos que tiene un taller de reparaciones de motores y que figura con 50.000 pesos, y Claudio Omar Antunovich (DNI 16.236.294), periodista y dueño de Para Todos, un mensuario de la zona norte del Gran Buenos Aires, que aparece con 11.000.

LA NACION se entrevistó también con un empresario de la industria farmacéutica que desmintió el aporte que, a nombre de su compañía, figura en las cuentas del oficialismo. El empresario acreditó su identidad, pero sólo aceptó contar su caso con la condición de que no se revelara su nombre, por temor a una represalia.

"Creo que usaron a mi empresa para blanquear un ingreso de dinero poco claro", especuló.

Para probar la existencia de los aportes bajo sospecha, Gramajo envió a LA NACION copias de las boletas de los depósitos bancarios. Son documentos que no comprueban la identidad de los aportantes ni su consentimiento. "Son donaciones que recibimos por intermedio de dirigentes de la provincia de Buenos Aires, que nos daban el nombre del aportante, el número de CUIT y el comprobante del depósito. No hablamos con cada aportante, pero fuimos absolutamente serios para chequear que la boleta de depósito correspondiera con el dinero que entraba en nuestra cuenta", explicó Gramajo.

Para probar el aporte de Navas, Gramajo envió a LA NACION una copia del cheque y del depósito por medio del cual se hizo la donación. "Hay un cheque a su nombre, con el número 72.977.098, que demuestra que esa persona hizo el aporte", argumentó. Anoche, LA NACION volvió a comunicarse con Navas para aclarar la situación. El empresario se sorprendió, volvió a negar la donación y pidió ver una copia del cheque, que comprometió ver en cuanto tuviera una computadora a su alcance. "Estoy seguro de que yo no hice ese aporte, a no ser que haya perdido la memoria", dijo.

El caso de Navas y el del empresario farmacéutico que no aceptó que se publicara su nombre pueden resultar decisivos. A comienzos del mes pasado, una auditoría de la Cámara Nacional Electoral encontró irregularidades en la rendición de cuentas del Frente para la Victoria y le recomendó a la jueza María Romilda Servini de Cubría, la encargada de controlar el financiamiento de las campañas, que consultara a 10 de las 179 personas y 10 de las 160 empresas que figuraban entre los aportantes del Frente para la Victoria si habían hecho las donaciones que la agrupación les atribuía. El empresario farmacéutico y Navas están entre los aportantes que la magistrada debería consultar.

Reforzar los controles

La confirmación del consentimiento de algunos de los aportantes es una medida que el cuerpo de auditores de la Cámara aplica por primera vez, como parte de una decisión del tribunal para reforzar los controles sobre el financiamiento de las campañas. Ese mecanismo de auditoría se podría transformar en el mayor obstáculo para que la Justicia apruebe la rendición de cuentas del kirchnerismo.

El presidente de Telecom Argentina, Carlos Felices, dejó hoy su puesto en medio de la puja entre los accionistas argentinos de la compañía y los de Telecom Italia tras el ingreso a ésta última de Telefónica de España, también con operaciones en el país suramericano.

Carlos Felices aclaró en una nota enviada a la Comisión de Valores de Argentina que no renunció a su silla, sino que, ante el vencimiento de su mandato hoy, solicitó al directorio de Telecom Argentina no ser reelegido.

El diario Clarín, de Buenos Aires, había informado que Felices dimitía en medio de 'una verdadera tormenta' dentro de la compañía, debido a que el Grupo Werthein, accionistas argentinos dentro de la empresa, rechazan el ingreso de Telefónica en el accionariado de Telecom Italia, también accionista de Telecom Argentina.

El periódico también informó de una denuncia ante la Justicia radicada por el Grupo Werthein contra Felices por supuestas presiones indebidas para que ejecutivos de la empresa modificaran los datos a presentar a Defensa de la Competencia de Argentina, que debe decidir si el ingreso de Telefónica a Telecom producirá una situación de monopolio en el mercado local.

'Es absolutamente falso que yo haya renunciado a la presidencia del directorio de esta Compañía, así como que haya participado en algún hecho ilegal como el falsamente difundido', dijo Felices en la nota enviada hoy a la Comisión de Valores.

El hasta hoy presidente de la empresa de telecomunicaciones aseguró que 'este episodio se vincula con la campaña de desprestigio que ha venido sufriendo Telecom y falsedades que, en apariencia, benefician a los intereses de ciertos accionistas'.

Según la denuncia presentada por los representantes legales del grupo Werthein, las presiones del ahora ex titular de Telecom Argentina estaban orientadas a lograr que los gerentes generales y, por intermedio de éstos, funcionarios de menor jerarquía de la empresa modifiquen las declaraciones formuladas ante los veedores de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

A finales de abril de 2007, un consorcio formado por Telefónica de España, aseguradoras, bancos y empresas italianos llegaron a un acuerdo para comprar el grupo Olimpia, lo que les convirtió en el principal accionista de Telecom Italia.

Telecom Argentina es controlada por una sociedad que tiene como mayores accionistas a Telecom Italia (50%) y el argentino Grupo Werthein (48%), que ha planteado que la operación de las empresas europeas romperá la competencia en el mercado argentino.

El grupo español controla a Telefónica de Argentina, la otra gran empresa de telecomunicaciones de este país desde 1990, cuando se privatizó la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (EnTel).

Tanto Telecom Argentina como Telefónica de Argentina cotizan parte de sus acciones en el mercado bursátil porteño.

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (antimonopolios) investiga el caso desde septiembre de 2007, cuando trascendió el conflicto planteado por el Grupo Werthein a su socio italiano en Telecom Argentina.

En presentaciones ante la comisión antimonopolios, tanto Telecom Italia como Telefónica han negado tajantemente que vayan a afectar la libre competencia en el mercado local de las telecomunicaciones.

Según fuentes empresariales, el Grupo Werthein teme que su socio italiano haga uso del derecho a comprar sus acciones en Telecom Argentina a partir de fines de este año, opción prevista en el acuerdo con el que la firma argentina ingresó en la compañía al adquirir la participación de la francesa France Cable et Radio.