0.0.0.0 14356 9738 Madrid, 12 de marzo de 2009 Llamazares argumenta que “la ineficaz fórmula del copago discriminaría en función de renta a determinados sectores de la población y convertiría en crónicos los problemas agudos de salud” La Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley defendida por el portavoz parlamentario de Izquierda Unida y presidente de la citada comisión, Gaspar Llamazares, en la que se rechaza la introducción de la “ineficaz fórmula” del copago en la Sanidad Pública española, por entender que afectaría “gravemente a la accesibilidad, la universalidad y la gratuidad de la atención integral de los pacientes”. El texto final, tras la enmienda transada con el resto de grupos, considera que la mejora en la eficiencia de la gestión en la política de Salud Pública, junto con un sistema de financiación autonómico adecuado, dan “un margen suficiente de sostenibilidad al Sistema Nacional de Salud (SNS)”, en el marco de un Pacto por la Sanidad en el que participen todos los agentes implicados, para prescindir del copago en decisiones futuras. Llamazares había explicado previamente que la iniciativa de Izquierda Unida, presentada a través del Grupo Parlamentario de ERC-IU-ICV, buscaba como objetivo fundamental “rechazar solemnemente” la fórmula del copago en un momento en el que propuestas similares “recorren Europa como un fantasma” y hacerlo, además, en “la antesala de los trabajos de estudio del Pacto por la Sanidad”. Analizó que el coste añadido que supone el copago para el paciente “trata de disuadirle de usar los servicios sanitarios” y discrimina el acceso a los mismos. Para Llamazares, el sistema sanitario español debe mantenerse al margen de esas propuestas que recorren Europa “en forma del euro por asistir a la consulta en Francia o el ticket moderador de Alemania. No es más que un “ataque directo a la universalidad del acceso al Sistema Nacional de Salud”. Gaspar Llamazares puso un ejemplo muy concreto para que fuera apoyada la propuesta de IU al señalar que “discriminar por razón de renta a determinados sectores de la población, dificultándoles el acceso a la sanidad, sólo conseguirá que problemas agudos de salud se conviertan en crónicos y que, en consecuencia, generen mayores costes sanitarios”. Por otra parte, en la misma comisión fue aprobada también otra proposición no de ley de IU en la que se insta al Ejecutivo a poner en marcha “de forma urgente la Comisión Mixta de Coordinación del Instituto Carlos III”, contemplada en un decreto aprobado en julio del año pasado, después de que esta institución fuera transferida al Ministerio de Ciencia e Innovación. El texto de IU quiere también que se asegure la participación conjunta y efectiva del Ministerio de Sanidad y Consumo junto con el de Ciencia e Innovación en las instituciones y servicios de Salud Pública integrados en el Carlos III, y que la función investigadora de este instituto se realice teniendo en cuenta las prioridades de política sanitaria y de salud pública del departamento que dirige Bernat Soria. A través de una enmienda transaccional el texto final reclama que la función investigadora del Instituto se realice teniendo en cuenta las prioridades de política sanitaria del Ministerio de Sanidad y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. También que se mantengan como funciones básicas del Carlos III la formación e investigación sanitarias en relación al Sistema Nacional, siempre en coordinación con las CC.AA. Llamazares considera que, en la actualidad, en el Carlos III reina una “desorganización rampante”, debida a la confusión que genera la dependencia directa de Ciencia e Innovación y el tener que decidir sobre temas que, en buena parte de las veces, atañen también al Ministerio de Sanidad. <A href="http://www1.izquierda-unida.es/noticia.php?id=4869">http://www1.izquierda-unida.es/noticia.php?id=4869</A> 1 2009-03-13T19:46:16Z 2009-03-14T14:48:00Z 294643 2009-03-14T14:55:22Z izquierda-unida-logra-el-congreso-rechace-copago 2009-03-13T19:46:16Z 1 1 2009-03-14T14:55:22Z 0.0.0.0 2620 2695 <div align="justify"><strong>La Ley de Dependencia excluye los geriátricos de los servicios gratuitos <em>Los ancianos con menos de 517 euros de renta también pagarán por su plaza</em></strong> La gratuidad en las ayudas de la Ley de Dependencia sólo alcanzará a las rentas más bajas y en las prestaciones menos costosas. Los más humildes también tendrán que aportar por tener una plaza de residencia. El Ministerio de Educación y Políticas Sociales, que dirige Mercedes Cabrera, y las comunidades han cerrado el desarrollo normativo de la Ley de Dependencia dejándolo muy abierto. Los márgenes son tan anchos que cada autonomía podrá legislar a su modo. Apenas se han acordado unos mínimos comunes sobre la cuantía económica que tendrán que aportar los beneficiarios de la ley y sobre el personal que los atenderá. Los ancianos cuya pensión no alcance los 517 euros no tendrán que aportar nada por los servicios que se les preste, salvo si se les concede una plaza en un geriátrico. En ese caso, cada comunidad decidirá cuánto pone el usuario: puede que nada, o puede que una buena parte, aunque nunca el coste total. Los que estén por encima de los 517 euros pagarán una parte del servicio que reciban (a menos que la comunidad quiera dárselo gratis, harto improbable). Para decidir cuánto aportará cada beneficiario se considerará su propia renta, no la de la unidad familiar. La vivienda habitual del usuario sólo computará en la renta cuando se le otorgue una plaza de residencia. Pero no si en ella vive el cónyuge, hijos menores, discapacitados o familiares a cargo del anciano. El acuerdo de copago establece también que los cuidadores familiares nunca cobren menos del 75% de la ayuda correspondiente. Y para el resto de las prestaciones económicas previstas, nunca se pagará menos del 40%. Respecto a la calidad de los servicios que se presten y a la cualificación del personal, desde el director a los auxiliares de los centros geriátricos tendrán que tener una titulación adecuada. El 35% de ellos deberán acreditarla en 2011 y para 2015, todos. Los centros geriátricos deberán tener en 2015 casi un trabajador por cada dos usuarios. Ambos acuerdos han salido por mayoría, con la abstención de las comunidades gobernadas por el PP y Canarias. El PP lamentó que no sean decretos, como otros desarrollos de la ley. No confían en la obligatoriedad de un simple acuerdo. Habrá, dicen, 17 modelos para atender a los dependientes. La consejera catalana, Carme Capdevila, se abstuvo en el acuerdo de acreditación de centros, por las competencias autonómicas. Advierte que la falta de financiación puede obligarla a suspender las ayudas de uno a tres meses.</div> <div align="center"><strong>Publicado en <em><a href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Ley/Dependencia/excluye/geriatricos/servicios/gratuitos/elpepusoc/20081128elpepisoc_5/Tes" title="Abre en ventana independiente" target="_blank">EL PAÍS</a></em> del 28 de Noviembre de 2008</strong></div> 1 2008-11-28T21:52:49Z 2008-11-28T21:51:00Z 240230 2008-11-29T21:21:58Z -es-este-cuarto-pilar-del-estado-bienestar-del-tanto 2008-11-28T21:52:49Z 1 1 2008-11-29T21:21:59Z 0.0.0.0 19968 12905 <img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 400px; height: 231px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_VASAYnUH9KM/SQXSuNUwjeI/AAAAAAAAAJQ/n-3ptbuuzhA/s400/gr07332818062008.jpg" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5261843430944837090">Parece ser que el tema, uno de los tabúes de la Sanidad gubernamental, se planteó en el último Consejo Interterriorial, celebrado en Zaragoza el pasado mes de septiembre. Marina Geli dice que todos los consejeros de Sanidad de las comunidades autónomas quieren el copago , pero que no lo quieren decir en público. Y la verdad es que me lo creo, más aun cuando son varios los sistemas sanitarios autonómicos que están en situación de quiebra técnica. Entre ellos, por supuesto, el de Cataluña; por lo que no es de extrañar que la Consellera de Salut de la Generalitat catalana haya reabierto -una vez más- el vetusto debate del copago.<div>Personalmente, estoy convencido de que el copago de los servicios sanitarios es un futuro ineludible y que cuanto antes se instaure mejor. Mejor para el Sistema Nacional de Sanidad. Mejor para la calidad asistencial. Y, ante todo, mejor para los usuarios del sistema público de salud.</div><div>Y la ocasión, la de la crisis financiera internacional, la pintan calva. ¿Qué mejor momento que éste? Aunque me temo que el Gobierno no está por la labor, empeñado en defender la entelequia de la gratuidad de un sistema sanitario universal. De hecho, ya existe el copago. Por un lado, los usuarios abonamos en términos generales y con la exención de los jubilados, un 40% del precio de los medicamentos. También en algunas comunidades autónomas se paga entre uno y dos céntimos por litro de gasolina, el famoso céntimo sanitario que ahora se columpia sobre el abismo de las arbitrarias decisiones de la Comisión Europea.</div><div>Copago es, en este caso, sinónimo de corresponsabilidad. Pero, ¡ojo!, por ambas partes: paciente y administración, o administración y paciente, que tanto da. Si quiere tener un buen sistema sanitario, hay que cuidarlo; lo que no es posible con presupuestos deficitarios, una gestión política - esto no quiere decir que haya que recurrir a la gestión privada, sino a criterios de gestión privada- y una mala utilización de los recursos disponibles por parte del usuario y los propios profesionales de la salud.</div><div> </div><div><strong>Contribuir a la continuidad del sistema</strong> </div><div>La corresponsabilidad, el copago, supone, por ejemplo, penalizar con una prestación económica a quienes acuden a los servicios de urgencia sin tratarse de una situación de urgencia. Se evitarían así las largas horas de espera para ser atendido. Pero para ello debe haber una contrapartida: que haya servicios de urgencias en los Centros de Salud funcionando las 24 horas de los siete días a la semana que canalicen hacia el hospital los casos realmente urgentes. Sólo así se evitarán las masificaciones de los servicios de urgencia de los hospitales que, hoy por hoy, continúan siendo la vía más eficaz para evitar las listas de espera.</div><div>También supondría pagar un canon por consulta. Pero la contrapartida es desburocratizar la consulta del médico de atención primaria -por ejemplo, librándoles de cumplimentar el parte de baja o las recetas de los pacientes crónicos; potenciando la labor de la enfermería, etc.-. Otro tanto debería ocurrir con las consultas de los especialistas y las pruebas diagnósticas.</div><div>Pero para que los usuarios acepten el corresponsabilidad del copago deben estar informados de lo que cuesta su asistencia médica, sea del tipo que sea; o, dicho de otro modo, de lo que se ahorra por vivir en un país con un sistema sanitario, público, universal y casi gratuito.</div><div>Para mí no es válido el argumento al que se acude habitualmente para rechazar el copago. Con la cuota de la Seguridad Social que pagan todos los trabajadores se adquieren derechos a prestaciones como el paro, la jubilación, la baja remunerada y la asistencia sanitaria. Pero en este último caso debería añadirse la corresponsabilidad en garantizar la continuidad del sistema. El que algo quiere, algo le cuesta, señale el dicho popular, que han asumido desde un inicio las aseguradoras privadas, que cobran por acto médico.</div><div> </div><div><strong>Tanto ganas, tanto pagas</strong> </div><div>Si en la declaración de la renta cuanto más se gana menos se paga, el copago sanitario debe asumir la tesis contraria, es decir, pagar en función de los ingresos, independientemente de si se es o no jubilado. El sistema debe ser solidario con los que menos tienen y ésta es la única manera de lograrlo. Y la informática ya ha resuelto desde hace tiempo la viabilidad de establecer los controles necesarios, para garantizar que esta corresponsabildad solidaria se lleve a cabo sin perjudicar a los más débiles.</div><div>En cualquier caso, antes o después el Gobierno tendrá que apartar el árbol para ver el bosque de los sistemas sanitarios de las Comunidades Autónomas, con sus problemas reales de financiación y estructuración organizativa. Obviamente, es más que probable que haya un rédito político que asumir por la osadía de hacer lo correcto. De hecho, estoy convencido de que es la única razón de que aun no se haya establecido el copago, aun a costa de una clara pérdida de calidad asistencial que perjudica tanto al usuario como a los profesionales de la salud, cada vez más desmotivados. Ahora, la crisis económica ofrece un pretexto magnífico para establecer lo todos saben que antes o después habrá que hacer para garantizar la estabilidad del sistema sanitario. Se supone que hay que legislar en beneficio del ciudadano y la estabilidad social y no para mantener la poltrona. Los políticos deberían aprender que la propia imagen no está reñida con la eficacia y mucho menos con la eficiencia. Muy al contrario, hay un claro rendimiento de coste-beneficio. Pero, ¿sabrán lo que es esto?</div> 6 2008-10-27T12:49:55Z 2008-10-27T12:30:00Z 223575 2008-12-17T05:40:30Z el-copago-futuro-ineludible 2008-10-27T14:35:46Z 1 1 2008-12-17T05:40:31Z 0.0.0.0 2620 2695 <DIV align=justify>Me dirijo a usted, señor director, con el objeto de poder compartir con los lectores mi situación personal en cuanto a la famosa Ley de Dependencia. Tengo a mi cuidado a mi suegro de 86 años, reconocido por la ley con un grado 3 de dependencia, lo que le equipara a una gran dependencia, esto es: «cuando la persona necesita ayuda par a realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día, y por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal». Llevamos en esta situación más de 4 años y, desde hace unos meses, nos satisfacía pensar que parte de dichos cuidados iban a ser cubiertos económicamente por nuestra autonomía o por el Estado, pues así nos lo habían hecho saber con las continuas alusiones a las ayudas que con la tan alardeada políticamente Ley de Dependencia se iban a empezar a conceder. Iniciamos la solicitud y he aquí la respuesta. A mi suegro le ha sido concedida la ayuda. Que alegría. La Consejería de Bienestar Social se ha pronunciado a su favor y nos hace constar que a mi suegro le corresponden por su nivel máximo de dependencia entre 70 y 90 horas de cuidados al mes, eso sí ¿enteramente pagadas de su bolsillo! Pero que bien funcionan las prestaciones sociales en España. Es de risa. Lo que a Zapatero se le había olvidado decirnos, tan ocupado en presumir de sus ayudas sociales de risa, era que «los beneficiarios contribuirían económicamente a la financiación de los servicios de forma progresiva en función de su capacidad económica». Aquí estamos hablando de una pensión de 800 euros para ambos cónyuges, y de unos ahorros en el banco fruto de una vida de sacrificio. ¿Será que con la pésima gestión de la economía las ayudas sociales dan para muy pocos?</DIV> <DIV align=center><B>Publicado en OPINIÓN CARTAS de <I><A title="Abre en ventana independiente" href="http://www.elcomerciodigital.com/gijon/prensa/20080320/opinion/fiasco-ayuda-social-20080320.html" target=_blank>EL COMERCIO DIGITAL </A></I>el 21 de Marzo de 2008</B></DIV> 0 2008-03-21T00:18:27Z 2008-03-21T00:16:00Z 116835 el-fiasco-la-ayuda-social 2008-03-21T00:18:27Z 1 1 2008-03-21T00:18:27Z 0.0.0.0 2620 2695 <DIV align=center> <OBJECT height=355 width=425><PARAM NAME="movie" VALUE="http://www.youtube.com/v/s8tobYd7P0Y&amp;rel=1"><PARAM NAME="wmode" VALUE="transparent"> <embed src="http://www.youtube.com/v/s8tobYd7P0Y&rel=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="355"></embed></OBJECT></DIV> 0 2008-02-24T22:45:43Z 2008-02-24T22:44:00Z 103930 el-copago-es-injusticia-solo-se-aplica-el-sistema-de 2008-02-24T22:45:43Z 1 1 2008-02-24T22:45:43Z 0.0.0.0 2620 2695 <B>La Ley de Autonomía Personal tiene un error de base: y es que se trata de igual manera a una persona de 91 años que no tiene movilidad, que a una persona de 33 parapléjica que lo único que quiere es ser lo más autónomo posible.</B> NADIE duda de que la ley de Autonomía Personal, que ahora celebramos un año de aplicación, ha supuesto un avance en cuanto a la cobertura social de las personas que se encuentran en una situación de desigualdad porque no pueden desarrollarse por si mismos de manera autónoma. Tras un año de la aplicación de la ley, me gustaría hacer unas reflexiones sobre lo que falsamente el Ministro Caldera llama al cuarto pilar del bienestar. Nos dicen que estamos ante un nuevo modelo en el que las personas tenemos unos 'derechos' que nos pertenecen y que ya nadad ni nadie de manera graciable puede o no conceder una prestación. Hasta ahí de acuerdo. Pero no puedo compartir que sea éste el cuarto pilar del bienestar equiparándolo a la sanidad y la educación. Esto es una falsedad ya que en el nuevo sistema se regula el co-pago de las prestaciones, mientras que en sanidad y en educación la gratuidad está garantizada. En este nuevo sistema dependiendo de los recursos económicos que tengas, tendrás que pagar una parte de la prestación. Otro gran error es que la aplicación de la Ley está condicionada a la consignación presupuestaria de la Comunidad Autónoma. Para 2008, 270 millones de euros. ¿Y que pasa si se acaban los fondos? ¿No sé atenderá la demanda? En el 2008 haya que dar respuesta a los grandes dependientes y a la dependencia severa. ¿Sabemos realmente si todos los grandes dependientes han solicitado ya ser valorados? No es lo mismo la ayuda a domicilio que una plaza en residencia, no tiene le mismo coste. Y otra gran decepción que me ha llevado cuando hago balance y reflexiono sobre este 1er año de aplicación de la ley, es que lejos de promocional la Autonomía Personal, ha asentado aún más la dependencia. Esta ley tiene, bajo mi punto de vista y tras un año de aplicación, un error de base: y es que se trata de igual manera a una persona de 91 años que no tiene movilidad y no puede ni comunicarse, que a una persona de 33 años parapléjica que lo único que quiere es ser lo más autónomo posible. Para atender su demanda se les plantea el mismo catálogo de servicios, hasta ahora: ayuda a domicilio o prestación económica para cuidador no profesional. Esto es lo único que se está ofertando ahora porque no hay suficientes plazas en residencias públicas, ni en centro de día; no existen centros de noche, y la figuran tan importante del asistente personal apenas la han explorado. Son miles las personas que, en Málaga se sienten y quieren ser autónomos y sólo necesitan el apoyo del asistente personal para realizar algunas actividades. No quiero terminar sin dirigirme a todas aquellas familias que solicitaron ser valoradas en abril, mayo y junio, y aún no tiene respuesta. A todas ellos quiero dejarles claro que desde el Ayuntamiento, nuestros trabajadores sociales están haciendo un gran esfuerzo para que todo vaya lo más rápidamente posible. Han sido 14.000 personas las que han acudido a solicitar información y a todos se les ha atendido personalmente. Han sido 14.000 personas las que han acudido a solicitar información y a todos se les ha atendido personalmente. De ellas, casi 6000 han sido valoradas y al día de hoy hay elaborados 450 planes individuales de atención. Nos gustaría que todos tuviesen ya su prestación pero eso no es nuestra responsabilidad. Con un apoyo tan pequeño en recursos humanos no podemos llegar a más. Quizás hubiese sido más eficaz primero dotar a los Ayuntamientos de más personal cualificado para que el desarrollo de esta ley, que tanta publicidad ha tenido y tantas expectativas ha generado, no suponga frustración en muchas familias que aún no han recibido respuesta. <DIV align=right><B>MARIVÍ ROMERO.- Concejala de Bienestar social del ayuntamiento de Málaga</B> Publicado en <A title="Abre en ventana independiente" href="http://www.diariosur.es/prensa/20080131/opinion/autonomia-dependencia-20080131.html" target=_blank>DIARIO SUR</A> el 31/01/2008</DIV> 6 2008-01-31T22:20:11Z 2008-02-01T11:00:00Z 91102 2008-02-03T00:26:22Z -autonomia-o-dependencia- 2008-02-01T11:00:06Z 1 1 2008-02-03T00:26:22Z 0.0.0.0 2620 2695 Hace ya algunos meses, en marzo de 2007, José Benito Durán exponía en esta misma revista la estructura y calendario de la entonces recién aprobada Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia (39/2006), haciendo énfasis en las carencias de las prestaciones encaminadas a promover la autonomía personal. Básicamente, las insuficiencias más significativas se podían resumir en: Prestación económica para asistencia personal. Restringida a las personas valoradas en 'grado III', no contempla cubrir actividades de participación en la vida comunitaria/social/cívica y sólo se compromete a 'contribuir a la contratación de unas horas' <strong>Asistencia tecnológica.</strong> Supeditada a las disponibilidades presupuestarias y al acuerdo político entre Administraciones. <strong>Copago</strong>. Las prestaciones y servicios se financiarán en 1/3 con el pago por parte de los usuarios, teniendo en cuenta su 'capacidad económica' y la diferencia entre 'gastos asistenciales' y 'gastos hoteleros', pero no se contempla valorar los gastos añadidos que comporta vivir con diversidad funcional en un medio social discriminatorio. Así las cosas, las personas con diversidad funcional que legítimamente aspiramos a una vida independiente, de plena participación social, libre de discriminación y en igualdad de oportunidades, depositamos nuestras esperanzas en que el desarrollo reglamentario y autonómico de la norma básica estatal subsanara los males y agravios que aquejaban al recién nacido aspirante a cuarto pilar del Estado del Bienestar. Hasta el momento de escribir estas líneas, los decretos estatales más significativos publicados para el despliegue de los apoyos vinculados a la promoción de la autonomía personal son: <strong>Baremo</strong>. No se orienta hacia la valoración individual de las horas de asistencia necesarias para hacer viable el proyecto vital de cada persona, sino que se limita a puntuar la funcionalidad desde un enfoque médico-rehabiltador, circunscrito a las actividades básicas de la vida diaria y sin contemplar los ámbitos laboral, de estudios o de participación en la vida comunitaria, social y cívica. La herramienta para acceder a las prestaciones y servicios no puede resultar ni útil ni justa si no valora áreas que son objetivos de la Ley (trabajo y estudios), ni otras que la CIF ha establecido como fundamentales (vida comunitaria, social y cívica, relaciones interpersonales, etc). Además, está diseñado de manera que sea prácticamente imposible obtener la puntuación (&gt;90, de un total de 100) que da acceso a las prestaciones máximas. Por ejemplo, una persona que no mueva ni un solo músculo de su cuerpo y que no presente alteraciones de conducta sólo aspira a obtener 95 puntos, y a partir de ahí cualquier pequeña acción que pueda realizar ya le hará estar por debajo del umbral de prestaciones máximas, aunque necesite 20 horas de asistencia diarias. <strong>Cuantía máxima de las prestaciones económicas. </strong>El importe máximo que podrá alcanzar la prestación económica para asistencia personal será de 780 €/mes (grado III, nivel 2) o de 585 €/mes (grado III, nivel 1) A estas cantidades máximas habrá que deducirles el copago que estipule cada Comunidad Autónoma (en contra del espíritu del principio de de diferenciar entre 'gastos asistenciales' y 'gastos hoteleros'), y las prestaciones de carácter análogo que ya se estén percibiendo (complementos de 'gran invalidez', de '3ª persona' y de 'hijo a cargo', programa 'viure en família', etc ) Incluso en el caso de ser baremado en grado III-nivel 2 y no imponer copago, la cantidad máxima de 780 €/mes sólo permite contratar 2-3 horas diarias de asistencia personal. Teniendo en cuenta que hablamos de personas que necesitan de 10 a 24 horas de asistencia diarias, se hace evidente que el importe que garantizará el Estado no alcanza ni para la mera supervivencia, menos aún para cumplir el objetivo de la prestación para asistencia personal de cubrir el acceso al mundo laboral y los estudios. De la participación en la vida comunitaria, social y cívica y de las relaciones interpersonales mejor ni hablamos, para eso haría falta un sistema orientado a garantizar los derechos humanos y éste es más bien un saco de paños calientes destinado a aliviar (y a perpetuar ¡¡) el papel de las mujeres del entorno familiar como proveedoras de asistencia no remunerada. En definitiva, se observa que el desarrollo reglamentario de la Ley de inDependencia parece tender a acentuar las carencias ya detectadas en su momento, perfilando un sistema orientado a la simple supervivencia de quienes necesitan más horas de asistencia y a la perpetuación del tradicional rol de las mujeres como 'cuidadoras informales'. Es desde este bajísimo punto de partida que las Administraciones Autonómicas y Locales deben reorientar el modelo hacia el respeto de los derechos humanos, la no discriminación y la igualdad de oportunidades. <strong>En el caso de <em>Cataluña</em></strong>, el pasado 3 de octubre se aprobó en el Parlament la nueva Ley de Servicios Sociales, que establece la integración de las prestaciones y servicios de la Ley de inDependencia en la Cartera de Servicios que determinará el conjunto de prestaciones de la Red de Servicios Sociales de Atención Pública de Cataluña. Veamos cómo esta nueva ley autonómica aborda las carencias que en materia de promoción de la autonomía personal acusa la ley estatal: <strong>Prestación económica para asistencia personal.</strong> Se restringe a personas con diversidad funcional física, con lo que incorpora a las algunas personas baremadas en grado I y II que eran discriminadas por la ley estatal, pero a su vez discrimina a todas las personas con diversidad funcional no-física, incluso a aquellas que baremadas en grado III tienen derecho a asistencia personal según la ley estatal. Como todas las ideas nuevas, la asistencia personal parece generar recelos en la Administración, que intenta proteger la sostenibilidad del sistema a base de recortar derechos. Un elemento que puede ayudar a desmontar ideas preconcebidas sobre el coste de la asistencia personal es la obligación que establece la nueva Ley de acompañar cada prestación y servicio, incluida en la Cartera de Servicios con un estudio económico de su coste. Más de uno se va a sorprender de los 32.000 €/año que cuesta una plaza residencial frente a los 16.000 €/año de un asistente personal (a jornada completa, incluida Seguridad Social y vacaciones), o de los 15 € que cuesta cubrir una hora de asistencia con SAD municipal frente a los 9 € que cuesta cubrirla con asistencia personal autogestionada (con sueldo superior al auxiliar de SAD, incluidos gastos de gestión) Por supuesto, más allá de la inversión que requiera cada prestación o servicio, no hay que perder de vista que estamos ante una cuestión de derechos humanos, tal y como ha establecido con contundencia la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Diversidad Funcional aprobada por la ONU en 2006. La vida de las personas con diversidad funcional será muy diferente si podemos asumir la responsabilidad y el control de nuestro día a día autogestionando asistencia personal, a si hemos de vivir segregados en instituciones o al dictado de las regulaciones y dinámicas intrínsecas a un servicio de SAD. <strong>Asistencia tecnológica.</strong> Se reconoce como derecho subjetivo, si bien no se concretan las ayudas técnicas, las ayudas de apoyo a la accesibilidad y los aparatos técnicos para la atención y cuidados que recogerá la Cartera de Servicios. Sin duda, pasar del terreno de lo graciable al de los derechos exigibles es un avance enorme. Si se apuesta decididamente por todas las tecnologías disponibles, sin escatimar la domótica, la robótica y otras de última generación, y se establece una buena coordinación con las prestaciones tecnológicas del sistema de salud, se conseguirá optimizar la eficiencia y eficacia de la asistencia personal, avanzar en la prevención de riesgos laborales de los asistentes y fomentar una actividad productiva y de I+D que genera empleo de calidad y retornos económicos. <strong>Copago.</strong> Serán susceptibles de copago las prestaciones y servicios que comporten sustitución del hogar, alimentación, vestido, limpieza del hogar y alojamiento. No obstante este principio general, en los artículos 59 y 62 se establece que también los servicios de ayuda a domicilio y de teleasistencia podrán ser objeto de copago, lo cual genera una cierta contradicción. En todo caso, parece que los apoyos fundamentales para la vida independiente, que son la prestación económica para asistencia personal y la asistencia tecnológica, estarán exentos de copago. Así debe ser, ya que se trata de elementos que contribuyen a situar a las personas con diversidad funcional en el mismo punto de partida para la plena participación social que el resto de la ciudadanía. El principio de movilidad social se quiebra si se penaliza a las personas con diversidad funcional por trabajar y tener los mismos ingresos que sus compañeros de trabajo. Además, hay que tener presente el agravio económico comparativo que soportamos las personas con diversidad funcional por vivir en un entorno social discriminatorio, tal y como muestra el conocido estudio del Ayuntamiento de Barcelona de 2006. Las personas con diversidad funcional debemos contribuir a la financiación del sistema como el resto de ciudadanos, vía impuestos en función de renta, no debemos pagar por nuestras diferencias al hacer uso del sistema, de lo contrario hablar de igualdad de oportunidades sería pura retórica carente de contenido real. A nadie se le escapa que los derechos reconocidos por la Ley de Servicios Sociales serán efectivos o puramente declarativos en la medida en que su desarrollo reglamentario y dotación presupuestaria sean acordes a los principios y objetivos de la ley. En lo referido a la promoción de la autonomía personal, el elemento fundamental que queda por desarrollar reglamentariamente es la figura del asistente personal. Debe abarcar todos los ámbitos vitales, incluyendo la participación en la vida comunitaria, social y cívica, las relaciones interpersonales, las actividades derivadas de la maternidad y paternidad, etc. Independientemente del tipo de diversidad funcional o del grado de 'dependencia', debe estar a disposición de todas las personas que libremente así lo decidan. Quien quiera asumir la responsabilidad de buscar, seleccionar, contratar, formar, organizar, dirigir y despedir a sus asistentes personales debe poder hacerlo, quien desee delegar parte de esa responsabilidad en alguna entidad o en la propia Administración también ha de poder hacerlo. Deben establecerse unos derechos laborales claros, con un nivel salarial que ponga en valor la importancia social de esta nueva figura profesional. <strong>Antonio Centeno</strong> <em>Persona con diversidad funcional y miembro activo del Movimiento de Vida Independiente.</em> 1 2007-11-19T21:56:14Z 2007-11-19T21:52:00Z 59298 2009-06-03T16:32:54Z el-encaje-la-ley-in-dependencia- 2007-11-19T21:56:14Z 1 1 2009-06-03T16:32:54Z