Washington/EFE— Las familias inmigrantes han encontrado en el sector empresarial a un fuerte aliado en contra de las redadas ya que, según un informe divulgado esta semana, el afán del Gobierno de expulsar a los indocumentados pone en peligro de quiebra a las empresas... y éstas no se quedan de brazos cruzados.
El informe titulado “El nuevo campo de batalla: inmigración en los estados y el panorama para los negocios” ofrece una narrativa sobre el surgimiento de coaliciones de empresarios empeñados en derrotar medidas estatales que, a su juicio, perjudican al sector privado.
Si en 2007 los activistas de “mano dura” dominaron el debate migratorio nacional, ahora estas coaliciones traen al debate un pragmatismo jamás antes visto “y la batalla está lejos de terminar”, dijo en rueda de prensa telefónica Tamar Jacoby, presidenta de ImmigrationWorks USA, una organización recién creada que promueve una reforma migratoria integral.
Según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL), más de 1,100 medidas relacionadas con inmigración han sido sometidas a debate en 44 estados en el primer trimestre de este año.
Sin embargo, sólo cinco estados han aprobado medidas que afectan directamente a los negocios “y muchas de las propuestas más estrictas fueron derrotadas o diluidas” debido a las presiones de grupos empresariales, dijo el estudio de doce páginas de ImmigrationWorks USA.
Entre los elementos más contenciosos de varias medidas estatales figura la exigencia de que las empresas se suscriban al programa federal “E-verify” para confirmar el estatus legal de sus empleados.
El año pasado, los gobiernos de Arizona y Oklahoma aprobaron sendas medidas que incluyen el uso obligatorio de “E-verify”, pero este año Arizona enmendó la ley.
Otros estados, salvo algunas excepciones como Mississippi, no quieren seguir el ejemplo de Arizona y Oklahoma con sus leyes draconianas, aseguran los activistas.
En muchos estados, los legisladores “pragmáticos” lograron un término medio al elaborar junto con grupos pro-inmigrantes medidas que castigan a los negocios con mayores infracciones migratorias “sin minar la prosperidad” de la economía estatal, señaló el estudio.
En Virginia, por ejemplo, un grupo de empresarios logró bloquear una ley que les hubiese exigido suscribirse a “E-verify.
En declaraciones a Efe, Jacoby señaló que una ley aprobada en Oklahoma podría causar pérdidas de 1,800 millones de dólares al estado, y en muchos estados las medidas permanecen en un limbo legal.
La presión de los empresarios es grande porque no quieren convertirse en daño colateral de las redadas, y los políticos de corte pragmático parecen llevar la delantera, agregó.
El mes pasado, la Corporación para el Desarrollo Económico del Condado de Los Angeles (LAEDC, en inglés) realizó su propio estudio en el que advirtió de que las redadas podrían incluso diezmar a los negocios locales que dependen en gran medida de la mano de obra de los inmigrantes.
Los sectores de la confección de ropa, mueblerías y procesamiento de alimentos, que conforman la columna vertebral de la economía local, estarían entre los más perjudicados en Los Angeles.
En 2006, los tres sectores crearon, en su conjunto, alrededor de 495.000 empleos y pagaron un total de 103 millones de dólares en impuestos a la venta.
LAEDC planteó el caso hipotético de quSector empresarial aliado de los inmigrantes
María Peña | 2008-05-25 | El Diario NY
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Imprimir En esta foto de archivo del 12 de diciembre del 2006, agentes de inmigración realizan una redada en la planta empacadora de carne Swift, ubicada en Greeley Colorado. (AP/Londmont Daily Times-Call, Richard M. Hackett) 1/1
Washington/EFE
— Las familias inmigrantes han encontrado en el sector empresarial a un fuerte aliado en contra de las redadas ya que, según un informe divulgado esta semana, el afán del Gobierno de expulsar a los indocumentados pone en peligro de quiebra a las empresas... y éstas no se quedan de brazos cruzados.
El informe titulado “El nuevo campo de batalla: inmigración en los estados y el panorama para los negocios” ofrece una narrativa sobre el surgimiento de coaliciones de empresarios empeñados en derrotar medidas estatales que, a su juicio, perjudican al sector privado.
Si en 2007 los activistas de “mano dura” dominaron el debate migratorio nacional, ahora estas coaliciones traen al debate un pragmatismo jamás antes visto “y la batalla está lejos de terminar”, dijo en rueda de prensa telefónica Tamar Jacoby, presidenta de ImmigrationWorks USA, una organización recién creada que promueve una reforma migratoria integral.
Según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL), más de 1,100 medidas relacionadas con inmigración han sido sometidas a debate en 44 estados en el primer trimestre de este año.
Sin embargo, sólo cinco estados han aprobado medidas que afectan directamente a los negocios “y muchas de las propuestas más estrictas fueron derrotadas o diluidas” debido a las presiones de grupos empresariales, dijo el estudio de doce páginas de ImmigrationWorks USA.
Entre los elementos más contenciosos de varias medidas estatales figura la exigencia de que las empresas se suscriban al programa federal “E-verify” para confirmar el estatus legal de sus empleados.
El año pasado, los gobiernos de Arizona y Oklahoma aprobaron sendas medidas que incluyen el uso obligatorio de “E-verify”, pero este año Arizona enmendó la ley.
Otros estados, salvo algunas excepciones como Mississippi, no quieren seguir el ejemplo de Arizona y Oklahoma con sus leyes draconianas, aseguran los activistas.
En muchos estados, los legisladores “pragmáticos” lograron un término medio al elaborar junto con grupos pro-inmigrantes medidas que castigan a los negocios con mayores infracciones migratorias “sin minar la prosperidad” de la economía estatal, señaló el estudio.
En Virginia, por ejemplo, un grupo de empresarios logró bloquear una ley que les hubiese exigido suscribirse a “E-verify.
En declaraciones a Efe, Jacoby señaló que una ley aprobada en Oklahoma podría causar pérdidas de 1,800 millones de dólares al estado, y en muchos estados las medidas permanecen en un limbo legal.
La presión de los empresarios es grande porque no quieren convertirse en daño colateral de las redadas, y los políticos de corte pragmático parecen llevar la delantera, agregó.
El mes pasado, la Corporación para el Desarrollo Económico del Condado de Los Angeles (LAEDC, en inglés) realizó su propio estudio en el que advirtió de que las redadas podrían incluso diezmar a los negocios locales que dependen en gran medida de la mano de obra de los inmigrantes.
Los sectores de la confección de ropa, mueblerías y procesamiento de alimentos, que conforman la columna vertebral de la economía local, estarían entre los más perjudicados en Los Angeles.
En 2006, los tres sectores crearon, en su conjunto, alrededor de 495.000 empleos y pagaron un total de 103 millones de dólares en impuestos a la venta.
LAEDC planteó el caso hipotético de que si tan sólo una tercera parte de esos tres sectores se trasladaran fuera de Los Angeles, la ciudad perdería cerca de 148,500 empleos y tanto la ciudad como el condado perdería 17.1 millones de dólares en ingresos.
Según la Cámara de Comercio del Area de Los Angeles, más de una decena de negocios locales han sido objeto de redadas en lo que va de 2008, y esas acciones policiales “están devastando a los negocios y a sus trabajadores”, protestó recientemente Gary L. Toebben, presidente de la organización empresarial.
Es la misma queja que se escucha con más frecuencia y que los negocios esperan no caerá en oídos sordos en los pasillos del poder en Washington.
“No hay ningún misterio en lo que debe hacer el Congreso (para aprobar la reforma), pero no parece tener ni la voluntad política ni el coraje para hacerlo”, se lamentó Jacoby.
e si tan sólo una tercera parte de esos tres sectores se trasladaran fuera de Los Angeles, la ciudad perdería cerca de 148,500 empleos y tanto la ciudad como el condado perdería 17.1 millones de dólares en ingresos.
Según la Cámara de Comercio del Area de Los Angeles, más de una decena de negocios locales han sido objeto de redadas en lo que va de 2008, y esas acciones policiales “están devastando a los negocios y a sus trabajadores”, protestó recientemente Gary L. Toebben, presidente de la organización empresarial.
Es la misma queja que se escucha con más frecuencia y que los negocios esperan no caerá en oídos sordos en los pasillos del poder en Washington.
“No hay ningún misterio en lo que debe hacer el Congreso (para aprobar la reforma), pero no parece tener ni la voluntad política ni el coraje para hacerlo”, se lamentó Jacoby.
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