República Española

En defensa de Unidad Cívica por la República, frente a la campaña de difamación orquestada por la derecha, en contra de los manifestantes que protestaron ante los neoliberales ultraconservadores Granados y Güemes, durante una de las inauguraciones institucionales que coinciden con la campaña electoral.

Estamos en el primer fin de semana de campaña electoral, y una de las noticias más destacadas que podemos encontrar en los principales medios de prensa, es la que nos habla del supuesto intento de agresión que habría protagonizado un grupo de manifestantes descontrolados, contra Francisco Granados y Juan José Güemes, miembros del gobierno autonómico de Madrid y dirigentes ambos del Partido Privatizador (PP).

Los responsables de comunicación del partido del bando nacional, habrían difundido sendas notas de prensa, en las que primero habrían 'informado' de "violentos disturbios orquestados por el dirigente socialista Tomás Gómez, alcalde de Parla", para –posteriormente–, abordar de lleno la versión anti-republicana, según la cual "un grupúsculo de republicanos habría intentado agredir a dos consejeros de Madrid".

La realidad es bien distinta: no hubo agresión ni intento de agresión; en toda su historia, ni Unidad Cívica por la República (UCR), ni ningún otro colectivo o asociación integrante de lo que podríamos llamar el Movimiento Republicano, han alentado u organizado ni un solo acto violento; por su parte, UCR, en tanto que asociación cultural independiente, nunca se ha sometido al mandato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ni tampoco al de Izquierda Unida (IU); además, ni el PSOE ni IU cedieron infraestructuras para preparar el material de propaganda, como afirman los difamadores de la calle Génova.

Entonces… ¿qué pasó? Muy sencillo: los responsables de construir hospitales privados con dinero público –privatizándolos de facto, en origen–, pensaron que era un buen momento para introducir algo de 'tensión' en la agenda electoral, presentándose como víctimas y de paso, denostando a sus adversarios políticos, a saber: el partido socialista, Izquierda Unida y en general, cualquiera que defienda la justicia social, o apueste por la democracia plena como forma de gobierno.

Dicho de otro modo: los responsables de gabinete de Güemes y Granados sabían dónde se metían, y optaron deliberadamente por prescindir de un despliegue policial adecuado, concentrando toda el peso de la seguridad en un reforzado –pero aún así minúsculo– cuerpo de escoltas: suficiente para que los gobernantes no corrieran ningún riesgo, pero claramente deficitario para contener la más que previsible presencia de protestantes.

Toda la puesta en escena resultaba previsible, y por tanto, cabe suponer que su ejecución responde a un plan preconcebido: todo fue un montaje milimétricamente planificado por el equipo del PP, para provocar lo que más tarde ha salido a la luz en algunos libelos de tirada estatal: "el supuesto compadreo de los socialistas con los violentos republicanos". De ahí a decir que "los comunistas comen niños" o que "los rojos quemaron Gernika", un paso.

Huelga decir que absolutamente todos los manifestantes que acudieron a protestar ante las vergonzosas inauguraciones en campaña –aunque muy enérgicos en sus reivindicaciones–, aborrecen la violencia; y que los escasos forcejeos registrados durante la infausta visita, partieron única y exclusivamente de los gorilas encargados de proteger a los comisarios políticos del Capital, acostumbrados a la desproporción de fuerza y medios que todos conocemos y que muchos recordamos en carne propia.

¿Por qué provocar algo así? Por desconsideración a todo lo que no sean votos –y para aprovechar el rédito del posterior impacto mediático–. ¿Por qué imputar falsamente la maquinación del supuesto altercado al socialista Tomás Gómez? Porque es 'el otro' –y no uno cualquiera, sino el secretario general de 'los otros' en la Comunidad de Madrid–. Puede dar gracias… de haber ocurrido algo parecido en el País Vasco, ahora estaría gritando en algún sótano oficial, lejos de cualquiera que pudiera socorrerle. ¿Por qué imputar la autoría de los supuestos actos violentos a los republicanos? Porque es un adorno útil y muy fácil de 'adaptar a la realidad' –habida cuenta de la nutrida presencia de banderas republicanas entre los manifestantes–.

Lo que la prensa no dijo es que entre el público no había únicamente republicanos: había también sindicalistas, incluso eran mayoría. Es cierto, unos y otros comparten sus respectivos idearios: el deseo de mayor Justicia Social y la vergüenza ajena ante la existencia de gobernantes dinásticos, todavía en pleno 2008. Pero claro, pocos periódicos permiten que la verdad estropee alguno de sus 'bonitos titulares'… y ya en campaña, mejor no hablemos.

Seguramente todas estas explicaciones no harán mella en la razón de aquellos que, por así decirlo, no necesitan pensar. Pero de todos modos, no pierdo ocasión para dejar claras algunas ideas importantes: 1.º República y violencia son antónimos; 2.º La República tiene que ver con todos los problemas cotidianos derivados de una forma de gobierno que no es plenamente representativa. Por tanto, la presencia de banderas republicanas en reivindicaciones contra la opresión, contra la precariedad, contra la discriminación, la denegación de derechos o el coste de la vida… además de pertinente, es necesaria; y 3.º Para cualquier persona con dos dedos de frente, acusar sin pruebas como lo hacen los voceros del Partido Privatizador, solo debería dejar en mal lugar a los propios difamadores.

Espero haber expuesto una opinión alternativa a la que se nos presenta como si fuera 'la única', y en el mejor de los casos, haber contribuido a dinamizar el debate político, con ideas y argumentos.

Ardo en deseos de ver qué perlas informativas seleccionará Pascual Serrano, en su compromiso mensual para evidenciar lo evidente.

¡Salud Pública, universal, gratuita y calidad… y República!

_______
Nota al pie: en adelante recomiendo que alguien grabe siempre cualquier actividad de protesta, para tener pruebas firmes de nuestra convicción por la no-violencia. Ya sé que en teoría, la carga de la prueba recae en el que acusa, pero hoy y aquí, 'detallitos' como la obligación de contrastar las fuentes, no parecen importar demasiado a la prensa de masas.