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El Parlamento Europeo aprobó el pasado miércoles la polémica ley de retorno que afectará a millones de ilegales, una decisión que fue enérgicamente condenada "por violatoria de los derechos humanos", tanto por la Iglesia como por los partidos de izquierda y verdes europeos, varios países de América latina y numerosas ONG.
De hecho, America Latina rechazó en duros términos la nueva directiva aprobada por la Unión Europa (UE) que prevé la expulsión de los inmigrantes ilegales y que entre sus disposiciones permite que, antes de ser enviadas a sus países de origen, las personas en situación irregular puedan ser detenidas por un período de hasta 18 meses.
La disposición adoptada por el Parlamento Europeo generó un unánime rechazo de los países de la región: Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Bolivia criticaron en duros términos la medida. Incluso, los cancilleres analizan la posibilidad de hacer una presentación conjunta ante la UE, que se suscribiría el 1ø de julio próximo en la reunión cumbre del Mercosur que se realizará en Tucumán.
La nueva ley es una etapa más en la elaboración de una política común de inmigración y asilo de la UE, que debe entrar en vigor en 2010. Su aplicación debería afectar a unos ocho millones de inmigrantes ilegales que viven en los 27 países del bloque.
El texto de la nueva norma europea, resultado de un compromiso entre los 27 miembros de la Unión Europea (UE), fue aprobado por 367 votos a favor, 206 en contra y 109 abstenciones, mientras se extiende el sentimiento antiinmigratorio en el bloque, donde Italia endureció su postura frente a los ilegales y Francia ha enfrentado en el pasado tensiones en los suburbios fuertemente poblados por inmigrantes.
Además, la desaceleración económica en varios países de la UE ha hecho que sus gobiernos experimenten cada vez más presión para endurecer sus políticas hacia la inmigración irregular. Recordemos que, desde las elecciones europeas de 2004, está dominado por la derecha.
Según la principal medida, los inmigrantes podrán permanecer detenidos por un período de hasta 18 meses mientras se tramita su expulsión.
Después, no tendrán derecho a regresar a la Unión Europea (UE) durante un período de cinco años.
La nueva ley también autoriza a expulsar a menores de edad no acompañados por sus padres. Ese es el punto más controvertido del texto, por el que fue calificado de "directiva de la vergüenza" por sus adversarios.
La directiva garantiza "el acceso a la educación" de los niños y solicita a los Estados miembros de la UE que tengan en cuenta "el interés superior" de los menores, pero autoriza su expulsión hacia países donde no tengan tutores ni familia, a condición de que haya "estructuras adecuadas" para recibirlos.
Esa disposición, sin embargo, no podrá ser aplicada en Francia, "donde la ley prohíbe la expulsión de menores no acompañados", recordó el ministro del Interior, Brice Hortefeux. Es probable que Francia tampoco aplique la prohibición de regreso por cinco años.
La directiva (ley) prevé que las personas detenidas en situación irregular tengan 30 días para partir en forma voluntaria. Sólo en caso de negativa, podrán ser colocadas en detención administrativa.
Al mismo tiempo, los miembros de la UE deberán garantizar los derechos elementales de esos indocumentados, como el acceso a una ayuda judicial gratuita, y están obligados a hacer validar la detención administrativa por un juez "lo antes posible".
España, donde los inmigrantes en situación irregular pueden ser retenidos por un máximo de 40 días, analiza la posibilidad de elevar ese período a 60 días. Italia, que comenzó a endurecer sus políticas de inmigración después del retorno de Silvio Berlusconi al poder, anticipó que elevará el período de detención administrativa hasta el máximo previsto.
Llama la atención la resolución adoptada por un continente que durante más de un siglo expulsó de sus filas (por diferentes motivos) a millones de personas que fueron recibidas con los brazos abiertos por países a los cuales hoy se les cierra la puerta. La nueva Europa se parece mucho a una retrógrada e ingrata, que no comprende de las necesidades de los otros.

Uno de los mayores desafíos que le esperan al candidato presidencial demócrata Barack Obama será conquistar el voto hispano, porque en las elecciones primarias no le fue muy bien con los latinos, y no podrá llegar a la Casa Blanca sin un apoyo masivo de este grupo étnico.

No le será fácil. Si bien los hispanos han votado históricamente por los demócratas y lo hicieron en aún mayores porcentajes en las recientes elecciones primarias de ese partido –en parte por la creciente retórica antiinmigrante del Partido Republicano–, gran parte del voto latino fue para Hillary Clinton.

Obama es particularmente débil entre los hispanos nacidos en el extranjero, que representan casi la mitad de los 13 millones de latinos registrados para votar.

Todo esto implica un enorme desafío para Obama. Para ganar, no solo necesita conquistar el voto hispano en los estados indecisos, que serán clave en esta elección –como Florida, Nuevo México y Colorado– sino que deberá hacerlo con un margen de ventaja más amplio del habitual.

“En las elecciones de este año el voto latino será más importante que nunca –afirma el encuestador demócrata Sergio Bendixen–. Es posible que la elección nacional se defina en Florida, Nuevo México, Colorado y Nevada, donde el voto hispano será decisivo para determinar al ganador de esos estados”.

Según Bendixen, Obama necesita ganar el voto hispano con un margen de más del 55 por ciento en Florida y más del 65 por ciento en Nuevo México, Colorado y Nevada. Y si el candidato republicano, senador John McCain, les da pelea a los demócratas en Nueva Jersey, California y Pennsylvania, el margen de victoria de Obama en estos últimos estados tendría que ser aún mayor.

¿Lo logrará Obama? Una encuesta realizada la semana pasada por el grupo Carville-Greenberg muestra que Obama está ganándole a McCain entre los hispanos por 60 por ciento contra 34 por ciento. Otra encuesta difundida en estos días por Gallup revela que Obama tiene un 62 por ciento de intención de voto nacional entre los hispanos, contra un 29 por ciento para McCain.

Muchos estrategas demócratas citan estas encuestas como un buen augurio para Obama. Un nuevo estudio del New Democrat Network señala que el número de votantes hispanos en las elecciones primarias de este año se triplicó respecto de las primarias de 2004, y que el Partido Demócrata ha aumentado su intención de voto entre los hispanos en un 66 por ciento en los últimos cuatro años.

“Las últimas encuestas nacionales indican que la candidatura de Obama está muy fuerte entre los latinos, especialmente considerando la debilidad que mostró en ese grupo en las primarias –dice el presidente de la NDN, Simon Rosenberg–. El electorado hispano tiene una nueva dinámica: estamos viendo un nivel muy alto de participación cívica, y un decidido vuelco hacia los candidatos demócratas”.

Los republicanos, a su vez, dicen que McCain solo necesita acercarse al 38 o 40 por ciento del voto hispano que logró el presidente Bush en las dos elecciones anteriores, y que no está tan lejos de conseguirlo.

“Todavía tenemos cinco meses para recordarle a los hispanos que John McCain siempre nos ha acompañado, mientras que los vínculos de Obama con la comunidad hispana son escasos o nulos”, dice Ana Navarro, codirectora del Consejo de Asesores Hispanos de McCain.

Mi opinión: Obama tratará de conquistar el voto hispano centrando su discurso en lo que más los afecta, como la economía, el seguro universal de salud y la guerra con Irak. Es muy probable que McCain trate de no discutir esta agenda, sino que haga una campaña negativa contra Obama, recalcando su falta de experiencia y pintándolo como un hombre débil en seguridad nacional en un mundo cada vez más peligroso.

Obama, que nunca ha visitado no tiene más remedio que ganar el voto hispano por un margen abrumador. En una entrevista, dijo que planea viajar a México antes de las elecciones. Buenísimo. Pero tendrá que hacer mucho más que eso.

AndresOppenheimer

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Washington/EFE— Las familias inmigrantes han encontrado en el sector empresarial a un fuerte aliado en contra de las redadas ya que, según un informe divulgado esta semana, el afán del Gobierno de expulsar a los indocumentados pone en peligro de quiebra a las empresas... y éstas no se quedan de brazos cruzados.

El informe titulado “El nuevo campo de batalla: inmigración en los estados y el panorama para los negocios” ofrece una narrativa sobre el surgimiento de coaliciones de empresarios empeñados en derrotar medidas estatales que, a su juicio, perjudican al sector privado.

Si en 2007 los activistas de “mano dura” dominaron el debate migratorio nacional, ahora estas coaliciones traen al debate un pragmatismo jamás antes visto “y la batalla está lejos de terminar”, dijo en rueda de prensa telefónica Tamar Jacoby, presidenta de ImmigrationWorks USA, una organización recién creada que promueve una reforma migratoria integral.

Según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL), más de 1,100 medidas relacionadas con inmigración han sido sometidas a debate en 44 estados en el primer trimestre de este año.

Sin embargo, sólo cinco estados han aprobado medidas que afectan directamente a los negocios “y muchas de las propuestas más estrictas fueron derrotadas o diluidas” debido a las presiones de grupos empresariales, dijo el estudio de doce páginas de ImmigrationWorks USA.

Entre los elementos más contenciosos de varias medidas estatales figura la exigencia de que las empresas se suscriban al programa federal “E-verify” para confirmar el estatus legal de sus empleados.

El año pasado, los gobiernos de Arizona y Oklahoma aprobaron sendas medidas que incluyen el uso obligatorio de “E-verify”, pero este año Arizona enmendó la ley.

Otros estados, salvo algunas excepciones como Mississippi, no quieren seguir el ejemplo de Arizona y Oklahoma con sus leyes draconianas, aseguran los activistas.

En muchos estados, los legisladores “pragmáticos” lograron un término medio al elaborar junto con grupos pro-inmigrantes medidas que castigan a los negocios con mayores infracciones migratorias “sin minar la prosperidad” de la economía estatal, señaló el estudio.

En Virginia, por ejemplo, un grupo de empresarios logró bloquear una ley que les hubiese exigido suscribirse a “E-verify.

En declaraciones a Efe, Jacoby señaló que una ley aprobada en Oklahoma podría causar pérdidas de 1,800 millones de dólares al estado, y en muchos estados las medidas permanecen en un limbo legal.

La presión de los empresarios es grande porque no quieren convertirse en daño colateral de las redadas, y los políticos de corte pragmático parecen llevar la delantera, agregó.

El mes pasado, la Corporación para el Desarrollo Económico del Condado de Los Angeles (LAEDC, en inglés) realizó su propio estudio en el que advirtió de que las redadas podrían incluso diezmar a los negocios locales que dependen en gran medida de la mano de obra de los inmigrantes.

Los sectores de la confección de ropa, mueblerías y procesamiento de alimentos, que conforman la columna vertebral de la economía local, estarían entre los más perjudicados en Los Angeles.

En 2006, los tres sectores crearon, en su conjunto, alrededor de 495.000 empleos y pagaron un total de 103 millones de dólares en impuestos a la venta.

LAEDC planteó el caso hipotético de quSector empresarial aliado de los inmigrantes

María Peña | 2008-05-25 | El Diario NY

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Washington/EFE

— Las familias inmigrantes han encontrado en el sector empresarial a un fuerte aliado en contra de las redadas ya que, según un informe divulgado esta semana, el afán del Gobierno de expulsar a los indocumentados pone en peligro de quiebra a las empresas... y éstas no se quedan de brazos cruzados.

El informe titulado “El nuevo campo de batalla: inmigración en los estados y el panorama para los negocios” ofrece una narrativa sobre el surgimiento de coaliciones de empresarios empeñados en derrotar medidas estatales que, a su juicio, perjudican al sector privado.

Si en 2007 los activistas de “mano dura” dominaron el debate migratorio nacional, ahora estas coaliciones traen al debate un pragmatismo jamás antes visto “y la batalla está lejos de terminar”, dijo en rueda de prensa telefónica Tamar Jacoby, presidenta de ImmigrationWorks USA, una organización recién creada que promueve una reforma migratoria integral.

Según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL), más de 1,100 medidas relacionadas con inmigración han sido sometidas a debate en 44 estados en el primer trimestre de este año.

Sin embargo, sólo cinco estados han aprobado medidas que afectan directamente a los negocios “y muchas de las propuestas más estrictas fueron derrotadas o diluidas” debido a las presiones de grupos empresariales, dijo el estudio de doce páginas de ImmigrationWorks USA.

Entre los elementos más contenciosos de varias medidas estatales figura la exigencia de que las empresas se suscriban al programa federal “E-verify” para confirmar el estatus legal de sus empleados.

El año pasado, los gobiernos de Arizona y Oklahoma aprobaron sendas medidas que incluyen el uso obligatorio de “E-verify”, pero este año Arizona enmendó la ley.

Otros estados, salvo algunas excepciones como Mississippi, no quieren seguir el ejemplo de Arizona y Oklahoma con sus leyes draconianas, aseguran los activistas.

En muchos estados, los legisladores “pragmáticos” lograron un término medio al elaborar junto con grupos pro-inmigrantes medidas que castigan a los negocios con mayores infracciones migratorias “sin minar la prosperidad” de la economía estatal, señaló el estudio.

En Virginia, por ejemplo, un grupo de empresarios logró bloquear una ley que les hubiese exigido suscribirse a “E-verify.

En declaraciones a Efe, Jacoby señaló que una ley aprobada en Oklahoma podría causar pérdidas de 1,800 millones de dólares al estado, y en muchos estados las medidas permanecen en un limbo legal.

La presión de los empresarios es grande porque no quieren convertirse en daño colateral de las redadas, y los políticos de corte pragmático parecen llevar la delantera, agregó.

El mes pasado, la Corporación para el Desarrollo Económico del Condado de Los Angeles (LAEDC, en inglés) realizó su propio estudio en el que advirtió de que las redadas podrían incluso diezmar a los negocios locales que dependen en gran medida de la mano de obra de los inmigrantes.

Los sectores de la confección de ropa, mueblerías y procesamiento de alimentos, que conforman la columna vertebral de la economía local, estarían entre los más perjudicados en Los Angeles.

En 2006, los tres sectores crearon, en su conjunto, alrededor de 495.000 empleos y pagaron un total de 103 millones de dólares en impuestos a la venta.

LAEDC planteó el caso hipotético de que si tan sólo una tercera parte de esos tres sectores se trasladaran fuera de Los Angeles, la ciudad perdería cerca de 148,500 empleos y tanto la ciudad como el condado perdería 17.1 millones de dólares en ingresos.

Según la Cámara de Comercio del Area de Los Angeles, más de una decena de negocios locales han sido objeto de redadas en lo que va de 2008, y esas acciones policiales “están devastando a los negocios y a sus trabajadores”, protestó recientemente Gary L. Toebben, presidente de la organización empresarial.

Es la misma queja que se escucha con más frecuencia y que los negocios esperan no caerá en oídos sordos en los pasillos del poder en Washington.

“No hay ningún misterio en lo que debe hacer el Congreso (para aprobar la reforma), pero no parece tener ni la voluntad política ni el coraje para hacerlo”, se lamentó Jacoby.
e si tan sólo una tercera parte de esos tres sectores se trasladaran fuera de Los Angeles, la ciudad perdería cerca de 148,500 empleos y tanto la ciudad como el condado perdería 17.1 millones de dólares en ingresos.

Según la Cámara de Comercio del Area de Los Angeles, más de una decena de negocios locales han sido objeto de redadas en lo que va de 2008, y esas acciones policiales “están devastando a los negocios y a sus trabajadores”, protestó recientemente Gary L. Toebben, presidente de la organización empresarial.

Es la misma queja que se escucha con más frecuencia y que los negocios esperan no caerá en oídos sordos en los pasillos del poder en Washington.

“No hay ningún misterio en lo que debe hacer el Congreso (para aprobar la reforma), pero no parece tener ni la voluntad política ni el coraje para hacerlo”, se lamentó Jacoby.

El asesinato del jefe interino de la policía federal mexicana, en medio de una escalada sin precedentes de ataques de los carteles de la droga contra funcionarios de ese país, se convertirá muy pronto un tema clave en la campaña de los candidatos presidenciales de Esatados Unidos para ganar el voto hispano. Hasta ahora, tanto republicanos como demócratas han tratado de hacer el menor ruido posible acerca de la Iniciativa Mérida, respaldada por la administración Bush, que busca la aprobación legislativa de un paquete de ayuda de $500 millones para ayudar a México a combatir a sus carteles de drogas. Los legisladores de ambos partidos esperaban que la ayuda se aprobara silenciosamente, porque temían que un debate de alto pérfil despertaría pasiones políticas a ambos lados de la frontera y terminaría aniquilando la propuesta de asistencia. Pero ahora que los ataques de las bandas de narcotraficantes han alcanzado un nivel récord en los últimos tiempos, las cosas están cambiando en Washington.El probable candidato republicano John McCain posiblemente tratará de frenar el creciente apoyo de los hispanos al partido demócrata diciendo que una reciente contrapropuesta de la mayoría demócrata en el Congreso de reducir la Inicitiava Mérida en $190 millones implica un abandono de México en el momento en el que el gobierno del presidente Felipe Calderón más necesita de ayuda en su lucha contra los narcotraficantes. Podría ser el arma secreta de McCain para ganar votos hispanos. El argumento será parecido a la acusación de McCain de que los demócratas han abandonado a Colombia al resistirse a ratificar el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Colombia. Sólo que, en el caso de México, se está jugando algo más importante en el plano electoral, ya que más del 65 por ciento de los más de 10 millones de votantes hispanos son de origen mexicano. El viernes, cuando pregunté a la campaña de McCain que opina el virtual candidato republicano sobre la postura demócrata respecto de la Iniciativa Mérida, recibí una respuesta contundente del encargado de política exterior de McCain, Randy Sheunemann. ''En momentos en que hay un presidente mexicano dispuesto a combatir a los narcotraficantes, resulta increíblemente irresponsable que los demócratas en el Congreso pretendan reducir los fondos de ayuda'', dijo Sheunemann. ``Es tan sólo el ejemplo más reciente de la manera en que los demócratas están socavando a nuestros aliados en todo el mundo''.Carl Meacham, un alto funcionario del staff republicano en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, dice que el asesinato del jefe de policía interino Edgar Millán Gómez la semana pasada fue ``un hecho mayúsculo''.

El jefe de policía asesinado fue el oficial de más alto rango de los alrededor de 200 que fueron asesinados por las bandas de narcotraficantes en el curso del último año y medio, como represalia a la ofensiva militar de Calderón contra los carteles de narcotráfico.

La Iniciativa Mérida está destinada a ayudar a México a comprar 8 helicópteros de transporte, mejorar la información de inteligencia y reducir el masivo contrabando a México de rifles de .50 mm, granadas y otras armas estadounidenses de gran potencia. El plan no contempla la presencia de tropas estadounidenses en México.

En el Congreso, la mayoría de los demócratas dicen que desean votar a favor de la ayuda a México, pero objetan lo que consideran un énfasis excesivo en la ayuda militar, en detrimento de la asistencia destinada a la consolidación institucional, y señalan que varios republicanos contrarios a la inmigración también se están oponiendo a la medida.

El presidente del subcomité del Hemisferio Occidental del Senado, Chris Dodd, me dijo por email que ``planeamos proporcionar al gobierno mexicano asistencia financiera muy necesaria, asegurando al mismo tiempo que podamos enfrentar diversas emergencias humanitarias en todo el mundo, desde Burma hasta Darfur''.

El viernes, la AFL CIO y los United Steelworkers, las principales grupos sindicales que apoyan a los demócratas en las elecciones de noviembre, pidieron que no se apruebe la Iniciativa Mérida, citando su preocupación por abusos a los derechos humanos en México.

Mi opinión: la semana pasada, critiqué a McCain en este espacio por haberse acercado a los halcones antiinmigración de la derecha de su partido, y por haber dado la espalda al plan integral de inmigración que antes había apoyado.

Dije que la nueva postura de McCain sobre la inmigración es económicamente tonta, políticamente imprudente y peligrosa desde el punto de vista de la seguridad nacional.

Hoy, les toca el turno de ser criticados a los demócratas, por estar cediendo ante el ala populista aislacionista del partido, y por estar dando la espalda a México. Si los demócratas -y sus candidatos presidenciales - no apoyan la lucha contra el crimen organizado en México, se merecen que muchos de los votantes mexicoamericanos que en los últimos meses se han volcado hacia el Partido Demócrata lo piensen dos veces antes de darle su apoyo al partido en las elecciones de noviembre.