190.86.226.225 17901 11910 La semana pasada hubo cambios en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), en El Salvador. El Museo de los Mártires, en el que se exhiben entre otras cosas ropas y objetos personales de los jesuitas masacrados en 1989, fue remodelado por completo. La nueva sala cuenta con aire acondicionado, tiene una mejor iluminación y las vitrinas son más amigables. Justo en medio, en el lugar más visible, hay una vitrina grande y alargada que contiene las ropas que llevaban los sacerdotes cuando los acribillaron hoy hace 20 años. Entre todas destacan la bata color café, el pijama de botones y las alpargatas azules de Ignacio Ellacuría Beascoechea, “Ellacu”, el filósofo y teólogo oriundo de Portugalete que fungía como rector de la universidad. El 16 de noviembre de 1989 un comando del Batallón de Infantería “Atlacatl”, del Ejército salvadoreño, asesinó a Ellacuría y a otros cinco sacerdotes: el navarro Juan Ramón Moreno, los castellanos Amando López, Segundo Montes e Ignacio Martín Baró y el salvadoreño Joaquín López y López. En la masacre también murieron la empleada doméstica, Julia Elba Ramos, y Celina, su hija de 16 años. La acción militar ocurrió durante la llamada “Ofensiva Hasta el tope”, que la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) había iniciado cinco días antes, y que puso en jaque al Ejército. Si bien no hubo una victoria militar, la magnitud y la organización del ataque aceleraron las conversaciones de paz, que dos años después cuajaron en un acuerdo. La guerra civil en El Salvador duró desde 1980 hasta 1992, y dejó como saldo más de 75.000 muertos. Desde 1990 la UCA conmemora la masacre cada año. La remodelación del Museo de los Mártires ha sido, de hecho, uno de los puntos de agenda en esta edición. Pero los cambios estéticos en la sala no son lo únicos que ha habido estos días. El vigésimo aniversario coincide con una serie de cambios políticos que han generado reacciones oficiales impensables hasta hace apenas unos años. La primera sorpresa llegó de Estados Unidos, el país que sostuvo militar y económicamente al Gobierno salvadoreño durante la guerra y que sabía de la masacre antes de su ejecución. El 21 de octubre pasado, su Congreso aprobó una simbólica condena en la que se definieron a Ellacuría como un “defensor de los derechos humanos y de una solución negociada al conflicto civil de El Salvador”. En El Salvador, que el pasado 1 de junio vivió la primera transición política desde los Acuerdos de Paz, también ha habido movimientos. El presidente de la República, el izquierdista Mauricio Funes, llegó al Gobierno de la mano de la ex guerrilla del FMLN, y lo hizo tras 20 años del partido ARENA (derecha) en el poder. Hoy lunes, en un acto sin precedentes, Funes condecorará a título póstumo a los jesuitas con la Orden Nacional José Matías Delgado en primer grado, el más alto reconocimiento que otorga el Estado. El presidente argumentó su decisión “por los servicios extraordinarios prestados al país”, en especial en el combate de la exclusión social, y por “sus aportes a la paz y a la construcción de la democracia en el país”. Jon Sobrino opina El teólogo vasco-salvadoreño Jon Sobrino, amigo personal de los masacrados y sobreviviente de la masacre porque se encontraba de viaje, valoró el gesto de forma positiva. “Ningún presidente anterior se había atrevido a decir nada bueno o cariñoso, siquiera alguna palabra de agradecimiento”, dijo durante la misa celebrada el domingo anterior en la humilde parroquia de El Carmen, en Santa Tecla. Como argumento señaló que ni siquiera el Vaticano ha tenido “alguna palabra o un gesto importante” para los padres jesuitas en 20 años. Fiel a sí mismo, Sobrino tuvo además cálidas palabras para Julia Elba y Celina, que no recibirán condecoración alguna, “y para tantos y tantos que fueron asesinados”. “¿Cuántas juliaelbas habrán muerto en Palestina? Millones. ¿Y cuántas habrán muerto en el Congo, en África?”, se preguntó el teólogo. Más crítico con el Gobierno de Funes que Sobrino se mostró el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), organismo que lleva dos décadas buscando la condena de los autores intelectuales de la masacre. Su director, Benjamín Cuéllar, ve en la condecoración poco más que un acto simbólico, insuficiente si no va acompañado de la derogación de la Ley de Amnistía que se aprobó en 1993, que impide juzgar los delitos cometidos durante la guerra civil. Cuéllar cree que, ya en el poder, el FMLN está renunciando a la que durante sus años en la oposición fue una de sus banderas: la derogación de la ley de punto y final. El caso El Gobierno salvadoreño en 1989 intentó en un primer momento atribuir la masacre a guerrilleros. Cuando no se pudo ocultar más que fue el ejército, la fuerte presión internacional desembocó en un juicio que terminó con la condena de dos militares en enero de 1992. Al año siguiente fueron amnistiados. “Ese juicio fue una farsa, un insulto para los familiares de las víctimas”, dice Almudena Bernabeu, una abogada especializada en el caso de los jesuitas que trabaja para la ong estadounidense Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA, por su sigla en inglés). Desde entonces en El Salvador se han bloqueado todos los intentos por llevar a los tribunales a la alta jerarquía militar. El IDHUCA llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en 1999 falló en contra del Estado salvadoreño y le pidió, entre otras cosas, abrir una investigación y derogar la Ley de Amnistía. Nada de eso de ha realizado a pesar de haber transcurrido ya una década, y de tratarse de recomendaciones vinculantes. El año pasado se abrió un nuevo frente judicial, siempre fuera de El Salvador, esta vez en la Audiencia Nacional de España. La ong de Almudena Bernabeu y otra ong llamada Asociación Pro Derechos Humanos de España presentaron –con la asesoría del IDHUCA– una querella que fue admitida en enero de este año. En ella aparecen los nombres 14 militares, entre ellos el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor en 1989. Bernabeu cree que, si bien lo ideal sería que el caso se resolviera en El Salvador, “el proceso en Madrid podría servir cuanto menos “para probar si el Estado salvadoreño quiere colaborar o no ahora”. En una charla impartida en San Salvador el sábado, anunció que en las próximas semanas habrá diligencias relacionadas con este caso en la Audiencia Nacional. El IDHUCA por su parte le sigue apostando a la CIDH, conscientes de que la condena de los autores intelectuales de la masacre de los jesuitas es poco menos que una quimera. Paciencia no falta dos décadas después. “Quien se mete en estos casos creyendo que son una carrera de cien metros, mejor que se retire, porque esto es una maratón llena de obstáculos y en la que hay que trabajar los relevos”, dice Cuéllar. La batalla legal no, pero la que ya está ganada es la batalla contra el olvido. En 20 años la UCA ha sabido transformar a los jesuitas en mártires y nombres como el de Ignacio Ellacuría no son ajenos en El Salvador ni siquiera a las nuevas generaciones. A él y a los otros cinco jesuitas hoy los condecorará el presidente de la República. La gran cruz y la banda de seda azul terminarán en el Museo de los Mártires, junto a los harapos ensangrentados que los sacerdotes llevaban en día de su asesinato. <hr></hr><div> </div>Este artículo salió publicado el 16 de noviembre de 2009 en el diario Deia, con sede en Bilbao. <div> </div> 0 2009-11-17T21:15:24Z 2009-11-17T21:09:00Z 407930 la-figura-ellacu-sigue-viva-3 2009-11-17T21:15:24Z 1 1 2009-11-17T21:15:24Z