El precio de la liberación de unos secuestrados. El fin y los medios

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2468 Por las últimas e insistentes declaraciones-proclamas tanto de las mujeres de los pescadores españoles del Alakrana secuestrados por piratas somalíes como de los Presidentes de las Comunidades autónomas del País Vasco y de Galicia, da la impresión de que el Juez Central de Instrucción (Audiencia Nacional) que ha procesado a dos de ellos (a instancia de la abogacía del Estado, no se olvide), está cometiendo una tropelía rayana en el delito por no liberarlos o extraditarlos a ¿qué país lo ha pedido...? y, de esta manera, siendo culpable del posible asesinato de los pescadores vascos y gallegos. <big>C</big>omo si la Justicia, regulada estrictamente en leyes, pudiera ser manipulada por los órganos competentes (los Juzgados) a su antojo para entrar en el terreno de la negociación con cualquier tipo de facinerosos. Como si la legislación penal tuviera por objeto salvar vidas humanas, y no imputar y, en su caso, condenar a delincuentes, sin otras consideraciones que las de respetar el límite de los derechos fundamentales de los implicados. Habrían hecho mejor las esposas y parejas de los marineros secuestrados en haber pedido y aun exigido a éstos que no fueran a pescar a las aguas de Somalia o colindantes con éstas, tal y como se recomendó (y casi se reguló) por parte del Ministerio de Defensa cuando se comprobó por las autoridades españolas hace ya varios meses que no estaban en disposición ni de proteger directamente a los que se aventurasen por zonas tan peligrosas, ni sufragar el coste económico que ello suponía, no sólo debido al desplazamiento de buques militares a la zona, sino a la probable necesidad de enfrentarse al escenario en el que nos encontramos ahora : tener que pagar un altísimo rescate a piratas sin ningún escrúpulo para con la vida humana. Se les avisó y no hicieron caso. Hasta cierto punto, comprensible, pero si ellos finalmente decidieron no poner en primer lugar la propia vida en su orden de prioridades, menos lo va a hacer ahora un organismo como el Juzgado Central de Instrucción competente, que legalmente no puede tener ésa entre sus objetivos. Si se hiciese caso a las mujeres de los secuestrados y a los Presidentes de las dos Comunidades autónomas afectadas, resultaría una justificación indirecta del pago del llamado por los terroristas de ETA impuesto revolucionario, en tanto en cuanto habría que considerar en esos supuestos que la vida del empresario chantajeado tiene prioridad sobre la consecuencia del pago del rescate: que la banda terrorista asesine a otro/s ciudadano/s que no tienen nada que ver con los problemas del empresario. Si se liberan ahora a los dos procesados por el Juez Baltasar Garzón, ¿cómo explicamos que en el futuro volvería a haber en la calle (en el mar) dos delincuentes más que podrán poner en peligro los bienes y aun la vida de otros pescadores que faenen en esas aguas? ¿Fue correcta y, así, no fue criticada, la decisión de Jaime Mayor Oreja de no ceder al chantaje de los etarras que secuestraron a Miguel Ángel Blanco y, aun peor, dieron un ultimátum de 24 horas al Gobierno para que acordara básicamente algo tan factible como el acercamiento de presos de ETA al País Vasco, antes de asesinarlo, y, ahora, en cambio, es intolerable que se mantengan firmes las autoridades españoles ante una banda de asesinos reincidentes como son los piratas somalíes...? ¿Es que tiene menos importancia la vida de un concejal del Partido Popular, simplemente porque sea una sola persona, que la de unos marineros, por el hecho de ser treinta y seis? Actualización del 12 de noviembre del 2009: <a href="http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media/200911/12/espana/20091112elpepunac_3_Pes_PDF.pdf" title="http://www.elpais.com/elpaismedia/ultimahora/media/200911/12/espana/20091112elpepunac_3_Pes_PDF.pdf" id="link_0"><big>La Audiencia Nacional se pronuncia</big>.</a> <hr size="2" width="100%">

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1 El precio de la liberación de unos secuestrados. El fin y los medios

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2568 Ha bastado un “meneo” (para los secuestrados angustioso pero que no deja de ser un meneo) para que este país de gallinas cluecas se ponga a discutir sesudamente sobre qué hacer, las vidas, el Estado de derecho, los principios y los finales, etc., etc., etc.<o:p></o:p> Puros ejercicios de hipocresía; fingen ignorar que los poderes públicos (democráticos o no) se pasan por el forro el Estado de derecho siempre que les conviene. Tan se lo pasan que existen instituciones permanentes con esa finalidad (espías, fondos reservados, operaciones encubiertas… las alcantarillas de don Felipe). Y no cabe escandalizarse: Ni Garzón, aunque lo finja con sus garzonadas, se cree lo de “hágase el derecho y perezca el mundo”.<o:p></o:p> Así que déjense de remilgos y ya que no pudieron proteger del secuestro a los marineros, sáquenlos del lío. (Si el señor Cándido y sus compañeros del alma no dudaron, en la patética claudicación con ETA, “mancharse las togas con el polvo del camino”, bien pueden hacerlo otra y cien veces más. El país está demostrando que lo resiste casi todo.)<o:p></o:p>

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1 Piratas, Estado de derecho e hipocresías

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21980 <BIG>En el asunto del Alakrana los piratas somalís están poniendo en juego varios aspectos de nuestro Estado de Derecho. Aspectos que merecen cuanto menos una reflexión, y luego que cada cual extraiga sus propias conclusiones. En este post quiero tratar solamente dos aspectos principalmente. El primero de ellos se refiere al uso de seguridad privada en los pesqueros. El gobierno aprobó un Real decreto en el que se permiten a estos vigilantes de seguridad el porte de armas de guerra, que tendrán que ser utilizadas como medio disuasorio o de “defensa para repeler agresiones armadas de forma adecuada y proporcional.” Al respecto me surgen interrogantes sobre ¿Qué pasará cuando en un ataque haya muertos? Por un lado, mucho me temo que si los muertos son alguno de los piratas somalís, no pasará nada, nadie investigará si fueron usadas las armas de guerra de manera adecuada y proporcional. Ello en la práctica supondrá dar una especie de patente de corso. Me preocupa y mucho que se den armas de guerra a los particulares, todos sabemos que lo que han hechos los mercenarios de Blackwater en Iraq, aquellas imágenes que nos estremecieron al ver dos cadáveres quemados colgando y que nos vendieron como civiles americanos no eran “civiles”, eran mercenarios de Blackwater a los que los iraquis esperaban por los excesos que cometían y de los que nadie se responsabiliza. Muchos dirán que bueno, que se trata de “piratas” y que no pasa nada, pero sí que pasa, primero porque son personas, son seres humanos, y luego por otra razón, si se cometen excesos contra ellos, quien nos garantiza que en un futuro no pueda haber una policía privada que atente contra nuestros derechos. Abrir una puerta al diablo para que entre en la casa del vecino puede suponer que el diablo luego venga a por nosotros. Por otro, el que haya gente armada en los pesqueros puede suponer que los ataques sean violentos, cosa que hasta ahora no se ha producido. ¿Qué pasará si muere algún marino?¿Quién se responsabilizará de la muerte? Se investigará alguna cosa en ese supuesto. Interrogantes de mucho calado se presentan, y ahora a todos nos parece muy bien, pero si hay incidentes graves, los lamentos serán mayores. El principal problema de respeto al Estado de Derecho que tiene esta medida es que el Estado cede a particulares el uso del poder coercitivo. Sinceramente a mí esto me aterra, ya me asusta que lo ejerza el propio Estado. El segundo aspecto que quiero tratar es el de la liberación de los dos imputados de piratería. Aquí se plantean también de alcance jurídico profundo. Así, en nuestro país no rige un sistema acusatorio puro en el procedimiento penal, por el que el Ministerio Fiscal pueda llegar a que aún existiendo claros indicios de delito no formule acusación, tal y como vemos que sucede en las películas “yanquis”; aquí tenemos un sistema acusatorio formal o mixto, dónde el Estado el Juez dirige la investigación y el Ministerio Fiscal si entiende que hay indicios razonables de delito debe acusar, y el Ministerio Fiscal está sometido al principio de legalidad, esto es, no puede acusar por delito distinto al que hay indicios ni menos grave ni dejar de acusar. También tenemos que, al menos formalmente, existe la división de poderes en nuestro país, por lo que el Gobierno no tiene, ni debería tener, potestad para liberar a los detenidos. ¿Cuál es la solución? Una, se pueden liberar sin más, pasándose por el forro todo nuestro sistema legal. Dos, hacer caso omiso a las peticiones de los piratas y seguir con el procedimiento. Tres, intentar dar una cierta apariencia de legalidad, por ejemplo, se dicta auto dónde se declara que los Tribunales españoles no tienen competencia en este asunto, y aquí paz y allá gloria; o, el Ministerio Fiscal solicita la liberación pues de las diligencias de investigación no se deriva que lo detenidos hayan participado en actos de piratería. Estas serían las opciones a groso modo. La primera y la tercera suponen ceder al chantaje de los piratas, sentando un precedente de debilidad del Estado. El único caso de chantaje parecido que recuerdo fue cuando ETA secuestro a Miguel Ángel Blanco, y dijo que para su liberación se tendrían que acercar los presos a cárceles de Euskadi, el gobierno no accedió y ETA asesinó a Miguel Ángel Blanco. En aquel momento todo el mundo estuvo de acuerdo que no se debía ceder al chantaje terrorista, ahora parece que sí, que no pasaría nada si se cediera. En todo caso esta opción supone una vulneración de la legalidad vigente, aunque se enmascare, y por tanto una violación del Estado de Derecho. No es difícil de imaginar que ETA o terroristas islámicos puedan seguir el ejemplo de piratas, y claro el gobierno de turno tendría que volver a ceder. El caso del Alakrana está poniendo a prueba no sólo al gobierno y su capacidad de gestión de esta situación de crisis, sino también los cimientos de Estado de Derecho en España, siendo que en el primer caso ya se ha resuelto de mi punto de vista de una manera negativa. </BIG>

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1 Alakrana: los piratas ponen en la encrucijada el Estado de Derecho.

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1436 <center><img src='http://img198.imageshack.us/img198/1507/rufinoetxeberria.jpg' border='0' alt='Image Hosted by ImageShack.us'/></center> La Audiencia Nacional dejó ayer en libertad al histórico dirigente de Batasuna Rufino Etxeberría, que fue detenido en 2007 por Baltasar Garzón, a causa de un sumario abierto en 2002, cuando comenzó la caza de brujas derivada de la Ley de Partidos. Rufino Etxeberría fue encarcelado cuatro años por pertenecer a un partido político, sin demostrarsele ni un solo acto terrorista como es tenencia de armas, asesinato, amenazas, etc, su delito fue pertenecer a un partido político, y por ello fue encarcelado cuatro años, antes incluso de celebrarse su juicio, que se supone será a finales de este año. Es decir, Rufino Etxeberría es, lo que se conoce en cualquier sitio, un preso político, ni más ni menos. Que no me vengan ahora con que esta clase de presos no son políticos porque en el código penal español viene la pertenencia a Batasuna tipificada como delito, y que por tanto, Rufino fue encarcelado por cometer un delito, porque estaríamos afirmando que en el franquismo tampoco había presos políticos, pues el poder establecido consideraba delito pertenecer a cualquier partido que no fuese Falange Española. El que tenga cerebro que se quite la venda de los ojos, que se reconozca d euna vez que con la existencia de una ley tan ambigua y generalizadora del término terrorista como la ley de partidos es absolutamente imposible que no se pisen derechos, cuando se suelta la red dando palos de ciego atrapando al que sea, es muy posible que como le ha pasado a Rufino Etxeberría, paguen justos por pecadores, y eso sí, que tampoco me vengan como suele ser frecuente, diciendo que, como existe una banda de asesinos que matan con unas ideas parecidas a las de este hombre (que no ha matado a nadie ni ha cometido delito alguno), es perfectamente legítimo que el Estado de Derecho cometa algún que otro atropello con ellos, que ya está demasiado explotado ese arguento de rebajar a un estado democrático y social al mismo nivel que una organización terrorista.

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1 Reconozcamos de una vez que aquí hay presos políticos

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21982 María Dolores de Cospedal, la Secretaria General del Partido Popular ha dado un paso que debería haber meditado muy bien. Ha acusado a Gobierno, policía, jueces y medios de comunicación de llevar a cabo una campaña de espionaje ilegal a los dirigentes del Partido Popular. Digo que esto supone un paso que debería haber meditado con tranquilidad De Cospedal ya que el espionaje no es legal en nuestro Estado a no ser que un juez la autorice, en cuyo caso deja de ser ilegal, y si se tienen pruebas de ello lo único que se debe hacer y que sería conveniente que hiciera sería denunciar este hecho, ya que constituye un delito según lo establecido en nuestro Código Penal. Los responsables de estas escuchas ilegales serían entonces condenados a una pena que podría rondar sobre los tres años de privación de libertad.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> Lo que sucede es que alguien, en este caso De Cospedal, debe tener PRUEBAS de ello, ya que si no es así, esa acusación se puede calificar como calumnias por nuestro Código Penal. Pero han pasado ya 24 horas de las declaraciones de la Secretaria General del Partido Popular y ni ella ni su partido se han dignado a hacer públicas las pruebas que deben tener o se han personado en los juzgados para hacer la denuncia en correcta forma (la forma que prevé nuestra normativa jurídica no es precisamente conceder una entrevista a una agencia de noticias).<o:p></o:p> Pasarán los meses y esto pasará factura al Gobierno Socialista pero, de Cospedal no presentará prueba alguna y el Fiscal no actuará contra las calumnias (que lo serán mientras no existan pruebas de las supuestas escuchas) para que el Partido Popular no diga que se están poniendo tosas las herramientas del Estado de Derecho en contra de un partido político.<o:p></o:p> El caso es que si uno comete un delito debe ser castigado ya sea Gobierno, policía, jueces, medios de comunicación o principal partido de la oposición. <o:p></o:p> Espero que no se tengan que pasar otras 24 horas hasta que De Cospedal se digne a presentar pruebas y denunciar en correcta forma o, por el contrario, presente su dimisión y admita ante todos los españoles que nos ha engañado y que ha lanzado calumnias contra nuestro Estado de Derecho y, por ende, contra todos los españoles. Lo cierto, es que no pasará ni una cosa ni otra, y ni siquiera vamos a indignarnos por ello.<o:p></o:p>

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hablar-conlleva-cierta-responsabilidad-

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1 Hablar conlleva cierta responsabilidad.

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1657 En este artículo se incluye el comunicado que ha dado el Fòrum per la Memòria del País Valencià sobre el Auto del Supremo: <H1>Comunicat del Fòrum per la Memòria del País Valencià davant l’admissió, per part del Tribunal Supremo, de la querella del sindicat ultradretà Manos Limpias </H1> <H5 class=autoresart>Que un sindicat amb clars vincles ideològics amb el dictador i genocida Francisco Franco aconsegueixi que el Tribunal Suprem d’una democràcia com l’espanyola accepti a tràmit tal denúncia, fa palès que cert passat és intocable, si no reivindicable, per amplis sectors polítics i jurídics. CATALÀ/CASTELLANO </H5> ADHESIONS: Col·lectiu Republicà del Baix Llobregat; Associació Sabadell per la República L’admissió a tràmit per part del TS de la querella del sindicat ultradretà Manos Limpias contra el jutge Baltasar Garzón en què acusen de prevaricació el magistrat de l’AN posa contra la paret la Justícia a Espanya. Que un sindicat amb clars vincles ideològics amb el dictador i genocida Francisco Franco aconsegueixi que el Tribunal Suprem d’una democràcia com l’espanyola accepti a tràmit tal denúncia, fa palès que cert passat és intocable, si no reivindicable, per amplis sectors polítics i jurídics. Cal també remarcar que l’admissió a tràmit de la querella coincideix amb la campanya difamatòria de la dreta espanyola contra l’esmentat jutge per assumptes d’altre àmbit que han sembrat el desconcert en el PP. No s’ha d’oblidar tampoc com la mateixa Audiència Nacional va reconvenir el jutge el proppassat novembre amb arguments semblants als d’aquesta querella. Tot això s’emmarca dins l’ofensiva de la ultradreta social, política, econòmica, eclesiàstica i judicial per acotar o, fins i tot, retallar drets que la ciutadania espanyola tant li ha costat d’aconseguir. Que en un Estat de Dret, amb una Constitució homologable als estats democràtics, hi hagi partits i importants sectors del Poder Judicial disposats que part del nostre passat no es jutgi ni es condemni, que posi totes les traves possibles a la recuperació de cadàvers assassinats als 40 anys de Dictadura i barbàrie, és inadmissible. Sobretot si "l’altra part" té obertes les portes per fer callar i fer parar les associacions memorialistes que busquem i buscarem Veritat, Justícia i Reparació. <HR class=spip> La admisión a trámite por parte del Tribunal Supremo de la querella del sindicato ultraderechista Manos Limpias contra el juez Baltasar Garzón, en la que acusan de prevaricación al magistrado de la AN, pone contra la pared la Justicia en España. Que un sindicato con claros vínculos ideológicos con el dictador y genocida Francisco Franco consiga que el Tribunal Supremo de una democracia como la española acepte a trámite tal denuncia, hace patente que cierto pasado es intocable, si no reivindicable, por amplios sectores políticos y jurídicos. Hay que señalar también que la admisión a trámite de la querella coincide con la campaña difamatoria de la derecha española contra el mencionado juez por asuntos de otro ámbito que han sembrado el desconcierto en el PP. No se debe olvidar tampoco cómo la misma Audiencia Nacional reconvino al juez el pasado noviembre con argumentos semejantes a los de esta querella. Todo eso se enmarca dentro de la ofensiva de la ultraderecha social, política, económica, eclesiástica y judicial por acotar o, incluso, recortar derechos que a la ciudadanía española tanto le ha costado de conseguir. Que en un Estado de Derecho, con una Constitución homologable a los estados democráticos, haya partidos e importantes sectores del Poder Judicial dispuestos a que parte de nuestro pasado no se juzgue ni se condene, que ponga todas las trabas posibles a la recuperación de cadáveres asesinados en los 40 años de Dictadura y barbarie, es inadmisible. Sobre todo si "la otra parte" tiene abiertas las puertas para hacer callar y hacer parar a las asociaciones memorialistas que buscamos y seguiremos buscando Verdad, Justicia y Reparación <A href="http://www.nodo50.org/forumperlamemoria/spip.php?article297">http://www.nodo50.org/forumperlamemoria/spip.php?article297</A>

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1 Comunicado del Fòrum per la Memòria del País Valencià sobre el Auto del Supremo

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1436 <center><img src='http://img16.imageshack.us/img16/8595/transicion.jpg' border='0' alt='Image Hosted by ImageShack.us'/></center> La transición, no es tan ejemplar como la suelen pintar tanto dentro como fuera de España. Es verdad que mientras duró el proceso (1975-1982) se logró conjurar la posibilidad de una nueva guerra civil y constituyó una base importante para la modernización ibérica. Pero también estuvo trufada de toda una serie de problemáticas (la mayoría aún pendientes) que matizan su carácter supuestamente modélico y, por ende, exportable. Los que se enumeran a continuación son algunos de los mitos o contradicciones más recurrentes cuando se habla de la transición española: <big>Mito 1: La transición se basó en la reconciliación de los bandos enfrentados durante la guerra civil.</big> Si realmente hubo reconciliación en España, no fue espontánea sino impuesta. Política, administrativa y legalmente jamás hubo una ruptura explícita con el régimen franquista: la primera condena parlamentaria del mismo se realizó el pasado 20 de noviembre, 73 años después del inicio de la Guerra Civil. Las responsabilidades criminales tampoco han sido exigidas: nunca ha habido juicios, comisiones de la verdad ni nada que se le parezca. La petición de perdón a las víctimas del franquismo ha tardado 24 años en llegar y, en cuanto a las indemnizaciones, existen pero son irrisorias comparadas, por ejemplo, con las que Alemania y Austria le han pagado a las víctimas del nazismo. Con ello, entre otros, se ha exonerado del pago a los grandes capitales nacionales formados gracias al trabajo esclavo de los presos políticos. España, por ende, no está en condiciones de exportar ni memoria histórica ni asunción de responsabilidades. <big>Mito 2: El consenso entre las fuerzas políticas permitió dotar de contenido a la transición. </big> En 1975, el desarrollo de las fuerzas productivas era todavía débil en una España que había quedado arrasada y aislada tras la Guerra Civil (1936 1939) y el triunfo de Franco en la misma. A tan incipiente desarrollo económico le correspondía otro, político, aún balbuceante. Durante años se ha confundido la voluntad de acabar con el franquismo, mayoritaria en la España de los setenta, con una cultura política desarrollada. Dicho de otro modo: por aquel entonces los partidos políticos incluidos los de izquierda no iban mucho más allá de sus estructuras de mando, por muchos militantes que pudieran llegar a acumular. Prueba evidente: la Constitución fue redactada por siete "padres de la Patria", que representaron a otras tantas formaciones políticas. Por cierto, los representantes vascos fueron excluidos. El consenso no fue, pues, construido sino impuesto. La participación, esencia de la democracia, brilló por su ausencia. Si algo resulta exportable a este respecto, por consiguiente, es el ignorar la voluntad popular. <big>Mito 3: La monarquía es un elemento de moderación escogido por los españoles. </big> El actual rey de España, Juan Carlos I, fue escogido por Franco como su sucesor. Garcés se refiere a ello: "En marzo de 1971 el presidente Nixon encargaba a Vernon A. Walters […] la misión confidencial de transmitir a Franco que […] no quería ver desarrollarse una situación caótica o anárquica. Nixon expresó la esperanza de que Franco entronizara al joven príncipe Juan Carlos" (op. cit.). Cuatro años más tarde, a la muerte del dictador, Juan Carlos de Borbón fue entronizado: los españoles no pudieron pronunciarse al respecto. En realidad, de forma explícita, nunca han podido. Los defensores de la transición arguyen que el voto favorable a la Constitución fue una forma de hacerlo. Se suele olvidar, sin embargo, que el 6 de diciembre de 1978 los españoles hubieron de pronunciarse sobre esa y otras 168 cuestiones más (la Constitución tiene 169 artículos). Además, dicho referéndum tuvo lugar en un clima de chantaje socio político que asimilaba el "no" a una nueva guerra civil. <big>Mito 4: La división de poderes garantizó la implantación del Estado de derecho. </big> Cuando en España se habla de "franquismo sociológico" se hace referencia a los residuos autoritarios que quedaron en la administración hasta por lo menos mediados de los ochenta. Siempre que se piensa en ese problema se remite a la burocracia o al Poder Legislativo. Se suele olvidar, sin embargo, que en el poder judicial, la transición tuvo más que ver con una cuestión generacional que con una ética o una política. La división entre poderes apenas existe. Lo propicia el hecho de que España sea un país de régimen parlamentario y no presidencialista como México. Como consecuencia, muchos de los secretarios del gobierno, e incluso el propio presidente, son diputados. Dicha situación, en lugar de propiciar el control, lo dificulta, ya que los partidos políticos son férreas estructuras verticales al margen de las cuales poco o nada existe. En realidad el que mejor expresó el problema fue el ex vicepresidente socialista, Alfonso Guerra, quien dijo: "Montesquieu ha muerto". Muerto Montesquieu, la transición no parece estar muy en condiciones de exportar control político, otra de las esencias de la democracia. <big>Mito 5: La descentralización acercó el poder a los ciudadanos y resolvió el problema de las identidades periféricas. </big> El modelo de las comunidades autónomas es uno de los que España ha pretendido exportar en los últimos tiempos. Este modelo, sin embargo, es problemático por cuanto que es transitorio. Fue pensado para compensar a unos y a otros, y por ello no es ni plenamente centralista ni estrictamente federal. Las competencias no están definidas: el Estado descentraliza a conveniencia y de forma heterogénea. Ello genera desequilibrios políticos y socioeconómicos que convierten al propio Estado central en rehén de las entidades territoriales con mayor capacidad de cabildeo. Pese a la magnitud del problema, éste sigue sin resolverse: las nacionalidades periféricas la catalana, la gallega y la vasca siguen sin ver reconocida su identidad diferenciada y, menos aún, su derecho a la autodeterminación. Por si fuera poco, el modelo municipal también presenta serias deficiencias en términos de competencias y, por supuesto, de financiamiento. En este caso, si algo es exportable son los problemas. <big>Mito 6: El establecimiento de un sistema de partidos garantizó la pluralidad.</big> Los partidos políticos fueron, desde un primer momento, estructuras piramidales de jerarquías pesadas y bases aunque en algunos casos numerosas irrelevantes en términos políticos. En los primeros años de la transición existió lo que se llamó una "sopa de letras", es decir, muchas siglas y escasos centros de poder. Como las oportunidades nunca se repartieron equitativamente ni en términos financieros ni mediáticos, en poco tiempo los polos partidarios se redujeron a tres o a lo sumo cuatro por región. A ello hay que sumarle el carácter falsamente representativo de la ley electoral (mayoritario y en listas cerradas), así como la posibilidad de reelección indefinida de todo cargo público. En un contexto como el descrito, es lógico que, a largo plazo, el sistema haya terminado pervirtiéndose aún más. Hoy en día, los representantes políticos responden ante las direcciones de sus partidos y no ante la ciudadanía. Si tenemos en cuenta la estructura partidista de España, los que deciden son prácticamente sólo dos grandes polos y, en algunas regiones, tres. Por ahí es donde, entre otros motivos, se explica la tendencia creciente a la abstención. Una forma de pluralidad controlada y de sutil disuasión de la participación que, en principio, no debieran parecer muy exportables. <big>Mito 7: La Constitución no está ligada a un sistema productivo concreto. </big> Uno de los mitos más recurrentes cuando se habla de la Constitución española de 1978 es que ésta no se liga a sistema productivo alguno, es decir, que en sus márgenes pudiera haber cabido desde el socialismo "real" hasta el ultra liberalismo. Este argumento, sin ser del todo falso en términos técnicos, resulta sutilmente demagógico. De hecho, una cosa es que haya espacio casi para cualquier estructuración socioeconómica y otra muy distinta que las condiciones sociales y políticas estén realmente dadas para ello. Que España formara parte de la OTAN en plena Guerra Fría era un elemento muy significativo al respecto. Además, jamás se le pusieron límites jurídicos a la formación bruta de capital ni a su circulación. Al contrario, el resto de la Constitución más bien tiende a facilitar ambos procesos. Una forma como otra cualquiera de aceptar un status quo de partida que, en los hechos, ligaba al régimen al sistema capitalista. Algo que en plena globalización debe interesarle mucho exportar (e importar) a algunos. <big>Mito 8: La libertad de prensa es una garantía de pluralismo.</big> No se debe confundir proliferación con pluralidad. El hecho de que los medios de comunicación se hayan modernizado tanto técnica como profesionalmente no quiere decir que la libertad de prensa esté garantizada. La mayoría de los medios se someten a las leyes del mercado y hoy en día eso quiere decir que los capitales más potentes son los que controlan el acceso a la información. Se sustraen, más o menos, los medios públicos, pero la falta de una institucionalización satisfactoria los convierte en voceros del poder. Consecuencia fundamental: los ciudadanos van quedando progresivamente aislados. Gracias a ello, imponer "versiones oficiales" como la de la transición se hace cada vez más sencillo. Algo muy exportable.

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1 Los 8 mitos de la Transición Española

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18842 Sí, estoy de acuerdo en que es un error gravísimo, como ha reconocido el propio ministro del Interior. Sí, estoy de acuerdo en que, si no fuera po<IMG class=imgdcha id=img_0 style="WIDTH: 165px; HEIGHT: 193px" height=123 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/algodonazul/260713_no.jpg" width=124>rque es muy grave, sería de risa, como ha declarado el portavoz de la Confederación Española de Policía. Ante la "lógica" alarma social desatada, ya que "hay un delincuente que anda suelto por Madrid, España o el extranjero", dice Rubalcaba que es "un caso absolutamente excepcional". Personalmente, no sé muy bien hasta qué punto es excepcional. No obstante, esto pone en entredicho nuestra justicia. Y lo pone en entredicho una vez más. Ojalá -y si digo esto es porque, desgraciadamente, ya ha pasado- fuera la primera vez. Pero no lo es. Ni mucho menos. Esta noche, viendo la noticia en la televisión, me pregunté si nos hubiéramos enterado de la puesta en libertad por error de un peligrosísimo delincuente... si no fuera porque a punto estuvo de acabar con la vida del famosísimo productor José Luis Moreno... ¿O es que entonces hubiera hecho falta, a la postre, otro inocente cadáver, como el de Mari Luz Cortés?...

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1 7 de abril de 2009: así no

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19482 Cinco años después nos miramos y nos encontramos caminando entre cenizas, entre las cenizas de una revolución. Parece mentira, pero ya han pasado cinco años desde que gritamos “¡¡No nos falles!!”. Atrás quedaron, perdidos en los callejones de nuestra olvidada memoria, los decretazos, las bodas de estado en El Escorial, las mentiras, las armas de destrucción masiva, las guerras ilegales… En realidad, y para no mentir, las guerras ilegales no quedaron atrás pues mientras escribo estas líneas, y mientras tú las lees, sigue muriendo gente en Bagdad, o durmiendo en la calle o intentando engañar al hambre, o echando de menos a sus familiares o… todas las cosas a la vez. Tampoco quedó atrás la masiva especulación urbanística de cuyos cimientos nació nuestra particular crisis urbanística que fatalmente se ha unido a la crisis económica internacional. La oferta superaba escandalosamente a la demanda, no podíamos pagar la vivienda que demandábamos, la burbuja estalló, los obreros se fueron al paro, las empresas auxiliares de la construcción tuvieron que cerrar… pero por algún motivo que escapa a mi entendimiento, las viviendas no pueden bajar de precio. Podemos, pero no debemos olvidar que, a Zapatero no lo puso en el poder ninguna guerra, ni ningún atentado, ni ninguna conspiración, lo puso en el poder el pueblo soberano. Por las razones que cada ciudadano individualmente considerara oportuno. En estos cinco años se ha ampliado el horizonte de las medidas sociales para los más desfavorecidos, se ha profundizado en la conquista del Estado de Derecho y la Justicia Social, se ha devuelto la Política Internacional española al terreno de la dignidad, se ha intentado la consecución de la Paz (a pesar de los de enfrente y a pesar de los de al lado) sin caer en la fatalidad de tener que llamar Ejercito de Liberación Nacional a ningún grupo terrorista y sin, como ha demostrado el tiempo, vender nada a nadie. Todos estos logros y muchos más que se escapan al formato de este post se han conseguido en estos cinco años y, lo que es más importante, intentando contar con todos (nosotros). <SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: ES; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA">Sin duda, Zapatero alguna vez erró. Pero hoy, recordando estos cinco años y aquella frase de “¡¡no nos falles!!” pienso honestamente que no nos ha fallado, me gustaría que él pudiera pensar lo mismo de aquellos que le hacíamos tal demanda.

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2009-03-14T18:18:45Z

1 Las cenizas de una revolución. (5 años de Gobierno Zapatero)

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9036 Ante la suspensión de tres años, de la plataforma D3M, hoy mismo por parte del juez Garzón, se planteaba para estos mismos, un problema el poder suministrar sus papeletas, con que la Izquierda Abertzale aún así, ha decidido concurrir a las elecciones, aunque luego el efecto del voto pudiera ser nulo. <a href="http://www.libertaddigital.com/nacional/d3m-permite-descargar-las-papeletas-para-el-voto-nulo-en-su-web-1276351070/" title="http://www.libertaddigital.com/nacional/d3m-permite-descargar-las-papeletas-para-el-voto-nulo-en-su-web-1276351070/" id="link_0">Pero Libertad Digital ha venido al rescate. En un decisión sin parangón, desafiando que el juez Garzón les pueda imputar como colaboradores de ETA, han decidido ser ellos mismos los que suministren las papeletas.</a> Cómo se ve en la imagen adjunta (y si no se ve bien aquí, pinchad en la imagen para verla en su tamaño original) <a href="http://www.flickr.com/photos/la_bombilla/3291401050/" title="libertaddigital por La Bombilla, en Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3223/3291401050_146d0e3912_o.jpg" alt="libertaddigital" height="339" width="624"></a> Los de Libertad Digital, deforma desinteresada han subido a su periódico digital las tres papeletas y desde allí, todo el mundo se las puede descargar. Así, si pincháis en los nombres de las tres provincias vascas, accedeis al pdf de la papeleta "oficial" de D3M. ¿No habría ahora que hacer como ellos y pedir que este "Estado de Derecho" actúe con todas las de la ley?... sin mirar atrás, con las mismas garantías que en las ilegalizaciones, sobre todo que Askatasuna... ¡¡¡que se les imponga la ley antiterrorista!!! ¡¡¡Todos a Soto del Real!!! Quizá en esta imagen que me han pasado, se vea mejor... <img style="cursor: -moz-zoom-in; width: 585px; height: 530px;" alt="http://img514.imageshack.us/img514/1385/ddd3myt3.jpg" src="http://img514.imageshack.us/img514/1385/ddd3myt3.jpg">

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d3m-agradece-gran-ayuda-le-esta-prestando-libertad

2009-02-18T21:19:11Z

1 D3M agradece la gran ayuda que le está prestando Libertad Digital

2009-03-01T22:36:10Z