La vergüenza que siente el juez y la vergüenza que siento yo

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2568 <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/lopezdelavega63/333449_EFE_2656650.jpg" id="img_5" class="imgcen"> Dice Garzón, entre oropeles y ringorrangos por doquier, que siente vergüenza de una ley aprobada por el Parlamento español porque a él no le gusta. Y yo siento vergüenza como ciudadano de que un personaje como este pretenda ser el más conspicuo representante de los jueces de mi país. PS.- Ahora nos sale el tipo con que los piratas pueden ser devueltos pero no dice cómo. ¡No tiene cara!

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1 La vergüenza que siente el juez y la vergüenza que siento yo

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2568 <img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/lopezdelavega63/330141_Garz%C3%B3nacudealTribunalSupremocomoimputado.jpg"><div> </div><div>Garzón acude al Tribunal Supremo como imputado</div><div> </div><div> </div><div><img src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/lopezdelavega63/ImputadoanteelTribunalUniversaldeGarz%C3%B3n.JPG"> </div><div> </div><div>Un imputado es llevado así ante el Tribunal Universal de Garzón</div><div> </div><div> </div>

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1 Imputado e imputador

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2568 Leo en la prensa que un tribunal ha estimado que, dada la degradación social del lenguaje que nos invade, llamar hijo de puta al empresario es pecata minuta y no causa de despido. Estoy encantado. Algunas veces (y para mi desgracia) tengo que aparecer por los tribunales durante las vistas. Cuando el próximo juez que la presida me parezca un hijo de puta se lo soltaré en plena sala. A ver qué tal nos degradamos.

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1 A ver qué me pasa

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2568 <IMG id=img_0 class=imgcen src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/lopezdelavega63/Garzón.jpg"> Si un esquiador no lleva casco, le caen 300 euros de multa. Si un chaval hace ruido con un ciclomotor trucado, le caen 300 euros de multa. Si otro chaval hace pintadas en una pared urbana, le caen 300 euros de multa. Si el cliente sale a la calle con cerveza en vaso de cristal, al tabernero le caen 300 euros de multa. Si un vecino saca la bolsa de basura antes de lo debido, le caen 300 euros de multa. Si unos jóvenes arrojan al suelo cáscaras de pipas, les caen 300 euros de multa. Si el conductor aparca en una plaza reservada para incapacitados, le caen 300 euros de multa. Si un empresario no expone en lugar visible del centro de trabajo el calendario laboral anual, le caen 300 euros de multa. Si dejas la caca del perro en la calle, te caen 300 euros de multa. Si el Gran Juez suelta indebidamente (por error, claro) a dos narcos, le caen 300 euros de multa. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> Dura lex, sed lex... pero pa los demás.</o:p>

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1 El bazar chino: todo a 300 euros

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2568 Bajo ese título, Ignacio Camacho escribe, hoy, en ABC:<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> El difunto cura Diamantino, que era un santo disfrazado de líder jornalero en la árida Sierra Sur sevillana, me enseñó con pragmática lucidez ese concepto de la caridad evangélica que consiste en entender que el sufrimiento de la persona que tienes al lado simboliza el de la Humanidad entera. Eran los tiempos de la guerra de Bosnia y yo quería sumarme a la caravana de una ONG que iba a llevar a Mostar víveres para la Nochebuena. La lógica devastadora de Diamantino me devolvió a la realidad con el suave tintineo de su voz atiplada:<o:p></o:p> -¿Quieres vivir una Navidad solidaria? No hace falta que vayas tan lejos: vente conmigo a El Coronil y me acompañas a visitar vecinos después de la Misa del Gallo...<o:p></o:p> Ahora que ya no está en la Audiencia Nacional Carlos Dívar, católico ferviente, quizá no haya quien les explique a los magistrados que la justicia bien entendida empieza por sus propias competencias antes que por las que les sugiere su ego. Encausar debidamente a un narco gallego, a un terrorista vasco o a un corrupto madrileño es un acto tan reparador como declarar a Bush criminal de guerra, y quizá bastante más eficaz y sencillo. No hay verdadera justicia cuando los encargados de aplicarla se olvidan de su entorno para concentrarse en la supuesta sinrazón universal, hastiados quizá de la prosaica tarea para la que ellos mismos se postularon. El conflicto del Tíbet, el holocausto nazi, los desafueros de Franco o la guerra de Irak son causas atractivas, mediáticas y muy agradecidas políticamente, pero ningún juez que aprecie su trabajo puede olvidar la obligación de ocuparse del desorden que tiene más a mano. Y existe la generalizada sensación de que la Audiencia se está dejando arrebatar por una vocación redentorista cargada de mesianismo histórico. Alguien, en especial el nuevo presidente de ese tribunal, tiene que poner pie en pared ante la extensión del garzonismo entre sus colegas de juzgado, si no quiere que la opinión pública empiece a pensar que la Audiencia pretende universalizar su jurisdicción por falta de faena doméstica o, lo que es peor, por aburrimiento o desconsideración de la misma. Mientras queden delitos que perseguir en España -¿qué tal va, por ejemplo, el asuntillo de las filtraciones de la redada etarra?- o se acumule retraso sobre sumarios pendientes, la apertura de causas archivadas por la Historia representa casi un insulto a los ciudadanos que sufragan el aparato judicial para que se ocupe de sus cuitas inmediatas. El que quiera erigirse en juez internacional que presente su candidatura al Tribunal de la Haya, pero entretanto que resuelva lo que le corresponde o deje la toga en manos de uno con más ganas o menos autoestima. El reciente chiste del Cristo del crucifijo que reclama a Garzón la reapertura de su caso se ha convertido en la caricatura de una justicia retórica que olvida su sentido presa de un rapto de vedettismo iluminado.<o:p></o:p>

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1 Audiencia universal

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2568 <IMG id=img_0 class=imgcen src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/lopezdelavega63/garzon2.jpg"> <H1 style="MARGIN: 12pt 0cm 3pt">Garzón estudia investigar a los responsables jurídicos de Guantánamo<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></H1> <H1 style="MARGIN: 12pt 0cm 3pt">España podría convertirse en el primer país que inicia un proceso penal. Cuestiona la legalidad de la prisión <o:p></o:p></H1> ELPAÍS.com - Madrid - 28/03/2009 <o:p></o:p> La Audiencia Nacional podría investigar a los padres del sistema jurídico sobre el que se sustenta la base de Guantánamo por delitos contra la comunidad internacional, lo que convertiría a España en el primer país que inicia un proceso penal para cuestionar la legalidad de los métodos empleados en la prisión estadounidense, según informa la Cadena SER.<o:p></o:p> El magistrado, informa este medio, ha reabierto el caso, guardado desde marzo de 2008, y se lo ha trasladado al fiscal de la Audiencia Nacional para que le informe si se debe admitir la querella criminal presentada contra los seis abogados estadounidenses que participaron en la elaboración, aprobación y puesta en funcionamiento del andamiaje jurídico de Guantánamo.<o:p></o:p> Esta querella fue presentada por la asociación por la dignidad de los presos y presas, informa la SER, con el propósito de investigar por un delito contra la Comunidad Internacional a este grupo de letrados que trabajaban tanto para el subsecretario de Defensa como para el fiscal general o como consejeros de George Bush.<o:p></o:p>

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2009-03-28T17:06:30Z

1 Por favor, que le pague el sueldo la ONU, por favor

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2568 <meta http-equiv="CONTENT-TYPE" content="text/html; charset=utf-8"><title></title><meta name="GENERATOR" content="OpenOffice.org 3.0 (Win32)"><style type="text/css">  </style> Transcribo párrafos de una reciente sentencia de un Tribunal Superior de Justicia: Sin citar un solo folio ni cualquier otro particular de los autos, el motivo no hace sino unadesconcertante apelación a los artículos 14 de la Constitución y 17 del Estatuto de los Trabajadores , como fundamento de su objeto. No es fácil intuir el sentido de este sorprendente alegato, pero su propia naturaleza impone sin alternativa que deba entenderse como aval de la rectificación fáctica suplicada y de la certidumbre incuestionable de cuanto afirma el texto ofrecido para sustituir al impugnado. Las normas, sin embargo -ello es de elemental razón, por arraigar en la naturaleza misma de las cosas-, no tienen la menor posibilidad de definir hechos, que son independientes de ellas en su objetiva realidad. No están para que ésta se pliegue ontológicamente a sus mandatos, sino para que, si es contraria a esos imperativos, sus efectos -no su entidad- sí se acomoden al orden que aquéllas trazan, de manera que el resultado siga manteniendo -pese a la infracción o contravención objetivas- el equilibrio prescrito por la ley. Por eso si los hechos en que la acción radica se acomodan a la previsión legal, se absuelve libremente al demandado y, si no, se le condena a soportar los efectos restauradores definidos en la norma. De ahí que la formalización del motivo invada, sin coherencia, terrenos que son propios de otros capítulos impugnatorios distintos, lo que supone un nuevo abandono de los mínimos de orden público, cuando imponen la separación y claridad en que insiste el tan repetido artículo 194.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, así como el general de coberturas típicas, 191. Típicas quiere decir que cada una debe responder a un modelo especifico, propio, separado y obediente a los rasgos for males y materiales con que el Derecho necesario lo define. Reorganizar de oficio la formalización, vuelve a merecer los reparos y tachas ya dichos. Y, si no lo hace, la Sala se enfrenta a una formalización vacía, inepta para poder siquiera ser examinada, como queda indicado antes. Los vicios formales hasta aquí destacados no son, empero, los únicos que impiden la estimación.También el planteamiento impugnatorio, en su contenido material, decae por falta de base. SEGUNDO.- Porque, en efecto, la vía de censura jurídica amparada en la formal autoridad del artículo 191, c) de la ley rectora de esta Jurisdicción reproduce la misma invocación sustantiva hecha inmediatamente antes por la de error, exhibiendo, pues, como fundamento normativo la protección constitucional y legal de la integridad de la libertad pública llamada derecho de igualdad de todos ante la ley y en su aplicación, que los dos precitados mandatos aseguran. Ocurre, sin embargo, que la aplicación de dicho imperativo requiere el establecimiento del hechojurídico adecuado a su disposición, es decir vinculado por ella a la producción del efecto que pronuncia sólo para el caso y no para cualquier otro. Se cifra, pues, tal requerimiento en la alegación y prueba por el actor de situaciones sustancialmente idénticas a la propia, que hayan sido tratadas por el demandado con la irracional desigualdad en que consiste la discriminación proscrita por el Derecho.En la atención de dichas cargas la recurrente no atiende siquiera en grado incoativo su natural programa. Se limita a alegar la discriminatoria desigualdad, a exponer hechos contrarios a los probados de instancia que no ha cuestionado y a tratar de hacerlo ahora en este inadecuado lugar, además de emprender este intento en la vía de banal artificio que se va a indicar...

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1 Sus Señorías lo tienen claro... y lo escriben más claro todavía

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1 Proclamas heroicas del movimiento obrero español

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2568 Bajo ese título, Juan Carlos Escudier escribe, hoy, en El Confidencial, este merecidísimo elogio de los admirables jueces españoles: Para dar la razón a Bertolch Brecht cuando decía que algunos jueces son tan incorruptibles que no hay manera de convencerles para que hagan justicia, el Consejo General del Poder Judicial ha perseverado en su decisión de imponer una multa de 1.500 euros al juez Tirado, un señor tan desbordado por el trabajo y la falta de medios que dejó sin ejecutar la sentencia contra el presunto asesino de la pequeña Mariluz, razón por la cual, la niña cría hoy malvas en vez de jugar con la PlayStation 3. Simultáneamente, el gremio de la toga quiere ir en febrero a la huelga para expresar lo mucho que sufren sus integrantes por lo mal que está la justicia, una situación en la que sus ilustrísimas no tienen ninguna responsabilidad por si no se habían dado cuenta.<o:p></o:p> La decisión sobre el juez Tirado tendría que crear jurisprudencia, de manera que otras profesiones tan estresantes como la de juez, que es un sinvivir, puedan beneficiarse de la comprensión de la Judicatura. Así, si a un ingeniero se le cae una presa y ahoga a cuatro pueblos, habrá que valorar antes de condenarle cuántos proyectos tenía sobre su mesa, porque es humano distraerse y tener un error en una suma. De la misma forma, si un médico ocupadísimo se deja el teléfono móvil en el interior de un paciente estaremos obligados a ser indulgentes, aunque la alarma del despertador suene en el entierro y distraiga de su dolor a la familia. <o:p></o:p> Gracias a Montesquieu, que estará fiambre como decía Alfonso Guerra pero sigue de cuerpo presente, hemos confiado el tercer poder del Estado a 4.500 personas a los que no exigimos que tengan sentido común ni sensibilidad social, ni siquiera que no cometan la estupidez de decretar un año de alejamiento para una madre que reprendió a su hijo con un bofetón. Según parece, nos basta con que hayan aprobado una oposición muy dura y sean capaces de recitar de memoria algún artículo del Código Civil, que eso sí que es prueba de capacidad y mérito. Es decir, que nos hemos puesto en manos de unos sujetos muy aplicados en sus estudios, algo que, aunque a ellos pueda resultarles extraño, no es vacuna suficiente contra la imbecilidad.<o:p></o:p> Para protegerse de una posible incomprensión, los sesudos funcionarios que componen nuestra Justicia han entablado entre sí lazos de solidaridad que van más allá de lo imaginable. De hecho, se han conjurado para que nada de lo que ocurra a su alrededor puede achacarse a sus deficiencias sino a las de los demás. A los jueces no se les olvida prorrogar la fecha de prisión de los narcotraficantes; si éstos salen en libertad por la puerta falsa es porque no hay ordenadores o por la mala cabeza de algunos secretarios judiciales. No es que sus togadas eminencias trabajen lo justito, jueguen mucho al golf y, a consecuencia de ello, se les acumulen los expedientes, sino que hay mucho interino que no distingue una providencia de un auto, y así es que no se puede, oiga. En definitiva, que nunca hay dejación de funciones sino insuficiencias estructurales ajenas a estos vigorosos servidores públicos.<o:p></o:p> Injerencia inadmisible<o:p></o:p> Admitida esta tesis, afear las conductas de estos destajistas del Derecho ha de considerarse una injerencia inadmisible, por mucho que a Zapatero le molesten algunas de ellas, haga comparecer en el Congreso a Carlos Dívar, que es un santo varón o, al menos, muy católico, y amenace, como hizo este viernes, con reformas legales para evitar que al juez Tirado sólo le cueste 1.500 euros irse de rositas. ¿Acaso a Noé se le puede hablar impunemente de lluvia?<o:p></o:p> Si de algo han pecado nuestros jueces ha sido de prudencia. Hasta que no murió la pequeña Mariluz no supimos que había 270.000 sentencias no ejecutadas en España, dato que el Consejo General del Poder Judicial debía conocer, pero que, seguramente, no aireaba para que no nos preocupáramos innecesariamente. Sufrían sin proferir queja alguna, callaban para no llenar de nubarrones nuestro venturoso Estado de Derecho, y en pago a su silencio criticamos su corporativismo. No tenemos perdón de Dios.<o:p></o:p> Molestos por nuestra displicencia, los hacedores de Justicia preparan una huelga el 18 de febrero, que es más bien un cierre patronal ya que quienes llaman a la movilización no son las asociaciones de magistrados sino las propias Juntas de Jueces. Bastaría con imaginarnos que es por la tarde todo ese día, ya que sus señorías no pisan un juzgado en horario vespertino ni en defensa propia, pero no podremos ignorar el mensaje de que se rebelan porque sus desvelos no son apreciados.<o:p></o:p> La culpa de que la Justicia sea decimonónica, lenta, ineficiente, un cachondeo y, en muchas ocasiones, manifiestamente injusta es culpa, por este orden, del Gobierno y de la oposición, que no ponen medios, de los ordenadores de IBM que son una castaña, de los becarios de los Juzgados, del personal de plantilla, de los secretarios, de los abogados que son unos zotes, de los delincuentes que no dejan de delinquir, de los ciudadanos que se creen víctimas de delitos inexistentes y hasta de San Raimundo de Peñafort, que no hace el milagro de dar curso divino a los legajos. Los jueces son inocentes y cobran poco. Es bueno saberlo.<o:p></o:p> <o:p></o:p>

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elogio-la-judicatura

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1 Elogio de la judicatura

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2568 Bajo el título TE VAS A ENTERAR, SORDA, Carlos Herrera escribe, hoy, en ABC: Asistimos entre la estupefacción y cierta rabia al espectáculo lamentable que ha ofrecido y sigue ofreciendo la jussticia en torno al caso de la madre supuestamente maltratadora de su hijo por haberle propinado un cachete en la nuca. Sabido es que la progenitora B, sordomuda para más señas, de un chaval de unos diez años, ha sido juzgada y condenada a la pena de cuarenta y cinco días de cárcel y un año de alejamiento del menor por haberle soltado un manotazo que lamentablemente hizo que se diera con el borde del lavabo y sangrara por la nariz o por la boca. Previamente el menor le había tirado a la madre una zapatilla cuando había sido reprendido -supongo que no a gritos- por no haber cumplido con su deber escolar de cada tarde. Un episodio de «violencia» con sangre casual de por medio como hay tantos en la vida cotidiana, suficiente como para que se de a entender que los golpes no son la solución, pero difícilmente para poco más si se aplica medianamente el sentido común. ¡Quién ha dicho que ese era el intento de la juez! A la cárcel con ella y a la calle después, ya que no podrá acercarse a su hijo a menos de quinientos metros durante un año. Dónde irá a vivir durante ese tiempo y con qué medios no es cosa de la magistrada. Qué explicación se le dará al hijo, tampoco. Cómo se recompondrá esa familia después de acabar condena tan estúpida, aún menos. Caben varias posibilidades: que la tutela del hijo «maltratado» sea asumida por las autoridades autonómicas correspondientes, dado en acogida a una familia neutral y devuelto posteriormente a su madre cuando se haya cumplido la pena o que el padre, que también existe y está aún más perplejo que la madre, inicie un proceso de separación de semejante fiera corrupia. La juez asegura que esa es la legislación y que no ha tenido más remedio que aplicarla, cosa que no convence a quienes saben que la leyes son perfectamente interpretables y considerandos como los que concurren en este caso son suficientes como para tomar decisiones muy otras.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> Pero lo relatado no ha sido suficiente. Tras la lectura de la sentencia, ¡dos años después de los hechos!, el fiscal del caso, que menudo pájaro debe ser, no se ha sentido satisfecho y ha recurrido la sentencia por considerar que ésta no tuvo en cuenta que la «agresión» se produjo en el domicilio familiar y que eso es un agravante muy serio. En virtud de ello ha solicitado un aumento de la pena de cuarenta y cinco días a sesenta y siete. Ponga usted a trabajar a funcionarios, gaste tiempo, papel, tinta y mensajería para aumentar la pena de cuarenta y cinco días a sesenta y siete. No tenemos bastante con humillar al más elemental y común de los sentidos sino que vamos a hacer que te enteres, sorda, de lo que dice la ley, que para eso he estudiado una carrera y he aprobado unas oposiciones.<o:p></o:p> Todo lo que rodea el caso es un relato descarnado del abuso. A nadie se le pasa por la cabeza que la madre pretendiera romperle dos dientes a su hijo -cosa que, por cierto, no ocurrió-; la mujer reaccionó de forma tal vez desmedida pero no con el ánimo de maltratar y vejar a un pobre niño desamparado. Maltrato criminal es lo que la madre y su macarra infrigieron a la pobre Alba, la niña catalana que aún sufre secuelas -tal vez irrecuperables- tras una paliza cruel. Maltrato no es perder los nervios ante un niño travieso. Los miembros de mi generación nos habríamos criado sin padres si ese criterio se hubiera aplicado en el tiempo en que éramos educados: estarían todos en la cárcel.<o:p></o:p> El signo de los tiempos conlleva desposeer de autoridad a los padres de la misma forma que antes se les ha desposeído a los profesores: pegar a un hijo no es aconsejable, pero aún menos lo es que éste le dé un zapatillazo a la madre y que un juez la castigue con cárcel. Con esta estupidez penal se le hace mucho más daño al niño que con el castigo físico que recibió.<o:p></o:p> Esperemos por el bien de esa familia -y del resto de familias españolas- que esta barbaridad sea mesurada en diferentes recursos. Aunque conociendo la legislación española y a sus intérpretes, no debemos hacernos muchas ilusiones.

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1 Los chistes de Su Señoría son muy graciosos (XXII)

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