República Española

POR LA LIBRE ABSOLUCIÓN DE JAUME D'URGELL Y LA DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 543 DEL CÓDIGO PENAL

Los trabajadores, partidos políticos, sindicatos, asociaciones, ONG y medios de comunicación firmantes de la presente declaración, manifestamos nuestra solidaridad con Jaume d’Urgell, procesado por el mero hecho de ejercer su derecho a la libertad de expresión para reivindicar opiniones políticas legítimas.

El 14 de mayo de 2006, en el transcurso de una manifestación, este vecino de Madrid arrió la bandera roja y amarilla que ondeaba en un edificio oficial, e izó en su lugar la enseña tricolor republicana: roja, amarilla y morada. Una bandera, recordémoslo: española, constitucional, institucional y perfectamente democrática, impuesta por las urnas y depuesta por las armas. Por este acto de desobediencia civil pacífica, la Fiscalía solicita un año de cárcel, el pago de una multa de 4000 euros y un año de inhabilitación especial para sufragio pasivo (prohibición para presentarse a elecciones).

Con esta acción simbólica y no violenta, el joven republicano puso de relieve la relación entre los problemas cotidianos de la ciudadanía y una forma de gobierno que él considera que no es totalmente representativa.

Su objetivo era reivindicar la adopción de políticas orientadas a la reducción de la precariedad laboral; un mayor compromiso de los poderes públicos para frenar el aumento del coste de la vida —particularmente en el sector de la vivienda—; y abogar por una forma de gobierno más democrática, en la que no existan cargos públicos que no sean electos, vitalicios, jurídicamente irresponsables, irrevocables y hereditarios; un modo de organizar la sociedad basado en los principios de Libertad, Igualdad y Fraternidad, fundamentado en el respeto a los Derechos Humanos, la transparencia y austeridad en el gasto público, el laicismo, la paz y la efectiva participación de la ciudadanía en la gestión de los asuntos públicos.

Este manifiesto no se pronuncia sobre dichas ideas, sino sobre la libertad para expresarlas.

Consideramos que si Jaume d’Urgell odiara a España —como pretende el Ministerio Fiscal—, no acudiría a manifestaciones para reclamar una mejora en las condiciones de vida de la ciudadanía y no llegaría a comprometer su propia seguridad jurídica para defender aquello en lo que cree. Por eso, manifestamos que la calificación penal de los hechos es totalmente desproporcionada y que de llegar a plasmarse en una sentencia, supondría un grave precedente para la conculcación de los derechos civiles y las libertades políticas.

Por ello, en beneficio de todos, exigimos la libre absolución del encausado y la derogación del artículo 543 del Código Penal, sobre “Ultrajes a España”, por entender que su redacción resulta extemporánea y contradictoria con los artículos 20 de la Constitución Española (antes 34) y 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que garantizan el derecho a no ser molestado por la libre expresión de opiniones.

www.libertad-de-expresion.es

PRIMEROS FIRMANTES: Rosa Regàs, escritora; Carlos Taibo, profesor; Carmelo Suárez, político; Albert Escofet Sánchez, político; Ludivina García Arias, política; Elisa Serna, cantautora; Carlos Álvarez Cruz, poeta; Heinz Dieterich, profesor; José Daniel Fierro, periodista; Isabelo Herreros Martín-Maestro, periodista; Lluís Bartra, dissenyador; J. Kalvellido, dibujante; Carlos Vicente, informático; Lorena Aguilar Aguilar, periodista; Aníbal Garzón Baeza, sociólogo; Javier Méndez-Vigo Hernández, profesor; Sergio de Castro Sánchez, filósofo; Elliot Fernández, estudiante; Manuel Márquez Berrocal, historiador; Raúl Calvo Trenado, periodista; Enrique Castro Rodríguez, empresario; Miguel Martín Ayllón, periodista; Narciso Fuentes, periodista; Javier Parra, periodista; Josep María Marimón, periodista; Michel Balivo, escritor; Ahmed Hijazi, profesor; Miguel Pastrana, escritor; José Gavilán, periodista; Iñaki “Galileo”, periodista; Mar García Orozco, periodista; Eduardo Álvaro, informático; Daniel de Cullà, poeta; Mónica Liliana Oporto, poeta; Juan Luís González Pérez; consultor; Ángel Rojas Peñalva, periodista; Jimmy Querales, politólogo; Antonio Olvera Calderón, politólogo; Jose Luis Olvera Melero, jubilado; Juana Calderón Holgado, jubilada; Miguel Ángel Rincón, poeta; Josep Esteve Rico Sogorb, poeta; Antoni Lucchetti Farré, profesor; Ernest Jiménez Garrido, profesor; José Luís Gordillo, profesor; Martín Rodrigo i Alharilla, profesor; Carlos Francisco Velasco Souto, profesor; Pedro García Bilbao, sociólogo; Rafael Pla López, profesor; Reyes Matamales Arribas, profesora; José María Tortosa, profesor; Fermín Miranda, profesor; Jesús Aller Manrique, profesor; Fernando Olabarrieta Artetxe, profesor; Iñaki Sáinz Moncalvillo, profesor; Juanfer Puebla Tejerina, poeta; Julio Rodríguez Bueno, profesor; Saif Abukeshek, político; José Luís Alcantara Alcaraz, graduado social; José Luis Sánchez Jiménez, funcionario; Gloria Marcos i Martí, política; José Manuel Sanz Molinero, político; Carmen Tirado, política; Salvador Almela i Rambla, político; Jesús David Fuentes, político; Patricio Suárez Gil, médico; Alvaro Villar Calvo, político; Javier Gavira Montero, administrativo; Salvador Crossa Ramírez, político; Inmaculada Pérez Martín, político; Félix Rodríguez Sanz, político; Andoni Basterra Urutia, político; Marcelino Fraile Caba, político; Iñaki Saldaña, político; Borja Rodríguez, político; Iñigo Martínez Zatón, estudiante; Ignacio Fernández Díaz, político; Ángeles Maestro, política; Eduardo Silva Bafaluy, político; Francisco Javier Rodríguez Amorín, ciudadano; Manuel Blanco Chivite, periodista; Antonio Criado Barbero, político; Miguel Ángel Fernández Rodríguez, político; Luís Blanco Maldonado, sindicalista; Aitor Manero, fotógrafo; Álvaro Suárez Trabanco, político; Raúl Aguilar Díez, político; José Manuel Chía Gómez, político; Julio Díaz Díaz, político; Emma Esplá, Política; Juan Luís García Córdoba, político; Isidro Pedro Mayor Calvo, político; Rafael Velasco Rodríguez, político; Francisco Pérez Martínez, político; Francisco Miñarro Poyato, político; Leopoldo del Prado, político; Santiago González, político; Álvaro Fernández Alonso, político; Víctor Baeta i Subias, político; Antonio Marín Segovia, político; Miquel Jordà, político; Víctor Díaz Cardiel, político; José María Coronas, político.