87.221.12.136 53409 24047 " Las 17 Comunidades van a velocidades distintas " se queja el Cermi . No se que proceso sigue el Gobierno para ajudicar los dineros para los discapacitados , pero si este los manda al Gobierno de la comunidad y luego este los pasa al Cermi ( comité Español de representantes de minusvalidos ) para que los distribuya a las distintas localidades segun sus solicitudes y presentación de demandas por minusvalia , puede que ocurra una cosa. Que el Gobierno central mande puntualmente el dinero al Gobierno de la Comunidad , pero este en vez de mandarlo rapidamente como debe de ser al Cermi , el que trata con el dinero para su distribución al Cermi , se lo pone en una cuenta a su nombre a plazo fijo por uno , dos , tres meses y luego los intereses para mi, y los discapacitados que esperen . Con todas las corrupciones que estan pasando en este pais y pensando " mal " no me estrañaria nada que asi fuese. ¿ Que motivo hay para que una comunidad lo haga rapido y otra no , si a todas se les manda el dinero en el mismo momento? Quizas que unas sean más conscientes de para que es el dinero y comprendan que significa el bien estar de muchas personas. Es mi opinión Un saludo de alfayomega1970 0 2009-11-11T09:44:33Z 2009-11-11T09:21:00Z 404858 -representante-los-discapacitados-critica-aplicacion 2009-11-11T09:44:33Z 1 1 2009-11-11T09:44:33Z 80.30.252.76 2620 2695 <div align="justify"><strong>Señala contradicciones normativas que afectan a los discapacitados</strong> El Comité Ejecutivo del CERMI ha aprobado <em>el 'Informe de Derechos Humanos y Discapacidad 2008</em>', elaborado para dar a conocer las vulneraciones que presenta este sector social con el fin de eliminarlas y poder restituir los derechos a estas personas, tal y como establece la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. El Informe, escrito por la delegada del CERMI para la Convención de la ONU para los Derechos de las Personas con Discapacidad, Ana Sastre, pone de manifiesto los déficits en materia de accesibilidad, recursos o educación, así como la existencia aún de prejuicios sociales que provocan la vulneración de muchos derechos fundamentales de las personas con discapacidad. Según el texto, "<em>muchos de los casos relatados se han solucionado, o están en vías de hacerlo, antes de emprender acciones administrativas o judiciales, lo que refleja que las discriminaciones son en muchas ocasiones fruto del desconocimiento y de los prejuicios sociales</em>". El documento recoge algunas contradicciones normativas que vulneran los derechos de las personas con discapacidad. Se hace alusión al Código Penal, donde se contempla el supuesto de poder abortar si el feto tiene "<em>graves taras físicas o psíquicas"</em>. El Informe argumenta al respecto que <em>"implícitamente esta disposición normativa considera la vida de una persona con discapacidad como menos valiosa que la de un niño sin discapacidad al no protegerlos de la misma forma</em>". También se cuestionan los internamientos forzosos, en tanto que vulneran el derecho de libertad de la persona como recurso para el grupo de población con enfermedad mental. "<em>En muchas ocasiones ni siquiera son escuchados y se les aplican procedimientos penales sin diagnosticar su enfermedad, provocándoles daños irreparables"</em>. Asimismo, el CERMI recuerda que la defensa del derecho a la familia es una de las prioridades que recoge la Convención, haciendo especial hincapié en el sistema de apoyos que debe habilitarse al efecto. "<em>La Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia establece recursos importantes para desarrollar este derecho, pero ni permite al usuario elegir los apoyos que más se adecuen a su situación, ni extiende las ayudas del asistente personal a todas las personas con discapacidad"</em>, argumentan desde el CERMI en un comunicado de prensa. <strong>Es "<em>necesario</em>" actualizar el concepto de discapacidad</strong> La reformulación del concepto de discapacidad es otro de los temas aludidos. Al respecto dice que "<em>se trata de un concepto flexible, que se debe actualizar y va encaminado a designar el resultado de que existan barreras que impiden el desarrollo de determinados derechos</em>". La actualización de los servicios y herramientas administrativas también deben modificarse para adecuarse a las necesidades de un sector de la sociedad cada vez más integrado, según este documento. Los ámbitos educativo, laboral o sanitario también se abordan en el Informe desde la perspectiva de la discapacidad por entenderlos clave para el desarrollo autónomo de este grupo de población. Asimismo, se habla de la participación de las personas con discapacidad en las políticas que les afectan. Por este motivo, el CERMI ha denunciado que el Ministerio de Sanidad y Política Social les ha dejado al margen de dos órganos fundamentales. <strong>Suspenso en accesibilidad</strong> Según el Informe, la accesibilidad constituye "<em>uno de los grandes fracasos de la política española de atención a las personas con discapacidad</em>". Solo durante 2008 el CERMI denunció a más de 50 establecimientos de uso público por incumplir las normas de accesibilidad o por ser muchos de ellos impracticables para este sector social. Entre las denuncias se encuentran más de 25 edificios pertenecientes a la Administración General del Estado. Algunas de las acciones positivas que se proponen en el Informe son la adaptación de los prospectos de los medicamentos mediante la inclusión de los textos en una página web, el diseño de autobuses acondicionados para personas con discapacidad física o la incorporación de la accesibilidad en las páginas de Internet. En cuanto al acceso a la justicia, el movimiento asociativo lamenta que, por ejemplo, el Reglamento del Notariado califique como <em>'incapaces' </em>a todas las personas con discapacidad, salvo cuando ésta sea física. También, existe una falta de previsión en el ejercicio de la función de jurado en los tribunales populares, escasez de recursos accesibles para personas con discapacidades sensoriales y multitud de barreras arquitectónicas en las dependencias judiciales.</div> <div align="center"><em>Publicado en <em><a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2009/09/29/solidaridad/1254251079.html" title="Abre en ventana independiente" target="_blank">EL MUNDO</a></em> el 29 de Setiembre de 2009</em></div> 0 2009-09-30T08:20:12Z 2009-09-30T08:17:00Z 384615 el-cermi-elabora-informe-sobre-derechos-humanos-y 2009-09-30T08:20:12Z 1 1 2009-09-30T08:20:12Z 0.0.0.0 2620 2695 <div align="justify"><img src="http://solidaridaddigital.discapnet.es/SolidaridadDigitalWeb/Utilidades/RenderImage.aspx?id=13906&amp;w=258" align="left" title="Dibujo relativo a las próximas elecciones" width="150" border="1" hspace="5"><strong>Ante la celebración de las Elecciones Europeas este domingo 7 de junio</strong> El <strong><a href="http://www.cermi.es/" title="Abre en ventana independiente" target="_blank">Cermi</a> </strong>ha denunciado hoy un nuevo caso de posible trato desigual en el proceso electoral por denegar la adaptación del censo a una persona con deficiencia visual, convocada como vocal por la Junta Electoral de la Región de Murcia para las Elecciones Europeas de este domingo. Tras recibir la notificación para participar en la mesa electoral, Nuria Vidal solicitó a la Junta Electoral el censo de electores ampliado para poder ejercer su deber en igualdad de condiciones, adjuntando con su petición el certificado que acredita su discapacidad visual. Ella proponía que le facilitasen un listado con los nombre "<em>por ejemplo en Arial 18 para poder verlos con claridad</em>" como alega, pero la Junta ha rechazado esta petición "<em>por cuestiones técnicas</em>", según el escrito dirigido a Vidal. El comunicado de la Junta explica que "<em>ante la imposibilidad de suministrar el tipo de censo pedido se requiere a la solicitante que presente la correspondiente excusa debiendo acreditar debidamente los hechos que alega</em>". Entonces, Vidal dirigió un escrito a la Junta expresando su desacuerdo en este sentido, por sentirse "<em>expresamente excluida del proceso electoral al no haber atendido mi solicitud ni respetar los principios de igualdad hacia personas con discapacidad establecidos en las normas sobre esta materia</em>". Asimismo, ante la petición de la Junta de que presente su excusa en el proceso y lo acredite, Vidal aseguraba que "<em>en ningún caso voy a presentar excusa alguna ni mucho menos realizar alegaciones con motivos de la discapacidad. Siendo pues la excusa la que ustedes me notifican"</em>. En respuesta, la Junta Electoral le notificó ayer la aceptación de su excusa y la notificación de que se ha procedido a convocar a un sustituto que ocupe su lugar el domingo. Tanto Nuria Vidal como el <strong><a href="http://www.cermi.es/" title="Abre en ventana independiente" target="_blank">Cermi</a> </strong>se han dirigido a la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia para pedir su colaboración en este asunto y pese a que "<em>han mostrado mucho interés</em>", como reitera Vidal, no ha sido posible realizar dichas adaptaciones para que ella pueda ejercer su deber en igualdad de condiciones en estas Elecciones Europeas. En este sentido, el <strong><a href="http://www.cermi.es/" title="Abre en ventana independiente" target="_blank">Cermi</a> </strong>considera que la negativa de la Administración Electoral a realizar un ajuste razonable tan sencillo constituye presumiblemente un trato desigual injustificado, contrario a la legislación vigente, que impide la realización de una actuación pública por razón de su discapacidad.</div> <div align="center"><strong>Publicado en <em><a href="http://solidaridaddigital.discapnet.es/SolidaridadDigital/Noticias/Nacional/DetalleNoticia.aspx?id=5713" title="Abre en ventana independiente" target="_blank">SOLIDARIDAD DIGITAL</a></em> el 5 de Junio de 2009</strong></div> 0 2009-06-05T13:31:23Z 2009-06-05T13:29:00Z 332846 nuevo-caso-posible-discriminacion-el-proceso-electoral 2009-06-05T13:31:23Z 1 1 2009-06-05T13:31:23Z 0.0.0.0 2620 2695 <div align="justify"><strong>MADRID, 21 (SERVIMEDIA).- </strong>El asesor jurídico del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Oscar Moral, compareció hoy ante la Comisión de Vivienda del Congreso de los Diputados para explicar los problemas de accesibilidad a las viviendas de las personas con discapacidad. Moral recordó que, según datos del Ministerio de Vivienda más 800.000 inmuebles presentan problemas de accesibilidad para personas con discapacidad y mayores, por lo que "<strong>estas personas, 'prisioneras' en sus propias viviendas, ven comprometida gravemente su dignidad y sus derechos</strong>". Las principales insatisfacciones del colectivo provienen de la regulación de las obras y actuaciones de accesibilidad en los inmuebles sometidos a la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), por lo que durante su intervención, Oscar Moral propuso una serie de medidas legales que "<em>si se acometen con urgencia se mejorará apreciablemente el acceso de las personas con discapacidad al bien básico de la vivienda</em>". La regulación actual es muy genérica y "<em>claramente insuficiente</em>", según Moral. "<em>La obligación de accesibilidad está sometida al límite de coste de la obra o actuación</em>", por lo que muchos trabajos de adaptación, cuando superan un coste de tres mensualidades, sólo se realizan si la mayoría de los propietarios acepta asumir ese coste. En este sentido, Moral aseguró que la reforma de esta Ley sería un punto de partida para solucionar este problema y "<em>conseguir la socialización del coste entre los copropietarios que nos acercaría a la regulación de países del entorno</em>". Por este motivo, el Cermi entregó a la Comisión un texto consensuado por el Consejo Nacional de la Discapacidad, para conocimiento de todos los miembros, donde se propone una reforma de esta Ley que establece un procedimiento obligatorio, al margen del coste, para la realización de actuaciones de accesibilidad cuando haya algún propietario con discapacidad o mayor de 70 años que lo requiera. Moral defendió que se trata de una medida sostenible, que <em>"no supone un incremento del gasto público</em>" y "<em>fomenta la autonomía personal en el medio habitual de la persona, evitando respuestas más costosas y poco normalizadoras como la institucionalización fuera de la vivienda</em>". Por este motivo, el Cermi pidió a la Comisión de Vivienda que inste al Gobierno a presentar un proyecto de ley, en el plazo de seis meses, de reforma de la Ley de Propiedad Horizontal para garantizar la accesibilidad o presente una proposición de ley o enmienda conjunta de todos los Grupos a partir del texto consensuado en el seno del Consejo Nacional de la Discapacidad. En este sentido, los grupos políticos representados en esta Comisión se mostraron favorables a estas medidas y manifestaron su apoyo para respaldar estas disposiciones. Además de estas propuestas, el representante del Comité de la discapacidad planteó otras medidas de interés para el sector como la consideración de las personas con discapacidad como grupo preferente en las políticas públicas y la accesibilidad como prioridad de las políticas públicas estatales de rehabilitación de viviendas. Moral planteó también elevar al 6% la reserva legal de viviendas protegidas a favor de personas con discapacidad, que actualmente es del 2%, y abrir las adjudicaciones de la reserva no sólo a particulares con discapacidad, sino también a entidades de la discapacidad sin ánimo de lucro. Asimismo, pidió regular legalmente las auditorías previas de accesibilidad de obras e infraestructuras, crear el Fondo Estatal para la Accesibilidad y concluir, por parte del Gobierno, los desarrollos del real decreto de 2007 de condiciones básicas de accesibilidad a los espacios públicos urbanizados y a las edificaciones.</div> <div align="center"><strong>Publicado en <em><a href="http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias/1265975/05/09/El-cermi-explica-en-el-congreso-los-problemas-de-accesibilidad-a-la-vivienda-para-las-personas-con-discapacidad.html" title="Abre en ventana independiente" target="_blank">ECO-DIARIO</a></em> el 21 de Mayo de 2009</strong></div> 0 2009-05-22T18:42:09Z 2009-05-22T18:39:00Z 326331 el-cermi-explica-el-congreso-problemas-accesibilidad-a 2009-05-22T18:42:09Z 1 1 2009-05-22T18:42:09Z 0.0.0.0 2620 2695 <div align="justify"> <img src="http://www.elpais.com/recorte/20090430elpmad_6/LCO340/Ies/Javier_Font_presidente_CERMI.jpg" align="left" title="Javier Font, presidente del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad." border="1" hspace="5"><strong>Las personas con discapacidad piden una actitud de normalidad hacia ellas</strong> En primer lugar creo que deberíamos dejar claro un concepto que no acaba de ser entendido desde muchos puntos de vista. En nuestra sociedad actual convivimos un buen número de personas con distintas capacidades. Hasta aquí es todo normal. Pero parece ser que esa normalidad plural tiende a ser magnificada de una u otra forma y no siempre correctamente, desde nuestro punto de vista. Las maneras de entender y dirigirse a nuestro colectivo necesitan de esa normalidad. Y, como somos algo más del 9% del total de la sociedad, formamos, cuando menos, un colectivo nada despreciable, con derecho a voz y voto. Somos iguales pero diferentes. Iguales en derechos, sueños, ilusiones, esperanzas y futuro posible. Diferentes en cuanto a nuestras posibilidades, limitadas por cualquier discapacidad. Necesitamos políticas que traten al colectivo con esa actitud de normalidad y una cierta dosis de apoyos que movilicen y generen actuaciones en pos de dicha normalidad. Creemos que se han hecho unos avances notables en accesibilidad universal, aunque siempre se puede hacer más en promulgar leyes dirigidas a nuestro colectivo, siempre se puede hacer más en adoptar medidas de progreso, aunque es verdad también que existe una voluntad decidida de continuar en esta dirección. Desde CERMI-Comunidad de Madrid, atentos a la evolución del sector y sus circunstancias, nos debemos a las personas con discapacidad que representamos. Y, sí, hay muchas mejoras en ciertos ámbitos, muchas cosas mejorables en otros y algunas más que se deberían tener en cuenta, sobre todo en momentos donde la situación actual de crisis, también afecta al colectivo sobremanera. Ante esto, planteamos lo siguiente: <ul><li>Potenciar el diseño de planes de formación en cooperación con las federaciones de personas con discapacidad.</li> <li>Mayor y mejor control en la adjudicación de contratos de gestión pública que no contemple la contratación de personas con discapacidad.</li> <li>Impulsar el estudio de un mapa de empleabilidad de la Comunidad que recoja las necesidades formativas y de servicios, demandas de las empresas, de los candidatos al empleo.</li> <li>Requerir a la Dirección General de Trabajo mayor control y aumento de inspectores que vigilen el cumplimiento de reserva de puestos de trabajo en las empresas.</li> <li>Se impone una coordinación de las Oficinas de Empleo Públicas con las organizaciones que representan al colectivo y que desarrollan programas de empleo para la inserción laboral de empleo con discapacidad.</li> <li>Campañas publicitarias para introducir en las empresas la cultura de la necesidad de eliminar las barreras que dificultan el acceso al colectivo de personas con discapacidad.</li> <li>Puesta en marcha de itinerarios formativos para personas con discapacidad.</li> <li>Impulsar actuaciones que favorezcan el empleo en el ámbito rural para personas con discapacidad.</li> <li>Impulsar medidas especiales a los empresarios para la contratación de mujeres con discapacidad.</li> <li>Impulsar la creación de ayudas económicas, junto con microcréditos, para la creación de empresas por personas con discapacidad (Autoempleo).</li> <li>Potenciar las políticas transversales dentro de la administración que coordine a su vez una política de apoyos integrales que faciliten el acceso de las personas con discapacidad al mercado laboral, tales como, la creación de la figura del asistente laboral, mayores ayudas para el transporte adaptado...</li> <li>Acciones formativas para personas con discapacidad mayores de 45 años.</li> </ul> Éstas son, de modo reflexivo, unas cuantas necesidades y demanda que deberían acometerse, por la iniciativa y voluntad política, si se quiere de verdad acercar a los miembros de nuestro colectivo un poco más al estándar de normalidad al que todos aspiramos, y mejorar sus posibilidades de integración sociolaboral. Planteamos estos objetivos desde la convicción de que se pueden lograr con un poco de voluntad política y social. Pero también lo planteamos desde la gratitud del que es consciente de los avances conseguidos en este sector y de la sensibilidad demostrada fehacientemente por todos los partidos políticos, en cuyos programas de gobierno no faltan compromisos y apoyos a las personas con discapacidad. Aun así, los tiempos cambian y nos obligan a adoptar una posición de cambios camaleónicos, sobre todo en situaciones tan dramáticas para el mercado laboral donde las personas con discapacidad, sólo por su condición, padecen esa doble vulnerabilidad, que les convierte en personas con menos oportunidades, algo que va en contra de cualquier oportunidad de igualdad y de nuestra propia Constitución. <em>Javier Font es presidente del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI-Comunidad de Madrid).</em></div> <div align="center"><strong>Publicado en <em><a href="http://www.elpais.com/articulo/madrid/Iguales/diferentes/elpepuespmad/20090430elpmad_23/Tes" title="Abre en ventana independiente" target="_blank">EL PAÍS</a></em> el 1 de Mayo de 2009</strong></div> 1 2009-05-01T12:41:19Z 2009-05-01T12:39:00Z 316378 2009-05-01T14:25:55Z iguales-pero-diferentes 2009-05-01T12:41:19Z 1 1 2009-05-01T14:25:55Z 0.0.0.0 2620 2695 <div align="justify"><img src="http://img.europapress.es/fotoweb/fotonoticia_20090324131305_500.jpg" align="left" title="Bibiana Aído" width="300" border="0" hspace="8" vspace="1"><strong>MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS)</strong> La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, manifestó ayer que la nueva ley en materia de aborto que estudia el Gobierno eliminará "<em>conceptos discriminatorios</em>" por razón de discapacidad y protegerá la vida del feto a partir de la semana 22. Tras la reunión que mantuvo con el Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad (CERMI), Aído anunció que "<em>se suprimirán las referencias discriminatorias que tiene la ley actual que se recogen en el Código Penal, donde se hace referencia a las graves taras físicas o psíquicas</em>". "<em>Coincidimos en que son términos inaceptables y por eso vamos a suprimirlos en la propuesta de ley</em>", agregó. Asimismo, indicó que existe la obligación "<em>de proteger al feto</em>", desde el momento en que "<em>desde el punto de vista científico</em>" es viable con independencia de la mujer. "<em>Desde la viabilidad fetal, no cabe la interrupción del embarazo, haya o no anomalía</em>", indicó. "<em>A partir de la semana 22 --continuó-- sólo se podría interrumpir el embarazo cuando los problemas sean de tal magnitud que se asegura la no supervivencia del feto y así conste en un dictamen emitido por un especialista diferente al que practique la intervención</em>". Según concretó la titular de Igualdad, el Gobierno realizará una ley en la que durante las primeras semanas "<em>prevalezca el derecho a decidir de las mujeres</em>", y a partir de la viabilidad protegerá el feto. Ante la celebración mañana de la Jornada por la Vida, organizada por la Iglesia Católica, Aído manifestó su respeto a todas las opiniones y mostró su deseo por conocer qué aspectos concretos "<em>no comparten de un anteproyecto de ley que todavía no existe</em>". "<em>Parece que el debate está instalado en aborto sí o aborto no, que ya tuvo lugar hace casi un cuarto de siglo y que está superado por la mayor parte de la sociedad española</em>", agregó. Sobre la decisión de algunas cofradías españolas de llevar un lazo blanco contra el aborto durante las procesiones de Semana Santa, Aído dijo que "<em>tiene poco que ver con el trabajo del Gobierno en materia de Interrupción Voluntaria del Embarazo</em>". "<em>Es una semana para el encuentro y para la concordia</em>", apostilló. <strong>EL CERMI PARTICIPARÁ EN EL PROYECTO</strong> Por su parte, el presidente del CERMI, Luis Cayo, defendió durante el encuentro mantenido con la ministra que la nueva ley "<em>no incluya ninguna forma de discriminación por razón de discapacidad</em>" y anunció su participación en el proceso de redacción del proyecto de ley con el fin de evitar "<em>cualquier consideración discriminatoria</em>". Además, reiteró su petición al Gobierno para que se establezca un periodo de reflexión sobre el aborto donde se ofrezcan <em>"todas las posibilidades que existen y conozcan la vida de personas con discapacidad y las ayudas</em>" para que su decisión sea "<em>libre e informada</em>". Por otra parte, señaló que en la estrategia de salud sexual y reproductiva se incluirá la dimensión de la discapacidad al tiempo que se mostró "<em>satisfecho y esperanzado</em>" para que la nueva ley "<em>no sea incompatible</em>" con el Convenio de la ONU sobre Discapacidad y con la perspectiva de Derechos Humanos y Discapacidad. <strong>REUNIÓN CON EXPERTOS</strong> Por otra parte, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, se reunirá el próximo 2 de abril con miembros de la 'Declaración de Madrid' y con el comité de expertos de Derecho a Vivir (DAV), según anunció hoy esta plataforma. A la entrevista con la titular de Igualdad asistirán el profesor Jouve, como impulsor de la '<em>Declaración de Madrid</em>' y miembro del Comité DAV; la doctora Gádor Joya, portavoz nacional de DAV y uno o dos expertos más, aún por designar. Gádor Joya agradeció este martes "<em>el cambio de criterio de la ministr</em>a" tras no convocar a DAV en un primer momento, y señaló que "<em>la manifestación del 29-M es más útil que nunca para persuadir al Gobierno de que debe reconsiderar un proyecto de ley del aborto profundamente equivocado, desde todos los puntos de vista</em>". Asimismo dijo que, además de "<em>chocar con lo que la ciencia dice sobre el origen de la vida</em>", <em>la propuesta es "inconstitucional y una aberración ética sin precedentes</em>"."<em>Es de sabios rectificar y los ciudadanos tienen el próximo domingo 29 de marzo una magnífica oportunidad para conseguir que su gobierno les escuche y rectifiqu</em>e", agregó.</div> <div align="center"><strong>Publicado en <em><a href="http://www.europapress.es/nacional/noticia-aido-anuncia-ley-aborto-protegera-feto-semana-22-20090324131305.html" title="Enlace externo">EUROPA PRESS</a></em> el 25 de Marzo de 2009</strong></div> 25 2009-03-25T09:28:08Z 2009-03-25T09:26:00Z 300046 2009-05-08T13:51:50Z aido-anuncia-la-ley-del-aborto-protegera-al-feto-desde-la 2009-03-25T09:28:08Z 1 1 2009-05-08T13:51:51Z 0.0.0.0 2620 2695 <div align="justify">Día Internacional de las Mujeres Por un reconocimiento real de nuestro derecho a la libertad <strong>APLAUDIENDO</strong> la entrada en vigor de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con especial mención al Artículo 6 sobre Mujeres Con Discapacidad y al Artículo 23 sobre Respeto del Hogar y la Familia, que nos abren las puertas hacia el verdadero reconocimiento de derechos, <strong>SUMÁNDONOS</strong> a la conmemoración que de este día hacen las Naciones Unidas, que este año orientan el 8 de marzo en torno a las mujeres y hombres unidos para acabar con la violencia contra las mujeres y las niñas; <strong>CON EL PROPÓSITO</strong> DE celebrar el Día Internacional de las Mujeres de 2009 con una especial consideración hacia la dignidad y justicia para todas las niñas y mujeres, como principios universales, Las mujeres con discapacidad, las niñas con discapacidad, las madres de niños y niñas con discapacidad, partícipes del movimiento social articulado en España en torno al CERMI, hacemos público el siguiente <strong>MANIFIESTO</strong> Las mujeres y niñas con discapacidad reclamamos nuestro derecho a fundar una familia, a decidir sobre el número de hijos e hijas que deseamos tener, a tener acceso a la información sobre la planificación familiar y reproducción, y a mantener nuestra fertilidad, al igual que el resto de hombres y mujeres. Exigimos, en definitiva, que se cumplan nuestros derechos a decidir sobre nuestra propia vida, a la sexualidad y a la maternidad, sin que nadie pueda decidir sin nuestro consentimiento informado sobre cuestiones que afectan a la esfera más íntima de nuestra integridad personal. La esterilización forzada de niñas y mujeres con discapacidad es un hecho injustificable desde la perspectiva de los derechos humanos y, por ello, es inadmisible a la luz de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, por lo que desde el CERMI pedimos con firmeza su erradicación. Recordamos a los poderes públicos la imperiosa necesidad de revisar la normativa legal que regula la esterilización forzada en España, abordando las cuestiones relativas al "consentimiento informado", para lograr el ajuste necesario y cumplir con el espíritu de la Convención, que obliga a introducir reformas que asuman que el respeto del hogar y la familia, la dignidad y la integridad de una persona con discapacidad son derechos fundamentales, que no pueden verse vulnerados. Sugerimos la conveniencia de elaborar estudios que den a conocer la realidad de la esterilización de personas con discapacidad en España, con perspectiva de género, edad y tipo de discapacidad, facilitando estadísticas exactas sobre la esterilización forzada y terapéutica. Demandamos las necesarias medidas de sensibilización, información y formación dirigidas tanto a las familias de las niñas y mujeres con discapacidad más vulnerables al riesgo de esterilización forzada, como a los profesionales -especialmente de la medicina y de la judicatura- para que escuchen a las niñas y mujeres con discapacidad en los procesos de investigación. Finalmente, las mujeres y niñas con discapacidad, las madres de niños y niñas con discapacidad, unimos nuestras voces para reclamar ante toda la sociedad, ante la comunidad, ante la familia, que sólo cuando entre todos y todas logremos cambiar la percepción social que de las niñas y mujeres con discapacidad se tiene en su derecho a decidir sobre sus propias vidas, estaremos concediéndoles el derecho a ser ellas mismas. </div> <div align="center"><strong>Publicado en <em><a href="http://desdelaluzdelfaro.blogspot.com/2009/03/manifiesto-de-las-mujeres-con.html" title="Enlace externo">DESDE LA LUZ DE EL FARO</a></em> </strong></div> 0 2009-03-09T12:41:11Z 2009-03-09T12:39:00Z 292083 manifiesto-las-mujeres-con-discapacidad 2009-03-09T12:41:11Z 1 1 2009-03-09T12:41:11Z 0.0.0.0 2620 2695 <div align="justify"><strong>Sara y David son dos jóvenes menores de 30 años a los que la Junta de Andalucía les retiró la patria potestad de su hija Esmeralda a las 48h de nacer. Los padres de la niña sufren distintos grados de discapacidad intelectual (la madre alcanza el 65%), no poseen medios económicos y sus familiares no quieren tomar cartas en el asunto. Esta ha sido la base que ha movido al gobierno andaluz a actuar con “<em>diligencia</em>” para hacerse cargo de la recién nacida, sin embargo presuntamente se habría vulnerado el derecho a ser padres garantizado por la Convención de la ONU de los derechos de las personas con discapacidad a la que está adherida España.</strong> Los hechos tuvieron lugar poco antes de acabar el año. Una asistente social acompañada de la policía entró en la habitación 416 del hospital Puerta del Mar en Cádiz y se llevaron a la pequeña con la excusa de que tenía que ver al pediatra. Cuando el padre se percató de que intentaban alejarla de ellos los agentes le redujeron para conseguir llevarse a la niña. Actualmente se encuentra en el Centro de Protección de San Carlos de Chipiona ya que la Junta ha asumido temporalmente la tutela, pero de no resolverse el asunto podrían incluso a ponerse en marcha los trámites para su adopción. Distintas asociaciones y representantes de personas con discapacidad han denunciado los hechos por considerarlos una completa “<em>discriminación</em>”. El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha escrito una carta (pdf) a la de Igualdad y Bienestar Social, invocando a la legislación que ampara a los discapacitados para que den marcha atrás sobre este asunto. <strong>Sin una orden judicial</strong> Sara y David sufren discapacidad intelectual, pero no están incapacitados judicialmente y en el momento en el que se llevaron a su hija no se presentó ninguna orden judicial, un requisito indispensable según la Convención de la ONU. Dicho <strong><a href="http://www.convenciondiscapacidad.es/convencionESPANA.html" title="Abre en ventana independiente">documento</a></strong>, firmado por España, defiende el derecho de los discapacitados a ser padres y según el punto cuatro del artículo 23 “<strong><em><a href="http://www.convenciondiscapacidad.es/ConvencionEspana/Texto%20Convencion%20BOE%20abril%202008.pdf" title="Abre en ventana independiente">Respeto del hogar y de la familia</a></em></strong>” publicado el lunes 21 de abril en el BOE: ”<em>Los Estados Partes asegurarán que los niños y las niñas no sean separados de sus padres contra su voluntad, salvo cuando las autoridades competentes, con sujeción a un examen judicial, determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que esa separación es necesaria en el interés superior del niño. En ningún caso se separará a un menor de sus padres en razón de una discapacidad del menor, de ambos padres o de uno de ellos</em>”. Es decir que tiene que haber un examen previo y la orden de un juez para llegar al extremo de separar a una hija de sus padres. Según la web <strong><a href="http://reproductiverights.org/" title="Abre en ventana independiente">Reproductive Rights</a></strong>, dedicada a denunciar abusos a las personas discapacitadas en relación a la paternidad y maternidad, ésta es una práctica que suele realizarse en Rusia donde <em>“los niños nacidos de padres discapacitados son internados en instituciones, tengan o no discapacidades. Los padres discapacitados no son provistos con servicios de ayuda, ni se hace el esfuerzo por mantener tales familias unida</em>s”. La segunda justificación de la Junta de Andalucía para hacerse con la tutela de la niña fue la falta de medios económicos, pero sobre esto también se refiere la legislación española. Dejando a un lado la propia ley de dependencia, en el mismo texto de Ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006 exige a los Estados Partes que presten <em>“la asistencia apropiada a las personas con discapacidad para el desempeño de sus responsabilidades en la crianza de los hijo</em>s”. Es decir, que a personas como esta pareja se dote de apoyos para poder ejercer plenamente su derecho a ser padres. Ayudas que se podrían concretar en un piso tutelado con las debidas condiciones de habitabilidad que garanticen al mismo tiempo los derechos de los padres y de la niña sin necesidad de llegar a una medida que al margen de que esté o no dentro de la legalidad ha creado en sus padres unos daños morales difíciles de compensar. ¿Hay algo que tema más una madre?</div> <div align="center"><strong>Publicado en <em><a href="http://www.diariocritico.com/ocio/2009/Enero/sociedad/122375/discapacitados.html" title="Abre en ventana independiente">DIARIO CRÍTICO</a></em> el 15 de Enero de 2009</strong></div> 1 2009-01-26T10:19:39Z 2009-01-26T10:17:00Z 269529 2009-01-26T10:45:03Z la-peor-pesadilla-una-madre-hecha-realidad-quitan-su 2009-01-26T10:19:39Z 1 1 2009-01-26T10:45:03Z 0.0.0.0 2620 2695 <div align="justify"><strong>Los expertos insisten en la necesidad de ofrecer una correcta atención a la dependencia desde las instituciones públicas y utilizar las tecnologías para fomentar la igualdad de oportunidades entre los miembros del colectivo.</strong> <img src="http://www.fundetec.es/UserFiles/Image/banner_300x90.gif" align="right" title="Gif Móvil con alegaroría de las Jornadas" width="300" height="90" border="0" hspace="8" vspace="1">Cerca de 300 personas asistieron ayer en Valladolid al Congreso Nacional de Nuevas Tecnologías y Dependencia, y otras 446 lo siguieron desde toda la geografía española gracias a su emisión vía Web, lo que refleja la importancia que la sociedad española concede a una problemática que afecta a más de un millón de personas en nuestro país (principalmente mayores y personas con discapacidad) que necesitan asistencia para desarrollar alguna de las actividades básicas de su vida diaria. El evento, organizado por la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León y la <strong><a href="http://www.fundetec.es/" title="Abre en ventana independiente">fundación Fundetec</a>,</strong> pretendía demostrar cómo las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) pueden convertirse en un importante aliado de las personas dependientes y sus familias, rompiendo muchas de las barreras que impiden a este colectivo beneficiarse en igualdad de oportunidades de muchos de los servicios de la sociedad actual, mejorando su calidad de vida y brindándoles nuevas oportunidades en el terreno personal y profesional. La ponencia inaugural corrió a cargo de <strong><a href="http://cajamadrid.cronicasocial.com/anteriores/pg040726/comunidad/entrevista.htm" title="Abre en ventana independiente">Francisco Vañó</a></strong>, portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Discapacidad del Congreso de los Diputados, quien aseguró que la situación de la discapacidad en España ha experimentado una evolución positiva en los últimos años. Vañó, que tiene el honor de ser el primer parapléjico en la historia de la democracia española que ha ocupado un escaño en el Congreso, consideró que el objetivo de la Ley de Dependencia es "<em>tratar de promocionar la autonomía personal y potenciar las capacidades residuales de las personas dependientes, y las TIC son un buen vehículo para conseguirlo</em>". Sin embargo, destacó dos defectos que, a su juicio, presenta esta Ley: por un lado, <em>"se ha querido vender demasiada cobertura y demasiado pronto</em>", cuando la realidad es que el sistema no ha sido capaz aún de abarcar todo lo que se había anunciado, según ha explicado; y por otro, "<em>la dotación presupuestaria no está siendo la adecuada para cubrir las previsiones que inicialmente se habían contemplado</em>". <strong>Tecnologías y atención a la dependencia</strong> Sobre este epígrafe tuvo lugar un primer bloque de ponencias moderado por Francisco Sardón, vicepresidente del <strong><a href="http://www.cermi.es/cermi/" title="Abre en ventana independiente">CERMI</a></strong>, en el que intervinieron Javier Ballesteros, del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) del <strong><a href="http://www.seg-social.es/imserso/" title="Abre en ventana independiente">IMSERSO</a></strong>; Ángel Gómez Mediavilla, de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León; y Begoña Rodríguez, de la Agencia Navarra para la Dependencia (ANDEP), que explicaron cómo se gestiona la dependencia en tres organismos diferentes de la Administración Pública. Ballesteros ofreció datos del estado de implantación de la Ley de Dependencia a nivel nacional, según los cuales, a 1 de enero de 2009 se habían recibido 725.411 solicitudes de reconocimiento de la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones correspondientes, el 79% de las cuales procedente de personas mayores de 65 años. Del total de solicitudes recibidas se ha realizado la valoración del 85%, y se ha emitido dictamen del 82,13%. El resultado de esos dictámenes es que al 62% se le ha reconocido un grado de "<em>gran dependencia</em>", y al 12,79% un grado de <em>"dependencia severa</em>", ascendiendo a 445.615 el total de beneficiarios con derecho a prestación (el 74,8% de los dictámenes emitidos). Por su parte, Gómez Mediavilla describió las ventajas del Sistema de Acceso Unificado a los Servicios Sociales (SAUSS) de Castilla y León, que permite aprovechar al máximo las capacidades de la actual red de servicios sociales mediante un procedimiento idéntico y unificado de resolución de dependencia y de asignación de recursos entre las corporaciones locales y la Gerencia Regional de Servicios Sociales. <strong>Tecnología y Accesibilidad</strong> Un segundo bloque de ponencias moderado por Roser Romero, secretaria general de <strong><a href="http://www.cocemfe.es/" title="Abre en ventana independiente">COCEMFE</a></strong>, contó con la participación de <strong><a href="http://www.um.es/discatif/Maribel_Campo.htm" title="Abre en ventana independiente">Maribel Campo</a></strong>, del Servicio de Asuntos Sociales de la Universidad de Salamanca; José Mª Molina, de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta de Castilla y León; Ricardo Gaitán, de la Fundación Telefónica; y Jaime Burgos, de la <strong><a href="http://www.fundaciononce.es" title="Abre en ventana independiente">Fundación ONCE</a></strong>. Todos coincidieron en que la era digital es una oportunidad para la integración, pero la accesibilidad es una condición necesaria para la inclusión social. Por ello, los poderes públicos y las empresas socialmente responsables deben garantizar que las personas con discapacidad acceden en igualdad de condiciones a los servicios de la Sociedad de la Información. Internet es una herramienta de información, formación y entretenimiento de uso muy extendido en la sociedad. La alternativa de acceso digital a servicios presenciales está cada vez más presente (e-administración, e-learning, banca online, prensa digital, etc.), y el acceso a estos servicios digitales permite a muchos usuarios superar importantes barreras: una persona ciega no puede leer un periódico en papel, pero sí un diario digital mediante un lector de pantalla. Sin embargo, según explicó Burgos, aunque hay entidades que destacan como ejemplos de buenas prácticas, en general todos los sectores suspenden en accesibilidad. Y ofreció algunos ejemplos: los servicios electrónicos de la Administración General del Estado presentan un porcentaje medio de accesibilidad del 34,31%; las universidades españolas, el 21,10%; las entidades financieras, el 14,82%; los diarios digitales, el 14,57%, los portales de empleo, el 14,59%; los ayuntamientos, el 36,95%; las comunidades autónomas, el 38,43%. Por su parte, Campo destacó la "<em>inestimable potencialidad de la accesibilidad para conseguir un mundo de todos</em>". Asimismo, aseguró que las TIC permiten la existencia de servicios de información sobre discapacidad accesibles a todo el mundo, así como programas de formación específicos accesibles vía Web, o servicios de asesoramiento online para resolver dudas relacionadas con actividades de la vida cotidiana de este colectivo. <strong>Avances tecnológicos para la mejora de la calidad de vida</strong> Bajo este epígrafe se reunió el último bloque de ponencias, moderado por Cristina Rodríguez Porrero, directora del <strong><a href="http://www.ceapat.org" title="Abre en ventana independiente">CEAPAT</a></strong>, en el que participaron Ángel Gil, del <strong><a href="http://www.guttmann.com/" title="Abre en ventana independiente">Institut Guttmann</a></strong> de Barcelona; Fernando Cuevas, de Cruz Roja; y Virginia Moreno, del Ayuntamiento de Leganés. Su objetivo fue dar a conocer la existencia de sistemas o programas específicos que contribuyen a facilitar el día a día de las personas dependientes. Es el caso de PREVIRNEC, una plataforma web de telemedicina que ofrece apoyo tecnológico a programas clínicos de rehabilitación cognitiva desarrollada por el Institut Guttmann, o del Servicio de Localización Personal (SIMAP) de Cruz Roja (en el que participan Vodafone y Tecnocoid), un servicio de teleasistencia que permite la localización y seguimiento de personas con deterioro cognitivo leve o moderado cuando éstas se desplazan. Por su parte, Moreno afirmó que "<em>las TIC facilitan la comunicación, el acceso y el proceso de la información, el desarrollo cognitivo, la adaptación y la autonomía ante el entorno, la posibilidad de descubrir nuevas formas de ocio y de disponer de un instrumento más de trabajo para la realización de actividades laborales"</em>. <strong>Clausura</strong> Cerró el Congreso <strong><a href="http://www.sidar.org/acti/cursos/cursoms/autores/roma.htm" title="Abre en ventana independiente">Javier Romañach</a></strong>, miembro del <strong><a href="http://www.forovidaindependiente.org/" title="Abre en ventana independiente">Foro de Vida Independiente</a>,</strong> una agrupación ciudadana que lucha por los derechos de las personas con discapacidad y funciona como una comunidad virtual en Internet. Romañach aseguró que "<em>las nuevas tecnologías representan una herramienta imprescindible para ofrecer igualdad de oportunidades a muchas personas discriminadas por su diversidad funcional que viven en situación de dependencia y aspiran a la libertad plena para desarrollar su vida y tomar sus propias decisiones</em>". En este sentido, criticó que "<em>la Ley de Promoción de la Autonomía no garantiza el acceso a esas nuevas tecnologías ni a los productos de apoyo que se derivan de ella, por lo que en tanto no se modifique esa Ley, en concreto su disposición adicional tercera, la prórroga de la discriminación, la desigualdad de oportunidades y la dependencia seguirán existiendo en España</em>". El programa de ponencias se complementó con un área expositiva en la que once entidades exhibieron sus productos y servicios tecnológicos destinados a facilitar la vida de las personas dependientes, realizando demostraciones de su funcionamiento y sus resultados.</div> <div align="center"><strong>Publicado en <em><a href="http://www.acceso.com/display_release.html?id=52616" title="Abre en ventana independiente">EL MUNDO</a></em> el 17 de Enero de 2009</strong></div> 0 2009-01-17T15:34:54Z 2009-01-17T15:32:00Z 264891 las-tic-contribuyen-romper-barreras-limitan-vida-de 2009-01-17T15:34:54Z 1 1 2009-01-17T15:34:54Z 0.0.0.0 2620 2695 <div align="justify"><img src="http://img.europapress.es/fotoweb/fotonoticia_20081211100236_500.jpg" align="left" title="Fotografía del vientre de una persona en estado de gestación" width="300" height="300" border="1" hspace="6" vspace="6"><strong>Las personas discapacitadas piden en el Congreso que la AECID destine el 10 por ciento de su fondos a proyectos que tengan presente la discapacidad</strong> La comisionada del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en materia de género y representante oficial española en el comité de seguimiento de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, Ana Peláez, manifestó este miércoles que el tercer supuesto de la actual ley del aborto "<em>es incoherente</em>" con la convención de Naciones Unidas y añadió que "<em>esta muletilla no puede estar contemplada</em>" en una futura ley. El tratado de la ONU reafirma en su artículo 10 el derecgo inherente a la vida de todos los seres humanos y afirma que los Estados tendrán que adoptar <em>"todas las medidas necesarias</em>" para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás. Durante su comparecencia en la Comisión para las políticas integrales de la discapacidad para informar sobre este tratado internacional, Ana Peláez afirmó que, atendiendo al mismo, "<em>el aborto eugenésico debería ser revisado</em>". Asimismo, y ante la necesidad de adaptar la legislación española a la convención, recomendó la aprobación de un Proyecto de Ley de ajuste del sistema jurídico y animó a los grupos parlamentarios a hacer <em>"un estudio y un esfuerzo"</em> a la hora de ajustar los instrumentos legislativos al espíritu y criterios del tratado. También afirmó que, además del comité gubernamental de seguimiento y aplicación de la convención, "<em>es necesario crear un órgano independiente</em>". Para ello, reiteró el ofrecimiento y la voluntad del CERMI para aceptar este encargo, circunstancia que consideraría "<em>magnífica</em>". "<em>Supondría la inclusión directa de las personas con discapacidad en todas las acciones</em>", indicó. <strong><em>OBSERVATORIO Y TRADUCCIÓN DEL TRATADO A LAS LENGUAS COOFICIALES</em></strong> Finalmente, pidió la creación de un observatorio que realice informes anuales y estudios sobre esta cuestión, la puesta en marcha de campañas de información y la traducción de la Convención a las lenguas cooficiales del Estado. En este sentido, el presidente de la comisión, Jesús Caldera, enviará al Gobierno, por asentimiento de los grupos presentes en la sesión, una recomendación para que el tratado sea traducido a estas lenguas "<em>en el menor tiempo posible</em>". En materia de cooperación internacional, la representante del CERMI propuso que se destine el 10 por ciento del presupuesto de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a proyectos que tengan presente la discapacidad. "<em>Sería una noticia extraordinaria y no costaría mucho</em>", agregó. Por otra parte, Peláez eligió el papel "<em>fundamental</em>" de España en la convención y, sobre todo, en que saliera adelante el artículo 6 sobre las mujeres y niñas con discapacidad. Sin embargo, criticó al Gobierno porque el Plan de Acción para las Mujeres con Discapacidad "<em>ha adolecido de financiación</em>". "<em>El plan se fractura en el momento en el que no hay previsión de recursos ni de desarrollo autonómico</em>", dijo, aunque mostró la voluntad del CERMI de "<em>revisarlo</em>". <strong><em>"LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA CHOCA CON LA CONVENCIÓN"</em></strong> Por su parte, y en la segunda comparecencia de la sesión, intervino el catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid y coordinador por cuenta del CERMI y Fundación ONCE del trabajo académico sobre el ajuste del Ordenamiento jurídico español al tratado, Rafael de Asís, quien afirmó que la legislación española "<em>choca en algunos puntos con la convención".</em> En este sentido, señaló que la convención de la ONU sobre discapacidad va a generar <em>"algunos problemas</em>", a pesar de que, matizó, la normativa española <em>"ha ido evolucionando y adaptándose al modelo social</em>". En su opinión, este tratado afecta a diversos ámbitos, entre los que se encuentran el normativo, sanitario, laboral, jurídico e, incluso, fiscal, por lo que muchos de los cambios "<em>van a exigir decisión y variaciones en la manera de pensa</em>r". Para Rafael de Asís, se presenta, además, la necesidad de reformular el concepto jurídico de capacidad, ya que <em>"el proceso de incapacitación se enfrenta a la convención</em>". Esta concepción, indicó, es "<em>muy difícil de traducir y de remover</em>". La solución que propone el catedrático de la Carlos III es conjugar la postura del CERMI de crear una ley que introduzca los cambios necesarios con sucesivas reformas, ya que, según manifestó, la primera opción sola "<em>no va a resolverlo todo"</em>. Pese a todo, De Asís aseguró que "<em>es una gran oportunidad</em>" para avanzar en este sentido y, aunque se trata de un cambio "<em>paulatino</em>", dijo que "hay que apostar por ello". Finalmente, señaló que la aplicación de la convención requerirá "<em>un consenso grande</em>" entre las administraciones y fuerzas políticas y recordó que "exige dotación presupuestaria". "<em>Los Derechos Humanos exigen medios económicos", </em>concluyó.</div> <div align="center"><strong>Publicado en <a href="http://www.europapress.es/epsocial/noticia-cermi-dice-tercer-supuesto-aborto-incoherente-convencion-discapacidad-20081211100236.html" title="Abre en ventana independiente" target="_blank">EUROPA PRESS</a> del 12 de Diciembre de 2008</strong></div> 0 2008-12-12T11:54:27Z 2008-12-12T11:52:00Z 246786 cermi-dice-el-tercer-supuesto-del-aborto-es-incoherente-con 2008-12-12T11:54:27Z 1 1 2008-12-12T11:54:27Z