El fin del veto

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12035 <IMG id=img_0 style="WIDTH: 309px; HEIGHT: 257px" height=257 src="http://www.estadodederechocdh.uchile.cl/media/noticias/20080923231344.jpg" width=293> El próximo primero de noviembre se termina el veto que impedía a la Corte Penal Internacional, CPI, intervenir en Colombia. Un tema de muchísima importancia que al parecer el Gobierno Nacional no le da la suficiente importancia. Se supone que el Presidente Andrés Pastrana, días antes de entregar su mandato pidió una prórroga de siete años, como lo permite el artículo 124 del Estatuto de Roma, para la entrada en vigencia de la acción de la CPI, en lo referente a los Crímenes de guerra (artículo 8°), con la supuesta intención de no afectar posibles y futuros diálogos de paz con los grupos armados. Sin embargo no hubo tales diálogos y a pesar de la innegable mejoría en la reducción de los índices de violencia los casos de infracciones al Derecho Internacional Humanitario siguen; los grupos armados aún secuestran, asesinan personas y destruyen o se apropian de bienes protegidos, reclutan forzadamente a menores de edad, utilizan las tenebrosas minas antipersonas y fuerzan abortos al interior del grupo armado, etc., Pero algo por decir lo menos es curioso; cuando se supone que la Corte entraría a juzgar personas también por crímenes de lesa humanidad como está considerado el abominable secuestro, sin que a ello hubiera veto alguno no ha tomado ninguna acción y si espera con firmeza que finalice sobre los crímenes de guerra como si ya hubiera predisposición y objetivos específicos seguramente, como lo afirmara el propi Fiscal Luis Moreno Ocampo, Colombia está “incluida en el paquete de naciones en su mira” como si no lo estuviera ya desde la misma creación del órgano de justicia internacional. Parece paradójico que no haya tomado acción alguna sobre como los crímenes de genocidio (artículo 6°) que son las masacres de indígenas, de diputados, de civiles indefensos, etc., o de lesa humanidad (Artículo 7°) como el secuestro (privación grave de la libertad física), el asesinato, el desplazamiento forzado, la tortura, la violencia sexual, etc., que son “prácticas generalizadas y sistemáticas” de los grupos guerrilleros y sí está muy atenta a iniciarlos sobre los de guerra como si desconociera su ocurrencia o no tuviera jurisdicción sobre aquellos. Además según se entiende de sus propias declaraciones, su mayor interés está en los crímenes cometidos por los grupos paramilitares como si una masacres de estos fuera más grave que las de las Farc, o como si el veto hecho por Colombia cubriera hasta hoy no solo los crímenes de guerra sino también los de lesa humanidad y los de genocidio muy comunes en todos los grupos guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes. Sin embargo la culminación del veto es muy positivo para Colombia porque obliga a los criminales a pensarlo dos veces antes de cometer cualquiera de los crímenes que sean de la competencia de La Corte y de cometerlos a respetar la justicia nacional y además estimula al Gobierno a aplicar con rigor las leyes nacionales como única garantía para mantener lejana la actuación de la CPI y de paso tranquiliza a las organizaciones no gubernamentales que ven impunidad en todo lo que haga el Gobierno pues la lejanía de la CPI es garantía de la aplicación, ejercicio y eficiencia de nuestro sistema judicial.

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1 El fin del veto

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1310 En la Biblia se destaca la sabiduría de Salomón y se cita como ejemplo el llamado "Juicio de Salomón". La ONU se aplica el cuento y se comporta igual. Un cuento. Se presentaron ante la ONU (SalomONU) dos países que vivían en el mismo territorio y defendían ser sus propietarios. El pueblo de Israel, en colaboración con el corte inglés, intercambió las tierras, colocando el muerto (el pueblo palestino) en los brazos del resto de países árabes y ocupó la mayor parte del territorio palestino. Fundó el estado de Israhiel. A la mañana siguiente, los palestinos se dieron cuenta de la trampa y asi fueron a buscar justicia ante el mundo. El mundo estaba viendo el fungol-beisbol y pasó (y sigue pasando) de todo. Árabes e israelitas se liaron a golpes y de la contienda salió victorioso el paciente inglés, que lo único que quería (y quiere9 es controlar el petróleo de oriente. Israel se aprovecha de la situación y comienza un particular Anschluss (http://es.wikipedia.org/wiki/Anschluss). Los palestinos que ya no tienen nada, ni tierra, ni agua, ni pan. Luchan con todos sus miedos contra israhiel. La mierda y la sinrazón empapan al pueblo palestino y muchos de los territorios árabes. Nace el fundamentalismo, que no es otra cosa que estar fundamentalmente harto de que te tomen por gilipollas, entonces te cabreas, pierdes la cabeza y si te descuidas la razón. Israhiel tiene de todo, reparte ostias a diestro y siniestro, y sigue acaparando territorios. Tiene dividida a palestina en trozos, dónde ni tan siquiera pueden tener agua potable. En uno de los territorios conquistados nace una revuelta, se trata de Gaza, gaza de venganza, y los palestinos son -nuevamente- masacrados por el estado de Israhiel. Esta vez la excusa es que Hamás les tira cohetes. La ofensiva israelí en la franja de Gaza -de Venganza- causó 1.400 muertes -unos 800 civiles, 235 policías y alrededor de 300 milicianos (sic)-. SalomONU reconoce que Israel empleó una "fuerza desproporcionada" y critica el "castigo colectivo" infligido a los habitantes de la franja. Si en la segunda guerra de Líbano murieron 10 libaneses por cada víctima israelí, en la contienda de Gaza fallecieron 100 palestinos por cada muerto israelí (10 soldados y tres civiles). Se pasan tanto que al final la ONU debe dejar de ver el fungol y decir argo. SalomONU, para dilucidar el dilema, carraspea, ensaya una treta (cree que la opinión pública mundial es retrasada mental) y echa la culpa a los dos: "Repartid las culpas entre los dos y dad una ostia a una mitad". El relato finaliza destacando la sabiduría de SalomONU para juzgar, para juzgar a los palestinos. Parece ser que el castigo que recibirá Israhiel será salir el último en el festival de EuroInvasión.

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1 SalomONU condena a Israel y Hamás por crímenes de guerra en la última ofensiva de Gaza

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18929 LA IMPUNIDAD DEL FRANQUISMO Copio literalmente el artículo publicado en Tribuna de El País hoy día 16 y firmado por José Saramago. No tiene desperdicio. "Son 114.266 personas las que, según el auto dictado por el juez Garzón el 16 de octubre de 2008, desaparecieron, en el contexto de crímenes contra la humanidad, entre julio de 1936 y diciembre de 1951, en el curso de la Guerra Civil española y, ulteriormente, durante la dictadura fascista de Franco. La violación de los derechos humanos ha sido una desgraciada realidad a lo largo de la historia de la humanidad; sus autores, en la inmensa mayoría de las ocasiones, han quedado impunes, y a las víctimas y a sus familiares, en otras tantas, se les ha privado de la necesaria tutela judicial en los tribunales internos. Por ello, la comunidad internacional ha ido estableciendo diferentes compromisos, ineludibles para todos los Estados, a fin de garantizar la búsqueda de la verdad, la reparación a las víctimas y el castigo de los autores de los más graves crímenes contra la humanidad. Es decir, garantizar el derecho de las víctimas y sus familiares a la justicia, como garantía del principio esencial, del que debe prevalerse todo Estado, de no repetición de los crímenes. Respecto de los familiares -como lo ha reiterado la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 16 de julio de 2009 en el caso Karimov contra Rusia- la ausencia de búsqueda oficial de los desaparecidos supone un trato cruel e inhumano. Dicho de otra forma, los familiares de los desaparecidos sin respuesta oficial son víctimas de tortura. Desde la Convención de Ginebra de 1864 sobre leyes y costumbres de la guerra, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, pasando por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 o los recientes Principios o Directrices de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos adoptados en el año 2005, es indudable el deber, moral y jurídico, de toda la comunidad internacional y de cada uno de los Estados que la componen, de perseguir graves crímenes contra la integridad y dignidad humana. Las desapariciones forzadas, han sido calificadas por las Naciones Unidas como un ultraje a la dignidad humana, reconociendo el derecho a un recurso judicial rápido y eficaz, como medio para determinar el paradero de las personas privadas de libertad o su estado de salud, o de identificar a la autoridad que ordenó la privación de libertad o la hizo efectiva. Como otros crímenes semejantes, considerados de lesa humanidad, no son amnistiables ni prescriptibles según la evolución del Derecho Penal Internacional desde los principios de Núremberg. Esa obligación de perseguir y castigar los más graves atentados contra la humanidad es aplicada sólo por algunos Estados, y de forma interesada. Y España ha de entonar por desgracia, y con gran vergüenza, el mea culpa. España que se congratulaba en ser uno de los pioneros en la aplicación del principio de justicia universal, hoy desgraciadamente en entredicho, ignora a sus propias víctimas, somete a tormentos (según la indicada doctrina del Tribunal Europeo) a sus familiares y desoye las obligaciones contractuales internacionales dimanantes de tratados y convenios suscritos e incorporados a su ordenamiento jurídico. Recientemente, el Comité de Derechos Humanos, en su periodo de sesiones de octubre de 2008, examinando los informes presentados por los diferentes Estados, y antes de que se declarase la Audiencia Nacional incompetente para conocer de las desapariciones que tuvieron lugar durante y después de la Guerra Civil, señaló que "está preocupado por el mantenimiento en vigor de la Ley de Amnistía de 1977", y recordó que "los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y aunque toma nota con satisfacción de las garantías dadas por el Estado parte en el sentido de que la Ley de la Memoria Histórica prevé que se esclarezca la suerte que corrieron los desaparecidos, observa con preocupación las informaciones sobre los obstáculos con que han tropezado las familias en sus gestiones judiciales y administrativas para obtener la exhumación de los restos y la identificación de las personas desaparecidas". El comité recomendó no sólo la derogación de la Ley de Amnistía, sino el auténtico restablecimiento de la verdad histórica sobre todas las violaciones -se produjesen por quien se produjesen- de los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, añadiendo que ha de permitirse a las familias que identifiquen y exhumen los cuerpos de las víctimas y, en su caso, indemnizarlas. La naturaleza de crimen de lesa humanidad que supone la desaparición forzada de personas es, por tanto, indiscutida, en particular cuando se comete de forma grave o sistemática contra la población civil. Lo señalaba también la Convención de 2006 sobre Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, determinando la obligación de los Estados de investigar los hechos y juzgar a los culpables. Han transcurrido más de 12 años desde que, el 28 de marzo de 1996, la Unión Progresista de Fiscales interpusiera la primera denuncia por los crímenes cometidos por los responsables de la dictadura militar argentina en los años 1976 a 1983. A partir de entonces, se han sucedido en la Audiencia Nacional española, como órgano competente para la instrucción y enjuiciamiento de los crímenes acogidos bajo la jurisdicción universal, diversas denuncias por crímenes internacionales ocurridos en diferentes países que han dado lugar a un amplio debate sobre el principio de jurisdicción universal. Sin embargo, más de 70 años después de los hechos, en España se sigue sin conocer qué pasó, quién ordenó las ejecuciones, quién practicó las detenciones, y qué sucedió con los, al menos, 114.266 desaparecidos que se han documentado judicialmente. La obligación de investigar, juzgar, castigar y reparar se ha obviado, de forma incoherente, en España. Peor aún, el único juez, Baltasar Garzón, que ha cumplido, con apego a la ley, coherencia, valentía y riesgos evidentes con el deber de contribuir a satisfacer las demandas de las víctimas, se encuentra cuestionado e imputado por quienes tendrían el deber ineludible de propiciar que España honre sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Señalaba, el relator de Naciones Unidas, Louis Joinet que "para pasar página, hay que haberla leído antes". No olvidemos a esos 114.266, con sus nombres, apellidos e historias. Con sus madres, hermanas o hijos. No sigamos tolerando que se torture a sus familias. El olvido y la impunidad no es solamente fuente de dolor para las víctimas, es una herida abierta que lesiona la democracia. Bien dijo Francisco de Quevedo: "Menos mal hacen los delincuentes, que un mal juez". <DIV class=limpiar></DIV> <DIV class=presentacion>Firman este artículo José Saramago, Premio Nobel; José Jiménez Villarejo, ex presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo; Enrique Gimbernat Ordeig, catedrático de Derecho Penal; Javier Moscoso del Prado y Muñoz, ex fiscal general del Estado; Luis Guillermo Pérez, secretario general de la Federación Internacional de Derechos Humanos, y Hernán Hormazábal Malaree, catedrático. </DIV>

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1 LA IMPUNIDAD DEL FRANQUISMO, (texto de Saramago en El País)

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3056 <H1><IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/enriquecarlos-fernandez/1231486357_extras_ladillos_1_0.jpg">Fuente: Alfredo Jalife-Rahme, La Jornada (México)</H1> Desde hace más de una década era sabido en los informados círculos médicos y penales el financiamiento por Israel de transplantes de órganos en otros países” de forma clandestina mediante una extensa red criminal, como confesó Geldaya Tauber Gady, alto oficial retirado del ejército israelí, ante un tribunal de Brasil: “el gobierno israelí está enterado del tráfico de órganos para los pacientes de su país y paga por todas las transacciones (sic) a través del plan 4 de salud” (BNET; Transplant News; 30/1/04). Según Larry Rohter, de The New York Times (23/5/04), el israelí Ilan Peri es el cerebro tratante del mercado negro del transplante global de riñones por conducto de la empresa TechCom, con sede en Tel Aviv. Después de haber sido expuestos en Sudáfrica y Brasil, los traficantes israelíes de órganos trasladaron a China gran parte de sus operaciones. Rohter arguye que la “emergencia de Israel como foco del sindicato (criminal de riñones) no causa sorpresa” debido a que por consideraciones religiosas “la tasa de donación en Israel (Nota: 8 por ciento) se encuentra entre las más bajas del mundo occidental (Nota: 35 por ciento)”. Hace dos años, Zaki Shapiro, cirujano israelí y anterior director de transplantes en el Rabin Medical Center de Israel, fue detenido en medio de una balacera en Turquía por estar implicado en una red clandestina de venta de riñones en un hospital privado de Estambul, según The British Medical Journal (12/5/07) El rotativo israelí Haaretz (12/12/01) había reportado hace casi ocho años que las “autoridades de Rumania buscan posibles vínculos entre las agencias de adopción (sic) israelíes y la ilegal conspiración (¡supersic!) global en la venta de órganos para transplantes”. Rumania investiga “si los niños rumanos llegaron a Israel con todos los órganos en sus cuerpos”. Las parejas israelíes pagan 20 mil dólares por cada infante rumano adoptado. Se teme que varios papeles de adopción hayan sido falsificados, relata pulcramente Haaretz, que ya había señalado que “algunos médicos israelíes estaban implicados en transplantes ilegales de riñones” en Turquía, Rumania y otros países de Europa oriental. Hechos: El pasado 23 de julio, en un operativo espectacular en New Jersey, la policía judicial de Estados Unidos detuvo a 44 personas, incluidos cinco rabinos de Brooklyn, por lavado de dinero, tráfico de riñones y fabricación de bolsas falsas de diseño. El lavado de dinero del eje Nueva York-Tel Aviv (¿incluirá al “México neoliberal”?) está ya muy visto, por lo que nos detendremos en el menos conocido tráfico de riñones por los mismos operadores criminales, entre quienes destaca el rabino Levy Izhak Rosenbaum, quien resultó un óptimo financiero al comprar los riñones a los “donadores” en el mercado negro por 10 mil dólares para venderlos en 160 mil a los urgidos “receptores” (MSNBC; 24/7/09). ¡Qué buen negocio! Nancy Scheper-Hughes, profesor de antropología de la Universidad de California en Berkeley, había alertado al FBI desde hace siete años sobre la red de tráfico de riñones en el mercado negro de Estados Unidos por el rabino Levy Izhak Rosenbaum, quien llegó a colocar su revólver en la cabeza de los “donadores” arrepentidos, en su mayoría oriundos de aldeas pobres de varios países de Europa oriental, en particular de Moldavia (Haaretz; 26/7/09). En India, la compra de los riñones de los miserables es más barata: 2 mil dólares (Daily News: 27/7/09). ¿Habrá comprado riñones indios el rabino criminal Rosembaum para acrecentar sus jugosas ganancias? De los casi 70 mil transplantes de riñones que se realizan en el mundo al año,10 por ciento proviene del mercado negro. En Estados Unidos murieron el año pasado 4 mil 540 personas en espera de un transplante de riñón, lo que ha hecho florecer su lucrativo mercado negro en todo el mundo. ¿Tendrá ramificaciones en los hospitales “privados” de México? Scheper-Hughes alega que en el hospital Monte Sinai de Nueva York se realizaban los transplantes de los riñones comprados por el rabino financiero Rosenbaum. Otras fuentes más feroces –que invocan “la complicidad del gobierno israelí”–, como las de Joseph Cannon (Los carniceros: la verdad oculta sobre el circuito de robo de riñones por Israel; 31/7/09), señalan al Albert Einstein Medical Center. No puede existir tanta maldad ultraconcentrada en el planeta por lo que tampoco sería improbable que el rabino criminal Rosenbaum haya abusado de sus dotes religiosas para engañar a sus correligionarios médicos de Nueva York y Tel Aviv. Cannon evoca que en “el transcurso de los años, muchos (sic) han acusado a Israel de traficar con los órganos de los palestinos”. Entre los “muchos” descuellan los relatos macabros desde hace 21 años del connotado autor británico David Yallop (8/2 y 30/10 de 1988). Cannon exhuma los vínculos entre Ilan Peri, presunto tratante del gobierno israelí (en la jerga del Mossad: el Caballo, quien opera la cobertura protectiva de las inmundicias gubernamentales), y el rabino financiero Rosenbaum. Jane’s (5/3/08), centro de pensamiento militar británico, expone el “mercado negro expansivo del tráfico de órganos” dominado por “tratantes sin escrúpulos y facilitado por las legislaciones nacionales inadecuadas, amplias prácticas corruptas y la ausencia general de alerta ciudadana sobre la extensión de su comercio”. Comenta que “el comercio ilegal de partes del cuerpo es ampliamente dominado por los riñones debido a su gran demanda y por constituir los únicos órganos mayores que pueden ser transplantados enteramente con pocos riesgos relativos para el donador viviente”. En este contexto barbárico, Aftonbladet, el periódico sueco de mayor circulación, reportó que “los soldados israelíes raptan a palestinos para robar sus órganos”, lo cual provocó una iracunda reacción del gobierno israelí (Haaretz; 18/8/09). El autor, Donald Boström, vincula el robo de riñones palestinos al circuito criminal del rabino Rosenbaum. En la tardía, cuan sorprendente exhibición de los rabinos lavadores de dinero y traficantes de riñones de Brooklyn, ¿tendrá algo que ver su pertenencia al grupo ultrarreligioso ortodoxo Chabad-Lubavitch y su alianza con el partido gobernante Shas, aliado del fundamentalista primer ministro del partido Likud, Bibi Netanyahu, quien ha declarado la guerra al plan de paz de Obama? No se puede olvidar la reciente e indecente declaración de Manis Friedman, “el mejor de los rabinos de Chabad-Lubavitch” (según Nathaniel Popper del portal hebreo The Forward), quien incitó a los judíos a matar a los hombres, mujeres, (sic) y niños (¡supersic!) árabes durante la guerra: “la única manera de combatir una guerra moral (¡supersic!) es al estilo (sic) judío: destruyan sus sitios sagrados. Maten hombres, mujeres y niños (y su ganado)”. Agregó sin desparpajo: “no creo en la moralidad occidental” (Haaretz; 9/6/09). Mejor aquí nos detenemos.

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1 ¿ Israel está detrás del tráfico global de riñones ?

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6911 Gracias a Dios, ETA no solo es una banda mafiosa de asesinos y sicarios sin escrupulos , es una manada de inutiles e ineptos que ya no sirven ni para poner coches bomba. La degradación tecnica y humana, si es que con esta calaña se puede utilizar el termino "humano", es tal, que si no fueran tan repugnantes, nos darian risa. Este último atentado, ha sido un intento de genocidio, porque intentar matar a sangre fria e impunemente a familias enteras, es un genocidio. Para esta clase de alimañas solo cabe el exterminio a ultranza, porque están fuera de las leyes de Dios y de lo hombres. Anteriormente les habia comparado con ratas, pero su degradación los coloca muy por debajo de cualquier rodeor o carroñero. Y habrá que exterminarlos con presteza, porque cualquier dia les sucede como al burro y les suena la flauta por casualidad, y ese dia pueden causa una masacre, hasta un reloj parado acierta dos veces al dia, y este reloj es de los que detonan coches bomba en medio de multitudes o frente a hogares donde duermen mujeres y niños. Habria que inventar nuevos terminos, nuevas palabras para definir esta nueva y degenerada especie, aunque pensandolo bien, hace mucho que la palabra existe, son simplente ETARRAS.

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1 ETA INTENTA UN GENOCIDIO

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16366 <BIG> Parece que los abusos sexuales y crímenes contra niños y niñas crecen como la verdolaga según los datos que leo a diario, y lo digo sin restar seriedad al tema aunque use la prolífera hierva que nace silvestre en los campos como comparación, porque el problema no es lo que una lee en los medios, sino lo que no se dice y subyace como un mal arraigado que se ha de ocultar como una mala sombra. Por eso pienso que la noticia no es que haya una violación diaria sino que la cifra es mucho más de lo que se informa por debajo.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> Para apoyarme en lo que digo leo una fuente al azar, por ejemplo, la del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /><st1:PersonName ProductID="la Ni?ez" w:st="on">la Niñez</st1:PersonName> y <st1:PersonName ProductID="la Adolescencia" w:st="on">la Adolescencia</st1:PersonName> (ISNA), que afirma que la violación de menores es cotidiana, en un balance de 2007, en un grupo de entre diez y catorce años, donde la mitad fueron causadas por los propios familiares o amigos cercanos al hogar, algo nos hace pensar que la cifra se queda corta y que la casa es el lugar menos seguro para los niños. <o:p></o:p> Qué paradójico, ¿no cree? Y este mismo Instituto registró entre enero y noviembre del siguiente año un total de 340 denuncias por violencia sexual y 465 por maltrato infantil, lo que parece ser una tolerancia de la violencia por parte de la sociedad y la fragilidad de esos estados, que no logra garantizar el cumplimiento de leyes que castiguen estos actos.<o:p></o:p> <H1 style="BACKGROUND: white; MARGIN: auto 0cm">Y sigo con El Salvador porque es noticia en estos días, y les cito uno de esos crímenes sonados que ha saltado a la palestra pública y clasifica como causa nacional, a pesar de que quedó sin justicia en 1999. Se trata del secuestro, violación y muerte de Katya Miranda, de nueve años. <o:p></o:p></H1> <H1 style="BACKGROUND: white; MARGIN: auto 0cm">Pero ¿Por qué ahora? Bueno pues ha generado un movimiento ciudadano que reclama el esclarecimiento del crimen, y en esto tiene mucho que ver con el poder de las llamadas redes sociales.<o:p></o:p></H1> La víctima se ha convertido en un símbolo contra los abusos de niños y niñas en esos países donde se estima que un menor es violado cada día.<o:p></o:p> El cadáver de Katya fue encontrado en la playa la madrugada del 4 de abril de 1999, durante las fiestas de Semana Santa, a unos metros del rancho donde descansaban sus familiares, entre ellos jefes militares y policiales. <o:p></o:p> Katya, durmió aquella noche junto a su hermana, Marcela, de siete, bajo la tutela de su padre, Edwin Miranda, un capitán del ejército que se encargaba de la seguridad del entonces presidente de El Salvador, Armando Calderón Sol. <o:p></o:p> En principio, el caso fue registrado como un accidente más en las vacaciones de verano. Algo que quedó tapado y con pisón.<o:p></o:p> La madre de Katya, Hilda Jiménez, actualmente con asilo en Estados Unidos , sepultó a su hija pensando que murió ahogada, pero meses más tarde supo con detalles que Katya había sido violada y asfixiada en la arena, y que su cuerpo había sido echado al mar. <o:p></o:p> Entonces en el 2000, el padre y el abuelo de la niña, Edwin y Carlos Miranda, respectivamente, fueron detenidos y posteriormente juzgados por la violación y el homicidio de la menor. No obstante, la jueza a cargo de la causa los absolvió por falta de pruebas. <o:p></o:p> En realidad algunos callaron pero otros continuaron investigando al margen del sistema judicial y hace varias semanas, <st1:PersonName ProductID="la Fiscal￭a General" w:st="on">la Fiscalía General</st1:PersonName> de <st1:PersonName ProductID="la Rep￺blica" w:st="on">la República</st1:PersonName> (FGR) pidió perdón a la madre por la gestión anterior y ordenó recapturar al abuelo de Katya y a otras seis personas acusadas del secuestro de la menor. <o:p></o:p> Hasta ahí por ahora la noticia, esperemos más adelante los resultados de la campaña organizada para esclarecer el crimen y juzgar a los culpables, aunque yo particularmente pienso que este es el principio de la madeja y son muchos los que quedarán impunes, y no solo en El Salvador.<o:p></o:p> <o:p> </o:p> </BIG>

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1 Una violación al día

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3056 <IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/enriquecarlos-fernandez/horrorsionista.jpg">Entre el 29 de septiembre y el 15 de octubre, quince días en total, maté a treinta niños. Dos niños por día. Dos niños muertos por día son más o menos cuatro padres desconsolados por día. ¿Por qué más o menos? Porque algunos eran hermanos. Así que, dos niños muertos por un par de padres desconsolados. Tal vez sea mejor, porque esos padres están desconsolados en todo caso, así que así que se afligen sólo dos veces, y otro par de padres no tiene que afligirse. Pero tal vez sea menos bueno, porque desconsolarse es peor que estar muerto, y quedarse desconsolado por partida doble es dos veces peor que estar muerto. Así que en realidad no sé qué decidir. A todos esos niños los maté en la Franja de Gaza, y a todos los maté por error. Es decir, sabía que había niños y sabía que mataría a algunos, pero ya que sabía que sería por error, no me sentía tan abrumado. Porque todo el mundo comete errores. Sólo el que no hace nada no comete errores. Los errores suceden, somos todos seres humanos. Es lo que pienso que mis errores tienen de bueno, me hacen sentir tan humano y falible, ¿no es cierto? Los 30 niños los maté por una infinidad de errores. Cada niño por su error especial. Hubo uno que pensé por error que no era niño. Y hubo otro al que le tiré porque insistió en quedarse de pie exactamente en el sitio al que había decidido que iba a disparar. Y hubo uno que lanzaba piedras y que no se veía como si tuviera seis años. Y hubo uno que desde el aire parecía ser un terrorista buscado. O un cohete Qassam. O como un terrorista que sujetaba un cohete Qassam. Y hubo algunos niños que por error metieron sus cabezas en parte de la metralla de la granada que disparé al interior de su casa. Y la que se escondió por error debajo de su cama justo cuando la hice volar para expulsar al pelotón terrorista que se escondía allí. Pero eso no cuenta, fue su error, no el mío. Recuerdo que lo más duro fue mi primer error. Disparé y disparé y disparé, y me dijeron que había matado a un niño. Empalidecí y se me resecó la boca, y mis rodillas temblaron, y en general no dormí muy bien esa noche. Pero con el paso del tiempo, y de mis errores, se hizo mucho más fácil. Ahora hago errores sin sufrir apenas efectos secundarios. Me ayudó mucho que mis amigos, mi entorno, todos, no hicieran muchos líos por cada pequeño error. Aquí, sólo la semana pasada, cuando maté por error a una niña, disparé dos errores más a su cabeza, para asegurarme que estaba cometiendo un error. Y luego, el resto de mi cargador, lleno de errores. Una sola vez. No habría podido hacerlo. Es verdad, hay quien me dice que cometo un error al escribir esta confesión. Me dicen que no he estado en Gaza y que no disparé ni una bala, y que no lancé bombas, y que no ametrallé, y que no soy francotirador. Es verdad. No lo hice. ¿Pero quién pagó por las balas? ¿Y quién compró el fusil? ¿Y quién financió la granada? ¿Y el misil? Yo. Yo. Yo. También yo. Y además, ¿quién ya no palidece con cada nuevo error? ¿Qué boca no se reseca cuando un niño más cae por tierra? ¿Qué rodillas no se debilitan cuando otro bebé anónimo yace muerto en una cuna ensangrentada? ¿Quién sigue durmiendo tranquilo incluso cuando la cantidad de errores llega a treinta en dos semanas? Yo. También yo. Así que no me digan que no maté a nadie.

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1 "Confieso que maté a treinta niños palestinos" ...B.Michae

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3056 <IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/enriquecarlos-fernandez/255656_GetAttachment.jpg">25-03-2009 Richard Falk Le Monde Diplomatique Israel echó la culpa de sus anteriores guerras a la amenaza que se cernía sobre su seguridad, incluso la guerra que emprendió contra Líbano en 1982. Sin embargo, no había justificación para su ataque a Gaza y hay llamamientos internacionales a que se investigue. Pero, ¿existe la voluntad política de hacer a Israel responsable de sus crímenes? Por primera vez desde el establecimiento de Israel en 1948 su gobierno se enfrenta a graves acusaciones de crímenes de guerra por parte de respetadas figuras públicas de todo el mundo. Incluso el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, normalmente tan cauto para no ofender a Estados soberanos (especialmente a los alineados con su miembro más influyente, Estados Unidos), se ha unido a la demanda de una investigación y de exigir posibles responsabilidades. Para entender el significado de estos acontecimientos es necesario explicar lo que hace que los 22 días de ataques a Gaza por parte de Israel se diferencien tan terriblemente de los anteriores emprendidos para mantener su seguridad y sus intereses estratégicos. En mi opinión, lo que hace que los ataques contra Gaza iniciados el 27 de diciembre sean diferentes de las muchas guerras emprendidas por Israel a lo largo de los años es que las armas y tácticas empleadas devastaron a una población civil esencialmente indefensa. La desigualdad de la confrontación fue tan absoluta, como indica la comparación entre las víctimas de uno y otro bando (más de 100 a 1; más de 1.300 palestinos muertos frente a 13 israelíes, algunos de los cuales por fuego amigo) que la mayoría de los observadores se abstuvo de calificarla de “guerra”. Los israelíes y sus amigos hablan de “represalia” y del “derecho de Israel a defenderse”. Los más críticos calificaron los ataques de “masacre”, de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad. En el pasado, el uso de la fuerza por parte de Israel solía condenarse, especialmente por parte de los gobiernos árabes, y se incluían las acusaciones de haber violado la Carta de Naciones Unidas, pero se reconocía implícitamente que Israel estaba usando la fuerza de forma belicosa. Las acusaciones de crímenes de guerra (en la medida en que se hacían) provenían únicamente de gobiernos radicales y de la extrema izquierda. Las primeras guerras emprendidas por Israel fueron contra sus vecinos árabes que literalmente desafiaban el derecho de Israel a existir como un estado soberano. Los brotes de fuerza eran de naturaleza intergubernamental; e incluso cuando Israel desplegó su superioridad militar en la guerra de seis días en junio de 1967, se consideró dentro del marco de la política mundial normal y aunque puede que fuera ilícito, no fue criminal. Pero esto empezó a cambiar a partir de la guerra de 1982 en Líbano. El objetivo principal entonces era la presencia de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en el sur de Líbano. Pero ahora esta guerra se recuerda fundamentalmente por su final, con la matanza de cientos de civiles palestinos desarmados de los campos de refugiados de Sabra y Chatila. Aunque esta atrocidad fue obra de la milicia cristiana libanesa, contó claramente con la aquiescencia, el control y la complicidad de Israel. Aún con todo, este incidente, aunque alarmante, sólo fue parte de la operación militar, que Israel justificó como necesaria debido a la incapacidad del gobierno libanés para impedir que se usara su territorio para amenazar la seguridad israelí. El legado de la guerra de 1982 fue la ocupación por parte de Israel del sur de Líbano y la formación de Hizbolá como reacción. Esta organización creó una resistencia armada que acabó llevando a la bochornosa retirada israelí en 1998. Esto creó el marco para la guerra de 2006 contra Líbano en la que se anunció que el adversario era Hizbolá y la zona de combate inevitablemente mezcló partes de la población civil libanesa con la campaña militar emprendida para destruir a Hizbolá. Esta utilización de fuerza israelí altamente tecnológica suscitó la cuestión de luchar contra una sociedad hostil que no tenía unos medios equivalentes de defenderse como si fuera un Estado enemigo. También se cuestionó la pertinencia de la opción militar para los objetivos políticos de Israel, ya que Hizbolá salió fortalecido de la guerra y el único resultado real fue la reputación dañada de las Fuerzas Defensivas Israelíes* (IDF, en sus siglas en inglés) como fuerza combativa y su salida del sur de Líbano devastado. La operación en Gaza hizo que estas cuestiones pasaran a un primer plano ya que escenificó este cambio de Estados que luchaban a luchas contra movimientos de resistencia armada y relacionado con ello la conversión desde el lenguaje habitual de “guerra” al lenguaje del hecho “criminal”. En un sentido que es fundamental, Israel consiguió presentar de manera sesgada tanto la percepción como el discurso consiguiendo que los medios de comunicación y los diplomáticos centraran la cuestión legal penal internacional básica en si el uso de la fuerza por parte de Israel fue “desproporcionado” o no. Esta forma de describir el recurso por parte de Israel a la fuerza ignora la cuestión de base: en cualquier sentido legal, ¿en primer lugar fueron los ataques de carácter “defensivo”? Una investigación de las circunstancias que los rodearon muestra una ausencia de cualquier tipo de necesidad defensiva: un alto el fuego temporal entre Israel y Hamás que estaba en vigor desde el 19 de julio de 2008 había logrado reducir la violencia entre los países fronterizos prácticamente a cero; Hamás ofreció de forma continuada ampliar el alto el fuego, incluso hasta un periodo de diez años; la ruptura del alto el fuego no es fundamentalmente resultado del lanzamiento de cohetes por parte de Hamás sino que se produjo principalmente como consecuencia de un ataque aéreo israelí el 4 de noviembre que mató a seis combatientes de Hamás en Gaza. ¿Fuerza desproporcionada? En otras palabras, no había motivos para exigir el derecho a defenderse ya que Israel no había sido objeto de un ataque de Hamás, existían alternativas diplomáticas al uso de la fuerza y parecían verdaderas y era legalmente obligatorio confiar en su buena fe. Basándose en esto, el punto central del debate legal no debería ser si la fuerza de Israel fue desproporcionada o no. Desde luego que lo fue. El punto central debería ser si los ataques israelíes fueron un uso de la fuerza no-defensivo y prohibido según la Carta de Naciones Unidas, equivalente a un acto de agresión y, como tal, constitutivo de un crimen contra la paz. Después de la Segunda Guerra Mundial en Nuremberg los dirigentes nazis que habían sobrevivido fueron declarados culpables de este crimen, descrito en la sentencia como “el crimen supremo” que abarcaba los demás. Casi inevitablemente, la forma de la confrontación en Gaza hace borrosa la diferencia entre guerra y crimen y cuando ocurre en una zona confinada y densamente poblada como es Gaza, mezcla necesariamente a los resistentes con la población civil. También induce a que la resistencia dependa de ataques criminales a civiles ya que no tiene capacidad militar para oponerse directamente a la violencia del Estado. En este sentido, los ataques israelíes a Gaza y la resistencia de Hamás cruzaron la línea divisoria entre un combate legítimo y crímenes de guerra. Estos dos lados no deberían ser considerados igualmente responsables de los acontecimientos recientes. Israel empezó la campaña de Gaza sin tener una base legal adecuada o una causa justa, y fue responsable de causar una devastación descomunal y todo el sufrimiento de los civiles. El hecho de que Israel se sirviera de una acción militar para derrotar o castigar a Gaza fue intrínsecamente “criminal” y, como tal, demuestra que violó el derecho de guerra y cometió crímenes contra la humanidad. Hay otro elemento que refuerza la acusación de agresión. Cuando Israel emprendió los ataques la población de Gaza llevaba 18 meses sometida a un bloqueo punitivo. En general este bloqueo se consideraba, correctamente, un castigo colectivo de forma que violaba los Artículos 33 y 55 de la Cuarta Convención de Ginebra que rige la conducta de una potencia ocupante en relación a la población civil que vive bajo su ocupación. Esta política en sí misma fue condenada por ser un crimen contra la humanidad, así como una grave violación del derecho humanitario internacional. El bloqueo también tuvo como consecuencia graves deficiencias nutricionales y problemas mentales generalizados entre toda la población de Gaza, lo que hizo que fuera especialmente vulnerable al ataque “conmoción y pavor” preparado por tierra, aire y mar. Esta vulnerabilidad aumentó debido a que Israel no permitió refugiarse a los civiles de Gaza cuando esta pequeña franja de terreno estaba bajo estos intensos combates. Se permitió la salida de doscientas esposas que no eran palestinas, lo cual puso de relieve la criminalidad de encerrar a niños, mujeres, enfermos, ancianos, y discapacitados en la zona de guerra y demostró su carácter étnicamente discriminatorio. Parece que esta es la primera vez en condiciones que guerra en que a una población civil se le niega la posibilidad de convertirse en refugiados. Además de estas cuestiones principales, hay una variedad de presuntos crímenes de guerra asociados a las prácticas israelíes en el campo de batalla. Estas acusaciones, basadas en pruebas recogidas por grupos de derechos humanos, incluyen el hecho de que las IDF dispararan a diferentes objetivos civiles, casos en los que el personal militar israelí negó la ayuda médica a palestinos heridos y otros en los que se impidió a las ambulancias llegar a su destino. También se han documentado 20 ocasiones en las que se vio a soldados israelíes disparar a mujeres y niños que llevaban banderas blancas. Y hay varias acusaciones relacionadas con el uso de bombas de fósforo blanco en zonas residenciales de Gaza, así como denuncias legales por el uso de una nueva y cruel arma llamada DIME que explota con tanta fuerza que hace pedazos los cuerpos humanos. Estas cuestiones de crímenes de guerra sólo se pueden resolver por medio de aclaraciones objetivas respecto a si existe una base legal para emprender de una acción judicial contra los perpetradores, contra quienes estaban al mando y los dirigentes políticos en el sentido de que estas tácticas y armas criminales se autorizaron como cuestiones de política israelí. En este sentido están también las afirmaciones por parte de Israel referentes al lanzamiento de cohetes contra objetivos civiles, al uso por parte de militantes de Hamás de “escudos humanos” y a sus ataques deliberados contra objetivos no-militares. Incluso sin una investigación más profunda, no es demasiado pronto para plantear la cuestión de la responsabilidad individual por crímenes de guerra. Las acusaciones más graves tienen que ver con el preexistente bloqueo, con la intrínseca criminalidad del propio ataque y con el hecho de que no fuera defensivo. También se han reconocido las políticas oficiales (es decir, el confinar a la población civil en las zonas de guerra). Las acusaciones contra Hamás requieren una investigación más profunda y una valoración legal antes de discutir posibles disposiciones para establecer responsabilidades. Inmediatamente se plantea la cuestión de si hablar de crímenes de guerra israelíes no es más que palabrería vacía. ¿Existe alguna posibilidad de que las acusaciones vayan acompañadas de procedimientos efectivos para establecer responsabilidades? Existe una variedad de mecanismos potencialmente utilizables para imponer responsabilidades, pero, ¿se podrá disponer en la práctica de alguno de ellos? El gobierno israelí al más alto nivel ya ha planteado esta cuestión en la forma de garantías oficiales para proteger a los soldados israelíes de tenerse que enfrentar a las acusaciones de crímenes de guerra. El camino más obvio para abordar las cuestiones más generales de responsabilidad penal sería invocar la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional (TPI) establecido en 2002. A pesar de que se ha pedido al fiscal que investigue si es posible emprender este procedimiento, es altamente improbable que lleve a ningún lado ya que Israel no es miembro de aquel y, según la mayoría de las valoraciones, Palestina no es todavía un Estado o partido según los estatutos del TPI. Tardíamente y de forma un tanto sorprendente, tras el alto el fuego del 19 de enero la Autoridad Palestina trató de adherirse al Tratado de Roma que establece el TPI. Pero aunque sea aceptada como miembro, lo que es improbable, su fecha de adhesión probablemente descarte acciones legales basadas en acontecimientos anteriores, como la operación militar [israelí] contra Gaza. Y con toda seguridad Israel no cooperará con el TPI en relación a las pruebas, testigos o acusados, lo que haría muy difícil proceder aun cuando se superaran los demás obstáculos. La siguiente posibilidad más obvia sería seguir el camino elegido en los noventa por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, esto es, establecer tribunales penales internacionales ad hoc como se hizo para tratar los crímenes relacionados con la desintegración de la antigua Yugoslavia y con las masacres de Rwanda de 1994. Este camino parece bloqueado en relación a Israel ya que Estados Unidos, como otros miembros permanentes europeos, vetaría cualquier propuesta en este sentido. En teoría, la Asamblea General podría ejercer una autoridad paralela ya que los derechos humanos están dentro de su ámbito y el Artículo 22 de la Carta de Naciones Unidas autoriza a “establecer estos órganos subsidiarios como crea necesario para llevar a cabo su función”. En 1950 actuó según estas bases para establecer el Tribunal Administrativo de Naciones Unidas, autorizado para resolver cuestiones laborales entre el personal de Naciones Unidas. Las realidades geopolíticas que existen dentro de Naciones Unidas hacen que ésta sea una vía de acción poco probable (aunque se está investigando). En el momento presente no parece que haya suficiente voluntad política intergubernamental para embarcarse en este controvertido camino, pero, con todo, la presión de la sociedad civil puede hacer que ésta sea una acción posible, especialmente si Israel persiste en mantener su ilegal bloqueo a Gaza y se sigue resistiendo a los llamamientos generalizados, incluyendo el del presidente Obama, a abrir los pasos fronterizos desde Israel. Incluso en el poco probable caso de que se establezca, este tribunal no podría funcionar de manera eficaz sin un alto grado de cooperación por parte del gobierno del país cuyos dirigentes y soldados están siendo juzgados. A diferencia de la antigua Yugoslavia y Rwanda, con toda seguridad los dirigentes políticos de Israel harán cuanto esté en su mano para obstruir las actividades de cualquier organismo internacional que se ocupe de perseguir los crímenes de guerra israelíes. Demandas de jurisdicción universal Quizá el camino gubernamental más plausible sería confiar en demandas de jurisdicción universal (1) asociadas con la autoridad de tribunales nacionales para perseguir ciertas categorías de crímenes de guerra y que dependen de legislaciones nacionales. Dichas legislaciones existen en diferentes formas en más de 12 países, incluyendo España, Bélgica, Francia, Alemania, Gran Bretaña y Estados Unidos. España ya ha acusado a varios altos oficiales militares israelíes, aunque se está presionando al gobierno español para que cambie su derecho penal para desestimar este tipo de procedimiento en ausencia de estos acusados. Este camino hacia la responsabilidad penal se emprendió en 1998 cuando el Tribunal Supremo español acusó al ex-dictador chileno Augusto Pinochet, que posteriormente fue detenido en Gran Bretaña donde finalmente una mayoría de la Cámara de los Lores, la más alta instancia legislativa del país confirmó, con unos motivos bastante limitados, el derecho legal a la extradición. Sin embargo, Pinochet no fue extraditado, sino que volvió a Chile debido a su incapacidad [física] para afrontar un juicio y murió en su país donde había en curso un proceso penal contra él. Es dudoso que la jurisdicción universal proporcione medios prácticos de responder a las acusaciones de crímenes de guerra surgidas de la experiencia de Gaza. Es probable que los procesos judiciales nacionales se vean influenciados por procesos políticos, como ocurrió con los tribunales alemanes que hace un año declinaron demandar a Donald Rumsfeld por acusaciones de tortura a pesar de la contundente base de pruebas y la casi certidumbre de que no sería procesado en Estados Unidos, país que al ser el suyo tiene prioridad jurisdiccional legalmente reconocida. Además, los procedimientos de jurisdicción universal son bastante aleatorios y dependen o bien de la cooperación de otros gobiernos por la vía de la extradición o de la buena suerte de que un potencial acusado se encuentre en el territorio del Estado que lleva a cabo el procedimiento judicial. Es posible que tenga lugar un procedimiento judicial de alto nivel y esto daría gran importancia a la cuestión de los crímenes de guerra, de manera que, a pesar de los formidables obstáculos, probablemente la jurisdicción universal sea el enfoque más prometedor de la cuestión de la responsabilidad israelí. Aun cuando no se produzca una condena (y no existe ninguna para semejantes acusaciones), la mera amenaza de detención y posible interposición de una acción judicial probablemente inhiba de viajar a individuos que pueden ser detenidos al estar acusados de crímenes de guerra y tiene cierta relevancia política respecto a la reputación internacional de un gobierno. Por supuesto, existe la posibilidad teórica de que los juzgados de lo penal israelíes emprendan acciones judiciales, cuando menos por prácticas realizadas en el combate, como disparar contra civiles que se rendían. Respetadas organizaciones de derechos humanos israelíes, incluyendo B’Tselem, están recogiendo pruebas para emprender dichas acciones legales y han argumentado que una iniciativa israelí tiene la ventaja nacional de minar las peticiones internacionales de acciones legales. Esta iniciativa israelí es significativa, aun cuando no vaya seguida de una acción legal, como parece casi seguro debido a coacciones políticas. Dará crédito a la controvertida polémica internacional acerca de si en algún ámbito legal debería tener lugar una acusación penal y un proceso contra dirigentes políticos y militares israelíes, y perpetradores de crímenes de guerra. Si la política bloquea la acción legal en Israel, entonces la implementación del derecho penal internacional depende de que se emprenda cualquier acción posible en un tribunal internacional o en tribunales nacionales extranjeros, y si esto resulta imposible, convocando un tribunal civil internacional no-gubernamental con una autoridad legal simbólica. Lo que parece razonablemente claro es que a pesar del clamor internacional pidiendo que se investiguen los crímenes de guerra y se exijan responsabilidades, falta voluntad política para demandar a Israel a nivel intergubernamental, dentro o fuera de la ONU. Cuando se trata de crímenes de guerra las realidades de la geopolítica están construidas con un doble rasero. Una cosa es demandar a Sadam Husein o Slobodan Milosevic, y otra muy distinta ir en contra de George W. Bush o Ehud Olmert. Desde el proceso de Nuremberg tras la Segunda Guerra Mundial existe impunidad para aquellos que actúan en nombre de Estados poderosos e invencibles y no parece que en un futuro próximo nada vaya a desafiar este hecho de la vida internacional, con lo que se va a empañar el estatus del derecho internacional como un vehículo de la justicia global que es consecuente con sus esfuerzos por hacer que se cumpla la ley. Cuando se trata de derecho penal internacional sigue habiendo impunidad para los fuertes y victoriosos, y una potencial exigencia de responsabilidades para los débiles o derrotados. Sí parece probable que las iniciativas de la sociedad civil lleven al establecimiento de uno o más tribunales que operen sin la ventaja de una autorización gubernamental. Estos tribunales llegaron a ser importantes durante la guerra de Vietnam cuando Bertrand Russell se puso al frente del establecimiento del Tribunal Russell. Desde entonces el Tribunal Permanente de los Pueblos con sede en Roma ha organizado más de 20 sesiones sobre varios temas internacionales que no serían abordados ni por la ONU ni por los gobiernos. En 2005 el Tribunal Mundial sobre Iraq que tuvo lugar en Estambul escuchó las pruebas de 54 testigos y su jurado, presidido por la escritora india Arundhati Roy, emitió una Declaración de Conciencia que condenaba a Estados Unidos y Gran Bretaña por la invasión y ocupación de Iraq, e hizo una relación de los dirigentes de ambos países a los que se debería exigir responsabilidades. El Tribunal recopiló una impresionante documentación referente a las acusaciones penales y recibió una considerable atención de los medios de comunicación, por lo menos en Oriente Medio. Los medios de comunicación atacan o ignoran esta iniciativa porque es unilateral y carece de peso legal, pero en ausencia de una acción formal para establecer responsabilidades, estas iniciativas informales llenan un vacío legal, cuando menos simbólico, y dan legitimidad a iniciativas no violentas contra la guerra. La guerra de la legitimidad Al final, lo inquietante es si es importante o no la cuestión de los crímenes de guerra suscitada por el comportamiento de Israel en Gaza y, en caso de que lo sea, en qué sentido. Creo que es extremadamente importante en relación a lo que se podría denominar la “segunda guerra”, esto es, la guerra de la legitimidad que a menudo acaba influyendo más en el resultado político que los resultados en el campo de batalla. Estados Unidos ganó cada batalla de la guerra de Vietnam y perdió la guerra; lo mismo ocurrió con Francia en Indochina y Argelia, y con la Unión Soviética en Afganistán. El Sha de Irán fue derrocado, lo mismo que el régimen de apartheid en Sudáfrica, a causa de las derrotas en la guerra de la legitimidad. En mi opinión, el resultado de hacer salir a la luz las acusaciones penales contra Israel durante y después de sus ataques a Gaza ha sido unos importantes logros para los palestinos en el frente de la legitimidad. La generalizada percepción popular de la criminalidad de Israel, especialmente el hecho de emprender una guerra con armamento moderno contra una población indefensa, ha llevado a personas de todo el mundo a proponer el boicot, la desinversión y las sanciones [contra Israel]**. Esta movilización ejerce presión sobre gobiernos y empresas para que desistan de entablar relaciones con Israel y recuerda a la campaña mundial anti-apartheid que tanto hizo para alterar el paisaje político en Sudáfrica. Ganar la guerra de la legitimidad no garantiza que se vaya a lograr la autodeterminación palestina en un futuro inmediato, pero cambia la ecuación política de un modo que no es completamente discernible en este momento. El sistema global proporciona un marco legal capaz de imponer el derecho penal internacional, pero no se implementará a menos que haya voluntad política. Es probable que Israel se proteja de iniciativas judiciales formales referentes a acusaciones de crímenes de guerra, pero se enfrentará a la secuela que surge de la credibilidad que estas acusaciones plantean a la opinión pública mundial. Esta secuela está dando una nueva forma a la subyacente lucha Israel/Palestina y está dando una relevancia mayor de la que nunca ha tenido a la guerra de la legitimidad, la cual se combate en el campo de batalla político global. __ Richard Falk es profesor emérito de derecho internacional de la Universidad de Princeton y en 2008 fue nombrado Relator Especial sobre los Derechos Humanos en Palestina de la ONU * N. de la t.: Este es el nombre con el que, paradójicamente, se autodenomina el ejército israelí. (1) La idea de una jurisdicción universal tiene sus raíces en la manera de abordar la piratería en los siglos pasados, cuando se permitía a cualquier país capturar y emprender acciones legales al encontrar barco pirata y sin tener en cuenta la nacionalidad de las personas acusadas de ese crimen. ** N. de la t.: En realidad, esta campaña fue lanzada por más de 170 organizaciones palestinas el 9 de julio de 2005, en el primer aniversario de la Opinión Consultiva emitida por el Tribunal Internacional de Justicia que declaraba ilegal el Muro del Apartheid, véase: <A href="http://www.bdsmovement.net/?q=node/52#Spanish">bdsmovement</A> Traducido del inglés para <A href="http://www.rebelion.org/noticia.php?id=82861">Rebelión</A> por Beatriz Morales Bastos y revisado por Christine Lewis Carroll Enlace con el original: <A href="http://mondediplo.com/2009/03/03warcrimes">Monde Diplomatique</A> <DIV style="CLEAR: both"></DIV> <DIV class=post-footer> <DIV class="post-footer-line post-footer-line-1">Publicado por lu en <A class=timestamp-link title="permanent link" href="http://nido-del-cuco.blogspot.com/2009/03/los-crimenes-de-guerra-de-israel.html" rel=bookmark><ABBR class=published title=2009-03-25T16:04:00+01:00>16:04</ABBR></A> <A class=comment-link onclick='javascript:window.open(this.href, "bloggerPopup", "toolbar=0,location=0,statusbar=1,menubar=0,scrollbars=yes,width=400,height=450"); return false;' href="https://www.blogger.com/comment.g?blogID=688699099877814469&postID=3611966467696739337&isPopup=true">0 comentarios</A> <A title="Enviar entrada por correo electrónico" href="http://www.blogger.com/email-post.g?blogID=688699099877814469&postID=3611966467696739337"><IMG class=icon-action height=13 alt="" src="http://www.blogger.com/img/icon18_email.gif" width=18> </A><A title="Editar entrada" href="http://www.blogger.com/post-edit.g?blogID=688699099877814469&postID=3611966467696739337"><IMG class=icon-action height=18 alt="" src="http://www.blogger.com/img/icon18_edit_allbkg.gif" width=18> </A></DIV> <DIV class="post-footer-line post-footer-line-2"></DIV> <DIV class="post-footer-line post-footer-line-3"></DIV></DIV> <DIV class="post hentry"><A name=3228314409622903850></A> <H3 class="post-title entry-title"><A href="http://nido-del-cuco.blogspot.com/2009/03/disparad-tambien-contra-los-equipos-de.html">"Disparad también contra los equipos de rescate"</A> </H3> <DIV class=post-header-line-1></DIV> <DIV class="post-body entry-content">Las normas de procedimiento en Gaza Amira Hass CounterPunch La frase “Normas de procedimiento: Disparad también contra los equipos de rescate”, apareció escrita en hebreo en una hoja de papel encontrada en uno de los hogares palestinos en los que irrumpieron las fuerzas israelíes durante la Operación Plomo Fundido. Un oficial de la reserva que no tomó parte en la ofensiva contra Gaza cree que la nota formaba parte de las órdenes que un comandante de baja graduación escribió antes de proceder a su vez a dar instrucciones diarias a sus soldados. Una de las cuestiones principales reflejadas en las informaciones ofrecidas durante la operación de Gaza, y que aparece en muchos de los testimonios, es que los soldados israelíes dispararon contra los equipos de rescate palestinos y de la Cruz Roja, imposibilitando que pudieran evacuar a los muertos y heridos. Como consecuencia de ello, un número desconocido de palestinos murieron desangrados mientras que otros tuvieron que permanecer escondidos durante días en sus hogares sin poder recibir asistencia médica en espera de ser rescatados. Los cuerpos de los muertos permanecieron tirados fuera de las casas o al borde de las carreteras durante días y en algunos casos hasta dos semanas. Haaretz informó de bastantes de esos casos, algunos de ellos en el momento en que estaban teniendo lugar. El documento encontrado en la casa proporciona una prueba escrita de que los comandantes militares ordenaron a sus tropas que dispararan contra los equipos de rescate. La hoja de papel titulada “Evaluación de la situación” fue encontrada por un investigador del Centro Palestino para los Derechos Humanos en el hogar de la familia de Sami Dardone en Yabal al-Rayes, al este de Yabalia. La extensa familia Dardone habita unas cuarenta casas de esa barriada, construida en lo alto de una colina. El ejército se apropió de algunos de los hogares para albergar allí a sus tropas durante la ofensiva y para servir como punto de tiro de francotiradores o para cualquier tipo de misión. La mayoría de los hogares resultaron seriamente dañados por bombardeos directos o de objetivos cercanos al comienzo de la operación terrestre. Esa fue también la razón por la que quienes vivían en las casas huyeran de allí el 4 de enero. Al terminar la ofensiva el 18 de enero, cuando los vecinos volvieron a sus barrios, se encontraron con que el ejército israelí había destruido totalmente algunas de las casas, además de las que resultaron dañadas por los proyectiles y otras que acabaron destrozadas cuando los soldados irrumpieron en ellas con tanques a través de las paredes. En algunas ocasiones, los soldados utilizaron también explosivos para entrar. Una fuente militar dijo a Haaretz que “el documento encontrado no es un documento oficial firmado por un comandante concreto y, como tal, el ejército no puede hacer comentarios de fragmentos de frases anotadas en un trozo de papel”, pidiendo que no se interpretaran como directivas e instrucciones ordenadas por los comandantes. Evaluación de la situación Según el oficial reservista que no participó en la Operación Plomo Fundido y que recibió una copia del documento vía fax, la “Evaluación de la situación” había sido escrita por un comandante de sección, o por alguien con una graduación más alta, un comandante de compañía. El reservista dice que el autor de la “Evaluación de la situación” tomaba notas para trasladar a sus soldados el contenido de una reunión informativa que altos oficiales habían ofrecido a comandantes de menor graduación. La fecha de la hoja es “16.1.08”, una clara errata ya que comenta hechos políticos y militares que tenían lugar a mediados de enero de 2009. Es posible concluir que el autor está refiriéndose a la posibilidad de que se declare un alto el fuego, un hecho que los oficiales israelíes debatían públicamente en aquellos momentos. “Las próximas veinticuatro horas son muy importantes; es probable que ellos [Hamas] no acepten el acuerdo”, escribe el autor. También menciona al “Ministro del Interior”. Es probable que la referencia aluda al Ministro del Interior de Hamas Said al-Sayam, que fue asesinado el 15 de enero tras bombardear su casa el ejército israelí. En el ataque murieron también cuatro miembros de su familia y cinco integrantes de una familia vecina. Entre los muertos había cuatro niños. Las notas del comandante en la parte superior de la hoja son en gran medida una breve información política, por ejemplo: “los dirigentes locales lo quieren [un alto el fuego], los de fuera [dirigentes de Hamas] no están al corriente”, y una valoración de las intenciones del enemigo: “al enemigo le gustaría llevar a cabo algún secuestro [de soldados], destrucción de hogares”. La frase “Normas de procedimiento” aparece escrita en la parte inferior de la hoja, junto con otra categoría: “Rutina operativa”. Aparece escrito lo siguiente: “Normas de procedimiento: Disparad también a los equipos de rescate. No sobre mujeres y niños. Más allá del tantcher – incriminación”. El “tantcher” es la denominación que el ejército da a Saladino, la ruta que atraviesa toda la longitud de la Franja de Gaza. La casa de la familia Dardone está situada al este de la ruta, por eso es posible que esas instrucciones se refieran a disparar contra cualquiera que cruce la ruta hacia el este, hacia las zonas de las que se había apoderado el ejército israelí. Un soldado reservista que no participó en Plomo Fundido dijo que el término “incriminación”, por lo que él sabe, se refiere al proceso de identificar si la persona que se aproxima es un terrorista. El oficial reservista que no tomó parte en la operación de Gaza habló con otros reservistas, quienes le dijeron que “incriminar” se utilizaba como orden para disparar a matar, al contrario del “procedimiento para identificar sospechosos”, por el cual se dispara primero al aire y después a las piernas. El portavoz del ejército declaró en respuesta que “el ejército recibió órdenes inequívocas de no disparar contra quienes no estuvieran implicados en los combates y de ayudar a los heridos palestinos en función de la situación de la ofensiva”. El oficial reservista dijo a Haaretz que “según los detalles que se mencionan en el papel, parece que el autor era un oficial de baja graduación que estaba al mando de unos treinta soldados, y que se ocupaba de organizar el equipamiento de su sección y de que revisaran el funcionamiento de sus armas” Dijo también que el autor podría haber tomado parte en una reunión informativa con oficiales de rango más alto y que tomaba notas para su información militar y política. Que ahí fue donde pudo recibir las instrucciones sobre las normas de procedimiento. “Las normas de actuación no son algo que decide el comandante de una sección o de una compañía”, dijo el oficial reservista. Según las pintadas dejadas en los hogares Dardone y en función de lo que se sabe del despliegue del ejército israelí en la Franja, la unidad implicada formaba parte de la Brigada Golani. La última parte del documento se titula “Rutina operativa: Calendario de combate”, y se refiere a aspectos como las guardias, la responsabilidad del equipamiento de la sección y las reuniones informativas. También se incluye ahí una nota cuyo título puede traducirse como “Cagar en las casas”. El oficial y el soldado reservistas con los que habló Haaretz dijeron que no sabían lo que esa frase podía significar. Muchas de las casas allanadas por el ejército se abandonaron en condiciones completamente insalubres; los residentes en el hogar de Sami Dardone encontraron sus ropas amontonadas con restos obvios de heces humanas. Bolsas precintadas Haaretz preguntó al portavoz del ejército si con ese “Cagar en las casas” se están refiriendo a “una acción intencionada de convertir los hogares en letrinas, o si el comandante quería hablar con sus soldados del hecho de que habían convertido un espacio habitado en letrinas”. Un soldado reservista que sí tomó parte en la Operación Plomo Fundido dijo al oficial reservista que “hablar de cómo ir al baño formaba parte de la reunión informativa, y quizás ese ‘cagar en las casas’ se refería a dónde apilar las bolsas precintadas que el ejército proporciona a los soldados para que hagan sus necesidades”. El portavoz del ejército manifestó que “los soldados que estuvieron en las casas habían recibido instrucciones de hacer sus necesidades en zonas donde no pusieran en peligro sus vidas, sobre todo en el interior de las casas, que les permitiera desarrollar sus actividades operativas de la mejor forma posible y únicamente el tiempo necesario”. La otra cara de la hoja de la “Evaluación de la situación” muestra que fue escrita en una carta que un niño envió a las tropas. “A los soldados Golani, buena suerte en la guerra”, se lee en la carta escrita por la mano de un niño pequeño. En medio de la página hay un dibujo de un soldado armado. “Con amor, la familia S.”. Amira Haas escribe para Haaretz, el medio donde apareció originariamente este artículo. Es autora del libro “Drinking the Sea at Gaza”. Traducido del inglés para <A href="http://www.rebelion.org/noticia.php?id=82839">Rebelión</A> por Sinfo Fernández </DIV></DIV>

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1 A por los crímenes de guerra de Israel ¡¡¡¡¡¡¡¡

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3056 <DIV class=cont><IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/enriquecarlos-fernandez/81954_crimenes_guerra.jpg">Crímenes de guerra: soldados de EEUU violan y matan a una niña De todos los crímenes de guerra que hemos repasado de soldados de EEUU en Irak, éste resulta sin dudas el más perturbador. Claro que tratar de conmensurar el dolor ajeno, el horror de esas vidas arrebatadas sin sentido, es un ejercicio fútil. Porque la muerte de cada inocente constituye en sí, no un daño colateral e inevitable, sino un hecho vil. Una vida que ya no estará. Y cuya ausencia dispersa el dolor, la sensación de rabia e indefensión, entre la población local como la piedra que cae en un estanque de agua. Pero el asesinato de Abeer Qasim Hamza, de 14 años de edad, se presenta hondamente repugnante, por la alevosía, la premeditación, la frialdad y el sadismo con que fue perpetrado, a diferencia de los crímenes de Haditha, Thar Thar y Hamdania, que tuvieron lugar en esas mismas fechas. El miedo Abeer Qasim Hamza no era una joven que destacara por su belleza. Alta, delgada, su tío la describe como una “chica ordinaria”. Sin embargo, tuvo la desgracia de llamar la atención de los seis soldados de EEUU que controlaban el puesto de control situado a unos 200 metros de su casa, en la salida de la ciudad iraquí de Mahmudiya, ubicada al sur de Bagdad. Según narra un vecino, Abeer le dijo a su madre el 10 de marzo de 2006 que los soldados habían intentado propasarse con ella. Y Fakhriyah, la madre Abeer, había visto en varias ocasiones cómo se comían con los ojos a su hija, cómo le levantaban los pulgares y le gritaban very good, very good, cuando la joven pasaba por allí. Como tenía miedo, le preguntó al vecino si la niña no se podía quedar a dormir en su casa durante las noches. Omar Janabi, el vecino, recuerda que accedió y que le dijo a la madre, para tranquilizarla, que “los soldados estadounidenses no hacen esas cosas”. Tampoco el padre de Abeer le dio excesiva importancia al asunto al afirmar que la “niña es demasiado pequeña”. Asesinato y violación Pero los soldados de EEUU sí se comportaron de la forma más brutal imaginable. Soldados de la 101 División Aerotransportada, con base en Fort Campbell (Kentucky), que habían registrado la casa en varias ocasiones en “busca de terroristas”. Se pusieron ropas oscuras para no ser identificados, salieron del puesto de control y entraron a la vivienda de la familia Qasim. Metieron a los padres de Abeer y a su hija pequeña de siete años en una habitación contigua y uno de los hombres los mató. Después, tres de ellos se turnaron para violar a la niña. Cuando terminaron le destrozaron la cabeza y le quemaron el torso y las piernas para borrar posibles evidencias. La venganza iraquí Al principio, el Ejército de EEUU echó la culpa a la insurgencia. Un traductor militar estadounidense le dijo a Mahdi Obeid Saleh, primo de Abeer, que "eso les pasaba por dar cobijo a terroristas”. Y la verdad del asunto se comenzó a saber cuando miembros del Consejo Muayahidín de la Sura, una de las seis organizaciones suníes islámicas que en Irak luchaban contra la ocupación, se vengaron de los sucedido a Abeer. Mataron a un integrante del mismo cuerpo militar, David J. Babineau, y decapitaron a otros dos: Kristian Menchaca y Thomas Lowell Tucker. Fue entonces cuando un soldado habló a un consejero castrense de lo sucedido en Mahmudiya. Los culpables Los dos hermanos varones de Abeer se salvaron porque estaban en la escuela. Uno de ellos, Mohammed, de 13 años, declaró que había visto a un militar pasar el dedo por la cara de su hermana en el puesto de control. Ese era Steve Green, de 21 años, soldado raso considerado el principal responsable de lo ocurrido. Las confesiones señalan que fue él quien disparó a sangre fría a los padres con un AK 47, a su hija y a la propia Abeer. Sus cómplices fueron tres hombres. James Barker, que el 15 de noviembre de 2006 se declaró responsable de violación y asesinato para evadir la pena de muerte siendo condenado a 90 años de prisión. El sargento Paul Cortez también asumió su culpa, por lo que recibió una sentencia de 100 años. Ambos podrían salir bajo fianza dentro de una década. El tercero en cuestión, Jesse V. Spielman, se declaró no culpable de los cargos más graves, por lo que fue el único en enfrentarse al tribunal militar. Afirma que no violó a Abeer, que sólo le tocó el pecho cuando estaba muerta, aunque sí sabía del plan y sí acompañó a los otros. Durante el juicio salió a la luz que los soldados habían estado hablando en el puesto de control, mientras bebían whisky irakí y jugaban a las cartas, de "matar iraquíes" y de "follar". Temas recurrentes en sus conversaciones. Otro de los imputados, Bryan Howard, señaló que cuando los hombres volvieron al checkpoint, los escuchó decir "eso fue asombroso", "matamos a una familia", y que uno de ellos saltaba en la cama. Paul Cortez admitió que odiaba a los iraquíes, incluidas las mujeres. Un elemento que salió a relucir una y otra vez en el juicio por parte de numerosos testigos: el odio a los locales, a los que llaman "haj", y de quienes no distinguen a civiles de combatientes. Cuando a Barker se le preguntó si el odio de Green era distinto al del resto, dijo que la única diferencia era que lo expresaba más a menudo. "Vine porque quería matar" Originario de Texas, cuando en enero de 2005 Steven Dale Green se alistó en el ejército se le retiraron los cargos que pesaban en su contra por abuso de alcohol y drogas. Un procedimiento conocido como moral waiver (renuncia moral) y que benefició a 34,476 reclutas sólo en 2006 a los que se les perdonaron desde infracciones tráfico hasta delitos graves. Nueve meses más tarde estaba en Irak, donde poco tiempo duró, ya que lo dieron de baja en mayo de 2006 por “comportamiento deshonroso y antisocial” antes de que se supiera nada de la violación y asesinato de Abeer. Crimen acerca del cual Bryan de Palma estrenó en 2007 una película llamada "Redacted". Al encontrarse fuera del Ejército, Green va a ser juzgado por la justicia ordinaria de su país en abril de 2009. Hasta ahora se ha declarado inocente. Su abogado ya ha dicho que alegarán enajenación mental. Un artículo de The Washington Post cita estas palabras de Green: “Vine porque quería matar gente… La verdad es que no es para perder la cabeza. Quiero decir, pensé que matar a alguien iba a ser una experiencia que te iba a cambiar la vida. Y cuando lo hice, me dije: Muy bien, lo que sea". "Maté a un tío que no quiso parar en el puesto de control y fue como si nada… Matar gente aquí es como pisar una hormiga. Quiero decir, matas a alguien y es como decir ok, vamos a comprar pizza”. </DIV>

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1 No olvidemos los Crímenes de guerra de Bush en Irak. Otro motivo más para la lucha.

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3056 <H1><IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/enriquecarlos-fernandez/240479_3174047876_9dbb97236a.jpg"></H1> Fuente: Margalida Capellà*, Taula per Palestina. Illes Balears, RESCOP / CSCAweb - España La sentencia del Tribunal del Distrito de Jerusalén es una referencia internacional a la hora de afirmar la jurisdicción universal para la represión de los crímenes contra la humanidad, basada en el derecho de cada Estado de ejercer extraterritorialmente su jurisdicción para evitar la impunidad por estos crímenes A muchos ha sorprendido la noticia de que la Audiencia Nacional española haya admitido a trámite una querella criminal contra siete israelíes por crímenes de guerra en la Franja de Gaza durante una operación de “asesinato selectivo” que causó la muerte de catorce civiles, además de la del presunto terrorista. Sin embargo, la noticia más normal sería que fuera un tribunal israelí quien juzgara a estos israelíes y no un tribunal español, a falta de tribunales palestinos con jurisdicción penal sobre estos hechos, pero esta inactividad de la justicia israelí no transciende demasiado a la opinión pública. Parece como si el juez español hubiera tramitado la querella por capricho o incluso por motivos políticos, como cabe deducir de las declaraciones de las autoridades políticas y militares de Israel, y la realidad no es así. Es fundamental entender el porqué de la querella y también el sentido de la jurisdicción universal para contrarestar una batalla mediática que podría llegar a influir en el ámbito político y diplomático hasta llevar a la eliminación del mecanismo de la jurisdicción universal del ordenamiento jurídico español, así como ha sucedido ya en otros países como Bélgica o Alemania. Para ello, he aquí las tres claves de este proceso: la responsabilidad penal internacional de los individuos por crímenes de guerra, la obligación de los estados de investigar y perseguir las violaciones del derecho internacional humanitario y, finalmente, la necesidad de mantener la jurisdicción universal cuando fallan los mecanismos penales nacionales e internacionales. El objeto de la querella es determinar la responsabilidad penal por unos hechos constitutivos de crímenes de guerra, no la del Estado La querella no se dirige contra el Estado de Israel ni se juzga su derecho a existir ni tampoco su derecho a la legítima defensa. Ni siquiera se solicita una responsabilidad subsidiaria del Gobierno israelí, por lo que el Estado no es parte en el procedimiento aunque a menudo lo parezca. Lo que se pretende es determinar una responsabilidad penal por un ataque militar con resultado de quince homicidios de personas civiles en julio de 2002 (y no por los ataques de los pasados meses de diciembre y enero) y por ello se dirige la querella contra unos individuos que presuntamente han infringido el derecho internacional humanitario. En cualquier conflicto armado los miembros de las fuerzas armadas deben actuar de conformidad con unas reglas establecidas internacionalmente y también en los códigos militares nacionales, y el derecho israelí no es una excepción. Los soldados y sus mandos superiores tienen una serie de obligaciones y entre ellas las más básicas son proteger a la población civil y respetar el principio de proporcionalidad. También tienen derechos, evidentemente, y el de negarse a ejecutar órdenes contrarias al derecho humanitario es uno de los más importantes. A este derecho se acogen los refuseniks israelíes: soldados y reservistas que se niegan a participar en operaciones militares en territorios ocupados o a ejecutar acciones ilegales que, además, denuncian como crímenes de guerra cometidos por el ejército israelí. Los hechos relatados en la querella presentan claros indicios de criminalidad: con el propósito de cometer el asesinato de un presunto miembro de Hamás, las Fuerzas Armadas de Israel, con el conocimiento de las consecuencias que tal acción podría conllevar, decidió lanzar un artefacto explosivo de gran potencia en una zona densamente poblada, produciendo, además de la muerte de ese individuo, la de otras catorce personas, así como heridas de diversa consideración a otros ciento cincuenta ciudadanos palestinos, entre ellos niños y bebés. La operación se atribuye a toda la cadena de mando, llegando incluso al Ministro de Defensa de Israel en el momento de cometerse los hechos denunciados. La Audiencia Nacional española interviene porque los tribunales israelíes no han investigado ni perseguido estos hechos Las violaciones del derecho internacional humanitario deben ser perseguidas e investigadas por los Estados, en especial por los Estados parte de los Convenios de Ginebra de 1949 fuere cual fuere si nacionalidad. Israel es parte desde 1950 del IV Convenio, aplicable a la protección de la población civil, pero no investiga ni persigue los hechos que son denunciados ante sus tribunales militares y penales israelíes, en algunos casos por los propios refuseniks. Éstos han acudido a la justicia británica y neozelandesa y han conseguido ya la admisión a trámite de algunos casos, con las consiguientes órdenes internacionales de arresto que han motivado más de una incomodidad a los querellados y al Gobierno israelí. Cuando fallan los tribunales del Estado con jurisdicción sobre las infracciones de derecho humanitario pueden actuar los tribunales de otros Estados (jurisdicción universal), ya que todos los Estados están obligados a respetar y hacer respetar los Convenios: para ello, la jurisdicción universal puede ser un mecanismo apropiado, aunque para evitar conflictos diplomáticos lo más conveniente sería que la Corte Penal Internacional tuviera competencia sobre estos hechos. Sin embargo, Israel no es parte del Estatuto de la Corte Penal Internacional y los crímenes de guerra (infracciones graves del derecho humanitario) perpetrados en su territorio o por sus nacionales han quedado hasta ahora en la más absoluta impunidad. En este contexto, el ejercicio de la jurisdicción universal es actualmente el último recurso que queda para aquellos que no se resignan al uso de la fuerza discriminada y desproporcionada contra la población civil como método de guerra ni, por supuesto, como estrategia para conseguir la paz. En España, el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial faculta a los tribunales españoles a conocer determinados crímenes cometidos fuera del territorio español y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha sentado que no es necesario ningún vínculo de nacionalidad española de las víctimas para ello. La única limitación expresa al ejercicio de esta jurisdicción universal es la de la cosa juzgada, y, tras la admisión a trámite de la querella, las autoridades israelíes deben probar que los hechos objeto de la querella se están investigando para suspender la instrucción del caso, siete años después del ataque. Israel y la jurisdicción universal En 1961 el ciudadano alemán Adolf Eichmann fue condenado a muerte y después ahorcado en Israel por crímenes contra la humanidad cometidos en Alemania, tras haber sido secuestrado por los servicios secretos israelíes en Argentina, donde se refugió desde el final de la II Guerra mundial. Este juicio se basó en la Ley para el castigo de los nazis y sus colaboradores, adoptada en 1950 para la persecución y sanción de crímenes contra el pueblo judío, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, que todavía está vigente y ha servido para la extradición de presuntos criminales nazis a Israel para ser juzgados. La sentencia del Tribunal del Distrito de Jerusalén es una referencia internacional a la hora de afirmar la jurisdicción universal para la represión de los crímenes contra la humanidad, basada en el derecho de cada Estado de ejercer extraterritorialmente su jurisdicción para evitar la impunidad por estos crímenes. Israel estaba tan interesada en juzgar unos crímenes que horrorizaron a la Humanidad que fue precursora de una jurisdicción de la que ahora reniega. Por esto, de esta sentencia vale la pena recordar unas frases, ahora que Israel tanto cuestiona la admisión a trámite de una querella por la Audiencia Nacional española contra ciudadanos israelíes por crímenes de guerra y contra la humanidad: “Los horribles crímenes definidos en esta Ley –señala el Tribunal- son crímenes no sólo según el Derecho israelí. Aquellos crímenes que ofenden al conjunto de la humanidad y conmocionan la conciencia de las naciones son graves atentados contra el Derecho internacional. En ausencia de un tribunal internacional, el Derecho internacional necesita las autoridades judiciales y legislativas de cada país para hacer efectivas sus normas penales y llevar a los criminales a juicio. La jurisdicción para conocer estos crímenes de derecho internacional es universal”. Recordando estos datos, no se pretende equiparar los crímenes de Eichmann a los que ahora se imputan a siete ciudadanos israelíes, porque son incomparables: no hay crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra más graves que otros, todo son ataques contra la población civil, que debe estar protegida tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra, especialmente la población de territorios ocupados. Es tan crimen contra la humanidad la deportación de miles de personas como el homicidio intencionado de una docena. La pena podrá variar, pero la calificación no y, en cualquier caso, corresponde a un juez determinar tanto una como otra. Finalmente, cabría responder a unas preguntas que lanzan estos días los dirigentes israelíes y que, sorprendentemente, parecen provocar en algunos alguna duda a la hora de felicitar a la Audiencia Nacional por haber tramitado la querella en cumplimiento de las obligaciones contraídas por España para luchar contra la impunidad por infracciones graves del derecho humanitario: Los terroristas de Hamás se rodean de rehenes y de escudos humanos, ¿qué haríais vosotros si quisiérais matarlos? Por supuesto, no mataríamos ni a los rehenes ni a los escudos humanos e intentaríamos en lo posible reducir a quienes los retienen por la fuerza o incluso con su aquiescencia. ¿Cómo es posible que se pretenda juzgar a unos militares que velan por la seguridad de los israelíes y no a los terroristas que nos atacan? Israel no juzga a los terroristas, que nunca lo son “presuntamente”: sencillamente, los mata antes con “ataques letales selectivos” que son una afrenta no sólo al derecho humanitario sino al principio más básico del derecho: el de la presunción de inocencia, un derecho humano que tienen también aquellos de quienes se sospecha que cometen actos de terrorismo. En un presunto estado de derecho como el israelí, donde ni los niños palestinos son considerados víctimas inocentes, el proceso normal de detener y juzgar a un presunto terrorista no existe: primero se le mata, y después los mandos militares se preguntan si calcularon bien la potencia de la bomba o si la información que tenían sobre el domicilio a destruir era exacta. No hay rendición de cuentas, no hay justicia. Y para esto está la jurisdicción universal. La transcripción de la sentencia del Tribunal Supremo de Israel está disponible en The Nizkor Project. *profesora de Derecho Internacional Público de la Universitat de les Illes Balears

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1 Crímenes de guerra en Gaza y jurisdicción universal en España... y en Israel

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