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El Gobierno español ha gastado en los cuatro últimos años 3,18 millones de euros en bombas de racimo

2008-06-10T16:31:34+02:00

El Gobierno español ha gastado en los cuatro últimos años 3,18 millones de euros en bombas de racimo (EMD, Agencias - elmercuriodigital.es)

El Gobierno español, que ratificaró la Conferencia de Dublín contra el uso de bombas de racimomo, ha destinado en los últimos cuatro años 3,18 millones de euros a procesos de compra y mantenimiento de municiones de este tipo.

Durante la pasada legislatura, el Ministerio de Defensa aprobó tres contratos de adquisición bombas de rácimo de los modelos BME-330 y MAT-120 y un cuarto expediente de mantenimiento de este tipo de munciones, todos ellos adjudicados a las empresas españolas Instalaza y Explosivos Alaveses, informa Europa Press.

El primer contrato, de mantenimiento de bombas BME-330, fue adjudicado por el actual Gobierno a la compañía Explosivos Alaveses el 28 de diciembre de 2008. El expediente fue tramitado por un procedimiento negociado sin publicidad y tuvo un presupuesto de adjudicación de 799.998 euros.

Once meses después, el 29 de noviembre de 2005, el Ministerio de Defensa aprobó un contrato de compra de bombas de racimo MAT-120 a Instalaza, que aparecían catalagodas en el expediente de adjudicación dotado con 1,49 millones de euros como 'granadas de mortero de 120 milímetros con 21 submuniciones'. Este modelo de munición ha sido denunciado por las Organizaciones No Gubernamentales como una de las bomba de racimo españolas.

Ya en agosto de 2006, el Ministerio de Defensa concedió otro contrato a Explosivos Alaveses, también de mantenimiento de sus bombas BME-330, dotado con un presupuesto de adjudicación de 447.300 euros.

El último de los contratos consultados por Europa Press, con fecha de adjudicación de 19 de septiembre de 2006, fue una compra a Instalaza de bombas de racimo MAT-120, catalogadas en el expediente como '500 granadas de mortero de 120 milímetros', sin especificar que se trata de municiones con 21 submuniciones.

Los cuatro contratos de bombas de racimo aprobados por el Gobierno actual durante la anterior legislatura suman 3,18 millones de euros y todos ellos fueron adjudicados por procedimientos negociados sin publicidad. Las bombas MAT120 de Instalaza fueron compradas para los arsenales del Ejército de Tierra mientras que las BME-330 de Explosivos Alaveses fueron destinadas al Ejército del Aire.

Las municiones de racimo, al explotar en el aire, diseminan cientos de pequeñas bombas en una amplia zona, las cuales a menudo no llegan a detonar, por lo que crean pequeños campos de minas que pueden causar la muerte o herir a cualquiera que las encuentre más tarde. Del total de bajas causadas por este tipo de munición, el 98 por ciento son civiles.

(fuente: http://elmercuriodigital.es/content/view/10304/54/)

Gasto militar: el escándalo de los créditos en I+D

2008-05-31T18:21:03+02:00

Gasto militar: el escándalo de los créditos en I+D (Pere Ortega – diagonalperiodico.net)

(Pere Ortega es miembro del Centre d’Estudis per la Pau J. M. Delàs).

En 2007 las empresas militares adeudaban al Ministerio de Industria 26.000 millones de euros. Entre las formas de disimular el gasto militar en los presupuestos, una enrevesada fórmula financiera permite aumentar el gasto sin molestar a la opinión pública.

Todo empezó en 1996 con la llegada al Gobierno del Partido Popular con la promesa electoral de profesionalizar las fuerzas armadas y abandonar el Servicio Militar Obligatorio. Al incremento de gasto en personal había que añadir los proyectos militares de nuevas armas puestos en marcha en la etapa anterior del Gobierno del PSOE. La combinación de ambos no podía llevarse a cabo sin incrementar de manera importante el presupuesto militar. Esto, evidentemente, tenía un elevado coste político para el PP, por aquello de iniciar un nuevo periplo político aumentando sensiblemente el gasto militar, algo que no sería bien acogido por la opinión pública española.

La solución fue llevada a cabo desde la Gerencia de Cooperación del Ministerio de Defensa mediante una alambicada fórmula de ingeniería financiera, que permitía hacer frente a los gastos derivados de la profesionalización, así como continuar con los grandes proyectos de armas. De este modo se conseguían tres propósitos: no incrementar en demasía el gasto militar del Ministerio de Defensa, aumentar la contribución en I+D, entonces en la cola de los países de la OCDE, y satisface las demandas de ayuda de la industria militar para financiar la investigación y desarrollo de los nuevos prototipos de armas.

La fórmula consistía en conceder préstamos para I+D a cero interés reembolsables, desde el Ministerio de Industria, con un plazo de retorno a 20 años, a las industrias militares a cuenta de las compras de armamentos. Se firmó un convenio entre ambos Ministerios (Industria y Defensa), según el cual Industria adelantaba el dinero en concepto de I+D que las empresas devolverían a Defensa cuando ésta pagara las armas.

Esta situación iniciada por el PP, a pesar de las críticas que desde la oposición llevó a cabo el PSOE, fue continuada por éste tras su victoria electoral en 2004, convirtiéndose en crónica a día de hoy. Así, los créditos en I+D del Ministerio de Industria continúan aumentando y acumulando unos fondos que toman proporciones insólitas. Hoy encontramos cómo los créditos acumulados entre 1997 y 2008 entregados a las empresas ascienden, según datos oficiales, a la astronómica cifra de 12.104,84 millones de euros corrientes. Esta cifra es sólo en I+D militar proveniente de Industria, pues luego está el I+D militar para llevar a cabo investigaciones dentro del Ministerio de Defensa, 3.859 millones de euros en el mismo período.

Pero, además, está el precio final de las armas (ver infografía), que aumenta en el transcurso de su producción, con un coste total de inversión que asciende a 27.00 millones de euros a fecha de hoy. Y según reveló recientemente Enrique Navarro (Capital 9/2007), en 1996 subdirector de la Gerencia de Cooperación del Ministerio de Defensa, la deuda de las empresas militares con el Ministerio de Industria asciende a 26.000 millones de euros a fecha de 2007, y aún faltan por abonar 20.000 más cuando en 2024 finalicen todos los proyectos de nuevas armas en curso.

Los créditos pendientes de cobro entregados a las industrias militares se contabilizan en el presupuesto de ingresos, en la partida 83107, como reintegros de préstamos concedidos fuera del sector público a empresas privadas. Un cajón de sastre que engloba todas las deudas por créditos a las empresas privadas y que ascienden en 2007 a 451,9 millones de euros. Desde luego, una cifra desorbitada, imposible de definir, a pesar de las indagaciones llevadas a cabo, tanto en los presupuestos del Estado como en los de los ministerio de Industria y Defensa.

- Todo por la industria.

20.000 millones de euros es la cifra adicional que habrá que pagar (además de la deuda de 26.000 millones) cuando en 2024 se acaben las nuevas armas proyectadas.

5,38% es la subida del gasto militar en 2008 con respeto a 2007.

422 son los euros anuales por habitante que gasta el Estado español en temas militares.

(fuente: Diagonal, 15 de mayo de 2008, pág. 5)

Cumbre del Banco Asiático de Desarrollo. BAD: mal nombre para un banco de ‘desarrollo’

2008-05-31T18:01:00+02:00

Cumbre del Banco Asiático de Desarrollo. BAD: mal nombre para un banco de ‘desarrollo’ (David F. Vila – diagonalperiodico.net)

Más de 40 ministros de Economía, seis gobernadores de bancos centrales y 3.000 delegados se reunían en Madrid del 3 al 6 de mayo para celebrar la 41ª asamblea del Banco Asiático de Desarrollo (BAD). Fundada en 1966, es una de las grandes instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Africano. Entre otras cosas les une que, oficialmente, los dueños son los países donantes y los países que reciben las donaciones.

Luchar por la erradicación de la pobreza, afrontar el problema del alza de los alimentos y frenar el cambio climático eran los principales objetivos de la cita de este año.

Aunque la asamblea quizás no haya tenido excesiva notoriedad en los medios de comunicación, por los pabellones donde se celebraba con todo lujo y máximas medidas de seguridad pasaron máximos representantes de la vida empresarial y política del Estado.

En la inauguración oficial, el Rey Juan Carlos sacaba pecho de la solidaridad patria: “España fue el país que más aumentó su ayuda a la cooperación en 2007”. Daba inicio, pues, un nuevo ejemplo de las buenas intenciones de los países ricos, en este caso, con el continente asiático. Un continente donde se hallan dos tercios de la población mundial, donde mil millones de personas viven con menos de un dólar al día y en el que la escalada del precio de los alimentos está aumentando significativamente la hambruna.

El BAD tiene entre sus funciones la erradicación de la pobreza y la gestión de fondos de ayuda al desarrollo. Pero hay voces críticas que consideran poco democrático su funcionamiento y que exigen una mayor transparencia en sus políticas. El foro de ONG para el BAD lo vigila e intenta hacerse oír. Paulina Rivero es su portavoz: “El BAD trabaja fuera del sistema de leyes internacionales. Ellos no obedecen a nadie, a ningún país en particular y tampoco a las leyes internacionales. No tienen ningún sistema de rendición de cuentas y hay una falta de transparencia total. Es una institución totalmente antidemocrática. Ellos dicen obedecer a países democráticos, pero las decisiones se toman siempre de arriba para abajo y hay muy pocas formas para que la ciudadanía pueda en realidad saber a dónde va el dinero”.

El foro de ONG lo forman más de cien organizaciones, la mayoría de Asía. En la cita de Madrid, a pesar de que no les dieron ninguna facilidad, consiguieron reunirse con el presidente del BAD, Haruhito Kuroda, y plantearle lo que consideran “graves problemas de corrupción” en el funcionamiento de la institución. Según denuncian, “hay más de 40 cuentas en las Islas Caimán, donde no tienen supervisión de ningún tipo. No hay transparencia, no se habla de en qué proyectos se está invirtiendo, si se cumplen las salvaguardas... Se habla, incluso, de proyectos con mano de obra infantil...”. Paulina Rivero explica cómo le hicieron todas estas preguntas en una cita a la que no permitieron la entrada de medios de comunicación. “El presidente sólo nos dijo que tomaría nota y que lo analizaría con sus asistentes. No era la primera vez que lo denunciábamos”.

- El BAD “hace bueno al BM”.

Respecto a la comparación con otras instituciones similares, Rivero apunta que “se le hacen muchas críticas al BM, pero el BAD hace bueno al BM”, y lo argumenta así: “El BM, por ejemplo, tiene un panel independiente de vigilancia y el BAD no tiene nada. Las salvaguardas son más exigentes y la legislación es mucho más precisa en el BM. Además, el sistema de representación del voto hace que sea mucho menos democrático”.

El foro de ONG, en su intento para mejorar y democratizar el funcionamiento de la institución, está llevando a cabo una campaña para modificar las salvaguardas, que son sus leyes internas. Se centran en tres temas: medio ambiente, derechos indígenas y gente desplazada. Para que se cambien, Rivero dice que “tiene que haber mucha presión de la sociedad civil; que se ha producido”. Pero lamenta, “en los borradores, los nuevos estándares en vez de subir, bajan. Se dice que tiene que ver con la falta de relevancia de esta institución en la región, ya que muchos gobiernos están yéndose a la banca privada. Pero la cuestión aquí es, ¿relevancia para quién? Están hablando de relevancia par ala ente pobre, para que cumplan su misión de aliviar la pobreza mundial, o la relevancia de a dónde va el dinero o cuánto gana el banco como si fuese un banco normal. Y esa debe ser la gran diferencia con un banco privado, el banco de desarrollo tiene una misión”.

- Inversiones para las empresas.

En la inauguración, Pedro Solbes anunció que el Gobierno iba a aumentar en 11 millones de euros la aportación a la entidad. Solbes aprovechó para recordar que el Estado español miraba a Asia “de forma creciente”. Para Paulina Rivero, “el interés real de estas citas son las relaciones comerciales con los países de Asia”, y, como organizador, “España lo que busca es introducir en la zona a sus empresas”.

- Contradicciones en los objetivos del Banco Asiático de Desarrollo (BAD).

Entre los objetivos fundamentales de la conferencia de Madrid, este año se planteó la lucha contra el cambio climático y el problema de la escalada imparable del precio de los alimentos básicos, pero la realidad contradice esos planteamientos iniciales. En cuestión de lucha contra el cambio climático, el foro de ONG para el BAD denuncia que las políticas que desarrolla la institución en sus campañas hacen todo lo contrario: “Están invirtiendo ahora en carbón, infraestructuras de carreteras y biocombustibles. Esto no es, por supuesto, lo que reclama la sociedad civil ni lo que recomiendan los expertos pero, eso sí, montan toda una campaña contra el cambio climático”. En este tema, para Paulina Rivero, el BAD comparte estrategia con el BM: “hacen lo mismo, tienen un sistema de créditos en el que los países en desarrollo no tienen un límite y los países desarrollados sí, pero esto no significa nada, porque los países desarrollados compran los derechos y así no dejan de producir más emisiones”.

Además, respecto al otro de los objetivos, la contradicción es igual de clara, porque la inversión en biocombustibles no favorece en absoluto la erradicación de la hambruna. El alza imparable de los alimentos básicos se debe, en gran parte, al uso de cultivos agrícolas para estos fines. En productos como el maíz. La proliferación del biocombustible es culpable del 70% del incremento de su precio.

El problema de la escasez de alimentos se agravó aún más, si cabe, por la terrible noticia del ciclón que pasó por Myanmar (antigua Birmania), precisamente durante los días en que se celebraba la conferencia. Este país ha sido tradicionalmente uno de los mayores productores de arroz del continente y, en tan sólo unas horas, el Nargis acababa con dos tercios de sus cultivos.

Un producto como el arroz casi ha triplicado su precio en los últimos cuatro meses. Una crisis que está incrementando notablemente la hambruna en estos países. El problema de la inflación imparable, agravado, además de por los alimentos, por el precio del petróleo, es para Lee Jong, jefe del BAD, “la principal amenaza para el continente”. En la última jornada de la Conferencia, el presidente de la institución, Haruhiko Kuroda, anunciaba la donación de 500 millones de dólares para la lucha contra la crisis alimentaria. Pero las contradicciones en su gestión siguen presentes.

(fuente: Diagonal, 15 de mayo de 2008, pág. 4)

Discriminación sociolaboral y racismo social en el Estado Español

2008-05-20T12:23:10+02:00

Discriminación sociolaboral y racismo social en el Estado Español (Edoardo Bazzaco - sinpermiso.info)

(Edoardo Bazzaco es sociólogo y coordinador del "Informe Anual sobre el racismo en el Estado Español 2008", de SOS Racismo)

El Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración 2007-2010 aprobado en 2007 por el Consejo de Ministros tiene como objetivo, entre otros, el de "[…] potenciar la cohesión social a través del fomento de políticas públicas basadas en la igualdad de derechos y deberes, la igualdad de oportunidades". Sin embargo, en España, el colectivo inmigrante sigue siendo el más vulnerable en relación a los derechos sociales básicos, entre los cuales se deben incluir los derechos referentes al trabajo, la educación, la vivienda y la sanidad: en todos estos ámbitos, la población inmigrante sigue siendo profundamente discriminada en comparación con la autóctona.

En el ámbito laboral, según los datos de un informe del Consejo Económico y Social (CES), a inicios de 2007 más de un 30% de la población activa inmigrada trabajaba en la economía sumergida. Conocer con exactitud el número de personas que trabajan actualmente en el Estado fuera del sistema de la Seguridad Social es muy difícil por su propia naturaleza. Sin embargo, al comparar los datos definitivos del padrón de población del 1 de enero de 2007 con las autorizaciones de residencia en vigor a 31 de diciembre de 2006 se podía apreciar un porcentaje de irregularidad del 34,3% entre las mujeres inmigrantes y del 31,11% entre los hombres.(1) Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), a inicios de 2007, la mitad de las personas inmigradas en situación regular en España trabajaba con contratos temporales. El Reino de España lideraba la clasificación de países desarrollados que más desaprovechaba la formación profesional de las personas inmigradas: en efecto, según el estudio de la OCDE, el 43% de las personas inmigrantes empleadas en España trabajaba en empleos por debajo de su calificación profesional. Además, según los datos recogidos en el sindicato Comisiones Obreras,(2) la población empleada inmigrada cobraba entre un 7,2% y un 16,3% menos que la española por el mismo empleo, una diferencia salarial que puede alcanzar el 30% en el caso de los empleo de economía sumergida.

El caso de la vendimia de Castilla-La Mancha del mes de septiembre de 2007 fue emblemático de la situación de explotación laboral que deben aceptar las personas inmigradas en situación irregular. Las asociaciones y cooperativas de agricultores de la región contrataron de forma ilegal a centenares de trabajadores en situación irregular, con el beneplácito de Gobierno, que desde el primer momento declaró estar dispuesto a mostrar "la máxima flexibilidad posible" en los procedimientos de contratación de los trabajadores, principalmente de origen búlgaro y rumano. En efecto, las tareas agrícolas llevan años manteniéndose con la precaria situación de las personas que trabajan como temporeras. A la realidad de la vendimia de Castilla se tienen que sumar situaciones como las del Levante español, donde trabajadores de origen norteafricano continúan malviviendo en cortijos abandonados, o como la precariedad laboral de muchas/os cuidadoras y cuidadores que por estar en situación irregular quedarán fuera de los derechos establecidos por la Ley de Dependencia. La hipocresía y el afán de enriquecimiento siguen produciendo las mismas vulneraciones de derechos: horas mal pagadas, aprovechamiento de la situación administrativa de las personas inmigrantes, no cotización a la seguridad social etc.

Por otro lado, la población inmigrada sigue representando el colectivo más vulnerable a la siniestralidad laboral. En 2007, un estudio del sindicado UGT reveló que la tasa de siniestralidad laboral en España fue de 5,8 fallecidos por cada 100.000 trabajadores, más de un 30% por encima de la media de la Unión Europea de los 15. Otra vez más, en 2007, el principal foco de atención fue el sector de la construcción, donde gran parte de las víctimas han sido trabajadores inmigrantes: la subcontratación, las largas y duras jornadas de trabajo y los riesgos que conllevan determinadas tareas son los factores que determinan las situaciones de riesgo en uno de los sectores que concentra el mayor porcentaje de mano de obra extranjera empleada.

En el ámbito educativo, según datos del Ministerio de Educación, en septiembre 2007 los/as estudiantes procedentes de otros países superaron la cifra de 608.000 y suponían el 8,4% del total del alumnado en el sistema educativo español. Siempre a inicios del curso 2007/08, las escuelas públicas acogían el 69% del alumnado de origen extranjero frente al 31% que se escolarizaba en centros privados y privados-concertados. Durante el último año, el Consejo Económico y Social (CES) advirtió de la "alta concentración" de estudiantes inmigrantes en algunos colegios e institutos públicos de primaria y secundaria del Estado, y consideró "conveniente" favorecer una "distribución equilibrada" del alumnado extranjero entre los centros públicos y los concertados (privados sostenidos con fondos públicos). El estudio del CES subrayó también que la mayor presencia de alumnado extranjero en centros públicos concretos requiere medidas específicas para evitar "procesos de marginalización" y recomendó la implementación en los centros escolares de políticas y prácticas que favorezcan la integración de los estudiantes extranjeros. Una encuesta realizada en Catalunya (3) ha demostrado como en 2007 el alumnado de origen extranjero ha tenido más problemas de maltrato escolar que los autóctonos en la enseñanza primaria. Dichas realidades – es necesario recordar como la existencia de casos importantes de segregación, maltrato y concentración en determinados centros públicos o clases especiales afecta también al alumnado gitano (4) – pueden llevar a estos futuros ciudadanos y ciudadanas a tener conflictos de identidad y sentirse excluidos de la sociedad. En definitiva, los actuales límites del sistema educativo alimentan el riesgo de construir una sociedad fragmentada. Es necesario que el sistema educativo del Estado garantice una igualdad real de oportunidades y de trato a todo el alumnado, puesto que esto representa una condición indispensable en la apuesta hacia un modelo de sociedad realmente cohesionada e igualitaria.

Según un estudio de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales (5) que ha analizado la situación de la xenofobia y el racismo en la Unión Europea, en España uno de los ámbitos donde se da mayor discriminación es en el acceso a la vivienda. Y es que, según los datos del estudio, en España, el 20% de las personas inmigrantes dispone de menos de 10 metros cuadrados para vivir. Además, la Agencia Europea denunció una presencia importante en la prensa de anuncios xenófobos, en los que se niega el alquiler o la venta de pisos a personas extranjeras. En efecto, de un estudio realizado en 2007 por SOS Racismo Bizkaiko (6) emergió que el 80% de las inmobiliarias de Bilbao se negaba sistemáticamente a alquilar pisos a personas extranjeras, debido a que las agencias obedecían a las exigencias de los propietarios, que no querían tener por inquilinos familias extranjeras. Según datos del Colectivo Ioé, (7) el 47% de las personas inmigrantes residentes en España vivían como inquilino subarrendado, el 19% en condiciones de hacinamiento.

En el ámbito sanitario, el colectivo inmigrante sigue sufriendo una discriminación en el acceso a la sanidad: por ley, en España a las personas extranjeras bastaría con su inscripción en el padrón municipal para obtener la tarjeta sanitaria que da acceso a todos los servicios médicos, en igualdad de condiciones que los nacionales, sea cual sea la situación administrativa (regular o irregular) de la persona. Pese a ello, algunos gobiernos autonómicos ponen trabas a la aplicación de esta ley: en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, el miedo a posibles expedientes de expulsión – desde 2003 en la Comunidad la policía tiene acceso a los registros de empadronamiento – retrae a algunas de las personas extranjeras indocumentadas de acceder a los servicios sanitarios. En total, según Médicos del Mundo, en España solamente el 38,2% de personas inmigrantes en situación irregular visitan la consulta del médico, aunque la totalidad de los encuestados sabía que les asiste ese derecho.

- Derechos políticos: un colectivo invisible.

Si los derechos sociales y laborales de las personas inmigrantes no se pueden considerar de ninguna manera "garantizados", menos todavía lo son los derechos políticos. En la actualidad la población inmigrada ocupa un porcentaje importante en los municipios españoles: a finales del 2007 las personas extranjeras empadronadas representaban más del 10% del total de la población. En las elecciones locales de mayo 2007, así como en las elecciones generales de marzo 2008, más dos millones de personas que viven y trabajan en España, no han podido votar por cuestión de origen. Paradójicamente, al mismo tiempo que en no pocas circunscripciones se vio incrementado el número de representantes, debido el aumento de la población residente (las personas inmigradas empadronadas), en flagrante contradicción, se pudo comprobar que quienes originaron ese crecimiento se veían excluidos de la condición de representados. Como bien destacó Javier de Lucas, (8) esto es lo que permite que se hable de "esquizofrenia democrática" entre la lógica liberal que otorga un valor representativo preeminente al ciudadano, al menos de manera formal, y la lógica colonial que excluye de posibilidades de representación bajo la etiqueta del no-ciudadano.

Según la definición clásica, son "ciudadan@s" las personas que forman parte de una determinada comunidad política y pueden participar activamente en su gobierno. Hoy, esencialmente, esta participación se concreta en el reconocimiento pleno de derechos políticos, y especialmente, del derecho al sufragio, tanto en su vertiente activa (derecho a votar) como pasiva (derecho a ser elegido). En España, la condición de ciudadanía se reconoce fundamentalmente a los nacionales españoles, es decir a las personas que estén en posesión de la nacionalidad española (artículo 13.2 de la Constitución), con la única excepción de los nacionales de los Estados Miembros de la Unión Europea y de aquellos otros países que hayan suscrito con España tratados de reciprocidad en esta materia.

La vinculación de la ciudadanía a la nacionalidad, que aparece casi como un modo natural para delimitar el círculo de personas con plenos derechos políticos de participación, presenta sin embargo numerosas rupturas y excepciones, tanto históricamente como en la actualidad, tanto en España como en otros países de la Unión Europea, y tanto en un sentido restrictivo como en otro extensivo. Y puede legítimamente pensarse en alternativas distintas para delimitar el círculo de los ciudadanos que guarden una congruencia mayor con el principio democrático.

Desde hace unos años, tanto el Consejo de Europa como el Parlamento Europeo están animando a los Estados Miembros de la Unión a reconocer el derecho a la participación política de las personas extranjeras, al menos a nivel de gobierno local. En el marco del Consejo de Europa, se ha celebrado el Convenio sobre la participación de las personas extranjeras en la vida pública a nivel local, que entró en vigor el 1 de mayo de 1997 y que ha sido ratificado hasta el momento por siete Estados (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Italia, Noruega, Holanda y Suecia). El Parlamento Europeo, mediante el Informe sobre la ciudadanía de la Unión, del 15 de diciembre de 2005, ha instado a todos los Estados Miembros a ratificar el Convenio mencionado. España, por el momento, sigue sin ratificar este Convenio y en la medida que el documento no establece la condición de reciprocidad para reconocer el derecho al voto de los extranjeros, tal ratificación solo podrá tener lugar previa reforma del artículo 13.2 de la Constitución, que establece esta condición.

Durante la última legislatura, el Gobierno ha reafirmado el condicionamiento de los derechos políticos a la firma de acuerdos de reciprocidad entre España y los países de procedencia de las personas inmigradas. La lógica de la reciprocidad implica que el derecho de voto quede condicionado al lugar de nacimiento de una persona, que no se trata de un derecho derivado del hecho de vivir en un país. Significa que el hecho de residir de forma estable en España no es lo determinante, porque no da derecho a formar parte de la comunidad política: este derecho está condicionado por unos acuerdos que son ajenos a la situación de las personas que han acreditado mediante su residencia estable, su voluntad de estar. Conviene señalar que los países de la Unión Europea que ya tienen reconocido este derecho no han usado ni usan el sistema de los acuerdos de reciprocidad.

Además, hay que añadir que el condicionamiento de los derechos políticos a la reciprocidad, en unos casos, hace imposible su ejercicio y en otros lo convierte en algo muy improbable. En efecto, quedan fuera del reconocimiento de dichos derechos las personas que provienen de países con los que el Gobierno español actualmente no puede firmar ese tipo de acuerdos, sencillamente porque sus gobiernos no tienen interés prioritario en reconocer derechos políticos a los escasos residentes españoles, o porque su legislación expresamente prevé lo contrario (es el caso de Ecuador, la tercera nacionalidad de origen de personas inmigradas en España con más de 400.000 personas, cuya Constitución impide el reconocimiento del derecho a voto a extranjeros). En definitiva, resulta evidente como esta condición genera situaciones de desigualdad, de discriminación injustificada, entre personas inmigradas, según su origen nacional.

- ¿Estado de derecho o de "aclaración permanente"?

A finales de 2007, el Tribunal Constitucional falló los recursos presentados por el Parlamento de Navarra y la Junta de Andalucía contra diversos preceptos de la Ley Orgánica 8/2000, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social. La Sentencia del TC permitió reflexionar sobre la evolución de los derechos de las personas extranjeras en el Estado, comenzando por la importancia que tuvo el reconocimiento constitucional de determinados derechos de las personas extranjeras (enseñanza no obligatoria, reunión y asociación, derecho a huelga), excluidos de la reforma de la Ley de Extranjería del Partido Popular. (9)

Por otro lado, es necesario destacar los límites de la sentencia de TC. En primer lugar, la sentencia fija la constitucionalidad de importantes cuestiones como son la no consideración de la reagrupación familiar como un derecho fundamental, la no consideración del "non bis in idem" para los casos de expulsión y condena penal, así como la no menos importante aceptación de la falta de motivación a la hora de denegar un visado. Además, merece una cierta crítica el fallo en la medida en que vuelve a dejar en manos del gobierno la redacción de los artículos de la Ley declarados "contrarios a la Constitución". Si las condiciones que puede poner el legislador en el ejercicio de estos derechos por parte de las personas extranjeras en situación irregular no se ajustan a la constitución, nos encontramos de nuevo ante la inseguridad jurídica y la incertidumbre que se despejarían pasados unos cuantos años, con una nueva sentencia. Al contrario de otras materias en las que el TC ha optado por dictar lo que se ha dado en llamar una "sentencia interpretativa", parece que en el tema de los derechos de las personas extranjeras ni el TC ni el gobierno quieren elaborar una lista clara con los derechos de los extranjeros que evite esta inseguridad y este estado que de puede denominar "de constante aclaración".

Los derechos de las personas extranjeras – y sobre todo las personas extranjeras en situación irregular – no suponen ni mucho menos una labor acabada desde el plano del reconocimiento constitucional. De poco sirve, por ejemplo, que el TC haya reconocido el derecho de asociación de las personas extranjeras irregulares si luego el Registro de Asociaciones va a impedir su regular inscripción. De poco sirve el reconocimiento constitucional de derechos citados, si el legislador continúa optando por la interpretación más restrictiva de los mismos, imponiendo en ocasiones unos requisitos totalmente injustificados y contrarios al principio de igualdad.

Los fallos de estas sentencias dejan abiertas varias posibilidades para que el gobierno legisle la manera en que las personas extranjeras en situación irregular podrían ejercer el derecho de reunión, asociación y sindicación. A la nueva legislatura queda pendiente, además de la redacción de los artículos de la Ley de Extranjería declarados inconstitucionales por el TC, concretar posibles acuerdos en materia de extranjería en el seno de la Subcomisión de Extranjería, que está intentando trazar las líneas generales de la política migratoria de la próxima legislatura, independientemente de quien gobierne. De momento, lo único seguro es que la incertidumbre volverá a planear entre los colectivos de inmigrantes aumentando más, si cabe, su vulnerabilidad.

- Racismo social: el triunfo del discurso xenófobo.

Por otro lado, no parecen disminuir en la sociedad española los casos de racismo social y de rechazo a la convivencia con los colectivos de personas inmigradas. Las diferentes explosiones de odio de tintes racistas registradas en los últimos años (10) representan una "muestra" de algo mucho más grave y profundo: el calado que en la sociedad está produciéndose de prejuicios y generalizaciones que criminalizan a personas y colectivos en base a alguna característica común, como es el origen. Estas explosiones no se pueden ignorar, ni se puede minimizar su importancia.

Lo ocurrido en Alcorcón (Madrid) en el mes de enero de 2007, (11) demostró una vez más como el tratamiento mediático puede agravar el problema del racismo social y sus consecuencias. Consideramos necesario hacer una seria reflexión y un serio trabajo para evitar las generalizaciones y prejuicios que son la base de estas muestras de racismo. Desgraciadamente, en varias ocasiones algunos medios de comunicación y diversas figuras políticas han contribuido a potenciar generalizaciones cargadas de prejuicios, que criminalizan a todo el colectivo inmigrante, alimentando el caldo de cultivo que da pie a expresiones y actos racistas.

La investigación llevada a cabo en 2007 por el Centro de Estudios y Documentación sobre Racismo y Xenofobia Mugak (12) demuestra el desequilibrio en el tratamiento que más de 20 medios de prensa escrita de ámbito estatal y local dieron en 2006 al tema "inmigración".

Los artículos sobre inmigración hablaron principalmente de políticas de inmigración (5.138), de control de entrada (4.796), de conflicto social (1.941), de convivencia e integración (1.936), de delincuencia y minorías (1.839) y de condiciones sociales (1.445). Los datos son concluyentes y muestran una visión de la inmigración como un problema, sobre el que hay que legislar, cuya entrada ha de ser impedida, que se encuentra envuelta en problemas de delincuencia y que ocasiona situaciones de conflicto social. Estos bloques temáticos acaparan el 80,22% (13.714 de un total de 17.095) de los mensajes mediáticos, frente a un 8,45% (1.445) que versa sobre las condiciones sociales en que se desenvuelven, y un 11,32% (1.936) que aborda cuestiones relacionadas con la convivencia e integración.

A menudo, cuando desde el campo antirracista se muestra una preocupación por el tratamiento que reciben en los medios las noticias referidas a cuestiones migratorias, hay quien piensa que se quiera denunciar una especie de "confabulación mediática" de quienes tienen posiciones xenófobas y a quienes es preciso desenmascarar. En realidad, no se trata de un proyecto conspirativo, de periodistas con posiciones xenófobas (que también los hay). La cosa es más simple y, cabría decir, más grave. Lo que se constata es que, en contraste con la gran capacidad de los medios para fijar imágenes en la opinión pública sobre la inmigración, no existe entre los profesionales de esos medios ni conocimiento suficiente de la materia sobre la que informan y opinan, ni conciencia de las repercusiones concretas de su trabajo, de los estereotipos que refuerzan, de la munición, en definitiva, que proporcionan a quienes en la arena política sí llevan adelante políticas de exclusión y de xenofobia. Hay, por supuesto, profesionales que hacen un trabajo excelente, pero entre que son pocos y que las empresas mediáticas – que son quienes realmente tendrían que asumir esta cuestión – no están por la labor, el resultado es que, pese a los discursos políticamente correctos, la imagen de la inmigración en la opinión pública no deja de degradarse. (13)

Por otro lado, hay que denunciar como la constante reproducción de los tópicos negativos sobre la población inmigrada con fines electoralistas, así como de las "amenazas de la inmigración" por parte de los partidos políticos, contribuye a la legitimación de la impunidad de las diferentes manifestaciones racistas y xenófobas. El último ha sido un año de campaña electoral, una campaña marcada por algunos partidos que han hecho de la inmigración el centro del debate electoral, poniendo el interés electoral por encima de la cohesión social. La interiorización de un discurso propio de la extrema derecha por parte de partidos democráticos representa un peligro para la convivencia de los distintos colectivos que componen la sociedad española, así como el silencio y la ausencia de un real y eficaz discurso alternativo de los partidos de izquierda. En las elecciones locales de 2007, partidos de extrema derecha como Plataforma per Catalunya (PxC), España 2000, Democracia Nacional, Iniciativa Habitable, etc., aunque minoritarios dentro del espectro de la derecha española registraron un importante incremento en los resultados electorales. A nivel local, estos partidos supieron aprovecharse del descontento social de la población y focalizarlo contra la población inmigrada, ante una falta de discurso alternativo por parte de los partidos de tradición democrática, algunos de cuales están asumiendo como propio el discurso abiertamente xenófobo de la extrema derecha de manera preocupante.

En 2007, una investigación realizada en el Departamento de Antropología de la Universidad de Granada (14) ha demostrado que es mayoritaria la opinión de los parlamentarios que entienden la inmigración como "asunto potencialmente problemático", asociado a violencia, marginalidad, delincuencia, policía. Como señala el estudio, "[…] si tenemos en cuenta la posición preferente que tienen los discursos políticos en nuestro sistema social, la importancia de sus declaraciones es clave para crear un estado de opinión en relación a esta cuestión". (15)

Además, varios estudios analíticos del discurso racista en la política y en los medios de comunicación de España han demostrado la influencia alarmista en las actitudes de la población que causan las metáforas amenazantes como "avalancha" u "olas" al hablar sobre la inmigración a gran escala. De esta manera los políticos y los medios de comunicación no solamente controlan la discusión pública y sus temáticas dominantes, siendo capaces de definir la inmigración como una catástrofe nacional a la par con el terrorismo o el desempleo, sino que también contribuyen a provocar sutilmente las actitudes y las ideologías xenófobas y racistas según las cuales las personas inmigrantes son vistas como una amenaza.

Cuanto dicho parece demostrar que los discursos racistas de los políticos no reflejan tanto sentimientos xenófobos existentes mayoritariamente entre la población (que teóricamente podrían basarse en hechos objetivos tales como experiencias personales), sino que son ellos la misma fuente de prejuicios extendidos sobre personas inmigrantes (y por ejemplo su relación con la criminalidad), prejuicios englobados dentro de un amplio complejo de sensaciones sociales con la etiqueta "inseguridad". Con actitudes xenófobas tan ampliamente extendidas, en España, no hace falta un partido racista de derechas para defender tales políticas e ideologías, puesto que dichas voces están bien representadas por el Partido Popular y sus líderes. Y puesto que siempre hay grupos racistas más explícitos en la extrema derecha, los líderes y los miembros del PP pueden sentirse (y manifestar) que por supuesto no son racistas, porque los "verdaderamente racistas" están en otro lado – una estrategia bien conocida del racismo cotidiano: el racismo siempre está en otro lado.

Por su parte, el principal partido de la izquierda, el PSOE, pocas veces se muestra explícitamente antirracista: mientras que en la coalición de izquierda la retórica racista puede ser menos ruidosa que en la derecha, y aunque la izquierda puede sentirse en algunas ocasiones más cercana a organizaciones, grupos y políticos antirracistas, esto no significa que el gobierno liderado por el PSOE haya implementado políticas explícitas en este sentido.

Otro año más, es necesario denunciar la ausencia y la necesidad de poner medidas concretas para impedir actos racistas, pero sobre todo de diseñar políticas para evitar este caldo de cultivo de marginación, prejuicios y generalizaciones, que tiñe de racismo el modo en que muchas personas ven a otros seres humanos y al mundo.

- A modo de conclusión.

En la anterior legislatura, la lucha contra la violación de los derechos de las personas inmigradas y el racismo no ha sido una prioridad del gobierno que ha preferido seguir girando la cabeza y mirar a otro lado. Como bien ha destacado Teun van Dijk: "(…) Al igual que en los casos de violencia machista, la violencia racista y las formas más sutiles de racismo cotidiano [discriminación socio-laboral, tratamiento negativo por el discurso político y mediático] son, sin embargo, una bomba de relojería social y política dentro del estado multicultural en que también España se ha convertido". (16)

Luchar contra el racismo implica un cambio en las políticas para garantizar una igualdad de derechos y oportunidades, es decir, empezar por no discriminar desde las instituciones al colectivo inmigrante y paralelamente erradicar los factores que provocan el aumento del racismo social; implica a la vez contundencia para castigar la existencia de las acciones racistas y xenófobas. La falta de jurisprudencia, así como la falta de sensibilidad del estado de derecho en el momento de castigar las acciones racistas y/o xenófobas han provocado la negación de la existencia del racismo y la impunidad de estas conductas; y esta realidad se acompaña en muchos casos, de la banalización o negación de su existencia por parte de los discursos políticos y de los medios de comunicación.

(Notas):

(1) Véase al respecto el "Anexo estadístico", en: SOS Racismo: Informe Anual sobre el racismo en el Estado español 2007. Icaria Editorial. Barcelona: 2007.

(2) Comisiones Obreras (CCOO): Inmigración y mercado de trabajo. Propuestas para la ordenación de flujos migratorios. Madrid: 2007.

(3) Véase: Centro de Estudios de Opinión (CEO): Encuesta de convivencia escolar y seguridad en Cataluña. Curso 2005–2006. Estudio de opinión. CEO. Barcelona: 2007.

(4) Véase al respecto: Fundación Secretariado Gitano: Discriminación y Comunidad Gitana 2007. Madrid: 2008.

(5) En: Agencia Europea de Derechos Fundamentales: Informe 2006 sobre Racismo y Xenofobia en la UE. Viena: 2007.

(6) Informe disponible en la página web del Centro de Estudios y Documentación sobre Racismo y Xenofobia Mugak:

http://www.mugak.eu/ef_etp_files/view/Informe_Discriminacion
_acceso_a_vivienda.pdf?revision_id=17542&package_id=9653

(7) En: Colectivo Ioé: Inmigración y vivienda en España. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Madrid: 2005. Al respecto, véase también: Cabrera P.: Exclusión residencial de los inmigrantes: entre la precariedad y la calle. En: SOS Racismo, "Informe Anual sobre el racismo en el Estado español 2007", Icaria Editorial. Barcelona: 2007.

(8) Véase al respecto: de Lucas, J.: Ciudadanía: la jaula de hierro para la integración de los inmigrantes. En: Aubarell G. y Zapata R. (eds.): "Inmigración y procesos de cambio. Europa y el Mediterráneo en el contexto global". Icaria/Iemed. Barcelona: 2004. Pp.215-236.

(9) Al respecto véase el análisis de: Mazkiaran M.: Derechos de las personas extranjeras en estado de "aclaración permanente". En: "Mugak", nº 42. Donostia/San Sebastián: abril 2008.

(10) La recopilación más detallada de los casos de agresiones xenófobas y de rechazo a la convivencia ocurridos cada año en España se encuentra en los capítulos del Informe anual de SOS Racismo dedicados al racismo social. Véase en particular: Racismo social. La percepción de la inmigración y el rechazo al inmigrante. En: SOS Racismo: "Informe Anual sobre le racismo en el Estado español 2007". Icaria Editorial. Barcelona: 2007. Así como el apartado: El rechazo a la convivencia. En: SOS Racismo: "Informe Anual sobre el racismo en el Estado español 2008". Icaria Editorial. Barcelona: 2008.

(11) Una buena reconstrucción de los hechos que se produjeron en Alcorcón a partir del 20 de enero por: Gascón M.: El conflicto juvenil de Alcorcón. En: "Mugak", nº 38. Donostia/San Sebastián: junio 2007. Disponible on line: http://revista.mugak.eu/articulos/show/389

(12) Véase: Aierbe P.M.: Medios y minorías. La mirada de los Medios en 2006. En: SOS Racismo: "Informe Anual sobre el racismo en el Estado español 2007". Icaria Editorial. Barcelona: 2007. Pp. 140-145.

(13) Véase al respecto los resultados del estudio de: Aierbe P.M.: Op. Cit.

(14) Márquez Lepe E.: La gestión parlamentaria del discurso político sobre inmigración en España. En: Zapata R. y van Dijk T. A. (coord.): "Discursos sobre la inmigración en España: los medios de comunicación, los parlamentos y las administraciones". Granada: 2007. Pp. 93-128.

(15) Márquez Lepe E.: Op. Cit. P. 96.

(16) En: van Dijk A. T.: Racismo y política en España. En: "Informe Anual sobre el racismo en el Estado español 2008". Icaria Editorial. Barcelona: 2008. P. 156.

(fuente: http://www.sinpermiso.info/textos/index.php?id=1864)

Gobierno destina 8,3 millones a los afectados por la recuperación de la merluza del Sur, Norte y cigala

2008-05-20T11:53:03+02:00

Gobierno destina 8,3 millones a los afectados por la recuperación de la merluza del Sur, Norte y cigala (EuropaPress - es.noticias.yahoo.com)

El Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM) destinará 8,3 millones de euros a la concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva a propietarios de buques pesqueros españoles como consecuencia de la paralización temporal que conllevan los planes de recuperación de la merluza del Sur y cigala y de la merluza del Norte.

Según publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE), esta parada afecta, por un lado, a los armadores o propietarios de buques de arrastre de fondo afectados por el plan de recuperación de la merluza del Sur y cigala y por otro lado, a los buques que operan en la zona de NEAFC afectados por el plan de recuperación de la merluza del Norte.

En cuanto a los afectados por el plan de recuperación de la merluza del Sur y cigala, las ayudas se otorgarán por las paradas realizadas durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2007 y el 31 de enero de 2008, ambos inclusive, y su financiación no podrá exceder la cuantía de 2.831.805,00 euros. La aportación comunitaria se hará con cargo al Fondo Europeo de la Pesca (FEP).

Asimismo, podrán ser beneficiarios de estas ayudas los armadores o propietarios de buques pesqueros españoles de arrastre de fondo afectados por el plan de recuperación de la merluza del Sur y cigala en 2007 inscritos en el Censo de la Flota Pesquera Operativa que hayan cesado en su actividad durante el plazo establecido y que estén censados en la modalidad de arrastre de fondo del Cantábrico y Noroeste y en la modalidad de arrastre de fondo de aguas de Portugal.

Respecto a los afectados por el plan de recuperación de la merluza del Norte, las ayudas se otorgarán por las paradas realizadas durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 29 de febrero de 2008, ambos inclusive y la financiación se efectuará en una cuantía total máxima de 5.481.479,13 euros. La aportación comunitaria también se hará con cargo al Fondo Europeo de la Pesca (FEP).

En este sentido, podrán ser beneficiarios de estas ayudas los armadores o propietarios de buques pesqueros españoles que operan en la zona de NEAFC afectados por el plan de recuperación de la merluza del Norte en 2007, inscritos en el Censo de la Flota Pesquera Operativa, que hayan cesado en su actividad durante el plazo establecido.

Por último, deben estar censados como buques de la flota de altura, gran altura y buques palangreros mayores de 100 toneladas de registro bruto (TRB) que operan dentro de los límites geográficos de la Comisión de Pesca del Atlántico Nordeste y como buques palangreros menores de 100 toneladas de registro bruto (TRB) que pueden pescar en las zonas CIEM VIIIa, b, d de la NEAFC.

(fuente: http://es.noticias.yahoo.com/ep/20080520/tbs-economa-pesca-gobierno-destina-8-3-m-bc5067c.html)

Alterada la composición del TC tras la muerte de García-Calvo

2008-05-19T11:26:56+02:00

Alterada la composición del TC tras la muerte de García-Calvo (Reuters - es.noticias.yahoo.com)

El magistrado del Tribunal Constitucional Rafael García-Calvo falleció repentinamente el domingo por la noche en Madrid, informó la corte, cuya composición queda alterada tras la muerte de uno de los integrantes del sector considerado conservador.

García-Calvo, que se opuso a casi todas las resoluciones recientes del tribunal que tenían un perfil político, como el respaldo a la Ley contra la Violencia de Género la semana pasada, murió en su domicilio de la localidad madrileña de Villaviciosa de Odón por causas no desveladas, según fuentes del Constitucional.

El magistrado conservador había sido recusado junto a Jorge Rodríguez Zapata a petición del Gobierno por entenderse que no era imparcial para juzgar la reforma de la Ley Orgánica del TC, que promovió el Ejecutivo y está impugnada por el Partido Popular.

Ambos jueces habían mostrado su discrepancia con una ley que, entre otras cosas, ampliaba el mandato del presidente del tribunal - en la actualidad María Emilia Casas - y del vicepresidente hasta su renovación.

El Tribunal Constitucional estaba formado hasta ahora por doce magistrados, divididos en seis considerados conservadores y seis progresistas, según diversos medios. En las recientes deliberaciones sobre el Estatuto de Cataluña, ese equilibrio había quedado roto tras la recusación del juez Pablo Pérez Tremps, progresista. Con la muerte de García-Calvo, la correlación vuelve a ser igualitaria entre ambos sectores en lo que se refiere al tema del Estatut.

En otros asuntos de inminente deliberación, como la Ley del matrimonio homosexual, la muerte de García-Calvo inclina la balanza en favor de los progresistas.

(fuente: http://es.noticias.yahoo.com/rtrs/20080519/tts-espana-tribunales-muerte-ca02f96.html)

La Audiencia Nacional da carpetazo al caso Couso

2008-05-15T01:23:10+02:00

La Audiencia Nacional da carpetazo al caso Couso (V. Vadillo - elplural.com)

La familia presentará "nuevas pruebas" ante el Supremo.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido revocar el procesamiento de los tres militares estadounidenses implicados en la muerte del cámara de Telecinco José Couso durante la guerra de Irak, en 2003. El tribunal considera que no hay indicios “suficientes” para continuar con la investigación, contradiciendo la orden del juez Santiago Pedraz de investigar a los militares. La familia del cámara aseguró que seguirán adelante en su lucha y apuntó que “muy pronto” presentarán ante el juez “nuevas pruebas” que podrían “dar la vuelta al caso”.

Javier Couso, hermano del cámara asesinado, explicó a El Plural su decepción al conocer la noticia, y apuntó que ni la familia ni sus abogados encuentran “razones jurídicas” que sustenten la decisión de no procesar a los militares. A su juicio, se trata más bien de “razones espurias, razones políticas” para “contentar a Estados Unidos”.

- Con la Fiscalía.

La sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, presidida por el magistrado Fernando García Nicolás dio a conocer su decisión de interrumpir la investigación contra los tres militares implicados a través de un auto en el que respalda la postura de la Fiscalía, que ya el pasado 21 de abril solicitó el archivo del caso al considerar que la muerte de Couso no se enmarcaba dentro de la categoría de “crimen de guerra”.

- Contra la orden de Pedraz.

Con esta decisión, la Audiencia evita la resolución del Tribunal Supremo, que había ordenado la investigación de la muerte del cámara, y la orden del juez Santiago Pedraz de imputar a los tres altos mandos militares de EE.UU. que dispararon contra el hotel donde se alojaban los medios de comunicación provocando su fallecimiento.

- Nuevas pruebas.

Javier Couso aseguró a El Plural que la familia del fallecido seguirá tratando de demostrar que la muerte del cámara se encuadra en el marco de los “crímenes de guerra”, y apuntó que pronto presentarán nuevas pruebas. Por otra parte, aseguró que agotarán todas las vías judiciales, tanto en España como en los tribunales europeos.

- "Hurtando el derecho a un proceso".

Además, Javier Couso recordó que con este intento de archivar de nuevo la causa se está “hurtando el derecho de tener un proceso adecuado” y se está “apuntalando la impunidad de criminales de guerra”, vulnerando las resoluciones de Ginebra e incluso los convenios de Derechos Humanos.

- "Intereses en que no se investigue".

“No entendemos por qué, siendo España y Estados Unidos países aliados en la guerra de Irak y miembros los dos de la OTAN, hay ciertos intereses en que no se investigue la muerte de mi hermano”, lamentó.

- "Contentar a Estados Unidos".

En declaraciones a El Plural, Javier Couso reconoció que ya se esperaba esta decisión y lamentó que haya jueces que “tratan de contentar a Estados Unidos en lugar de investigar crímenes de guerra”. No obstante, mostró su confianza en poder seguir adelante con las investigaciones “porque, afortunadamente, otros jueces sí tienen interés en investigar”. “Primero vamos a agotar todas las vías de la Justicia española, pero no descartamos acudir de manera paralela también al Tribunal de Estrasburgo”, aclaró.

(fuente: http://www.elplural.com/politica/detail.php?id=20912)

Presentación del Gobierno en el Senado. Discurso de José Luis Rodríguez Zapatero

2008-05-15T00:14:19+02:00

Presentación del Gobierno en el Senado. Discurso de José Luis Rodríguez Zapatero (senado.es)

- El señor PRESIDENTE:

A continuación, señorías, pasamos al cuarto punto del orden del día: Presentación del Gobierno. Para su presentación tiene la palabra el señor presidente del Gobierno.

- El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.

Quiero que mis primeras palabras sean para sumarme, en nombre del Gobierno, al reconocimiento, al elogio que hoy hemos rendido aquí al compañero y senador Carlos Chivite. Por personas como Carlos Chivite, por su afán de democracia, por su rectitud y por su pasión por los valores e ideales llevamos treinta años sabiendo lo que es la libertad.

Gracias, Carlos, y gracias a su familia por su compañía. Que sepan que tienen toda la solidaridad y todo el reconocimiento del Gobierno y de todos sus compañeros. Gracias, Carlos Chivite. (Aplausos.)

Señor presidente, señoras y señores senadores, el pasado día 9 de marzo, hace poco más de dos meses, el Partido Socialista ganó las elecciones generales. Los españoles nos otorgaron de nuevo su confianza mayoritaria y así hemos visto incrementada nuestra presencia tanto en el Congreso como en el Senado. Como es constitucionalmente preceptivo, tras las consultas evacuadas por Su Majestad el Rey, solicité del Congreso de los Diputados el pasado 8 de abril la confianza para formar Gobierno. Obtenida la investidura, he querido comparecer hoy aquí, en el Senado, como ya hice en 2004 —cuatro años y dos días después para ser exactos—, para explicar en esta Cámara y debatir con sus señorías los ejes esenciales de mi programa político para la legislatura. Las razones que me han movido a pedir esta comparecencia, con la pretensión de consolidar un uso parlamentario que solo tenía como precedente una intervención semejante del presidente Felipe González en 1986, son las mismas que me llevaron a pedirla hace cuatro años. Manifesté entonces mi intención de lograr la mejor comprensión y el mayor respaldo parlamentario a mi acción de gobierno buscándolo en ambas Cámaras y, en consecuencia, anuncié mi predisposición a relacionarme con el Senado de la nación en un marco de diálogo, debate y comparecencia frecuente. Era plenamente consciente, decía entonces, de presidir el Gobierno de un Estado compuesto, el Estado de las Autonomías diseñado en nuestra Constitución, en el que el Senado cumple funciones insustituibles y está llamado a cumplir plenamente la vocación de Cámara territorial, a la que remite la propia Constitución.

No sabría encontrar términos distintos, señorías, para expresar mejor los motivos que me traen hoy de nuevo ante ustedes y que, a mi juicio, justifican sobradamente esta práctica parlamentaria. Aquella sesión no fue para mí un acto aislado ni el producto de un impulso circunstancial y sin continuidad; fue, por el contrario, la primera de otras decisiones que se han sucedido a lo largo de la legislatura pasada, con el propósito todas ellas de fortalecer el papel institucional del Senado y su vocación de Cámara territorial. Me refiero a la celebración del debate del Estado de las Autonomías, a las tres conferencias de presidentes que aquí se han reunido, a mi participación en los debates sobre los proyectos de reforma de los estatutos de autonomía y al sometimiento, por primera vez de un presidente de Gobierno, al control mensual de esta Cámara a través de preguntas parlamentarias en las que, como sus señorías reconocerán, tenían un tiempo bastante amplio para exponer los distintos argumentos.

El balance es, a mi juicio, bastante satisfactorio y demuestra que nuestra pretensión de seguir dotando al Senado de un papel más relevante en el orden constitucional está muy alejada del vaporoso mundo de la retórica bien intencionada y se sitúa en el terreno cierto de las propuestas realizables.

Señoras y señores senadores, hemos comenzado un período político en el que nos adentraremos en la segunda década del siglo XXI, y esto hace que este momento resulte decisivo para identificar y encarar adecuadamente los retos que tenemos por delante. Es un momento que los españoles debemos afrontar con una idea clara de lo que somos, de cómo es el mundo en el que nos desenvolvemos y de qué papel pretendemos jugar en él. Nuestros principales problemas, nuestros desafíos no son ya los del pasado, son muy diferentes y, por fortuna, nuestras posibilidades para encararlos con éxito, nuestros recursos para hacerles frente tampoco tienen mucho que ver con los que poseíamos hace solo algunos años.

Este año celebraremos el trigésimo aniversario de la aprobación de la Constitución Española de 1978. Ha sido un período extraordinariamente fértil, nada fácil a veces, pero muy fértil en conjunto, tanto que hemos podido abandonar el tradicional discurso español sobre nuestro retraso histórico en relación con los países europeos y sustituirlo por ambicionar con realismo el objetivo de situarnos entre los países más avanzados del mundo. Por eso, al solicitar la investidura en el Congreso de los Diputados defendí un proyecto centrado en nuestros grandes retos de futuro, y lo hice, además, a partir de una idea de España, de una idea incluyente de España proyectada también sobre su futuro. Dije entonces que me proponía formar un Gobierno para impulsar una España próspera y a la vez decente, una España eficiente, una España unida y diversa, una España comprometida con la causa de la paz y en la lucha contra el cambio climático y la pobreza. Y fijé los retos prioritarios que nos proponemos acometer en los próximos años: en primer lugar, seguir la senda iniciada en el período anterior para hacer descansar cada vez más nuestro patrón de crecimiento económico en el conocimiento y en la innovación, lo que junto al desarrollo de las infraestructuras y el capital humano permitirá ganar la necesaria competitividad a la economía española. Este objetivo es aún más acuciante ante la fase de clara desaceleración del crecimiento que estamos atravesando como consecuencia del empeoramiento del contexto económico internacional y del rápido ajuste que se está produciendo en algunos sectores de nuestra economía como es el sector de la construcción.

Pero a diferencia de lo que ocurrió en el pasado con otros cambios de ciclo, la economía española, como consecuencia de haberse fortalecido en los últimos años, cuenta con instrumentos para amortiguar los efectos de la desaceleración y mantener todos los compromisos de política social que hemos contraído en la legislatura. Haremos uso con prudencia de esos instrumentos en función de cómo evolucione la situación económica, y nos empeñaremos en mejorar nuestro patrón de crecimiento para volver cuanto antes a recuperar los altos ritmos de incremento del empleo de los que hemos disfrutado en estos últimos años.

Señorías, en el discurso de investidura identifiqué también como una línea prioritaria de nuestra acción política dar pasos firmes para asegurar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Disponemos de un instrumento jurídico avanzado: la Ley de igualdad. Ahora procede desarrollarla y aplicarla con rigor y determinación, y esto es lo que nos proponemos hacer para terminar con las discriminaciones injustificables que aún sufren algunas mujeres en nuestra sociedad, y que, en rigor, sufre la sociedad.

Entre las prioridades de la legislatura se incluyen igualmente las políticas de desarrollo sostenible, que comprenden la protección medioambiental, la lucha contra el cambio climático, una política energética que cubra nuestras necesidades de crecimiento favoreciendo las llamadas energías limpias, la garantía del abastecimiento de agua a todos los ciudadanos y territorios, y el pleno desarrollo del medio rural. Innovación, igualdad y desarrollo sostenibles, tres vectores de una acción política dirigida a impulsar a la sociedad española hacia posiciones de liderazgo en el futuro. Esta ambición de liderazgo solo puede albergarse en el seno de un Estado que disponga de una administración más eficiente para proveer mejores servicios públicos, empezando por el de la justicia, en el seno de un Estado gobernado con diálogo y vocación integradora, a partir del reconocimiento y respeto de su diversidad, y del consenso en torno a algunas cuestiones que se sitúan más allá del legítimo pluralismo político, como la lucha contra el terrorismo y por el fin de la violencia.

Este es, señorías, en apretada síntesis, el proyecto político para el que solicité y obtuve la confianza en el Congreso. A su servicio, he formado un Gobierno que trata de reflejar en su estructura las prioridades fijadas. He aprobado así un nuevo Ministerio de Ciencia e Innovación que agrupa a los organismos públicos y estatales dedicados a la investigación e innovación, junto a las universidades, para impulsar y coordinar nuestros sistema de ciencia y tecnología e incrementar nuestra capacidad innovadora y, en consecuencia, un crecimiento más poderoso de nuestra economía. También he creado un nuevo Ministerio de Igualdad para reforzar ese objetivo esencial y combatir al máximo nivel político cualquier discriminación por razón de género o cualquier otra causa o circunstancia, y un nuevo Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino que gestione integralmente el territorio, asegurando al mismo tiempo su desarrollo y su conservación. Además, el Ministerio de Trabajo pasa a denominarse Ministerio de Trabajo e Inmigración, para destacar el vínculo inescindible, en una política de inmigración ordenada, como la nuestra, entre el fenómeno migratorio y la relación laboral, que es clave en la llegada y en la integración de las personas inmigrantes. Por último, las políticas sociales dependientes de la acción del Estado, que han de ocuparse de los ciudadanos desde su infancia a la vejez, se alojan en un ministerio reestructurado que ha pasado a denominarse Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.

Coherentemente, el Consejo de Ministros acaba de crear cuatro nuevas comisiones delegadas para llevar también estas prioridades al trabajo colegiado y monográfico de los miembros del Gobierno. Son las siguientes: la Comisión de Trabajo e Inmigración, la de Igualdad, la de Innovación y Ciencia y la de Cambio Climático.

El Gobierno, por otra parte, señorías, ha comenzado su andadura afrontando, en primer lugar, la tarea más urgente y que reclama mayor atención: analizar y adoptar decisiones sobre la evolución de nuestra economía; decisiones que sean operativas para atenuar sus efectos y, en su caso, para preparar mejor a nuestra economía en el momento de la recuperación del ciclo de la vuelta a un crecimiento poderoso. De ahí que aprobáramos en el primer Consejo de Ministros un primer paquete de medidas para estimular el consumo de las empresas y de las familias y para adelantar inversiones en infraestructuras, así como distintas medidas en favor del sector inmobiliario, singularmente, la ampliación del número de viviendas de protección oficial a construir.

Señoras y señores senadores, el programa de gobierno que me propongo aplicar es un programa para ser desarrollado en el marco de nuestro modelo constitucional de Estado; el que nos dimos en 1978 y ha funcionado satisfactoriamente hasta hoy: el Estado autonómico. Solo sobre la base del diálogo y la cooperación con las comunidades autónomas podremos llevar a término, con la eficacia deseable, una parte importante de las políticas que nos proponemos. Hoy, señorías, no hay prácticamente política alguna, sea quien sea el titular de las correspondientes competencias, que pueda desarrollarse sin algún grado de participación de las comunidades autónomas. La lucha contra la violencia de género, las políticas de inmigración, ciertas reformas en el ámbito de la justicia, el desarrollo del medio rural o la efectiva implantación del sistema de atención a la dependencia, son ejemplos elocuentes de ello y aspectos —todos elllos— que constituyen sin duda desafíos trascendentales para nuestra sociedad.

Puede que algunos lamenten esta situación. No es mi caso. Creo que esta fórmula ha permitido una mejora de la eficacia de nuestros servicios y actuaciones, y ha adaptado las prioridades de actuación a las necesidades y opciones políticas de cada comunidad. Y creo también que el modelo autonómico ha permitido fortalecer el equilibrio de nuestro país y, de manera muy especial, el desarrollo de aquellos territorios que tradicionalmente se habían visto marginados en las estrategias de inversión y crecimiento de un Estado centralizado. Hoy, España está más cohesionada que hace 30 años, y los desequilibrios territoriales se han reducido mediante el crecimiento de todas y cada una de nuestras comunidades. Este camino se ha transitado gracias al ejercicio de las competencias autonómicas, pero también gracias a las iniciativas del Estado y al desarrollo de proyectos comunes a todas las administraciones, impulsados conjuntamente por todas ellas.

Por ello, tengo el firme convencimiento de que cualquier programa de gobierno que quiera estimular el crecimiento y el avance de toda España debe contar con las comunidades autónomas y con los gobiernos autonómicos, con su pluralidad y sus competencias. Pero, sobre todo, debe significar la fijación de claras prioridades de actuación conjunta del Estado y de las comunidades autónomas, en la misma dirección y en aquellos ámbitos que necesitan mayor aportación de medios y esfuerzos.

El programa de gobierno que expuse ante el Congreso de los Diputados puede, pues, también leerse —y así les pido que lo hagan— como la fijación de grandes prioridades y mecanismos de actuación conjunta de los poderes públicos, alentados por el impulso y la cooperación del Gobierno de España. Señorías, durante los últimos años hemos sentado las bases de la actualización de nuestro modelo de Estado de las Autonomías. Lo hemos hecho con las reformas estatutarias, aprobadas en su inmensa mayoría con el apoyo casi unánime de los partidos presentes en esta Cámara; con la creación y consolidación de la Conferencia de Presidentes, o con la presencia de las comunidades en las delegaciones españolas en el Consejo de Ministros de la Unión Europea. Están bien establecidas las pautas para la reforma de los estatutos de aquellas comunidades que aún no la han culminado, y a ellas nos vamos a seguir ateniendo: alto consenso de origen en cuanto a la conveniencia de revisar estas normas institucionales básicas de cada comunidad, y conjugación, por parte de las Cortes, de las propuestas enviadas por los parlamentos autonómicos, con el interés general, a la luz de la Constitución.

Me gustaría destacar, señorías, que estas pautas son homogéneas, las mismas para todos, pero no tienen por qué ser igualmente homogéneas las reformas aprobadas a su amparo. Dicho de otro modo, la lógica constitucional del proceso de reforma, con la interlocución que se establece entre los órganos autonómicos y estas Cortes Generales, pretende garantizar la viabilidad de los estatutos y su articulación al proyecto común de España, pero sin impedir —más bien al contrario—, que las peculiaridades de cada comunidad queden suficientemente reconocidas y preservadas.

En esta legislatura, nuestro modelo autonómico deberá dotarse de un nuevo sistema de financiación cuya discusión nos ocupará durante los próximos meses. Será —lo es ya— una discusión que nos ocupará a todos y en la que entre todos debemos alcanzar un acuerdo. El sistema no puede surgir sino a partir de un acuerdo por parte de todos, asumiendo un equilibrio entre los intereses de todos para que el conjunto siga avanzando. Eso es lo que hemos hecho siempre hasta hoy, porque los ciudadanos, que son la justificación última de cuanto hacemos, salen ganando si el sistema asume al máximo los intereses del Estado, de su comunidad y del resto de las comunidades.

El Gobierno defenderá en cualquier caso un sistema que implique a las comunidades autónomas en mayor medida en la obtención de sus recursos fiscales. Debemos seguir avanzando en el terreno de la corresponsabilidad fiscal para garantizar que cada Administración asume, en el momento de decidir sus gastos, la responsabilidad de conseguir los ingresos necesarios para ello, y también que cada Administración gasta los recursos que recibe de acuerdo con las finalidades a las que pueden estar vinculadas. Un sistema que siga garantizando la solidaridad, que permita un desarrollo equilibrado de nuestro país, que mejore esa solidaridad haciéndola más transparente y vinculada de modo efectivo a la dotación de infraestructuras y a la garantía de los fondos suficientes para un nivel de servicios general para todos los ciudadanos. Un sistema que asuma el impacto de variables como la población y sus variaciones, la dispersión territorial, el envejecimiento de la población o la insularidad, y un sistema, finalmente, que también garantice la suficiencia financiera al Estado, que permita que las Cortes Generales y el Gobierno continuemos desarrollando los proyectos de gran envergadura necesarios para el progreso conjunto de España, ya sea la construcción de infraestructuras de alcance interautonómico o la financiación de nuevos servicios sociales, como el sistema de dependencia o el impulso de planes territoriales como los que en la pasada legislatura afectaron a diversas provincias y comunidades de nuestro país.

Señor presidente, señorías, en la pasada legislatura el Gobierno impulsó la creación y consolidación de la Conferencia de Presidentes como foro de diálogo y acuerdo al máximo nivel político. En ella hemos alcanzado acuerdos sobre aspectos tradicionalmente enquistados en la discusión con las comunidades autónomas: desde la financiación sanitaria hasta la adopción de un marco coordinado de política científica y de investigación más desarrollado.

Hoy la conferencia es ya un instrumento eficaz y consolidado que, siguiendo el mandato de su tercera reunión, debe dotarse de un reglamento de funcionamiento en su próxima convocatoria. En esta legislatura la conferencia deberá dar un nuevo impulso a la cooperación en aspectos que reclaman una mejor coordinación entre el Estado y las comunidades y que van desde la política medioambiental frente al cambio climático hasta la mejora de nuestro sistema educativo.

Acorde con la flexibilidad y agilidad de la Conferencia de Presidentes y con su capacidad real de respuesta a los problemas urgentes de los ciudadanos, hoy, desde esta tribuna, quiero anunciarles y reiterar formalmente una próxima sesión de aquella para debatir las necesarias mejoras en la previsión, prevención y dotación de servicios y medidas de apoyo a las víctimas de la violencia de género, así como, lógicamente, todo lo que representa la prevención de esta lacra.

Las medidas judiciales y policiales no son las únicas que deben desarrollarse en este ámbito. Todas las administraciones, todos los gobiernos debemos poner a disposición de las víctimas y de las mujeres en riesgo de convertirse en víctimas un sistema mucho más eficaz y articulado de medidas de apoyo social, económico, laboral y personal. Una vez más tenemos la obligación de sumar los medios y capacidades de todos los gobiernos y administraciones para evitar la descoordinación o la dilación en casos que pueden tener consecuencias dramáticas. Por ello, confío en la actitud constructiva de todas las comunidades autónomas ante esa convocatoria, con carácter inmediato y para los próximos meses, de la Conferencia de Presidentes para afrontar conjuntamente un esfuerzo de Estado en la lucha contra la violencia de género.

Señorías, cuando hace cuatro años presenté mi programa de Gobierno en esta misma Cámara quise manifestar mi compromiso con un sistema parlamentario en el que el debate propio de un Estado compuesto como el nuestro tuviera un cauce institucionalizado, público y plural, y ese cauce implicaba el fortalecimiento de las funciones y el carácter de representación territorial del Senado. La reforma constitucional del Senado era, en el programa que les expuse hace cuatro años, una pieza relevante en la tarea de reforzar los mecanismos de cohesión de nuestro país y todas sus administraciones ante los retos comunes, pero un proceso de reforma constitucional debe contar siempre con un amplio acuerdo de los diversos grupos parlamentarios y, desde luego, un acuerdo con el primer partido de la oposición. No fue posible lograrlo en la pasada legislatura, lo cual tampoco constituye una excepción a tenor de las veces que se ha intentado abordar la reforma del Senado.

Pero el objetivo —subrayo hoy aquí— sigue mereciendo la pena. A juicio del Gobierno, una reforma del Senado para perfeccionar su naturaleza de Cámara territorial en un Estado de las Autonomías contribuirá de manera decisiva a la mejora de nuestro funcionamiento institucional y, por tanto, a la mejora y fortalecimiento de nuestra democracia.

Por eso, deseo que ahora, en un clima político más sosegado —espero (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)— y eventualmente más receptivo a una iniciativa como esta y con toda la legislatura por delante, sea la propia Cámara, señor presidente, la que explore, por el procedimiento que ella misma estime conveniente, la posibilidad de formular una propuesta de reforma que cuente con el consenso necesario. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

Para facilitar esta tarea, el Gobierno ha puesto hoy a disposición de la Mesa de esta Cámara y de su presidente el informe elaborado por el Consejo de Estado sobre la reforma del Senado, solicitado al alto órgano consultivo en la pasada legislatura por el Gobierno de la nación. Mi deseo es que la ecuación «a mayor peso específico del Senado mayor calidad y mejor funcionamiento de nuestro Estado constitucional» pudiéramos seguir formulándola en esta legislatura. Sin duda no habría mejor modo de colmar este deseo —que estimo compartido por todas sus señorías— que encontrar entre todos —y todos somos conscientes de la complejidad política y jurídica del empeño— una fórmula para convertir el Senado en una genuina Cámara de representación territorial a la altura del modelo de Estado que se ha fraguado en nuestro país después de treinta años de muy fértil democracia.

Permítanme entonces que concluya esta intervención animándolos a acometer con ilusión y sentido del Estado esta tarea junto a todas las demás que tienen atribuidas, a las decisivas facultades constitucionales que el Senado tiene en nuestro sistema, y permítanme que ofrezca de nuevo en esta legislatura la actitud del Gobierno y el compromiso del Gobierno de colaboración, de diálogo, y la disponibilidad para responder políticamente de manera intensa en esta Cámara, aunque los debates a veces sean tan largos.

Muchas gracias (Aplausos, con los señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista puestos en pie.)

España considera prioritario que Ecuador recupere la estabilidad política y consolide su economía

2008-05-13T16:19:57+02:00

España considera prioritario que Ecuador recupere la estabilidad política y consolide su economía (la-moncloa.es)

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha recibido en el Palacio de La Moncloa al presidente de la República de Ecuador, Rafael Correa, que se encuentra de visita oficial en España. Ambos mandatarios han abordado, entre otros, asuntos relacionados con la inmigración ecuatoriana en nuestro país y la situación de la región andina.

Durante la rueda de prensa conjunta que han ofrecido al término de la reunión, José Luis Rodríguez Zapatero ha subrayado que España tiene el objetivo prioritario de que "Ecuador recupere su estabilidad política, que sus procesos de reforma consoliden instituciones sólidas, democráticas, y que la economía siga avanzando".

Además, ha expresado su propósito de colaborar en "el progreso social, la superación de las desigualdades, de la pobreza y la instauración de un buen sistema de salud" en ese país.

- Inmigración.

El presidente del Gobierno ha afirmado que, junto a la historia compartida, el vínculo más intenso entre España y Ecuador es la inmigración.

"Casi cada día medio millón de ciudadanos ecuatorianos viven y trabajan en nuestro país, contribuyen a nuestro progreso, a nuestro desarrollo y a nuestra cultura y éste es un aspecto crucial de nuestra relación bilateral", ha dicho.

Asimismo, ha asegurado que comparte la preocupación y la sensibilidad que el presidente Correa tiene por sus compatriotas que trabajan fuera de Ecuador.

Esa sensibilidad, ha añadido, "se traduce en una política por nuestra parte en materia de inmigración que, junto a la legalidad, combina la mayor sensibilidad y el mayor apoyo a todas las personas que están trabajando con nosotros".

Rodríguez Zapatero ha recordado que Ecuador es un país prioritario para la cooperación española, que tiene distintos programas en marcha funcionando bien en ese país y contribuyendo a su desarrollo.

- Comunidad andina.

El jefe del Ejecutivo ha señalado que Ecuador ocupa un papel determinante en lo que representa la comunidad andina, y "España es un activo defensor de la consecución de un acuerdo favorable a los intereses de esa comunidad en relación con la Unión Europea".

El Presidente confía en que, en ese sentido, haya avances en la cumbre Unión Europea-América Latina que se celebrará esta semana en Lima.

Por otra parte, Rodríguez Zapatero y Correa han hablado sobre las dificultades por las que han atravesado las relaciones entre Ecuador, Colombia y Venezuela en los últimos meses.

Zapatero ha expresado a Correa que España mantiene su confianza en que la relación entre Ecuador y Colombia, "países que para nosotros son hermanos", sea "positiva".

También ha manifestado que en ningún momento ha tenido "ninguna denuncia ni ninguna información" que le haga pensar que Ecuador ha participado en apoyo de un movimiento como el de las FARC.

Lo que representan las FARC, ha dicho, "no puede dar lugar a que haya una división y un enfrentamiento entre países democráticos y hermanos como son Colombia y Venezuela", ha dicho.

España, ha reiterado, desea que el clima entre ambos países que sufren las consecuencias de las FARC, de la violencia y del terrorismo se recupere.

Rodríguez Zapatero ha confirmado que el próximo año visitará Ecuador, respondiendo a la invitación del presidente Correa.

(fuente: http://www.la-moncloa.es/ActualidadHome/2008/120508-Zapaterocorrea.htm)