III Convenio de Ginebra. Primera Parte

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1657 Por un error borré la primera parte del III Convenio de Ginebra. Cuando se insertan artículos muy largos se plantean problemas. Inserto, de nuevo, esta parte. Recordemos que el III Convenio de Ginebra se aplica a los prisioneros de guerra. El Convenio reemplaza al firmado en el año 1929. Entró en vigor en 1950. <DIV class=title>III. Convenio de Ginebra del 12 de Agosto de 1949 relativo al trato debido a los prisioneros de guerra.</DIV> <DIV class=title> </DIV> <DIV class=title> TÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES Artículo 1 - Respeto del Convenio Las Altas Partes Contratantes se comprometen a respetar y a hacer respetar el presente Convenio en todas las circunstancias. Artículo 2 - Aplicación del Convenio Aparte de las disposiciones que deben entrar en vigor ya en tiempo de paz, el presente Convenio se aplicará en caso de guerra declarada o de cualquier otro conflicto armado que surja entre dos o varias de las Altas Partes Contratantes, aunque una de ellas no haya reconocido el estado de guerra. El Convenio se aplicará también en todos los casos de ocupación total o parcial del territorio de una Alta Parte Contratante, aunque tal ocupación no encuentre residencia militar. Si una de las Potencias en conflicto no es parte en el presente Convenio, las Potencias que son Partes en el mismo estarán, sin embargo, obligadas por el Convenio con respecto a dicha Potencia si ésta acepta y aplica sus disposiciones. <A name=2></A> Artículo 3 - Conflictos no internacionales En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en el territorio de una de las Altas Partes Contratantes, cada una de las Partes en conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes disposiciones: 1) Las personas que no participen directamente en las hostilidades, incluidos los miembros de las fuerzas armadas que hayan depuesto las armas y las personas puestas fuera de combate por enfermedad, herida, detención o por cualquier otra causa, serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable, basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna, o cualquier otro criterio análogo. A este respecto, se prohiben, en cualquier tiempo y lugar, por lo que atañe a las personas arriba mencionadas: a) los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios; b) la toma de rehenes; c) los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes; d) las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados. 2) Los heridos y los enfermos serán recogidos y asistidos. Un organismo humanitario imparcial, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, podrá ofrecer sus servicios a las Partes en conflicto. Además, las Partes en conflicto harán lo posible por poner en vigor, mediante acuerdos especiales, la totalidad o parte de las otras disposiciones del presente Convenio. La aplicación de las anteriores disposiciones no surtirá efectos sobre el estatuto jurídico de las Partes en conflicto. Artículo 4 - Prisioneros de guerra A. Son prisioneros de guerra, en el sentido del presente Convenio, las personas que, perteneciendo a una de las siguientes categorías, caigan en poder del enemigo: 1) los miembros de las fuerzas armadas de una Parte en conflicto, así como los miembros de las milicias y de los cuerpos de voluntarios que formen parte de estas fuerzas armadas; 2) los miembros de las otras milicias y de los otros cuerpos de voluntarios, incluidos los de movimientos de resistencia organizados, pertenecientes a una de las Partes en conflicto y que actúen fuera o dentro del propio territorio, aunque este territorio esté ocupado, con tal de que estas milicias o estos cuerpos de voluntarios, incluidos estos movimientos de resistencia organizados, reúnan las siguientes condiciones: a) estar mandados por una persona que responda de sus subordinados; b) tener un signo distintivo fijo reconocible a distancia; c) llevar las armas a la vista; d) dirigir sus operaciones de conformidad con las leyes y costumbres de la guerra; 3) los miembros de las fuerzas armadas regulares que sigan las instrucciones de un Gobierno o de una autoridad no reconocidos por la Potencia detenedora; 4) las personas que sigan a las fuerzas armadas sin formar realmente parte integrante de ellas, tales como los miembros civiles de tripulaciones de aviones militares, corresponsales de guerra, proveedores, miembros de unidades de trabajo o de servicios encargados del bienestar de los militares, a condición de que hayan recibido autorización de las fuerzas armadas a las cuales acompañan, teniendo éstas la obligación de proporcionarles, con tal finalidad, una tarjeta de identidad similar al modelo adjunto; 5) los miembros de las tripulaciones, incluidos los patrones, los pilotos y los grumetes de la marina mercante, y las tripulaciones de la aviación civil de las Partes en conflicto que no se beneficien de un trato más favorable en virtud de otras disposiciones del derecho internacional; 6) la población de un territorio no ocupado que, al acercarse el enemigo, tome espontáneamente las armas para combatir contra las tropas invasoras, sin haber tenido tiempo para constituirse en fuerzas armadas regulares, si lleva las armas a la vista y respeta las leyes y las costumbres de la guerra. B. Se beneficiarán también del trato reservado en el presente Convenio a los prisioneros de guerra: 1) las personas que pertenezcan o hayan pertenecido a las fuerzas armadas del país ocupado, si, por razón de esta pertenencia, la Potencia ocupante, aunque inicialmente las haya liberado mientras proseguían las hostilidades fuera del territorio que ocupa, considera necesario internarlas, especialmente tras una tentativa fracasada de estas personas para incorporarse a las fuerzas armadas a las que pertenezcan y que estén combatiendo, o cuando hagan caso omiso de una intimidación que les haga por lo que atañe a su internamiento; 2) las personas que pertenezcan a una de las categorías enumeradas en el presente artículo que hayan sido recibidas en su territorio por Potencias neutrales o no beligerantes, y a quienes éstas tengan la obligación de internar en virtud del derecho internacional, sin perjuicio de un trato más favorable que dichas Potencias juzguen oportuno concederles, exceptuando las disposiciones de los artículos 8, 10, 15, 30, párrafo quinto, 58 a 67 incluidos, 92 y 126, así como las disposiciones relativas a la Potencia protectora, cuando entre las Partes en conflicto y la Potencia neutral o no beligerante interesada haya relaciones diplomáticas. Cuando haya tales relaciones, las Partes en conflicto de las que dependan esas personas estarán autorizadas a ejercer, con respecto a ellas, las funciones que en el presente Convenio se asignan a las Potencias protectoras, sin perjuicio de las que dichas Partes ejerzan normalmente de conformidad con los usos y los tratados diplomáticos y consulares. C. El presente artículo no afecta al estatuto del personal sanitario y religioso, como se estipula en el artículo 33 del presente Convenio. Artículo 5 - Principio y fin de la aplicación El presente Convenio se aplicará a las personas mencionadas en el artículo 4 a partir del momento en que caigan en poder del enemigo y hasta su liberación y su repatriación definitiva. Si hay duda por lo que respecta a la pertenencia a una de las categorías enumeradas en el artículo 4 de las personas que hayan cometido un acto de beligerancia y que hayan caído en poder del enemigo, dichas personas se benefician de la protección del presente Convenio, en espera de que un tribunal competente haya determinado su estatuto. Artículo 6 - Acuerdos especiales Aparte de los acuerdos expresamente previstos en los artículos 10, 23, 28, 33, 60, 65, 66, 67, 72, 73, 75, 109, 110,118, 119, 122 y 132, las Altas Partes Contratantes podrán concertar otros acuerdos especiales sobre cualquier cuestión que les parezca oportuno zanjar particularmente. Ningún acuerdo especial podrá perjudicar a la situación de los prisioneros, tal como se reglamenta en el presente Convenio, ni restringir los derechos que en éste se les otorga. Los prisioneros de guerra seguirán beneficiándose de estos acuerdos mientras el Convenio les sea aplicable, salvo estipulaciones en contrario expresamente consignadas en dichos acuerdos o en acuerdos ulteriores, o también, salvo medidas más favorables tomadas a su respecto por una u otra de las Partes en conflicto. Artículo 7 - Inalienabilidad de derechos Los prisioneros de guerra no podrán, en ninguna circunstancia, renunciar parcial o totalmente a los derechos que se les otorga en el presente Convenio y, llegado el caso, en los acuerdos especiales a que se refiere el artículo anterior. Artículo 8 - Potencias protectoras El presente Convenio será aplicado con la colaboración y bajo el control de las Potencias protectoras encargadas de salvaguardar los intereses de las Partes en conflicto. Para ello, las Potencias protectoras podrán designar, a parte de su personal diplomático o consular, a delegados de entre los propios súbditos o de entre los de otras Potencias neutrales. Estos delegados serán sometidos a la aprobación de la Potencia ante la cual hayan de efectuar su misión. Las Partes en conflicto facilitarán, en la mayor medida posible, la labor de los representantes o delegados de las Potencias protectoras. Los representantes o delegados de las Potencias protectoras nunca deberán extralimitarse en la misión que se les asigna en el presente Convenio; habrán de tener en cuenta, especialmente, las imperiosas necesidades de seguridad del Estado ante el cual ejercen sus funciones. Artículo 9 - Actividades del Comité Internacional de la Cruz Roja Las disposiciones del presente Convenio no son óbice para las actividades humanitarias que el Comité Internacional de la Cruz Roja, u otro organismo humanitario imparcial, emprenda para la protección de los prisioneros de guerra, así como para los socorros que, con el consentimiento de las Partes en conflicto interesadas, se les proporcione. Artículo 10 - Sustitutos de las Potencias protectoras Las Altas Partes Contratantes podrán convenir, en todo tiempo, en confiar a un organismo que ofrezca todas las garantías de imparcialidad y de eficacia, las tareas asignadas en el presente Convenio a las Potencias protectoras. Si prisioneros de guerra no se benefician, o ya no se benefician, sea por la razón que fuere, de las actividades de una Potencia protectora o de un organismo designado de conformidad con lo estipulado en el párrafo anterior, la Potencia detenedora deberá solicitar, sea a un Estado neutral sea a tal organismo, que asuma las funciones asignadas en el presente Convenio a las Potencias protectoras designadas por las Partes en conflicto. Si no puede conseguirse así una protección, la Potencia detenedora deberá solicitar a un organismo humanitario, tal como el Comité Internacional de la Cruz Roja, que se encargue de desempeñar las tareas humanitarias asignadas en el presente Convenio a las Potencias protectoras, o deberá aceptar, a reserva de las disposiciones del presente artículo, los ofrecimientos de servicios de tal organismo. Cualquier Potencia neutral o cualquier organismo invitado por la Potencia interesada o que se ofrezca con la finalidad indicada deberá percatarse de su responsabilidad para con la Parte en conflicto a la que pertenezcan las personas protegidas por el presente Convenio, y deberá dar suficientes garantías de capacidad para asumir el cometido de que se trata y para desempeñarlo con imparcialidad. No podrán derogarse las disposiciones anteriores por acuerdo particular entre Potencias cuando una de ellas se vea, aunque sea temporalmente, limitada en su libertad para negociar con respecto a la otra Potencia o a sus aliados, a causa de acontecimientos militares, especialmente en caso de ocupación de la totalidad o de una parte importante de su territorio. Cuantas veces se menciona en el presente Convenio a la Potencia protectora, tal mención designa, asimismo, a los organismos que la sustituyan en el sentido de este artículo. Artículo 11 - Procedimiento de conciliación Siempre que lo juzguen conveniente en interés de las personas protegidas, especialmente en caso de desacuerdo entre las Partes en conflicto acerca de la aplicación o la interpretación de las disposiciones del presente Convenio, las Potencias protectoras prestarán sus buenos oficios para dirimir el litigio. Con esta finalidad, cada una de las Potencias protectoras podrá, tras invitación de una Parte, o por propia iniciativa, proponer a las Partes en conflicto una reunión de sus representantes y, en particular, de las autoridades encargadas de los prisioneros de guerra, si es posible en un territorio neutral convenientemente elegido. Las Partes en conflicto tendrán la obligación de aceptar las propuestas que en tal sentido se les haga. Las Potencias protectoras podrán, llegado el caso proponer a la aprobación de las Partes en conflicto una personalidad perteneciente a una Potencia neutral, o una personalidad delegada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, que será invitada a participar en la reunión. <A name=3></A> TÍTULO II - PROTECCIÓN GENERAL DE LOS PRISIONEROS DE GUERRA Artículo 12 - Responsabilidad por el trato a los prisioneros Los prisioneros de guerra están en poder de la Potencia enemiga, y no de los individuos o de los cuerpos de tropa que los hayan capturado. Independientemente de las responsabilidades individuales que pueda haber, la Potencia detenedora es responsable del trato que reciban. Los prisioneros de guerra no pueden ser transferidos por la Potencia detenedora más que a otra Potencia que sea Parte en el Convenio y cuando la Potencia detenedora se haya cerciorado de que la otra Potencia desea y puede aplicar el Convenio. Cuando los prisioneros hayan sido así transferidos, la responsabilidad de la aplicación del Convenio incumbirá a la Potencia que haya aceptado acogerlos durante el tiempo que se le confíen. Sin embargo, en el caso de que esta Potencia incumpla sus obligaciones de aplicar las disposiciones del Convenio en cualquier punto importante, la Potencia que haya transferido a los prisioneros de guerra deberá, tras haber recibido una notificación de la Potencia protectora, tomar medidas eficaces para remediar la situación, o solicitar que le sean devueltos los prisioneros de guerra. Habrá de satisfacerse tal solicitud. Artículo 13 - Trato humano a los prisioneros Los prisioneros de guerra deberán ser tratados humanamente en todas las circunstancias. Está prohibido y será considerado como infracción grave contra el presente Convenio, todo acto ilícito o toda omisión ilícita por parte de la Potencia detenedora, que comporte la muerte o ponga en grave peligro la salud de un prisionero de guerra en su poder. En particular, ningún prisionero de guerra podrá ser sometido a mutilaciones físicas o a experimentos médicos o científicos sea cual fuere su índole, que no se justifiquen por el tratamiento médico del prisionero concernido, y que no sean por su bien. Asimismo, los prisioneros de guerra deberán ser protegidos en todo tiempo, especialmente contra todo acto de violencia o de intimidación, contra los insultos y la curiosidad pública. Están prohibidas las medidas de represalia contra ellos. Artículo 14 - Respeto a la persona de los prisioneros Los prisioneros de guerra tienen derecho, en todas las circunstancias, al respeto de su persona y de su honor. Las mujeres deben ser tratadas con todas las consideraciones debidas a su sexo y, en todo caso, se beneficiarán de un trato tan favorable como el que reciban los hombres. Los prisioneros de guerra conservarán su plena capacidad civil tal como era cuando fueron capturados. La Potencia detenedora no podrá limitar el ejercicio de esa capacidad, sea en su territorio sea fuera del mismo, más que en la medida requerida por el cautiverio. Artículo 15 - Manutención de los prisioneros La Potencia detenedora de los prisioneros de guerra está obligada a atender gratuitamente a su manutención y a proporcionarles gratuitamente la asistencia médica que su estado de salud requiera. Artículo 16 - Manutención de los prisioneros Habida cuenta de las disposiciones del presente Convenio relativas a la graduación así como al sexo, y sin perjuicio del trato privilegiado que puedan recibir los prisioneros de guerra a causa de su estado de salud, de su edad o de sus aptitudes profesionales, todos los prisioneros deberán ser tratados de la misma manera por la Potencia detenedora, sin distinción alguna de índole desfavorable de raza, de nacionalidad, de religión, de opiniones políticas u otras, fundadas en criterios análogos. <A name=4></A> Ver:</DIV> <DIV class=title> </DIV> <DIV class=title><A href="http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/iwpList103/1FB1554798C43090C1256DE1005394D2">http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/iwpList103/1FB1554798C43090C1256DE1005394D2</A></DIV> <DIV class=description></DIV>

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1 III Convenio de Ginebra. Primera Parte

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1657 Hoy, 12 de agosto, conmemoramos el 60 aniversario de la firma de los Convenios de Ginebra (1949). En este blog, donde nuestra principal preocupación son las víctimas, los que han sufrido persecuciones, represiones de todo tipo y la sinrazón de la violencia, no podíamos dejar de lado esta conmemoración, a pesar de los incumplimientos de lo dispuesto en los Convenios. Los Convenios de Ginebra son considerados la piedra angular del derecho internacional humanitario. Los Convenios contienen una serie de normas que regulan las formas en las que pueden librarse los conflictos armados, e intentan limitar el daño a las personas. Pretenden proteger a todos aquellos que no participan en las hostilidades: población civil, personal sanitario, y miembros de organizaciones humanitarias. También se encargan de velar por los que ya no pueden participar en esas hostilidades: heridos, enfermos, náufragos y prisioneros de guerra. Los Convenios y los Protocolos establecen que se deben tomar medidas para prevenir o poner fin a cualquier infracción de los mismos. Se establecen normas muy estrictas contra quienes realizan infracciones graves. Deben ser perseguidos, enjuiciados y hasta extraditados, en su caso, sea cuál sea su nacionalidad. En los siguientes artículos haremos un repaso por los Convenios y los Protocolos. Ver: <A href="http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/genevaconventions#a1">http://www.icrc.org/web/spa/sitespa0.nsf/html/genevaconventions#a1</A>

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1 Los Convenios de Ginebra

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1657 El fascismo tiene un evidente componente imperialista. El fascismo nace de un nacionalismo de vencidos, de revancha. De ese nacionalismo herido se pasa al imperialismo con mucha facilidad. La nación encontraría su horizonte en la formación de un imperio, de un espacio vital, ya que un pueblo superior (recordemos el concepto de desigualdad en el fascismo) tiene derecho a disponer de un espacio para realizarse, ya sea el centro y este de Europa para el nazismo, ya sea África para el fascismo italiano. Al tener derecho a ese espacio y a conquistarlo se vulneraría el derecho internacional.

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1 El imperialismo en el fascismo

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15854 Ivette Durán Calderón<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> El abogado, a través del tiempo fue adquiriendo gran trascendencia como el más alto exponente de la defensa de los derechos de la justicia.<o:p></o:p> El abogado, como servidor de la justicia y como responsable de la correcta administración, debe mantener en alto el honor y dignidad de su profesión, asumiendo una irreprochable actitud y ejemplar conducta en sus actos y, sobre todo, en el desempeño de su profesión<o:p></o:p> La historia refleja a los profesionales del derecho, a los versados de las Ciencias Jurídicas, como conocedores del espíritu humano, defensores, letrados y oradores por el despliegue de fuerza de su elocuencia.<o:p></o:p> El Nuevo Testamento presenta a Jesucristo como juez justo y supremo abogado dispuesto a llevar la buena causa de las almas; los griegos y romanos acudieron a esta profesión en momentos difíciles para solucionar conflictos muy severos.<o:p></o:p> Hombres dotados de moral, de capacidad y sabiduría suficiente, han llevado en alto los principios de la razón, el derecho y la justicia, enalteciendo esta sacrificada labor en la constante lucha por lograr que las relaciones humanas de los hombres en la sociedad se desarrollen dentro del respeto mutuo, paz, equidad y justicia. La historia se ha encargado de enaltecer esta noble tarea, sacrificada e ingrata las más de las veces.<o:p></o:p> La profesión del abogado ha sido atacada por subalternos intereses de quienes, llevados por pasiones, rencores, envidia, celos profesionales, ocultas intenciones, despecho de litigantes vencidos y otros factores, han vertido sus sentimientos adversos en contra de esta digna profesión y de quienes invisten el atuendo de la justicia, calificando a los abogados con una serie de adjetivos y castigándolos con innumerables calumnias, injurias e incluso apelativos peyorativos.<o:p></o:p> Sin embargo como toda actividad humana, no se puede desconocer que también han existido y existen abogados que, perdiendo su propia identidad y aparentando ser defensores de la justicia, adoptan conductas innobles y egoístas para obtener beneficios personales en desmedro de los valores sociales que sustentan dicho derecho, olvidando que la moral y la conciencia son la piedra fundamental y que éstas, en última instancia, les pedirán cuentas a sus actos, al margen de las condignas sanciones que merezcan por el daño a la sociedad y a la alta función del servicio público que le asigna la Ley de Abogacía de cualquier país del mundo.<o:p></o:p> No es un sentimiento lírico el pretender redimir nuestra verdadera identidad. Debemos recuperar y mantener el respeto por nuestra sociedad, y sobre todo, ser conscientes de que la profesión no es sólo un medio para ganarse la vida; sino también la vida honrosa para el engrandecimiento de nuestro espíritu y de quienes nos rodean.<o:p></o:p> Por ello, debe primar siempre un sentimiento de orgullo por la alta función que nos ha encomendado la sociedad, debiendo constituir un verdadero desafío para nosotros: reconquistar la verdadera imagen del abogado, como genuino paladín de la justicia en nuestro suelo patrio y allende sus fronteras, allí, donde nos encontremos.<o:p></o:p>

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1 ¿Dónde están los paladines de la justicia?

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2783 <DIV align=justify>El <A id=link_0 title=http://www.echr.coe.int href="http://www.echr.coe.int/">Tribunal Europeo de Derechos Humanos</A> (TEDH), cuya sede está en la ciudad de Estrasburgo, ha vuelto a <A id=link_1 title=http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Tribunal/Europeo/Derechos/Humanos/condena/Francia/impedir/adoptar/lesbiana/elpepusoc/20080122elpepusoc_2/Tes href="http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Tribunal/Europeo/Derechos/Humanos/condena/Francia/impedir/adoptar/lesbiana/elpepusoc/20080122elpepusoc_2/Tes">ser noticia nuevamente</A>. Como hizo hace unos años, ahora se ha vuelto a pronunciar acerca de la discriminación legal de los homosexuales en su sentencia en el caso Fretè contra Francia, ahora vuelve a pronunciarse sobre la homosexualidad, concretamente sobre en relación la capacidad de los homosexuales para adoptar en su sentencia en el caso E.B. contra Francia. Dado lo confuso que suelen ser las informaciones periodísticas sobre este tema, en esta entrada quiero hacer una síntesis de los hechos, indicar los fundamentos jurídicos de la sentencia y precisar el alcance de la jurisprudencia aquí contenida. En 1998, una ciudadana francesa que, en el momento de los hechos, mantenía una relación de pareja con otra mujer solicitó la autorización administrativa que le reconociera la idoneidad para adoptar. El artículo 343-1 Código Civil francés permite adoptar tanto a los matrimonios como a las personas solteras y, en virtud de este artículo, E. B. (nombre que le da la sentencia) solicita la autorización antes descrita. Los servicios sociales franceses hicieron las investigaciones previstas, entre ellas varias entrevistas con un psicólogo. Después de finalizar todo el periodo de comprobación de la idoneidad, el Presidente del Consejo de Familia del departamento en el que vivían, rechazaba la concesión de la autorización sobre dos motivos (párrafo 17): - Que la solicitante presentaba una laguna en el papel de la figura paterna y que esto podía afectar al desarrollo del niño - Que la pareja de la solicitante no parecía involucrada, aunque no se oponía al plan de la solicitante. Tras esta resolución se interpuso un recurso ante el correspondiente tribunal administrativo, iniciándose una serie de sentencias y recurso que terminó en 2002 con la decisión del Consejo de Estado, máxima instancia de la justicia administrativa en Francia. Esta instancia confirmó definitivamente la decisión del Consejo de Familia (párrafos 21 a 25). La solicitante presentó una demanda contra Francia ante el TEDH por violación del artículo 8 de la CEDH (derecho a la intimidad personal y familiar y prohibición de interferencia del Estado) en conexión con el artículo 14 de la CEDH (igualdad). El TEDH se pregunta si autoridades francesas habían discriminado a las demandantes al no autorizarles a adoptar por ser homosexuales, causa de exclusión de que no recoge la legislación francesa (párrafo 50). Hay que señalar que las sentencias del TEDH resuelven un caso singular, en una situación y sobre la legislación que un país concreto aplica. El TEDH mantiene que los diversos Estados-Partes en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH) mantiene un amplio margen de apreciación, por lo que el caso debe ser estudiado a partir de las especificaciones de la legislación francesa, ya que Francia era el estado demandado en este caso. Esto quiere decir que en este caso el TEDH no establece un principio general, al reconocer un margen de apreciación. Consecuentemente esta jurisprudencia del TEDH sólo será aplicable a los estados que tengan una regulación de la adopción que sea equivalente a la de Francia. El TEDH mantiene que si la legislación francesa permite la adopción a personas solteras la objeción de tener una laguna en la figura paterna haría imposible el derecho que el Código Civil otorga a los solteros (párrafo 39). El TEDH mantiene que esto no es más que un obstáculo buscado específicamente para impedir que la solicitante pudiera adoptar sin decir expresamente que la causa era su homosexualidad y su vida en pareja (párrafo 89). Mantiene que la consideración de que la homosexualidad de la solicitante va en contra de la Convención de Derechos del Niño no es aplicable, ya que no se trata de una adopción sino de la autorización para poder hacerlo y si la no concesión de ésta podía violar el artículo 8 en conexión con el artículo 14 de la CEDH (párrafo 44). En todo caso señala que las previsiones deben ser examinadas en virtud de los desarrollos de la legislación en Europa y que el CEDH es un instrumento vivo que debe ser interpretado a la luz de las condiciones presentes (párrafo 46). Dice el TEDH literalmente: “El Tribunal [TEDH] señala que el Derecho francés permite adoptar a las personas solteras […], abriéndose de ese modo la posibilidad de adopción por un soltero homosexual, la cual no es discutida. Contra los antecedentes de las normas del Derecho Interno, se considera que las razones expuestas por el Gobierno no pueden ser consideradas como particularmente convincente y con el peso suficiente para justificar el rechazo de la autorización pedida por la demandante” (párrafo 94). Para terminar hay que decir que este caso ha sido resuelto por la “Gran Sala” dada la importancia de este caso (artículo 30 del CEDH y 72 del Reglamento del TEDH: párrafo 3) y se resolvió en un mismo momento la admisibilidad y el fondo del caso. La decisión fue adoptada por diez votos contra siete, dándose además cuatro votos particulares disidentes y un voto particular concurrente. <A id=link_2 title=http://geografosubjetivo.wordpress.com/files/2008/02/case-of-e1b-v-france.doc href="http://geografosubjetivo.wordpress.com/files/2008/02/case-of-e1b-v-france.doc">Texto íntegro de la sentencia del TEDH en el caso E. B. contra Francia (en inglés)</A></DIV>

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1 Acerca de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre adopción y homosexualidad en Francia

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2783 <DIV align=justify>Será hoy, mañana o en un día de estos, pero <A id=link_0 title=http://www.elpais.com/articulo/internacional/primer/ministro/Kosovo/anuncia/manana/proclamara/independencia/elpepuint/20080216elpepuint_5/Tes href="http://www.elpais.com/articulo/internacional/primer/ministro/Kosovo/anuncia/manana/proclamara/independencia/elpepuint/20080216elpepuint_5/Tes">Kosovo va a proclamar su independencia de la República de Ser</A>bia. La independencia de Kosovo es apoyada por los Estados Unidos, Reino Unido y Francia, y rechazada por Rusia y China. Otros países de la Unión Europea mantienen una actitud escéptica y piensan que la independencia de Kosovo es ante todo poco política y problemática (ésta es la posición de, entre otros, el <A id=link_1 title=http://www.elpais.com/articulo/internacional/Espana/apoyara/independencia/elpepuint/20080216elpepiint_1/Tes href="http://www.elpais.com/articulo/internacional/Espana/apoyara/independencia/elpepuint/20080216elpepiint_1/Tes">gobierno español</A>). Olaf B. Rader, en su magnífico libro Tumba y poder. El culto político a los muertos desde Alejandro Magno a Lenin (Ciruela, 2006), explica magistralmente como los serbios construyeron en los años noventa la leyenda de que Kosovo era la cuna de los serbios pues era el lugar de muerte del príncipe Lazar, tras ser derrotado por el Imperio Otomano, obviando que Kosovo era un territorio bajo el poder turco y no bajo el serbio, e ignorando que los mismos nobles supervivientes a la batalla a lo largo de los años estuvieron al servicio del Sultán. Que una leyenda no sea histórica no tiene nada que ser ni con su existencia, ni con sus consecuencias en la realidad fáctica. Muchos países acogieron con entusiasmo las primeras proclamaciones de independencia. Alemania incluso rompió el consenso comunitario y se precipitó a reconocer estos nuevos estados, lo cual provocó una cadena de reconocimientos. Luego vino una guerra corta en estos países. Bosnia-Herzegovina proclamó su independencia, también reconocida, y comenzó lo que fue una guerra civil acompañada de genocidios. Comenzó la generalizarse la idea de que el reconocimiento fue un incentivo que precipitó que el “Polvorín de los Balcanes” estallase. La independencia de Macedonia y la crisis de Kosovo fueron los últimos episodios. Miles de soldados de los países occidentales se encuentran en la antigua Yugoslavia. Se tuvo que cambiar la doctrina de actuación de la OTAN y dejar el modelo de los “cascos azules” a favor del modelo de “fuerzas de pacificación y estabilización” para garantizar cierto orden externo en Bosnia, Kosovo y Macedonia. Occidente ha gastado miles de millones de euros en mantener sus fuerzas por un periodo que parece no tener fin. Huyo de planteamientos de carácter emocional a la hora plantear la creación de un nuevo estado. Prefiero las consideraciones de orden práctico a las relacionadas con lo emotivo y con los sentimientos de pertenencia. Sobre este tipo de criterios creo que Kosovo no debería proclamar su independencia y que si lo hace está confundiendo la independencia en sentido formal con la independencia en sentido material. Ni las instituciones de Kosovo, ni su sociedad, ni su economía están preparadas para la independencia. Ellos han pensado que ser independiente es no tener vínculos con Serbia, pero esto es sólo la independencia formal. Incluso la independencia formal y la propia indemnidad de Kosovo no está en manos de los kosovares, sino de fuerzas militares internacionales. Tan poco capacitado está Kosovo para la independencia que no está ni en condiciones de tener tropas regulares para defender sus fronteras, que es lo menos que se le a un Estado independiente. Me muestro completamente de acuerdo con <A id=link_2 title=http://www.elmundo.es/elmundo/2008/02/15/espana/1203100363.html href="http://www.elmundo.es/elmundo/2008/02/15/espana/1203100363.html">José Bono</A> en el sentido de que España no debe enviar a su ejército a proteger Kosovo, ya que este asunto les corresponde a los kosovares. No es que en Kosovo falten cosas, sino que se han acostumbrado a que otros países hagan lo que a ellos les corresponde. La seguridad está en manos de fuerzas policiales internacionales, pero éstas sólo pueden mantener unos niveles externos, ya que como policías extranjeros que son están separados de la sociedad en la que operan y en la que no tienen penetración, porque no dejan de ser extranjeros que quieren detener a kosovares. Al amparo de esta situación las mafias de todo tipo han encontrado en este país un territorio sin ley, refugiándose en la dialéctica del “nosotros-los otros” para que buena parte de la población los proteja de los extranjeros e incluso los vea como sus benefactores, protectores y patrones. La financiación de las instituciones kosovares depende básicamente de las aportaciones de países extranjeros, de forma que no han tenido que molestarse con establecer una Administración de Hacienda y tener que convencer u obligar a sus ciudadanos a pagar tributos para mantener sus instituciones y servicios públicos. Es muy cómodo presentarse como el gobierno de un Estado que colme las aspiraciones identitarias de la población, pero eso sí, a precio de saldo, no porque cueste poco, sino porque son otros los que pagan y hasta ponen los recursos humanos. Los que dicen que la proclamación unilateral de la independencia por parte del gobierno kosovar es contraria al Derecho Internacional, y que el reconocimiento del nuevo Estado también lo sería, poco saben de Historia, menos aún de relaciones internacionales y nada de Derecho Internacional. Serbia es, en Kosovo, un “estado fallido”, porque no mantiene el control sobre el territorio, la población y el gobierno. La institución jurídico-internacional del “reconocimiento de estados” es declarativa y no constitutiva, es decir, que un Estado puede existir y no ser reconocido como tal por la mayoría de la comunidad internacional. El reconocimiento, en el fondo es darle forma jurídica a un hecho, nada más, por más que la Comunidad Europea (ahora Unión Europea) estableciese en 1991 una serie de líneas directrices para el reconocimiento de nuevos estados (sin valor jurídico, en mi opinión) y por más que dijeran que “La Comunidad y sus Estados […] tendrán en cuenta los efectos del reconocimiento sobre los Estados vecinos”. Un Estado tiene que reunir una serie de características para ser tal: un territorio, una población y un gobierno sobre la población y el territorio. A Kosovo le falta el control. Los dirigentes kosovares quieren proclamar la independencia para convertirse ipso facto en lo que ya son, un protectorado.</DIV>

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1 Kosovo. Independencia vacía de contenido

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2783 El Derecho Internacional Público es una de las pocas ramas del Derecho que enseña sus miserias a todo el que se presta a leer el más simple manual de esta disciplina. Los iusinternacionalistas no se quedan normalmente en una presentación puramente formalista de su especialidad, sino que desde la primera página abordan cuestiones tales como la eficacia de las normas internacionales, cuestión que parece vetada a otros juristas, en especial a los civilistas o administrativistas. Cuando se aborda la eficacia de los tratados internacionales, es normal indicar que los intentos para universalizar determinadas materias, como son los derechos humanos, llevan a adoptar textos excesivamente vagos para que puedan ser aceptados por la mayoría de los Estados que conforman la comunidad internacional. Cuanto más firmantes, menos preciso es el instrumento que se adopta. Esta explicación converge con una clásica afirmación de la Filosofía del Lenguaje de que la relación entre intensión y extensión es inversa, esto es, cuanto mayor es una, menor es la otra. La intensión es el número de características que tiene un concepto, mientras que la extensión es el conjunto de objeto (reales o ideales) que se encuentran dentro de la definición del concepto. Este principio no sólo es válido en la Filosofía del Lenguaje o el Derecho Internacional Público, sino en casi todos los campos de la vida. Cuanta más extensión quiere dársele a algo, menor tiene que ser la definición. Muchos se extrañan que buena parte de las propuestas de los grandes partidos políticos sean indefinidas (y parecidas). Es así porque se dirigen a una gran extensión de personas a las que se pide su integración en el concepto mediante el voto. Por el contrario la definición más rigurosa la encontramos en las formaciones minoritarias y por ello y como consecuencia de ello son minoritarias, ya que muy pocos pueden o quieren identificarse con esas propuestas.

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1 Filosofía del Lenguaje, Tratados Internacionales y Elecciones

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2783 Uno de los logros del Racionalismo Jurídico fue la unificar los diversos ordenamientos jurídicos en uno solo, con matices. En la Edad Media había tantos ordenamientos jurídicos como grupos sociales, ya que el ámbito objetivo de las normas se regía normalmente a través del “status personal”, aunque hubo intentos de unificación. No había ni una autoridad normativa única, ni una jurisdicción única, ni mucho menos una norma superior, constitucional, que estableciese unos límites a las autoridades, reconociese generalmente unos derechos subjetivos y garantizase tanto una cosa como otra. El expediente jurídico al que se recurrió era la idea romana del Derecho Natural (“Ius Naturale”), pero dándole cobertura teológica para reforzar su obligatoriedad. Fue un inteligente intento de poner límites a las autoridades en un mundo jurídico y judicial muy fragmentado. El contenido del Derecho Natural nunca ha sido ni plenamente establecido ni aceptado por todos lo que se ha dicho que formaba parte de éste, pero se iba a construyendo caso a caso, determinándose según las circunstancias (con lo que esto permite hacer una utilización interesada y de parte de la idea de “Derecho Natural”). El Racionalismo Jurídico no era formalmente contrario al Derecho Natural, ya que pensaba de las leyes naturales era deducibles racionalmente. Estas leyes cognoscibles racionalmente debían incorporarse al Derecho Positivo al menos como principios. Esto fue el primer paso del nacimiento de la idea de una regulación positiva que expusiese los límites del ejercicio del poder, los principios morales que rigen la convivencia y los derechos de las personas, que finalmente quedaría materializada en las constituciones. La consecuencia de la positivización de estos tres elementos en textos constitucionales ha hecho que el expediente de control que fue el Derecho Natural perdiese sentido, relevancia y eficacia. El Derecho Internacional era poco a poco el único ámbito en el que no se había producido la positivización. La Segunda Guerra Mundial rompió este estado de cosas, incentivando la positivización por medio de una comisión de codificación (<A href="http://www.un.org/law/ilc">CDI o Comisión de Derecho Internacional</A>) en el seno de la <A href="http://www.un.org/">ONU</A>, el impuso a la jurisdiccional internacional (<A href="http://www.icj-cij.org/">Corte Internacional de Justicia</A> o <A href="http://www.icc-cpi.int/">Tribunal Penal Internacional</A>, entre otros) o <A href="http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm">la proclamación de los derechos humanos</A> y su defensa. Puede que sea por el escaso avance tanto institucional como normativo, siga habiendo una nutrida representación entre los internacionalistas, que es casi inexistente entre los especialistas en el Derecho Interno de cada Estado.

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1 La fragmentación jurídica y el Derecho Natural

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2550 Es evidente que el mero hecho de ser soldado, y tener que ir armado, ya entraña cierto riesgo para la persona, pues de lo contrario mandaríamos enfermeras o empleados de la construcción, para colaborar en el país. Sin embargo, ello no obsta a poder llamar misión de paz a lo que nuestras tropas hacen en Líbano. Es tremendamente simplista equiparar dos cosas radicalmente opuestas. Así, mostraré algunas diferencias entre Líbano e Irak: 1-Legitimidad internacional A-Las tropas españolas han acudido a Líbano integrando el FINUL, con la aquiescencia y control de las Naciones Unidas, lo que es plenamente conforme con el Derecho Internacional, en el marco de las llamadas operaciones para el mantenimiento de la paz B-Las tropas españolas fueron a Irak con el rechazo expreso y reiterado del Consejo de Seguridad de la ONU, único órgano a escala internacional legitimado, para una intervención militar de tal calaña, en el marco del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas. La foto de las Azores no era suficiente para deslumbrar a los escépticos y convencer a los dudosos. 2-Legitimidad interna A- El pueblo español, quiere que la octava economía del mundo, cumpla sus compromisos para con quienes más lo necesitan, y aceptó el riesgo para sus soldados, a cambio de pacificar un país en guerra. B- Las manifestaciones que inundaron las calles en contra de la guerra de Irak, y el veredicto de las urnas del 14 de marzo, hablan por sí solas. 3-Finalidad de la misión. A- En Líbano, Israel causó los daños despiadadamente, y las tropas del FINUL acuden para repararlos. En Líbano no hay apenas petróleo. B- Como diría Ansar: <del>Petróleo, Petróleo, Petróleo</del>,..ejem, queremos llevar la democracia al pueblo iraquí! 4-Consecuencias de la misión. A-La situación en Líbano no ha variado mucho, pero tampoco ha empeorado. B-Los 30-40 muertos diarios (al menos los conocidos por la prensa) desde que empezó la guerra, no necesitan comentario alguno. <del></del>

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1 Líbano no es Irak

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