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La noticia ya se hizo pública: el gobierno de Alemania decidió, a finales del año pasado, eliminar $11 millones de ayuda para el presupuesto de Nicaragua.

La cantidad es modesta, pero la medida tiene gran trascendencia, por su mar de fondo, que el diario alemán Südetsche Zeitung explicó en estos términos: ''Deficiencias en la división de poderes, la subordinación de la justicia a la política, la falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos, la corrupción y el desprecio por los derechos humanos'', a lo cual se suma la incapacidad del gobierno de Daniel Ortega para conducir los programas de lucha contra la pobreza ``de manera consecuente ni efectiva''.

En síntesis, una perniciosa mezcla de autoritarismo y descalabro, inaceptable para un amplio conjunto de países que mantienen a flote con su ayuda a la economía nicaragüense.

Por algo a la decisión alemana se ha sumado una severísima advertencia de la Unión Europea: excluirá a Nicaragua de la iniciativa internacional para condonarle el 80% de su deuda externa (por $6,500 millones) si Ortega no actúa con transparencia, respeto a la institucionalidad democrática y una mínima eficiencia en la gestión pública.

Bastaría con ambos hechos para que el Presidente y la facción del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) con la que gobierna hubieran iniciado un rápido proceso de corrección en sus políticas.

Pero no ha ocurrido así, lo cual revela dos cosas:

• O que son incapaces de comprender el enorme daño que le están causando al país con su irrespeto por las instituciones democráticas, su afán de control, su desdén por las libertades, su errática gestión económica, su turbiedad en el manejo del Estado y una política exterior guiada por la ideología, no por las necesidades e intereses del país.

• O que lo saben, pero no les importa.

De la escandalosa subordinación judicial a los intereses políticos, es un claro y alarmante ejemplo la arbitraria condena, por injurias y calumnias, impuesta contra el director y el jefe de redacción del diario independiente La Prensa.

Su terrible pecado fue publicar una información titulada ''CPC con licencia para dar golpizas''. Se refería a los llamados Consejos del Poder Ciudadano, instrumentos partidistas jefeados por la primera dama, Rosario Murillo, que tienen como objetivo imponerse, desde la presidencia, sobre las autoridades locales y regionales.

La Prensa reveló algunos de los excesos cometidos por esos grupos, que no cuentan con aval legislativo. Cinco afiliadas a los CPC, aunque no fueron mencionadas, se dieron por ofendidas en su ''honor'' personal, plantearon la denuncia y los periodistas fueron declarados culpables el 17 de abril.

Tan burda manipulación de la justicia, así como otras arbitrariedades señaladas por Alemania y las alianzas con Venezuela, Libia e Irán revelan una clara involución en los lentos y costosos avances democráticos realizados por Nicaragua durante años recientes.

Sus estragos no sólo se sienten en la política, sino en la economía y la sociedad, mediante el enorme incremento de la inflación, la reducción en la inversión externa e interna, la caída en el crecimiento de las exportaciones y de la producción en general, el repunte del desempleo y el debilitamiento de las finanzas públicas. Es decir, un claro deterioro en las condiciones de vida de la mayoría, ya de por sí muy precarias.

Estamos ante el patético caso de un país que, pese a la solidaridad internacional (la verdadera, no la de Hugo Chávez y compañía), a sus riquezas naturales y a relativos avances pasados en su desempeño económico y social, tiene ante sí un pésimo panorama, simplemente por ineptitud, miopía, prepotencia y ambición del grupo gobernante.

Será necesario mucho esfuerzo y coordinación de los demócratas nicaragüenses para frenar este funesto rumbo. Y, aun si lograra corregirse, se requerirá mucho tiempo para regresar a una modesta tendencia de avance. Porque Nicaragua, de la mano de Ortega, camina como los cangrejos: hacia atrás.

EDUARDO ULIBARRI

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