0.0.0.0 15689 10594 <STRONG><IMG class=imgizqda id=img_2 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/cosa-publica/IMG_3136.jpg">JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO</STRONG> <STRONG></STRONG> <STRONG></STRONG> <STRONG></STRONG> OTRA vez las investigaciones de la Fiscalía y la Procuraduría en las oficinas del DAS, para que dentro de muchos meses, cuando ya nuevos hechos hayan dejado en el olvido el impacto de lo que ahora revela la revista <STRONG>Semana</STRONG>, nos digan que no se encontró nada; que no hay pruebas; que todo está borrado; y que cualquier herida se ha sanado con la caída de algunos mandos medios contra los cuales, sin embargo, no se tiene ningún cargo. Olvidémonos de una vez por todas de cualquier posibilidad de conocer quién o quiénes ordenaron las “"chuzadas"”, y de establecer cuál fue el objetivo -desde luego escabroso- que con ellas se perseguía (aunque todos nos lo imaginamos fundadamente), tanto en el caso de los magistrados de la Corte Suprema como en el de los políticos, abogados, columnistas y periodistas cuyas conversaciones privadas fueron interferidas y grabadas ilegalmente por los intrusos fantasmas. Pero, ante eso -que ya sabemos ocurrirá-, se debe decir que el escándalo actual deja al descubierto una de dos cosas: un malévolo plan de Estado contra jueces, opositores, comunicadores y críticos del Gobierno, cercenando libertades esenciales y obstruyendo la administración de justicia mediante procedimientos policíacos propios de las dictaduras; o bien un organismo de seguridad dependiente en forma directa, en calidad de Departamento Administrativo, del Despacho presidencial, pero que se encuentra fuera de control y que escapa a las prescripciones e instrucciones del mando al que está constitucionalmente sometido. En esta segunda hipótesis, se trataría de un “"paraorganismo"”, es decir, de un organismo criminal paralelo al oficial, o incrustado en el oficial, que usa sus equipos y su personal, y que aprovecha la estructura creada por la ley para ponerla al servicio de los más oscuros intereses. Las dos posibilidades son igualmente detestables; gravemente dañinas para la supervivencia de un sistema democrático; ostensiblemente peligrosas para el normal funcionamiento de las instituciones y para el ejercicio de las libertades. Y por las dos -la una por acción, la otra por omisión-, debe asumir su responsabilidad quien tiene a cargo ese organismo: el Presidente de la República. Y ello no sólo por ser este asunto ya recurrente, repetido y hasta ahora impune, sino por cuanto los fusibles ya se quemaron: la anterior Directora del DAS renunció a raíz del segundo o tercer escándalo, y el actual Director acaba de llegar. *** Otra vez sufre la imagen de Colombia en el exterior, y crece el desprestigio del Gobierno ante la comunidad internacional, como si no hubiera sido suficiente todo lo que se ha dicho y escrito en los medios del mundo acerca de la “"parapolítica"”, la “"yidispolítica"”, los “"falsos positivos"”, el uso abusivo del emblema de la Cruz Roja en la Operación Jaque, los enfrentamientos del Presidente con la Corte Suprema de Justicia, la persecución a periodistas no afines al régimen… En fin, las recientes denuncias sobre interceptaciones telefónicas y grabaciones ilegales -que no son nuevas, y que se han denunciado públicamente en muchas oportunidades, en medio de las más rotundas negaciones por parte del Ejecutivo-, narradas por los mismos funcionarios del DAS, y que se han perpetrado contra magistrados, políticos de oposición, informadores y columnistas, nos exhiben de nuevo en el extranjero como un sistema en el que se han perdido en la práctica las garantías de los más elementales derechos de las personas, la libertad política de los opositores, y donde la administración de justicia no puede llevar a cabo su labor sin la injerencia arbitraria e ilícita de agentes estatales. Lo pero es que no se trata sólo de imagen, sino de hechos. Las explicaciones del Gobierno no convencen: las funda primordialmente en el hecho de que algunos funcionarios suyos también aparecen como “chuzados”. Si ese fuera un argumento para excluir la responsabilidad del Ejecutivo, a éste le quedaría bien fácil la coartada: ordenar la interceptación de comunicaciones de los personajes considerados “"blancos legítimos"”, autorizando a los ejecutores de la interceptación para incluir en la “chuzada” a algunos funcionarios de la administración. No debemos olvidar que ya hace más de un año, y en el interior de la Policía Nacional, hubo gran escándalo -que, por cierto, no concluyó en nada diferente a la extraña caída de 12 generales de ese cuerpo civil armado, sin embargo no comprometidos ni sindicados por las interceptaciones-, pues jamás pudo establecerse quién o quiénes impartieron las ordenes selectivas que fueron allí ejecutadas. Tampoco puede ignorarse que la anterior Directora del DAS renunció en noviembre a raíz de la divulgación de documentos oficiales internos, en los que se instruía al personal del DAS sobre seguimiento, interceptación y vigilancia a dirigentes del Polo Democrático. Tampoco en esa oportunidad se pudo establecer de dónde provenían los designios y las ordenes. Como en el caso de los “falsos positivos”, muy probablemente todo culminará en el hallazgo de chivos expiatorios de rango medio y bajo, y los autores intelectuales quedarán en la impunidad. Preocupa en alto grado lo que expresaba a SEMANA una de sus fuentes: “Acá se trabaja por blancos y objetivos que puedan ser una amenaza a la seguridad del Estado y del Presidente. Dentro de esos está la guerrilla, las bacrim (bandas criminales), algunos narcos. Pero dentro de esos blancos también están, y es obvio como parte de una de las funciones del DAS, controlar a algunos personajes e instituciones para mantener informada a la Presidencia. Por ejemplo, cómo no va a ser misión del DAS controlar a Petro, que es un ex guerrillero y es de la oposición. O a Piedad Córdoba, por sus vínculos con Chávez y la guerrilla…”. (…) “Cualquier persona o entidad que represente un eventual peligro para el gobierno debe ser vigilada por el DAS. Y en ese orden de ideas desde hace más de un año se empezó a considerar y tratar como un 'blanco' legítimo las actividades de la Corte, y algunos de sus miembros". ¿Habrase visto semejante cosa? 0 2009-02-26T10:56:40Z 2009-02-26T10:47:00Z 286248 interceptaciones-ilegales-colombia 2009-02-26T10:56:40Z 1 1 2009-02-26T11:18:28Z