EL PARO Y ZAPATERO

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22931 En la isla de Fuerteventura, lugar donde resido, el paro es especialmente elevado y es que la actividad mas importante, la hostelería y todo lo relacionado con el turismo, este año ha fallado estrepitosamente, con una ocupación de apenas un cincuenta por ciento en pleno agosto, con una significativa disminución de visitantes alemanes y sobre todo, ingleses. La crisis global por la que estamos atrevesando está repercutiendo muy negativamente en el sector turístico, que por otra parte, ya venía perdiendo fuerza desde 2000. Seguramente se debió buscar otros mercados, promocionar las islas en los países fríos del este de Europa, con vistas a la temporada de invierno. Se tiene que trabajar para cambiar las cosas y corresponde al Gobierno de Canarias que tiene la competencia de turismo y también el Cabildo de Fuerteventura hacer todo lo necesario para que el turismo cobre importancia en las islas y por ende disminuya el paro. Era aquí adonde yo quería llegar. ¿No tienen las Autonimías responsabilidades en el tremendo problema del desempleo? ¿Para que sirven los gobiernos autónomos? ¿Sólo para preocuparse por el manido tema de las identidades? ¿Sólo para profundizar en las diferencias? Cuando le echamos continuamente en cara a Zapatero, las cifras de tanto parado, deberíamos pensar si en nuestra comunidad se están haciendo todos los esfuerzos necesarios.

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1 EL PARO Y ZAPATERO

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2235 <IMG class=imgcen id=img_1 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/quimericas/escanear0092w.jpg">

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1 " 17 ESPAÑOS KALIENTES " - "Quiméricas " x Quim#

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11844 <IMG class=imgdcha id=img_0 style="WIDTH: 227px; HEIGHT: 146px" height=176 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/smanuelgutierrez/bandera_fascista.jpg" width=278>Muchos la mataron y ella sola se murió, dirán algún día de esta patria mal avenida que pudo haber sido tantas veces (ejemplar sólo una), y jamás fue. El 6 de octubre de 1934, el presidente de la Generalitat catalana, Lluís Companys, proclamó la existencia del Estado catalán "de la República Federal Española". ¿Murió aquel día España? Aquel día, si acaso, empezó a nacer. Perdonen que estas cosas se me vengan a la cabeza a comienzos de mayo, pero mis variopintas lecturas me revelan el día menos pensado, sin venir a cuento, una verdad que se me antoja diáfana como el agua de un arroyo en la montaña. Leo una frase, aunque de apariencia insípida y estilo dudoso, y un hervor extático comienza a fluir por mis terminaciones nerviosas hasta que, ya en la cabeza, enciende la bombilla de la lucidez: "tan claro, y no lo había visto hasta ahora". La verdad evidente manifestada hoy ante mis ojos es la siguiente: España sólo habría podido sobrevivir con el amor de sus gentes; y ese amor sólo era posible en el seno de aquella República Federal tolerante, sensible con las identidades regionales y temerosa sólo de la miseria y el hambre, nunca de las ideas. Companys dijo: <BLOCKQUOTE>"En esta hora solemne, en nombre del pueblo y del parlamento, el gobierno que presido asume todas las facultades del poder en Cataluña, proclama el Estado Catalán de la República Federal Española, y al establecer y fortificar la relación con los dirigentes de la protesta general contra el fascismo, les invita a establecer en Cataluña el gobierno provisional de <BIG>la República, que hallará en nuestro pueblo catalán el más generoso impulso de fraternidad en el común anhelo de edificar una República Federal libre y magnífica</BIG>".</BLOCKQUOTE> Una República Federal libre y magnífica. El más generoso impulso de fraternidad. No crean que es la primera vez que leo esta frase. Tampoco me subestimen: mi clarividente reflexión no emana de dicha lectura. No. Cuando han pasado casi 75 años de aquellas palabras, un españolito de a pie lee como verdad absoluta, irrefutable para la actual ciencia política, esta otra perogrullada, mucho menos insigne, dónde va a parar, pero imprescindible para terminar de cimentar esta argumentación: <BLOCKQUOTE>"Un sistema federal que sólo favorezca las actitudes de identificación y lealtad a la propia región o Estado miembro está condenado a la inestabilidad y al fracaso".</BLOCKQUOTE> Inestabilidad, fracaso. ¿Cómo mantener unido un Estado rechazado por sus partes? ¿Cómo pretender pegar lo que cuarenta años de dictadura hicieron añicos? Aquel amor federal de las partes hacia el todo ha muerto. La España autonómica es una pelea de lobos carroñeros que sólo piensan en su estómago, que dejarían exánime, si de ellos dependiera, a la manada. Esta patria nuestra, tan poco querida, está herida de muerte. Y entonces sí, la verdad se ilumina frente a la pantalla, lo vuelvo a ver claro: quienes pretendieron salvar a España, quienes más decían amarla, fueron quienes la mataron. Por su culpa España no podrá ser. Por el odio que engendraron. Por su culpa nada más. Este país no murió el 6 de octubre de 1934. Lo mataron un 18 de julio, casi dos años después.

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1 El día que murió España

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2695 <div align="justify">Las Comunidades Autónomas que mejor apliquen la Ley de Dependencia recibirán más fondos del Estado. Hasta ahora, el denominado "nivel acordado" de financiación de la norma se repartía únicamente en función de la población de cada región. Para este año, el Ministerio de Sanidad y Política Social repartirá un 20% de ese dinero en virtud de las personas evaluadas a 1 de abril. Ese nivel acordado se estableció hace dos años, cuando la Ley echó a andar y no se sabía cuántas personas adquirirían su derecho a un servicio o prestación económica. Sin embargo, la <a href="http://lacomunidad.elpais.com/diversidad-funcional/2009/4/25/el-gobierno-reordena-fondos-la-dependencia" target="_top">Ley de Dependencia se ha aplicado de forma muy distinta en cada Comunidad Autónoma desde su entrada en vigor.</a> La intención del Ministerio es premiar de alguna manera a aquellas regiones que, como La Rioja, Navarra, Cataluña o Andalucía, presentan niveles mayores de atención a dependientes. La iniciativa, presentada por la ministra de Sanidad y Políticas Sociales, Trinidad Jiménez, durante la celebración del Consejo Territorial de la Dependencia, sirve para proceder al reparto de los 283 millones que corresponden a este año para el nivel acordado, lo que supone un incremento de un 17,5% con respecto a 2008. En rueda de prensa posterior al Consejo, la ministra ha querido dejar claro que "todas las comunidades autónomas saldrán ganando" con el nuevo reparto de los fondos hoy aprobado. Jiménez ha revelado que la medida ha sido aceptada por amplia mayoría en el seno del Consejo, con el apoyo incluso de algunas autonomías del Partido Popular. Catálogo de buenas prácticas Jiménez, que ha presidido el Consejo, ha pedido además a los gobiernos regionales la creación de un catálogo de buenas prácticas que aúne las experiencias que han adquirido las distintas administraciones en los dos años que lleva en vigor la Ley con el fin de agilizar la atención de los dependientes. La ministra ha solicitado a las Comunidades Autónomas "cooperación para estos tiempos de crisis" en la aplicación de la Ley de Dependencia para demostrar a los ciudadanos que "somos leales" los unos con los otros y transmitirles "confianza". Jiménez ha asegurado que es "consciente del hito histórico que supone la consolidación de este nuevo derecho" que constituye el cuarto pilar del Estado de bienestar.</div> <div align="center">Publicado en <a href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Gobierno/favorecera/Comunidades/atiendan/dependientes/elpepusoc/20090415elpepusoc_3/Tes" title="Abre en ventana independiente" target="_blank">EL PAÍS</a> el 25 de Abril de 2009</div>

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1 El Gobierno favorecerá a las Comunidades que atiendan a más dependientes

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10061 Que sea el Defensor del Pueblo quien esté tomando la iniciativa para esclarecer los sucesos que vienen ocurriendo en algunos centros de menores, especialmente en los gestionados por la fundación O`Belen, debería sacar los colores a las administraciones y a las fiscalías que se están dedicando a mirar para otro lado.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> <o:p> </o:p> Lo último, ha sido el fallecimiento de una menor el pasado día 11 de abril, después de saltar del vehículo en el que era trasladada a uno de estos centros.<o:p></o:p> <o:p> </o:p> No se trata de abrir un proceso inquisitorial contra los gestores de dichos centros ni contra los empleados de los mismos. Nadie duda de lo dura y difícil que sin duda es su labor, pero esto no significa, en modo alguno, que puedan tener carta blanca para actuar como les venga en gana.<o:p></o:p> <o:p> </o:p> A lo que realmente temen las Comunidades Autónomas, que son las que tienen la responsabilidad tanto sobre los centros de protección como sobre los de reforma, es que esto pueda dar lugar a que se abra un debate sobre la que es, a mi juicio, la verdadera clave del asunto, la cesión de la gestión de estos centros a entidades privadas, que cada vez con más asiduidad, practican dichas administraciones públicas. Entidades, teóricamente sin ánimo de lucro, pero que algunas de ellas tienen intereses poco claros.<o:p></o:p> <o:p> </o:p> No es este un debate baladí. La sociedad debe adquirir conciencia de que la educación de los menores es algo fundamental. De que estos puedan tener una formación integral y personalizada depende que el día de mañana sean adultos maduros y realizados o por el contrario sean personas fracasadas o incluso posibles delincuentes.<o:p></o:p> <o:p> </o:p> Es cierto que la tarea educativa con estos jóvenes a menudo suele ser muy complicada, porque se trata de personas con graves problemas de conducta, de inadaptación social, de desestructuración familiar, etcétera. Pero esto no es excusa ni justificación para que en dichos centros de menores se les de vía libre para desarrollar la labor educativa de cualquier manera y usando cualquier método, por antipedagógico que sea.<o:p></o:p> <o:p> </o:p> El cinismo de las Comunidades Autónomas y de algunas fiscalías, diciendo que no investigan porque no existen denuncias es inaceptable. Que haya pocas denuncias formales es perfectamente explicable porque estamos ante un sector de la población especialmente frágil e indefenso ante el poder de las instituciones y de las administraciones, que son las que, permítanme la expresión, tiene la sartén por el mango. Además, las fiscalías saben de sobra, que si quieren, pueden realizar periódicamente visitas a estos centros, incluso por sorpresa, para evaluar que el trabajo allí se va desarrollando adecuadamente y sobre todo sin violar ningún derecho fundamental de los menores. Es decir, las fiscalías, de oficio y sin que exista denuncia alguna de por medio, pueden y deben llevar a cabo una labor preventiva para velar por el adecuado funcionamiento –por lo menos, ajustado a derecho- de este tipo de recursos residenciales.<o:p></o:p> <o:p> </o:p> Lo mismo ocurre, con las Comunidades Autónomas, más allá del debate sobre la conveniencia de la cesión de la gestión de los centros a la administración privada. Deben vigilar que dichas entidades privadas lleven a cabo un verdadero proyecto educativo con estos menores, con los recursos materiales y humanos adecuados. Para desarrollar una actividad educativa eficaz y de calidad es imprescindible tener instalaciones y medios materiales adecuados, pero sobre todo es fundamental que los profesionales estén preparados y cualificados suficientemente para llevar a cabo dicha labor.<o:p></o:p> <o:p> </o:p> Y con estos sucesos escabrosos, de jóvenes que se suicidan, saltan de un vehículo huyendo de no se sabe muy bien que, etcétera, lo que hay que hacer es investigar hasta el fondo, esclareciendo lo ocurrido con todas sus consecuencias.<o:p></o:p> <o:p> </o:p> No hay que prejuzgar a nadie, ni acusar de nada de antemano, pero tampoco se puede pasar página así como así de sucesos graves que tienen que ser esclarecidos. Inquisición no, pero impunidad tampoco.<o:p></o:p> <o:p> </o:p> En conclusión, espero – seguro que ingenuamente – de las administraciones públicas competentes en la materia y de la justicia dos cosas:<o:p></o:p> <o:p> </o:p> 1º/ Que los sucesos de suicidios, accidentes, o presuntas malas praxis o malos tratos que supuestamente pueden ocurrir en algunos de estos centros sean investigados hasta el final. También que las fiscalías realicen con más asiduidad visitas sin previo aviso a este tipo de centros.<o:p></o:p> <o:p> </o:p> 2º/ Que se abra de una vez por todas, un debate político y social sobre el modelo de gestión más adecuado para los centros de protección y de reforma de menores.<o:p></o:p> <o:p> </o:p> Los poderes públicos no pueden inhibirse de sus funciones y las formaciones políticas deberían tener una mayor sensibilidad ante estos asuntos… Aunque ya sabemos que preocuparse por estos temas no proporciona voto. En este sentido, la propia sociedad en su conjunto tiene también una responsabilidad.<o:p></o:p> <o:p> </o:p> <o:p> </o:p> <o:p> </o:p> <o:p> </o:p> <o:p> </o:p> <o:p> </o:p> <o:p> </o:p> <o:p> </o:p> <o:p> </o:p> <o:p> </o:p> <o:p> </o:p> <o:p> </o:p> <o:p></o:p>

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1 Otro suceso relacionado con un centro de menores

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10061 La tentación que tienen algunos jefes de Gobierno en determinados momentos, de formar un Ejecutivo de perfil más técnico que político, en este caso no se ha dado. A mi juicio con acierto.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> <o:p></o:p> Del núcleo duro del Partido Socialista han venido las incorporaciones más importantes para este <A id=link_0 title=http://www.la-moncloa.es/MinistrosyMinistras/default.htm href="http://www.la-moncloa.es/MinistrosyMinistras/default.htm">nuevo Gobierno</A>. Manuel Chaves, vicepresidente tercero y ministro de Cooperación territorial, José Blanco como ministro de Fomento y Trinidad Jiménez pasa a ocupar la cartera de Sanidad, a la que se fusiona la política social.<o:p></o:p> <o:p></o:p><IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/jmsl/untitled.bmp"> Del propio Gobierno sale la nueva titular de la vicepresidencia económica, Elena Salgado. Mujer que tiene que afrontar a partir de ahora el difícil y apasionante reto de combatir la crisis económica y sus consecuencias más graves como el paro.<o:p></o:p> <o:p></o:p> Sin duda hay un aumento del peso político del Gobierno. La excepción que confirma la regla, podría ser la de los nuevos ministros de Educación y de Cultura, Ángel Gabilondo y Ángeles González Sinde. Aunque en el primer caso no tanto, porque el hasta ahora presidente de la Conferencia de Rectores, aparte de una personalidad de reconocido prestigio en el ámbito intelectual y universitario, destaca también por una trayectoria de compromiso con los valores del progreso y de la izquierda. <o:p></o:p> <o:p></o:p> Creo que en general, los cambios van bien orientados para afrontar los problemas, las necesidades y los retos que tiene este país. Elena Salgado ha realizado una buena gestión, con algunos traspiés, pero una buena gestión en términos generales en sus anteriores responsabilidades. Por estar demostrada hasta el momento su eficacia en la gestión y porque en teoría también cuenta con la preparación suficiente para dirigir la cartera de economía (licenciada en Ciencias Económicas entre otros títulos y méritos de su curriculum), pienso que merece al menos, que se le de un tiempo para poder juzgar como es capaz de desarrollar su nueva e importante responsabilidad.<o:p></o:p> <o:p></o:p> Respecto a la creación de una vicepresidencia tercera, dedicada sobre todo a la relación y el diálogo permanente con las Comunidades Autónomas, me parece un gran acierto porque desde Administraciones Públicas y sobre todo, desde la vicepresidencia primera, muy cargada ya de por si de diversas áreas y responsabilidades, no se estaba consiguiendo dar respuesta a la gran demanda de cooperación, coordinación y comunicación con las diversas autonomías, que un estado descentralizado como este requiere. Muy bien pues, que una persona que sabe lo que es la política desde el otro lado, el de la administración periférica y que cuenta con gran experiencia política en general, sea el enlace de contacto entre la Administración central y los gobiernos autonómicos y locales. Espero que con su alto grado de experiencia y conocimiento de la política, tenga habilidad más que suficiente para entenderse, colaborar y llegar a acuerdos con las distintas administraciones que conforman el Estado español.<o:p></o:p> <o:p></o:p> En materia de fomento, a veces es incluso más importante la comunicación y el saber transmitir los logros, que el propio contenido de la cartera en sí. Si se producen fallos, habrá que tener la habilidad suficiente para explicar por que han sucedido los errores y como se piensan rectificar y respecto a los aciertos, también es fundamental expresarlos y comunicarlos bien, para que la opinión pública perciba en su plenitud todas las bondades de la gestión que se realiza. Precisamente en todo esto es en lo que creo que más ha fallado la ministra saliente y precisamente estas son las virtudes que probablemente más adornan a José Blanco, que sabe muy bien lo que es dar argumentos y explicaciones, porque es lo que ha estado haciendo todos estos años en el PSOE, partido del cual ha sido su cabeza visible por delegación de Zapatero. Además, es una persona con gran capacidad de trabajo.<o:p></o:p> <o:p></o:p> Con casi todas las competencias transferidas a las Comunidades Autónomas, empezaba a no tener mucho sentido la cartera de Sanidad, por lo que el hecho de añadirle las políticas sociales, servirá, a buen seguro, para darle a este departamento el peso y la importancia que se merece. Otra mujer, que ha tenido diversas responsabilidades en el PSOE y en la administración de Zapatero, pero que nunca se había sentado en el Consejo de Ministros, tendrá ahora la oportunidad de demostrar su valía, gestionando asuntos tan importantes como las políticas sociales y la coordinación territorial en materia de sanidad y de consumo. Como se trata de una persona que no ha ocupado nunca antes una cartera ministerial, habrá que juzgarla por lo que haga a partir de ahora en su nueva responsabilidad. Pero se trata de otro departamento, que también necesita gestionar muy bien la comunicación y en este sentido creo que también es un acierto la entrada de una persona con perfil más político, que sin duda, ayudará a que defienda con más contundencia y claridad su gestión, facilitando que sea más fácilmente entendible por los ciudadanos. A buen seguro, se defenderá también con más eficacia del acoso de la oposición y explicará mejor sus políticas a los distintos colectivos y asociaciones implicados en las áreas de su responsabilidad (consumo, sanidad y políticas sociales).<o:p></o:p> <o:p></o:p> De Ángel Gabilondo habrá que estar atentos a su gestión, pero sinceramente tengo la casi total seguridad de que lo hará bien porque es una persona de preparación, talla intelectual y prestigio incontestable. Además, a su departamento se le añade la competencia en Universidades, que hasta ahora no las tenía, lo cual me parece un acierto, entre otras razones, por el propio perfil del ministro, que conoce a la perfección dicho ámbito, ya que ha sido el presidente de la Conferencia de Rectores y Rector de la Universidad Autónoma de Madrid.<o:p></o:p> <o:p></o:p><IMG class=imgcen id=img_1 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/jmsl/pro_photo1239124824.jpg"> La salida de Cesar Antonio Molina era necesaria porque últimamente desde su departamento se creaban más problemas que soluciones. Me refiero a situaciones esperpénticas como la concesión de la medalla de las Bellas Artes a Rivera Ordóñez o el tira y afloja con el director de la Compañía Nacional de Danza, Nacho Duato.<o:p></o:p> <o:p></o:p> De la nueva titular de Cultura, Ángeles González Sinde, poco puedo analizar, ya que es la primera vez que entra a formar parte de un Gobierno y no se ha significado demasiado políticamente hasta la fecha. Sólo conocemos de ella que hasta ahora ha sido la titular de la Academia de Cine. Tendremos que juzgar su gestión una vez que se vaya produciendo.<o:p></o:p> <o:p></o:p> Otros detalles de la reestructuración, como que el área de Deportes pase a depender directamente de Presidencia no lo veo de entrada ni bien ni mal. Habrá que esperar también a que con el tiempo veamos si esta medida ha servido de algo o aportado algún elemento interesante. Quizás haya pensado el presidente en la promoción de la candidatura olímpica de Madrid 2016, a la hora de tomar dicha decisión.<o:p></o:p> <o:p></o:p> ¿Lo que hecho de menos? Pues me hubiera gustado una reestructuración aún más profunda. Hay ministros que han desarrollado una gestión muy gris e incluso inadecuada. Especialmente insatisfactorio me parece que continúen como titulares de sus departamentos las ministras de Medio ambiente, Rural y Marino y la de Vivienda, sobre todo la primera, porque creo que está olvidándose del Medio Ambiente, con esa extraña reforma camuflada de la ley de costas, entre otras cuestiones. De los titulares de Exteriores y Defensa no digo que deban salir del Gabinete, pero esta debe ser su última oportunidad. Si continúan los garrafales fallos de coordinación y comunicación que se han dado hasta ahora en esas materias tan importantes para el Estado, en ese caso opino que debería ser destituido alguno de ellos o incluso los dos.<o:p></o:p> <o:p></o:p> En definitiva, creo que la renovación del Gobierno le dará un mayor peso político a éste y como consecuencia lógica, más eficacia en la comunicación y espero que también en las políticas que se desarrollen en general.<o:p></o:p> <o:p></o:p> Éste es el análisis de entrada, de lo que me parece la remodelación en sí, pero en cualquier caso, todos los gobernantes se merecen ser juzgados por su acción y su gestión. Lo que sería injusto es criticar a los nuevos ministros antes de ver como lo hacen.<o:p></o:p> <o:p></o:p> <o:p></o:p> <o:p></o:p> <o:p></o:p> <o:p></o:p> <o:p></o:p> <o:p></o:p> <o:p></o:p> <o:p></o:p> <o:p></o:p> <o:p></o:p> <o:p></o:p> <o:p></o:p> <o:p></o:p>

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1 Un Gobierno más político para hacer mejores políticas

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17554 <center><img src="http://lariosola.files.wordpress.com/2007/10/espana_puzzle_1.jpg" id="img_0"></center> <big><blockquote>España, por su vertebración en Comunidades Autónomas, tiene menor fuerza en sus instituciones nacionales, que son vitales para luchar contra una crisis que afecta a todo el país. No hay un por lo tanto gobierno en posición de asumir de forma completa la responsabilidad de la economía en su conjunto. Lo que España tiene, en su lugar, son gobiernos autonómicos, cada uno de ellos con sus propios intereses políticos y reacios a asumir grandes esfuerzos para financiar un estímulo cuyos beneficios disfrutarán los votantes de otros territorios. El Gobierno Central, que debe responder ante 17 Comunidades a menudo enfrentadas entre sí, no puede contar con el máximo nivel de apoyo.</blockquote> ¿Les parece original la reflexión? Pues no es más que una libre adaptación a nuestra realidad nacional de las palabras de Krugman sobre Europa ("<a href="http://www.kaosenlared.net/noticia/discurso-paul-krugman-europa-continente-deriva" title="http://www.kaosenlared.net/noticia/discurso-paul-krugman-europa-continente-deriva" id="link_0">Un continente a la deriva</a> "). También son dignas de consideración las reflexiones que sobre el mismo tema efectúa Pankaj Ghemawat, de la <a href="http://www.hbs.edu/" title="http://www.hbs.edu/" id="link_1">Harvard Business School</a> , reproducidas en la sección "Debate de ideas" de <a href="http://www.actualidad-economica.com/" title="http://www.actualidad-economica.com/" id="link_0">Actualidad Económica</a>:</big> <blockquote>"Hay que repensar la competitividad desde una visión regional. España se parece al modelo económico de los Reinos de Taifas, que primaban el comercio con el califato y no se relacionaban. Las comunidades centran su atención en Bruselas. España corre el mismo peligro que China. Su economía se resiente sobre todo con la fuerte caída de las exportaciones, porque no ha potenciado su demanda interna. (...) En EEUU la gente se muda cada dos años y medio. Aquí, si se tiene un hijo en la escuela, puede olvidarse de la mudanza. Pero también las infraestructuras son pobres, hay pocos intentos de coordinación en temas de movilidad. No hay tradición de acuerdos multilaterales entre comunidades ni se incentivan las relaciones institucionales. La discusión es siempre como reducir las barreras internacionales, pero no las internas, cuya importancia es mucho mayor".</blockquote> <big>Una cuestión de calado que exige un análisis exhaustivo. ¿Es económicamente viable nuestro actual modelo?</big>

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1 Mucho más que palabras

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15424 Lo dijo un portavoz de Ecologistas en Acción: las vías pecuarias se invaden por obras públicas y por crecimiento urbano - más que por particulares. He leído otro ejemplo hoy en un periódico digital. El titular rezaba así: "El Ayuntamiento liberará suelo para construir más viviendas protegidas". ¿A que no sabéis qué suelos se encontraban en la lista? Exactamente. Suelos de Cañada Real. Aquí está el link: <A href="http://www.europasur.es/article/lalinea/229007/ayuntamiento/liberara/suelo/para/construir/mas/viviendas/protegidas.html">http://www.europasur.es/article/lalinea/229007/ayuntamiento/liberara/suelo/para/construir/mas/viviendas/protegidas.html</A> Pero ese sólo es un ejemplo entre muchos. No tienes más que "googlear" algo como obras públicas en vías pecuarias para encontrar innumerables casos. En otra página leí: "Ecologistas en Acción ha elaborado un informe del que se desprende que son las diferentes administraciones públicas las responsables de MÁS EL 68% de las agresiones cometidas contra las vías pecuarias en la Región. Ayuntamientos, Comunidad de Madrid y Ministerio de Fomentos son los principales responsables, sin olvidar a empresas públicas como Arpegio y RENFE." ( <A href="http://www.mostoalegre.org//viaspecuariassuroeste.htm">http://www.mostoalegre.org//viaspecuariassuroeste.htm</A> ) A la luz de estas realidades, me diréis si os parece consecuente que seamos nosotros, los vecinos de la Cañada Real Galiana, tildados de ilegales por el Ayuntamiento o la Comunidad. El caso es que tanto la Comunidad de Madrid como los Ayuntamientos "infractores" saben perfectamente que existe una solución legal a las ocupaciones. El Artículo 27.4 de la Ley de Vías Pecuarias de Aragón establece respecto a la modificación de trazados lo siguiente: “Los ayuntamientos por cuyo suelo urbano o urbanizable discurran tramos de vías pecuarias, cuando aporten los terrenos adecuados, podrán solicitar al Departamento competente en materia de vías pecuarias que incoe los expedientes de modificación de sus itinerarios por trazados alternativos que discurran por terrenos clasificados como suelo no urbanizable siempre que quede asegurada la continuidad de la vía pecuaria y garantizado el tránsito ganadero y los otros usos establecidos en esta Ley.” Esto es una interpretación completamente aceptable del Capítulo IV de la Ley de Vías Pecuarias 8/1998. Lo que queremos los vecinos de la Cañada Real Galiana es que se nos permita esta posiblidad legal, lo mismo que se la permiten los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas. ¿Y por qué no? Es una cuestión de ser consecuentes. "

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las-administraciones-son-consecuentes-

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1 LAS ADMINISTRACIONES: ¿SON CONSECUENTES?

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15424 <H5> LEY ESTATAL</H5> <BIG>La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias. </BIG> EXPOSICION DE MOTIVOS La presente Ley establece el régimen jurídico de las vías pecuarias. De este modo, el Estado ejerce la competencia exclusiva que le atribuye el artículo 149.1.23.ª de la Constitución para dictar la legislación básica sobre esta materia. Es indudable la importancia económica y social que durante siglos revistió la trashumancia, de cuya trascendencia es prueba elocuente el apoyo prestado por los monarcas a esta actividad desde la Baja Edad Media, creando, amparando o fortaleciendo a las nacientes agrupaciones pastoriles (juntas, ligallos, mestas), que con el tiempo se erigieron en poderosos gremios -su ejemplo más significativo es el Honrado Concejo de la Mesta-, a cuyo amparo los ganados aprovechaban pastizales complementarios merced a sus desplazamientos periódicos por cañadas reales y otras vías pecuarias- todo lo cual hizo posible en la Edad Moderna el desarrollo de un potente mercado lanero de resonancias internacionales. Sin embargo, desde comienzos de la Edad Contemporánea se advierte un declive rápido de la trashumancia -que se agudiza con la abolición de la Mesta (1836) y con la desamortización comunal (1855)-, y, consiguientemente, un menor uso de las vías pecuarias, cuya infraestructura soporta un intrusismo creciente. De ahí el paulatino abandono de la red viaria por las cabañas de largo recorrido y el correlativo empleo del transporte por ferrocarril y por carretera. Ello no obsta para que, si bien cada vez más relegada, subsista en nuestros días la trashumancia a pie, en coexistencia con otros desplazamientos viarios más cortos, ya entre provincias o comarcas colindantes (trasterminancia), ya entre pastos y rastrojeras de un mismo término municipal. Así pues, la red de vías pecuarias sigue prestando un servicio a la cabaña ganadera nacional que se explota en régimen extensivo, con favorables repercusiones para el aprovechamiento de recursos pastables infrautilizados; para la preservación de razas autóctonas; también han de ser consideradas las vías pecuarias como auténticos «corredores ecológicos», esenciales para la migración, la distribución geográfica y el intercambio genético de las especies silvestres. Finalmente, y atendiendo a una demanda social creciente, las vías pecuarias pueden constituir un instrumento favorecedor del contacto del hombre con la naturaleza y de la ordenación del entorno medioambiental. Todo ello convierte a la red de vías pecuarias -con sus elementos culturales anexos- en un legado histórico de interés capital, único en Europa, cuya preservación no garantiza en modo alguno la normativa vigente. En efecto, aunque la Ley 22/1974, de 27 de junio, de Vías Pecuarias, reconoce la naturaleza demanial de estos bienes, declarando que no son susceptibles de prescripción ni de enajenación, estima, no obstante, innecesarias o sobrantes y, por consiguiente, enajenables todas aquellas vías o parte de las mismas que no se consideren útiles desde la estricta perspectiva del tránsito ganadero o de las comunicaciones agrarias, perspectiva que su Reglamento de aplicación de 3 de noviembre de 1978, amplía todavía más, hasta llegar a incluir como derechohabientes del dominio público a los propios intrusos. De ahí la necesidad de dictar una nueva Ley. Esta Ley se vertebra en cinco Títulos. El Título preliminar, en el que se recogen las disposiciones generales, define a las vías pecuarias atendiendo al uso al que tradicionalmente se han hallado adscritas, el tránsito ganadero, sin perjuicio de los usos compatibles y complementarios de los que se trata en el Título II. Asimismo, y prosiguiendo con una caracterización jurídica ya centenaria, se establece la naturaleza demanial de estas vías, cuya titularidad se atribuye a las Comunidades Autónomas. La actuación de éstas, por su parte, deberá estar orientada hacia la preservación y adecuación de la red viaria, así como garantizar el uso público de la misma. Este Título se cierra con una tipología de las vías pecuarias, manteniendo, con carácter general, la división tripartita tradicional en cañadas, cordeles y veredas, con las anchuras máximas reconocidas, cuyas denominaciones se declaran compatibles con aquellas otras que bajo las denominaciones de azagadores, cabañeras, caminos ganaderos, carreradas, galianas, ramales, traviesas, etc., reciben en castellano y en las demás lenguas cooficiales de las Comunidades Autónomas correspondientes. El Título I, denominado «De la creación, determinación y administración de las vías pecuarias», se estructura en cuatro capítulos. El primero se ocupa de las potestades administrativas sobre aquéllas, cuyo ejercicio corresponde a las Comunidades Autónomas: investigación, clasificación, deslinde, amojonamiento, desafectación y cualesquiera otros actos relacionados con las mismas; también se prevé la posibilidad de crear, ampliar o restablecer vías pecuarias, cuyas actuaciones llevan aparejadas la declaración de utilidad pública a efectos expropiatorios sobre los bienes y derechos afectados. El capítulo segundo trata de la clasificación, deslinde y amojonamiento de las vías pecuarias, y establece, como novedad legislativa, que la resolución aprobatoria del deslinde será título suficiente para rectificar las situaciones jurídicas registrales contradictorias con dicho deslinde, así como para la inmatriculación de los bienes de dominio público deslindados en los casos en que se estime conveniente. El capítulo tercero versa sobre desafectaciones y modificaciones del trazado de vías pecuarias, limitando los supuestos de desafectación a aquellas vías o tramos de ellas que no sean apropiadas para el tránsito ganadero ni sean susceptibles de los usos compatibles y complementarios a que se hace referencia en el Título II. Las modificaciones del trazado, en su caso, y previa desafectación, deberán asegurar el mantenimiento de la integridad superficial y la idoneidad de los itinerarios y de los trazados, a fin de preservar adecuada y eficazmente el uso público de las vías pecuarias. El capítulo cuarto regula las ocupaciones temporales y aprovechamientos sobrantes de las vías pecuarias, limitándose el período de aquéllas a un plazo no superior a diez años, sin perjuicio de posteriores renovaciones. El Título II, que define los usos compatibles y complementarios, siempre en relación con el tránsito ganadero, constituye una de las novedades más significativas de la nueva normativa, por cuanto que pone a las vías pecuarias al servicio de la cultura y el esparcimiento ciudadano y las convierte en un instrumento más de la política de conservación de la naturaleza. El Título III introduce otra novedad legislativa, la creación de la Red Nacional de Vías Pecuarias, en la que se integran todas las cañadas y aquellas otras vías pecuarias que garanticen la continuidad de las mismas, siempre que su itinerario discurra entre dos o más Comunidades Autónomas, así como las vías pecuarias que sirvan de enlace para los desplazamientos interfronterizos. Los expedientes de desafectación y de expropiación, junto con los negocios jurídicos de adquisición que afecten a terrenos de vías pecuarias integrados en la Red Nacional, serán informados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. El Título IV y último de la Ley se dedica de forma minuciosa a enumerar las infracciones administrativas y a determinar las respectivas sanciones. Como ya es habitual en la regulación del dominio público, se establece la obligación del infractor de reparar el daño causado, con independencia de las sanciones penales o administrativas que en cada caso procedan. TITULO PRELIMINAR<?XML:NAMESPACE PREFIX = O /><O:P> DISPOSICIONES GENERALES<O:P></O:P> Artículo 1. Objeto y definición</O:P>.<O:P> 1. Es objeto de la presente Ley, conforme a lo dispuesto en el artículo 149.1.23. de la Constitución, el establecimiento de la normativa básica aplicable a las vías pecuarias.<O:P></O:P> 2. Se entiende por vías pecuarias las rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero.<O:P></O:P> 3. Asimismo, las vías pecuarias podrán ser destinadas a otros usos compatibles y complementarios en términos acordes con su naturaleza y sus fines, dando prioridad al tránsito ganadero y otros usos rurales, e inspirándose en el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente, al paisaje y al patrimonio natural y cultural.<O:P></O:P> Artículo 2. Naturaleza jurídica de las vías pecuarias.<O:P></O:P> Las vías pecuarias son bienes de dominio público de las Comunidades Autónomas y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables.<O:P></O:P> Artículo 3. Fines.<O:P></O:P> 1. La actuación de las Comunidades Autónomas sobre las vías pecuarias perseguirá los siguientes fines:<O:P></O:P> a. Regular el uso de las vías pecuarias de acuerdo con la normativa básica estatal.<O:P></O:P> b. Ejercer las potestades administrativas en defensa de la integridad de las vías pecuarias.<O:P></O:P> c. Garantizar el uso público de las mismas tanto cuando sirvan para facilitar el tránsito ganadero como cuando se adscriban a otros usos compatibles o complementarios.<O:P></O:P> d. Asegurar la adecuada conservación de las vías pecuarias, así como de otros elementos ambientales o culturalmente valiosos, directamente vinculados a ellas, mediante la adopción de las medidas de protección y restauración necesarias.<O:P></O:P> 2. Con el fin de cooperar con las Comunidades Autónomas en el aseguramiento de la integridad y adecuada conservación del dominio público de las vías pecuarias, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación podrá instrumentar ayudas económicas y prestar asistencia técnica para la realización de cuantas acciones redunden en la consecución de dicha finalidad.<O:P></O:P> Artículo 4. Tipos de vías pecuarias.<O:P></O:P> 1. Las vías pecuarias se denominan, con carácter general: cañadas, cordeles y veredas.<O:P></O:P> a. Las cañadas son aquellas vías cuya anchura no exceda de los 75 metros.<O:P></O:P> b. Son cordeles, cuando su anchura no sobrepase los 37,5 metros.<O:P></O:P> c. Veredas son las vías que tienen una anchura no superior a los 20 metros.<O:P></O:P> 2. Dichas denominaciones son compatibles con otras de índole consuetudinaria, tales como azagadores, cabañeras, caminos ganaderos, carreradas, galianas, ramales, traviesas y otras que reciban en las demás lenguas españolas oficiales.<O:P></O:P> 3. Los abrevaderos, descansaderos, majadas y demás lugares asociados al tránsito ganadero tendrán la superficie que determine el acto administrativo de clasificación de vías pecuarias. Asimismo, la anchura de las coladas será determinada por dicho acto de clasificación. TÍTULO I. DE LA CREACIÓN, DETERMINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS VÍAS PECUARIAS<O:P> CAPÍTULO I. POTESTADES ADMINISTRATIVAS SOBRE LAS VÍAS PECUARIAS<O:P></O:P> Artículo 5. Conservación y defensa de las vías pecuarias.<O:P></O:P> Corresponde a las Comunidades Autónomas, respecto de las vías pecuarias:<O:P></O:P> a. El derecho y el deber de investigar la situación de los terrenos que se presuman pertenecientes a las vías pecuarias.<O:P></O:P> b. La clasificación.<O:P></O:P> c. El deslinde.<O:P></O:P> d. El amojonamiento.<O:P></O:P> e. La desafectación.<O:P></O:P> f. Cualesquiera otros actos relacionados con las mismas.<O:P></O:P> Artículo 6. Creación, ampliación y restablecimiento.<O:P></O:P> La creación, ampliación y restablecimiento de las vías pecuarias corresponde a las Comunidades Autónomas en sus respectivos ámbitos territoriales. Dichas actuaciones llevan aparejadas la declaración de utilidad pública a efectos expropiatorios de los bienes y derechos afectados.<O:P></O:P> <H5 style="TEXT-ALIGN: center" align=center><BIG>CAPÍTULO II. CLASIFICACIÓN, DESLINDE Y AMOJONAMIENTO<O:P></O:P></BIG></H5> Artículo 7. Acto de clasificación.<O:P></O:P> La clasificación es el acto administrativo de carácter declarativo en virtud del cual se determina la existencia, anchura, trazado y demás características físicas generales de cada vía pecuaria.<O:P></O:P> Artículo 8. Deslinde.<O:P></O:P> 1. El deslinde es el acto administrativo por el que se definen los límites de las vías pecuarias de conformidad con lo establecido en el acto de la clasificación.<O:P></O:P> 2. El expediente de deslinde incluirá necesariamente la relación de ocupaciones, intrusiones y colindancias.<O:P></O:P> 3. El deslinde aprobado declara la posesión y la titularidad demanial a favor de la Comunidad Autónoma, dando lugar al amojonamiento y sin que las inscripciones del Registro de la Propiedad puedan prevalecer frente a la naturaleza demanial de los bienes deslindados.<O:P></O:P> 4. La resolución de aprobación del deslinde será título suficiente para rectificar, en la forma y condiciones que se determinen reglamentariamente, las situaciones jurídicas registrales contradictorias con el deslinde. Dicha resolución será título suficiente para que la Comunidad Autónoma proceda a la inmatriculación de los bienes de dominio público cuando lo estime conveniente.<O:P></O:P> En todo caso, quienes se consideren afectados por la resolución aprobatoria del deslinde podrán ejercitar las acciones que estimen pertinentes en defensa de sus derechos y solicitar la anotación preventiva de la correspondiente reclamación judicial.<O:P></O:P> 5. Cuando los interesados en un expediente de deslinde aporten títulos inscritos en el Registro de la Propiedad sobre terrenos que pudieran resultar incluidos en el dominio público, el órgano que tramite dicho expediente lo pondrá en conocimiento del Registrador a fin de que por éste se practique la anotación marginal preventiva de esa circunstancia.<O:P></O:P> 6. Las acciones civiles sobre derechos relativos a terrenos incluidos en el dominio público deslindado prescriben a los cinco años, computados a partir de la fecha de la aprobación del deslinde.<O:P></O:P> 7. En el procedimiento se dará audiencia al Ayuntamiento correspondiente, a los propietarios colindantes, previa notificación, y a las organizaciones o colectivos interesados cuyo fin sea la defensa del medio ambiente.<O:P></O:P> Artículo 9. Amojonamiento.<O:P></O:P> El amojonamiento es el procedimiento administrativo en virtud del cual, una vez aprobado el deslinde, se determinan los límites de la vía pecuaria y se señalizan con carácter permanente sobre el terreno.<O:P></O:P> <H5 style="TEXT-ALIGN: center" align=center><BIG>CAPÍTULO III. DESAFECTACIONES Y MODIFICACIONES DEL TRAZADO<O:P></O:P></BIG></H5> Artículo 10. Desafectación.<O:P></O:P> Las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 5, apartado e), podrán desafectar del dominio público los terrenos de vías pecuarias que no sean adecuados para el tránsito del ganado ni sean susceptibles de los usos compatibles y complementarios a que se refiere el Título II de esta Ley.<O:P></O:P> Los terrenos ya desafectados o que en lo sucesivo se desafecten tienen la condición de bienes patrimoniales de las Comunidades Autónomas y en su destino prevalecerá el interés público o social.<O:P></O:P> Artículo 11. Modificaciones del trazado.<O:P></O:P> 1. Por razones de interés público y, excepcionalmente y de forma motivada, por interés particular, previa desafectación, se podrá variar o desviar el trazado de una vía pecuaria, siempre que se asegure el mantenimiento de la integridad superficial, la idoneidad de los itinerarios y de los trazados, junto con la continuidad del tránsito ganadero y de los demás usos compatibles y complementarios con aquél.<O:P></O:P> 2. La modificación del trazado se someterá a consulta previa de las Corporaciones locales, de las Cámaras Agrarias, de las organizaciones profesionales agrarias afectadas y de aquellas organizaciones o colectivos cuyo fin sea la defensa del medio ambiente.<O:P></O:P> La modificación del trazado se someterá a información pública por espacio de un mes.<O:P></O:P> Artículo 12. Modificaciones del trazado como consecuencia de una nueva ordenación territorial.<O:P></O:P> En las zonas objeto de cualquier forma de ordenación territorial, el nuevo trazado que, en su caso, haya de realizarse, deberá asegurar con carácter previo el mantenimiento de la integridad superficial, la idoneidad de los itinerarios y la continuidad de los trazados, junto con la del tránsito ganadero, así como los demás usos compatibles y complementarios de aquél.<O:P></O:P> Artículo 13. Modificaciones por la realización de obras públicas sobre terrenos de vías pecuarias.<O:P></O:P> 1. Cuando se proyecte una obra pública sobre el terreno por el que discurra una vía pecuaria, la Administración actuante deberá asegurar que el trazado alternativo de la vía pecuaria garantice el mantenimiento de sus características y la continuidad del tránsito ganadero y de su itinerario, así como los demás usos compatibles y complementarios de aquél.<O:P></O:P> 2. En los cruces de las vías pecuarias con líneas férreas o carreteras se deberán habilitar suficientes pasos al mismo o distinto nivel que garanticen el tránsito en condiciones de rapidez y comodidad para los ganados.<O:P> <H5 style="TEXT-ALIGN: center" align=center><BIG>CAPÍTULO IV. OCUPACIONES Y APROVECHAMIENTOS EN LAS VÍAS PECUARIAS<O:P></O:P></BIG></H5> Artículo 14. Ocupaciones temporales.<O:P></O:P> Por razones de interés público y, excepcionalmente y de forma motivada, por razones de interés particular, se podrán autorizar ocupaciones de carácter temporal, siempre que tales ocupaciones no alteren el tránsito ganadero, ni impidan los demás usos compatibles o complementarios con aquél.<O:P></O:P> En cualquier caso, dichas ocupaciones no podrán tener una duración superior a los diez años, sin perjuicio de su ulterior renovación. Serán sometidas a información pública por espacio de un mes y habrán de contar con el informe del Ayuntamiento en cuyo término radiquen.<O:P></O:P> Artículo 15. Aprovechamientos sobrantes.<O:P></O:P> 1. Los frutos y productos no utilizados por el ganado en el normal tránsito ganadero podrán ser objeto de aprovechamiento.<O:P></O:P> 2. Los aprovechamientos tendrán carácter temporal y plazo no superior a diez años. Su otorgamiento se realizará con sometimiento a los principios de publicidad y concurrencia. Los aprovechamientos podrán ser revisados:<O:P></O:P> a. Cuando se hayan modificado los supuestos determinantes de su otorgamiento.<O:P></O:P> b. En caso de fuerza mayor a petición de los beneficiarios. 3. El importe del precio público que se perciba, en su caso, por los frutos y aprovechamientos de las vías pecuarias se destinará a la conservación, vigilancia y la mejora de las mismas.<O:P> <H5 style="TEXT-ALIGN: center" align=center><BIG>TÍTULO II. DE LOS USOS COMPATIBLES Y COMPLEMENTARIOS DE LAS VÍAS PECUARIAS<O:P></O:P></BIG></H5> Artículo 16. Usos compatibles.<O:P></O:P> 1. Se consideran compatibles con la actividad pecuaria los usos tradicionales que, siendo de carácter agrícola y no teniendo la naturaleza jurídica de la ocupación, puedan ejercitarse en armonía con el tránsito ganadero.<O:P></O:P> Las comunicaciones rurales y, en particular, el desplazamiento de vehículos y maquinaria agrícola deberán respetar la prioridad del paso de los ganados, evitando el desvío de éstos o la interrupción prolongada de su marcha. Con carácter excepcional y para uso específico y concreto, las Comunidades Autónomas podrán autorizar la circulación de vehículos motorizados que no sean de carácter agrícola, quedando excluidas de dicha autorización las vías pecuarias en el momento de transitar el ganado y aquellas otras que revistan interés ecológico y cultural.<O:P></O:P> 2. Serán también compatibles las plantaciones lineales, cortavientos u ornamentales, cuando permitan el tránsito normal de los ganados.<O:P></O:P> Artículo 17. Usos complementarios.<O:P></O:P> 1. Se consideran usos complementarios de las vías pecuarias el paseo, la práctica del senderismo, la cabalgada y otras formas de desplazamiento deportivo sobre vehículos no motorizados siempre que respeten la prioridad del tránsito ganadero.<O:P></O:P> 2. Podrán establecerse sobre terrenos de vías pecuarias instalaciones desmontables que sean necesarias para el ejercicio de estas actividades conforme a lo establecido en el artículo 14.<O:P></O:P> Para ello será preciso informe del Ayuntamiento y autorización de la Comunidad Autónoma.<O:P> 3. Cuando algunos usos en terrenos de vías pecuarias puedan suponer incompatibilidad con la protección de ecosistemas sensibles, masas forestales con alto riesgo de incendio, especies protegidas y prácticas deportivas tradicionales, las Administraciones competentes podrán establecer determinadas restricciones temporales a los usos complementarios.<O:P></O:P> <H5 style="TEXT-ALIGN: center" align=center><BIG>TÍTULO III. RED NACIONAL DE VÍAS PECUARIAS<O:P></O:P></BIG></H5> Artículo 18. Red Nacional de Vías Pecuarias.<O:P></O:P> 1. Se crea la Red Nacional de Vías Pecuarias, en la que se integran todas las cañadas y aquellas otras vías pecuarias que garanticen la continuidad de las mismas, siempre que su itinerario discurra entre dos o más Comunidades Autónomas y también las vías pecuarias que sirvan de enlace para los desplazamientos ganaderos de carácter interfronterizo.<O:P></O:P> 2. Podrán incorporarse a la Red Nacional, a petición de las Comunidades Autónomas, otras vías pecuarias que, discurriendo por sus territorios respectivos, estén comunicadas con dicha Red.<O:P></O:P> 3. Los expedientes de desafectación y de expropiación, junto con los negocios jurídicos de adquisición que afecten a terrenos de las vías pecuarias integradas en la Red Nacional, son competencia de las Comunidades Autónomas, previo informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.<O:P></O:P> 4. Las resoluciones aprobatorias del deslinde de vías pecuarias que, de conformidad con el apartado 1 de este artículo, deban integrarse en la Red, harán constar esta circunstancia. La señalización de las mismas reflejará necesariamente su integración en la Red Nacional.<O:P> 5. La clasificación y demás actos administrativos posteriores, que afecten a las vías pecuarias integradas en la Red Nacional, se incorporarán al Fondo Documental de Vías Pecuarias del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. A estos efectos las Comunidades Autónomas facilitarán a dicho Fondo información suficiente relativa a dichos actos. <H5 style="TEXT-ALIGN: center" align=center><BIG>TÍTULO IV. DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES<O:P></O:P></BIG></H5> Artículo 19. Disposiciones generales.<O:P></O:P> 1. Las acciones u omisiones que infrinjan lo previsto en la presente Ley generarán responsabilidad de naturaleza administrativa, sin perjuicio de la exigible en vía penal, civil o de otro orden en que puedan incurrir los responsables.<O:P></O:P> 2. Cuando no sea posible determinar el grado de participación de las distintas personas que hubiesen intervenido en la realización de la infracción, la responsabilidad será solidaria, sin perjuicio del derecho a repetir frente a los demás participantes, por parte de aquél o aquéllos que hubieran afrontado las responsabilidades.<O:P></O:P> 3. En ningún caso se producirá una doble sanción por los mismos hechos y en función de los mismos intereses públicos protegidos, si bien deberán exigirse las demás responsabilidades que se deduzcan de otros hechos o infracciones concurrentes.<O:P></O:P> Artículo 20. Reparación de daños.<O:P></O:P> 1. Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que en cada caso procedan, el infractor deberá reparar el daño causado. La reparación tendrá como objetivo lograr, en la medida de lo posible, la restauración de la vía pecuaria al ser y estado previos al hecho de cometerse la agresión.<O:P></O:P> En el caso de que no se pueda restaurar el daño en el mismo lugar deberá recuperarse en otro espacio donde cumpla la finalidad de la vía pecuaria.<O:P></O:P> 2. Asimismo, la Administración de la Comunidad Autónoma podrá subsidiariamente proceder a la reparación por cuenta del infractor y a costa del mismo. En todo caso, el infractor deberá abonar todos los daños y perjuicios ocasionados en el plazo que, en cada caso, se fije en la resolución correspondiente.<O:P></O:P> 3. Con independencia de las que puedan corresponder en concepto de sanción, el órgano sancionador podrá acordar la imposición de multas coercitivas con arreglo a lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 30/1992, una vez transcurridos los plazos señalados en el requerimiento correspondiente. La cuantía de cada una de dichas multas no superará el 20% de la multa fijada por la infracción correspondiente.<O:P></O:P> Artículo 21. Clasificación de infracciones.<O:P></O:P> 1. Las infracciones se clasificarán en muy graves, graves y leves.<O:P></O:P> 2. Son infracciones muy graves:<O:P></O:P> a. La alteración de hitos, mojones o indicadores de cualquier clase, destinados al señalamiento de los límites de las vías pecuarias.<O:P></O:P> b. La edificación o ejecución no autorizada de cualquier tipo de obras en terrenos de vías pecuarias.<O:P></O:P> c. La instalación de obstáculos o la realización de cualquier tipo de acto que impida totalmente el tránsito de ganado o previsto para los demás usos compatibles o complementarios.<O:P></O:P> d. Las acciones u omisiones que causen daño o menoscabo en las vías pecuarias o impidan su uso, así como la ocupación de las mismas sin el debido título administrativo.<O:P></O:P> 3. Son infracciones graves:<O:P></O:P> a. La roturación o plantación no autorizada que se realice en cualquier vía pecuaria.<O:P></O:P> b. La realización de vertidos o el derrame de residuos en el ámbito delimitado de una vía pecuaria.<O:P></O:P> c. La corta o tala no autorizada de los árboles existentes en las vías pecuarias.<O:P></O:P> d. El aprovechamiento no autorizado de los frutos o productos de las vías pecuarias no utilizables por el ganado.<O:P></O:P> e. La realización de obras o instalaciones no autorizadas de naturaleza provisional en las vías pecuarias.<O:P></O:P> f. La obstrucción del ejercicio de las funciones de policía, inspección o vigilancia previstas en la presente Ley.<O:P></O:P> g. Haber sido sancionado, por resolución firme, por la comisión de dos faltas leves en un período de seis meses.<O:P></O:P> 4. Son infracciones leves:<O:P></O:P> a. Las acciones u omisiones que causen daño o menoscabo en las vías pecuarias, sin que impidan el tránsito de ganado o demás usos compatibles o complementarios.<O:P></O:P> b. El incumplimiento de las condiciones establecidas en los correspondientes títulos administrativos.<O:P></O:P> c. El incumplimiento total o parcial de las prohibiciones establecidas en la presente Ley y la omisión de actuaciones que fueran obligatorias conforme a ellas.<O:P></O:P> Artículo 22. Sanciones.<O:P></O:P> 1. Las infracciones tipificadas en el artículo 21 serán sancionadas con las siguientes multas:<O:P></O:P> a. Infracciones leves, multa de 10.000 a 100.000 pesetas.<O:P></O:P> b. Infracciones graves, multa de 100.001 a 5.000.000 de pesetas.<O:P></O:P> c. Infracciones muy graves, multa de 5.000.001 a 25.000.000 de pesetas.<O:P></O:P> 2. Las sanciones se impondrán atendiendo a su repercusión o su trascendencia por lo que respecta a la seguridad de las personas y bienes, así como al impacto ambiental y a las circunstancias del responsable, su grado de culpa, reincidencia, participación y beneficios que hubiesen obtenido y demás criterios previstos en el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.<O:P></O:P> 3. Las sanciones impuestas por infracciones muy graves, una vez firmes, serán publicadas en la forma que se determine reglamentariamente.<O:P></O:P> Artículo 23. Responsabilidad penal.<O:P></O:P> Cuando la infracción pudiera ser constitutiva de delito o falta, se dará traslado del tanto de culpa al Ministerio Fiscal, suspendiéndose la tramitación del procedimiento sancionador mientras la autoridad judicial no hubiera dictado sentencia firme o resolución que ponga fin al proceso.<O:P></O:P> La sanción penal excluirá la imposición de sanción administrativa en los casos en que se aprecie la identidad del sujeto, del hecho y del fundamento. De no haberse estimado la existencia de delito o falta, el órgano competente continuará, en su caso, el expediente sancionador teniendo en cuenta los hechos declarados probados en la resolución firme del órgano judicial competente.<O:P></O:P> Artículo 24. Prescripción de infracciones y sanciones.<O:P></O:P> 1. Las infracciones administrativas contra lo dispuesto en la presente Ley prescribirán: en el plazo de cinco años las muy graves, en el de tres años las graves y en el de un año las leves.<O:P></O:P> 2. Las sanciones impuestas por la comisión de faltas muy graves prescribirán a los tres años, en tanto que las impuestas por faltas graves o leves lo harán a los dos años o al año, respectivamente.<O:P></O:P> El plazo de prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido o desde el día en que finalice la acción.<O:P></O:P> Artículo 25. Competencia sancionadora.<O:P></O:P> Las Comunidades Autónomas serán competentes para instruir y resolver los expedientes sancionadores, así como para adoptar las medidas cautelares o provisionales destinadas a asegurar la eficacia de la resolución final que pudiera recaer.<O:P></O:P> DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. Clasificación urgente de las vías pecuarias no clasificadas.<O:P></O:P> Las vías pecuarias no clasificadas conservan su condición originaria y deberán ser objeto de clasificación con carácter de urgencia.<O:P> DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA. Régimen arancelario de las inscripciones de vías pecuarias en el Registro de la Propiedad.<O:P></O:P> El régimen arancelario de las inscripciones que se practiquen en los Registros de la Propiedad de los bienes de dominio público a que se refiere esta Ley será determinado por Real Decreto, atendiendo al costo del servicio registral.<O:P> DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA. Régimen de las vías pecuarias que atraviesan las Reservas Naturales y los Parques.<O:P></O:P> 1. El uso que se dé a las vías pecuarias o a los tramos de las mismas que atraviesen el terreno ocupado por un Parque o una Reserva Natural estará determinado por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y, además, en el caso de los Parques, por el Plan Rector de uso y gestión, aunque siempre se asegurará el mantenimiento de la integridad superficial de las vías, la idoneidad de los itinerarios, de los trazados, junto con la continuidad del tránsito ganadero y de los demás usos compatibles y complementarios de aquél.<O:P></O:P> 2. Lo establecido en el apartado anterior será también aplicable a los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y a los Planes de uso y gestión de los Parques Nacionales incluidos en la Red Estatal.<O:P> DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. <O:P></O:P> Las clasificaciones, deslindes, amojonamientos, expedientes sancionadores, expedientes de innecesariedad, enajenaciones, ocupaciones temporales y aprovechamientos que se encontraren en tramitación a la entrada en vigor de la presente Ley, se ajustarán a la normativa básica y requisitos establecidos en la misma.<O:P> DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA. <O:P></O:P> Queda derogada la Ley 22/1974, de 27 de junio, de Vías Pecuarias, y el Real Decreto 2876/1978, de 3 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de las Vías Pecuarias, así como cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en esta Ley.<O:P> DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. Aplicación de la Ley.<O:P></O:P> Son normas básicas, a los efectos de lo previsto en el artículo 149.1.23. de la Constitución, los siguientes artículos y disposiciones: artículos 1 a 7, apartados 1 a 3 y 7 del artículo 8, artículos 10 a 17 y 19 a 25, disposición adicional primera, apartado 1 de la disposición adicional tercera, disposición transitoria única y disposiciones finales primera y segunda.<O:P></O:P> Son normas de aplicación plena en todo el territorio nacional en virtud de lo dispuesto en los artículos 149.1.6.y 8. de la Constitución los siguientes artículos y disposiciones: apartados 4, 5 y 6 del artículo 8 y disposición adicional segunda.<O:P> DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. Aplicación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.<O:P></O:P> En todo lo no previsto en el Título IV de la presente Ley será de aplicación el Título IX de la Ley 30/1992.<O:P> DISPOSICIÓN FINAL TERCERA. Desarrollo de la Ley.<O:P></O:P> Corresponde al Gobierno y a las Comunidades Autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, dictar las disposiciones que sean precisas para el desarrollo de esta Ley.<O:P> DISPOSICIÓN FINAL CUARTA. Actualización de las sanciones.<O:P></O:P> El Gobierno, mediante Real Decreto, podrá actualizar la cuantía de las multas establecidas en esta Ley de acuerdo con las variaciones que experimente el índice de precios al consumo.<O:P> DISPOSICIÓN FINAL QUINTA. Entrada en vigor de la Ley.<O:P></O:P> La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.<O:P></O:P> <O:P></O:P>Por tanto, mando a todos los españoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley.<O:P></O:P> - Juan Carlos Rey. -<O:P> El Presidente del Gobierno, Felipe González Márquez</O:P></O:P></O:P></O:P></O:P></O:P></O:P></O:P></O:P></O:P></O:P></O:P></O:P></O:P></O:P></O:P>

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1 Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias

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5838 <?xml:namespace prefix = o /><o:p></o:p> La publicación de las balanzas fiscales autonómicas es una necesidad en un Estado moderno. La información tiene que fluir hacia los ciudadanos para que estos puedan tomar la mejor decisión que consideren y realizar una valoración de sus dirigentes políticos. <o:p></o:p> Sin embargo, considerar a estas como la única o la principal variable para la discusión del reparto de los recursos estatales nos haría caer en un error de apreciación de la realidad que vivimos. <o:p></o:p> Como parte de un todo, medir exactamente lo que aporta y recibe cada individualidad es una tarea imposible. ¿Cómo evaluar los recursos que recibe Madrid por ser la capital del Estado? ¿Cómo se mide los beneficios económicos de los pueblos rurales y su contribución al medio ambiente? ¿Cómo hacemos para saber los recursos generados por una determinada institución científica y los empleos que crea en una determinada Comunidad?, etc. Estos son algunos ejemplos de las cuestiones que las balanzas fiscales dejan sin resolver y las realidades que ocultan. <o:p></o:p> Por otro lado, las economías regionales no son islas autosuficientes, y la actividad económica que en ella se desarrollan son en consecuencia de estar insertadas en un marco más amplio, del Estado y de la Unión Europea. <o:p></o:p> Un tercer aspecto hace referencia a las características geográficas y poblacionales de las Autonomías. En cuanto a la geografía, este es un factor dado que es imposible modificar, los cursos de los ríos, las costas, la fertilidad del suelo, los minerales, etc., y tiene un gran impacto en la actividad productiva. Los aspectos poblacionales están en buena medida fijados, ya que sus cambios son a largo plazo. <o:p></o:p> Por ello, en la discusión del reparto del pastel estatal, no es posible basar la argumentación exclusivamente en las balanzas fiscales, es necesario adoptar una visión global del conjunto de la economía, ya que, al fin y al cabo, cuanto mejor estén nuestros vecinos, mejor estaremos nosotros...

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2008-07-27T18:21:00Z 180294

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balanzas-balanceadas-

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1 Balanzas balanceadas??

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