83.59.11.55 1615 1657 <EM>Escuela rota</EM> es el título de una obra de teatro escrita por Bruno Estrada. Se basa en hechos reales. Al parecer, el abuelo del autor, Félix López, fue un maestro republicano represaliado que ejerció en el pueblo de Gayangos en el norte de la provincia de Burgos. La obra se basa en los documentos del proceso de depuración que padeció López. Bruno Estrada pretende reivindicar la labor de los maestros republicanos en el ingente trabajo de alfabetización en la República. Félix López fue uno de esos maestros que, tras enseñar a los niños que iban a ser enviados a Rusia en Bilbao, es capturado en Santander donde un consejo de guerra le condena a cuatro años de prisión que cumple en el penal de Santoña. Al regresar a Gayangos su plaza de maestro está ocupada por un falangista, pero él siguió dando clase en su domicilio a muchísimos hijos de los vecinos del pueblo, incluido el hijo del alcalde ante la manifiesta ineptitud profesional del nuevo maestro. Sobre esta obra y el montaje de Bruto Pomeroy en Madrid y que se ha podido ver el pasado día 3 de diciembre: <A href="http://www.nuevatribuna.es/noticia/22505/CULTURA-Y-OCIO/'escuela-rota'-homenaje-maestros-represaliados-franco.html">http://www.nuevatribuna.es/noticia/22505/CULTURA-Y-OCIO/'escuela-rota'-homenaje-maestros-represaliados-franco.html</A> 2 2009-12-06T18:42:33Z 2009-12-06T18:30:00Z 415856 2009-12-06T19:08:09Z escuela-rota 2009-12-06T18:42:33Z 1 1 2009-12-06T19:08:09Z 88.11.154.218 51589 23625 <div style="background: url('http://www.change.org/change/badges/takeaction-widget-bg-top.png') no-repeat; width: 194px; padding: 47px 3px 15px 3px; margin-top: 20px; font-family: Helvetica; text-align: left; line-height: normal;"> <embed src="http://www.change.org/widget_flash/take_action.swf?xmlFile=http://www.change.org/actions/takeaction_widget_xml/25725" quality="high" wmode="transparent" width="194" height="230" name="TakeAction" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /> <div style="text-align: center; line-height: normal; font-size: 11px;"> <a href="http://www.change.org/actions/view/cadena_perpetua_para_los_violadores_de_nios_y_adolescentes"> <img src="http://www.change.org/change/img/weekly_update/btn-take-action.png" style="border: none; margin-bottom: 5px;" /> </a><br /> or, <a href="http://www.change.org/start_a_petition" style="color: #036;">Start a Petition</a> </div> </div> <div style="background: url('http://www.change.org/change/badges/takeaction-widget-bg-bottom.png') no-repeat; width: 200px; height: 50px; margin-bottom: 20px; font-family: Helvetica; line-height: normal;"> <a href="http://www.change.org" style="margin: 5px 0px 0px 57px; width: 86px; height: 37px; position: absolute;"><span style="display: none;">Change.org</span></a> </div> Muchas injusticias hemos visto a lo largo de los años violadores que salen a la luz el pecado Cumplir su condena, por buena conducta, con condicional, con bonos de Navidad, y otras que marca la ley, pero no se han puesto a pensar los Doctores La Ley de bebes que estas personas salen nuevamente su Cometer un crimen pero ya con mas cuidado, y sin pensar en el dolor de la victima y de las familias que han quedado destrozados por el dolor, por ello mismo todo monstruo que comete ese crimen con , niños abandonados, hijastras, eso quiere decir que Cumpla su condena para que tenga todo el sindrome de la DAW, ancianos, esposas, mujeres, niñas, adolescentes, se le Debe sentenciar con la pena maxima que es la de cadena perpetua, y tiempo para recapacitar lo que ha Hecho sin ver la luz, es el sentir humano y con sentido comun, espero que se Dicte, en todos los lugares del mundo, y asi con lo guarida de conocer en los medios televisivos para que el verdugo de la SEPA LO QUE HACE Conocimiento de la Causa, Impulsar un referendo con el fin de endurecer las penas contra los abusadores de menores de edad (bebes, hijos, hijastros, niños abandonados, enfermos mentales, y otros) Legislación internacional es toda Clara en Proteger a los menores de edad, asimismo los abusadores de Menores de edad sin ninguna Tienen Posibilidad de rehabilitarse, al contrario Cumplen su pena y salen A estos Cometer Delitos nuevamente y con agravantes. Por tal motivo agregó que se Dicte La Pena máxima que es de cadena perpetua para los abusadores de menores de edad, el pecado ni mucho menos condicional por buena conducta, y sobre todo que los abogados presenten escritos para rebajar la pena, NO, tambien invoco A que los Gobiernos ESPERAN Que se separen millas y millones de firmas para aprobar Dicha ley, Porque esperar eso, si el que ha sufrido es un menor de edad y por ello el monstruo Debe pagar su crimen, esperanzada que con esta peticion se convoque un y referendo internacional que esten todos los presidentes de Acuerdo para dictar la CADENA PERPETUA POR ESTOS ACTOS CRIMINALES CONTRA MENORES DE EDADTodas las personas como la que escribe estamos cansados de ver dia a dia en la calle, en los noticieros, por los vecinos, los casos de violadores que son arrestados y judicializados por abusar sexualmente de niños y mujeres en todo el país, y que le dictan una pena tan baja que mas es el dolor de muchas madres que Llevan en sus mentes la Violación de uno de sus seres queridos, Lo que se quiere con este proyecto es que la gente se concientice en que la Violación es uno de los Delitos más atroces que se dan en la historia de la humanidad y que muchos de Estos casos no son denunciados y se quedan en el olvido solo por Temor de los Afectados uno represalias de los atacantes. Un caso similar es de una menor de 09 años en Lima Perú Fue violada, descuartizada y tirada en un basurero, un Cometido por Odontólogo, el mismo que le dictaron 20 años de carcel, pero luego de los años, A LOS salio 10 años, El padre de la menor quedo asombrado como esta persona Pudo salir a la calle luego de haber Cometido tal acto, el padre presenta documentos, y más documentos para que este asesino vuelva a la cárcel y Quedaron en el olvido, este es un caso real y tantos en el mundo entero, NO QUEREMOS ESTAS COSAS NUNCA MAS. Además hay violadores que para bajar la pena, aducen que la violacion lo realizaron en estado de Ebriedad, entonces que no beban mas, Porque si asi es para bajar la pena, en qué mundo estamos viviendo, en vez de las Proteger al menor y darle maximas garantias, se la damos al asesino. Hay muchas personas, y grupos que Exigen cadena perpetua retroactiva y castración para violadores Sí a la Propuesta de cadena perpetua contra violadores d niños (pena d muerte) Los que Apoyan la cadena perpetua contra asesinos y violadores de menores No solo contra violadores de menores, una cadena perpetua Cualquier violador. Cadena perpetua para violadores de niños 3 millones de firmas virtuales = cadena perpetua para violadores. Por todo lo expuesto como mensajera de muchas madres que Sufren los niños y que sus vidas han sido DESTROZADAS, es que se Dicte la Cadena Perpetua Para estos señores, caballeros, si asi se les puede llamar. 1 2009-11-26T18:52:28Z 2009-11-26T18:48:00Z 411875 2009-11-26T21:08:28Z cadena-perpetua-los-violadores-ninos-y-adolescentes 2009-11-26T18:52:28Z 1 1 2009-11-26T21:08:29Z 85.137.130.182 52929 23954 En <STRONG>rinber abogados malaga</STRONG> estamos muy satisfechos de comunicar a todos nuestros amigos, lectores y clientes el grandísimo éxito judicial obtenido con la <STRONG>sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga,</STRONG> a continuación desarrollamos el artículo publicado distintos medio de comunicación. Un tribunal malagueño ha condenado, por primera vez en España según la acusación particular del caso, <STRONG>a una mujer a indemnizar a su ex pareja por los daños morales ocasionados tras echarle de la vivienda</STRONG> que habían adquirido y compartido durante su relación. <DIV id=tamano> <STRONG>La mujer ha sido condenada a un año y nueve meses de prisión </STRONG>por un delito de coacciones y se le prohíbe comunicarse con su ex pareja a través de cualquier medio durante dos años por una falta de injurias y otra de amenazas, según la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe. La condenada <STRONG>tendrá que indemnizar al que fuera su novio en 14.200 euros por daños morales y 3.240 euros por los gastos </STRONG>derivados de la vivienda que se vio obligado a arrendar tras ser expulsado del inmueble que tenían en común. Asimismo,<STRONG> deberá abonar 200 euros mensuales hasta que ella abandone el domicilio</STRONG> o se celebre la subasta del mismo. La sentencia condenatoria ha sido dictada por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga y <STRONG>revoca parcialmente un fallo del Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga</STRONG>. En los hechos probados se afirma que la mujer le amenazó con denunciarlo por malos tratos y en su día le advirtió: <STRONG>"Vas a terminar en la cárcel y te voy a buscar la ruina"</STRONG>. Desde la ruptura, la víctima no puede utilizar el garaje que compraron con el inmueble debido a que ésta tampoco se lo permite y <STRONG>dañó su vehículo en la única ocasión en la que lo intentó. </STRONG> La pareja mantuvo una relación sentimental durante tres años que en agosto de 2004 se rompió, <STRONG>momento en el que comenzaron las disputas </STRONG>por los bienes que compartían. Los Letrados de la acusación particular, <STRONG>Javier y Manuel Rincón Bernal,</STRONG> del bufete <STRONG>rinber abogados</STRONG> <STRONG>se ha mostrado muy satisfecho por tratarse de una sentencia pionera en el país </STRONG>y porque crea jurisprudencia en próximos conflictos. </DIV> salu2 a todos, podéis ver la resolución en las webs: <A href="http://www.rinberabogados.com">www.rinberabogados.com</A> <A href="http://www.abogadosmalaga.org/">www.abogadosmalaga.org</A> 3 2009-11-14T08:37:01Z 2009-11-15T20:12:00Z 406130 2009-11-17T12:38:43Z condena-una-mujer-malos-tratos 2009-11-15T20:10:58Z 1 1 2009-11-17T12:38:43Z 85.137.130.182 52929 23954 Hace unos días que obtuvimos una de las primeras sentencias de audiencias provinciales en condenr por daño moral. El esxpediente en cuestión trató sobre una mujer que echó literalmente de su casa amenazándole de que si aparecía por allí se daría un golpe en la cabeza y le denunciaría. La Audiencia Provincial de Málaga a tenido a bien condenar a esta mujer a pagar a su ex pareja una indemnización de 12.400 € más 300 € al mes de alquiler mientras se subasta la vivienda además de imponerle una pena privativa de libertad de un año y nueve meses. Desde <A href="http://www.rinberabogados.com/">www.rinberabogados.com</A> estamos muy contentos por este gran logro para los interesesde nuestro defendido, además de crear jurisprudencia a nivel nacional. salu2 a todos <A href="http://www.abogadosmalaga.org/">www.abogadosmalaga.org</A> 0 2009-11-14T08:37:02Z 2009-11-14T08:30:00Z 406131 una-las-primeras-sentencia-condenar-dano-moral 2009-11-14T08:37:01Z 1 1 2009-11-14T08:38:20Z 190.146.135.148 18134 12035 <IMG id=img_0 style="WIDTH: 309px; HEIGHT: 257px" height=257 src="http://www.estadodederechocdh.uchile.cl/media/noticias/20080923231344.jpg" width=293> El próximo primero de noviembre se termina el veto que impedía a la Corte Penal Internacional, CPI, intervenir en Colombia. Un tema de muchísima importancia que al parecer el Gobierno Nacional no le da la suficiente importancia. Se supone que el Presidente Andrés Pastrana, días antes de entregar su mandato pidió una prórroga de siete años, como lo permite el artículo 124 del Estatuto de Roma, para la entrada en vigencia de la acción de la CPI, en lo referente a los Crímenes de guerra (artículo 8°), con la supuesta intención de no afectar posibles y futuros diálogos de paz con los grupos armados. Sin embargo no hubo tales diálogos y a pesar de la innegable mejoría en la reducción de los índices de violencia los casos de infracciones al Derecho Internacional Humanitario siguen; los grupos armados aún secuestran, asesinan personas y destruyen o se apropian de bienes protegidos, reclutan forzadamente a menores de edad, utilizan las tenebrosas minas antipersonas y fuerzan abortos al interior del grupo armado, etc., Pero algo por decir lo menos es curioso; cuando se supone que la Corte entraría a juzgar personas también por crímenes de lesa humanidad como está considerado el abominable secuestro, sin que a ello hubiera veto alguno no ha tomado ninguna acción y si espera con firmeza que finalice sobre los crímenes de guerra como si ya hubiera predisposición y objetivos específicos seguramente, como lo afirmara el propi Fiscal Luis Moreno Ocampo, Colombia está “incluida en el paquete de naciones en su mira” como si no lo estuviera ya desde la misma creación del órgano de justicia internacional. Parece paradójico que no haya tomado acción alguna sobre como los crímenes de genocidio (artículo 6°) que son las masacres de indígenas, de diputados, de civiles indefensos, etc., o de lesa humanidad (Artículo 7°) como el secuestro (privación grave de la libertad física), el asesinato, el desplazamiento forzado, la tortura, la violencia sexual, etc., que son “prácticas generalizadas y sistemáticas” de los grupos guerrilleros y sí está muy atenta a iniciarlos sobre los de guerra como si desconociera su ocurrencia o no tuviera jurisdicción sobre aquellos. Además según se entiende de sus propias declaraciones, su mayor interés está en los crímenes cometidos por los grupos paramilitares como si una masacres de estos fuera más grave que las de las Farc, o como si el veto hecho por Colombia cubriera hasta hoy no solo los crímenes de guerra sino también los de lesa humanidad y los de genocidio muy comunes en todos los grupos guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes. Sin embargo la culminación del veto es muy positivo para Colombia porque obliga a los criminales a pensarlo dos veces antes de cometer cualquiera de los crímenes que sean de la competencia de La Corte y de cometerlos a respetar la justicia nacional y además estimula al Gobierno a aplicar con rigor las leyes nacionales como única garantía para mantener lejana la actuación de la CPI y de paso tranquiliza a las organizaciones no gubernamentales que ven impunidad en todo lo que haga el Gobierno pues la lejanía de la CPI es garantía de la aplicación, ejercicio y eficiencia de nuestro sistema judicial. 0 2009-10-19T20:57:08Z 2009-10-19T20:52:00Z 394081 el-fin-del-veto 2009-10-19T20:57:08Z 1 1 2009-10-19T20:57:08Z 83.35.52.159 30504 17879 El convenio sobre los derechos del niño, de 20 de noviembre de 1989, nos recuerda que el niño necesita cuidados y asistencia especiales y la debida protección legal de estos derechos primarios y fundamentales. El delito tipificado en el art. <STRONG>227 del Código Penal </STRONG>que recoge el impago de pensiones, requiere en relación al impago de, además de la existencia de una resolución judicial que haya establecido la obligación de abonar determinada prestación económica a cargo de un cónyuge ya a favor del otro de sus hijos, y del incumplimineto de esa obligación durante dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos, un dolo genérico comprensivo tanto del conocmiento de la resolución de la que la prestación trae causa cuanto su incumplimiento. Este elemento subjetivo ha venido perfilándose por la jurisprudencia exigiendo una voluntad consciente de no pagar, una voluntad contraria, recurrente y contumaz al pago de quien puede verificarlo, esto es, no es suficiente que se haya producido el impago, sino también una decisión voluntaria y consciente de no pagar en quien tiene posibliidades para hacerlo. La íntima relación que posee con la prisión por deudas y las críticas que por ello ha recibido el precepto penal de referencia ha obligado al Tribunal Supremo a perfilarlo en los casos en que haya existido cumplimiento parcial, pues ni todo abono parcial de la deuda conduce a la atipicidad de la conducta, ni ésta se convierte en delictiva cuando lo insatisfecho es de tan escasa importancia en relación con lo pagado que resulta irrelevante para integrar el delito, sino que habrá que atender a cada caso concreto, y que en los casos de imposibilidad ha de ser quien la alega quien ha de probarla, pues el hecho mismo de que se haya establecido judicialmente y se mantenga su importe permite inicialmente inferir de manera razonable la posibilidad de pago por el deudor y por lo mismo la voluntariedad de su omisión. La exigencia de culpabilidad, frecuente caballo de batalla en este tipo de delitos, ha sido también afirmada por el Tribunal Supremo. la Sentencia de la Sala 2ª núm. 1148/99, de 28 de julio, tras recordar que la prisión por deuda se ecuentra expresamente prohibida por el art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York, de 19 de diciembre de 1966, que dispone que "nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual", señala que este precepto, que se integra en nuestro ordenamiento Jurídico, conforme a lo dispuesto en los arts. 10.2 y 96.1 de la Constitución Española, "obliga a excluir de la sanción penal aquellos supuestos de imposibilidad e cumplimiento ("no poder cumplir"), solución a la que ha de llegarse igualmente desde la perspectiva de la cláusula general de salvaguardia propia de los comportamientos omisivos, conforme a la cual el delito únicamente se comete cuando se omite la conducta debida pudiendo hacerla. 0 2009-10-17T12:30:35Z 2009-10-17T10:46:00Z 392959 el-delito-impago-pensiones 2009-10-17T12:30:35Z 1 1 2009-10-17T12:30:35Z 83.35.52.159 30504 17879 El convenio sobre los derechos del niño, de 20 de noviembre de 1989, nos recuerda que el niño necesita cuidados y asistencia especiales y la debida protección legal de estos derechos primarios y fundamentales. El delito tipificado en el art. <STRONG>227 del Código Penal </STRONG>que recoge el impago de pensiones, requiere en relación al impago de, además de la existencia de una resolución judicial que haya establecido la obligación de abonar determinada prestación económica a cargo de un cónyuge ya a favor del otro de sus hijos, y del incumplimineto de esa obligación durante dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos, un dolo genérico comprensivo tanto del conocmiento de la resolución de la que la prestación trae causa cuanto su incumplimiento. Este elemento subjetivo ha venido perfilándose por la jurisprudencia exigiendo una voluntad consciente de no pagar, una voluntad contraria, recurrente y contumaz al pago de quien puede verificarlo, esto es, no es suficiente que se haya producido el impago, sino también una decisión voluntaria y consciente de no pagar en quien tiene posibliidades para hacerlo. La íntima relación que posee con la prisión por deudas y las críticas que por ello ha recibido el precepto penal de referencia ha obligado al Tribunal Supremo a perfilarlo en los casos en que haya existido cumplimiento parcial, pues ni todo abono parcial de la deuda conduce a la atipicidad de la conducta, ni ésta se convierte en delictiva cuando lo insatisfecho es de tan escasa importancia en relación con lo pagado que resulta irrelevante para integrar el delito, sino que habrá que atender a cada caso concreto, y que en los casos de imposibilidad ha de ser quien la alega quien ha de probarla, pues el hecho mismo de que se haya establecido judicialmente y se mantenga su importe permite inicialmente inferir de manera razonable la posibilidad de pago por el deudor y por lo mismo la voluntariedad de su omisión. La exigencia de culpabilidad, frecuente caballo de batalla en este tipo de delitos, ha sido también afirmada por el Tribunal Supremo. la Sentencia de la Sala 2ª núm. 1148/99, de 28 de julio, tras recordar que la prisión por deuda se ecuentra expresamente prohibida por el art. 11 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York, de 19 de diciembre de 1966, que dispone que "nadie será encarcelado por el solo hecho de no poder cumplir una obligación contractual", señala que este precepto, que se integra en nuestro ordenamiento Jurídico, conforme a lo dispuesto en los arts. 10.2 y 96.1 de la Constitución Española, "obliga a excluir de la sanción penal aquellos supuestos de imposibilidad e cumplimiento ("no poder cumplir"), solución a la que ha de llegarse igualmente desde la perspectiva de la cláusula general de salvaguardia propia de los comportamientos omisivos, conforme a la cual el delito únicamente se comete cuando se omite la conducta debida pudiendo hacerla. 0 2009-10-17T12:30:35Z 2009-10-17T10:46:00Z 392960 el-delito-impago-pensiones 2009-10-17T12:30:34Z 1 1 2009-10-17T12:30:35Z 200.47.51.154 51554 23615 <span class="Apple-style-span" style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; "><div style="background-image: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; -webkit-background-clip: initial; -webkit-background-origin: initial; background-color: rgb(255, 255, 255); font: normal normal normal 13px/19px Georgia, 'Times New Roman', 'Bitstream Charter', Times, serif; padding-top: 0.6em; padding-right: 0.6em; padding-bottom: 0.6em; padding-left: 0.6em; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; background-position: initial initial; "><a href="http://diariodeoriente.mforos.com/1629803/9055975-charlas-con-ariel-losada/" mce_href="http://diariodeoriente.mforos.com/1629803/9055975-charlas-con-ariel-losada/">http://diariodeoriente.mforos.com/1629803/9055975-charlas-con-ariel-losada/</a> <img src="http://uribestiario.files.wordpress.com/2009/10/aqui-no-hay-censura-umpala-basado-en-una-imagen-de-elfo-rero.jpg?w=500&amp;h=324" mce_src="http://uribestiario.files.wordpress.com/2009/10/aqui-no-hay-censura-umpala-basado-en-una-imagen-de-elfo-rero.jpg?w=500&amp;h=324" alt="aquí no hay censura UMPALA basado en una imagen de Elfo Rero" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "> <img src="http://uribestiario.files.wordpress.com/2009/10/ni-bajo-la-tierra.jpg?w=500&amp;h=753" mce_src="http://uribestiario.files.wordpress.com/2009/10/ni-bajo-la-tierra.jpg?w=500&amp;h=753" alt="Ni bajo la tierra" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; "> El General Freddy Padilla de León, afirmó que ni escondiéndose como animales bajo la tierra, podrán las bandas criminales narcoterroristas eludir a la Corte Penal Internacional. Como si los colombianos no supiéramos que la peor banda criminal narcoterrorista es la que él defiende: la Banda Narcoterrorista de Nari. Que se atengan, porque estos también van a tener que pagar escondederos de a peso. ¿O acaso creen que los falsos positivos es una minucia? Por si no lo saben, los «falsos positivos» clasifican como delitos de lesa humanidad. </div></span> 0 2009-10-15T03:40:12Z 2009-10-15T03:39:00Z 391766 el-general-freddy-padilla-leon-afirmo-ni-escondiendose 2009-10-15T03:40:12Z 1 1 2009-10-15T03:40:12Z 0.0.0.0 1615 1657 Continuación: <B>SECCIÓN III - Territorios ocupados</B> <B>Artículo 47 - Intangibilidad de derechos</B> No se privará a las personas protegidas que estén en un territorio ocupado, en ninguna circunstancia ni en modo alguno, de losbeneficios del presente Convenio, sea en virtud de un cambio ocurrido a causa de la ocupación, en las instituciones o en elGobierno del territorio de que se trate, sea por acuerdo concertado entre las autoridades del territorio ocupado y la Potenciaocupante, sea a causa de la anexión por esta última de la totalidad o de parte del territorio ocupado. <B>Artículo 48 - Casos especiales de repatriación</B> Las personas protegidas que no sean súbditas de la Potencia cuyo territorio esté ocupado, podrán valerse del derecho a salir del territorio en las condiciones previstas en el artículo 35, y las decisiones se tomarán según el procedimiento que la Potencia ocupante debe instituir de conformidad con dicho artículo. <B>Artículo 49 - Deportaciones, traslados, evacuaciones</B> Los traslados en masa o individuales, de índole forzosa, así como las deportaciones de personas protegidas del territorio ocupado al territorio de la Potencia ocupante o al de cualquier otro país, ocupado o no, están prohibidos, sea cual fuere el motivo. Sin embargo, la Potencia ocupante podrá efectuar la evacuación total o parcial de una determinada región ocupada, si así lo requieren la seguridad de la población o imperiosas razones militares. Las evacuaciones no podrán implicar el desplazamiento de personas protegidas más que en el interior del territorio ocupado, excepto en casos de imposibilidad material. La población así evacuada será devuelta a sus hogares tan pronto como hayan cesado las hostilidades en ese sector. La Potencia ocupante deberá actuar, al efectuar tales traslados o evacuaciones, de modo que, en la medida de lo posible, las personas protegidas sean acogidas en instalaciones adecuadas, que los desplazamientos se lleven a cabo en satisfactorias condiciones de salubridad, de higiene, de seguridad y de alimentación, y que no se separe, unos de otros, a los miembros de una misma familia. Se informará a la Potencia protectora acerca de los traslados y de las evacuaciones tan pronto como tengan lugar. La Potencia ocupante no podrá retener a las personas protegidas en una región particularmente expuesta a los peligros de guerra, a no ser que la seguridad de la población o imperiosas razones militares así lo requieran. La Potencia ocupante no podrá efectuar la evacuación o el traslado de una parte de la propia población civil al territorio por ella ocupado. <B>Artículo 50 - Niños</B> Con la colaboración de las autoridades nacionales y locales, la Potencia ocupante facilitará el buen funcionamiento de los establecimientos dedicados a la asistencia y a la educación de los niños. Tomará cuantas medidas sean necesarias para facilitar la identificación de los niños y registrar su filiación. En ningún caso podrá modificar su estatuto personal, ni alistarlos en formaciones u organizaciones de ella dependientes. Si las instituciones locales resultan inadecuadas, la Potencia ocupante deberá tomar medidas para garantizar la manutención y la educación, si es posible por medio de personas de su nacionalidad, idioma y religión, de los niños huérfanos o separados de sus padres a causa de la guerra, a falta de un pariente próximo o de un amigo que esté en condiciones de hacerlo. Se encargará a una sección especial de la oficina instalada en virtud de las disposiciones del artículo 136 a fin de que tome las oportunas medidas para identificar a los niños cuya filiación resulte dudosa. Se consignarán sin falta cuantas indicaciones se tengan acerca del padre, de la madre o de otros allegados. La Potencia ocupante no deberá entorpecer la aplicación de las medidas preferenciales que hayan podido ser adoptadas antes de la ocupación en favor de los niños menores de quince años, de las mujeres encintas y de las madres de niños menores de siete años, por lo que respecta a la nutrición, a la asistencia médica y a la protección contra los efectos de la guerra. <B>Artículo 51 - Alistamiento. Trabajo</B> La Potencia ocupante no podrá forzar a las personas protegidas a servir en sus fuerzas armadas o auxiliares. Se prohíbe toda presión o propaganda tendente a conseguir alistamientos voluntarios. No se podrá obligar a trabajar a las personas protegidas, a no ser que tengan más de dieciocho años; sólo podrá tratarse, sin embargo, de trabajos que requieran las necesidades del ejército de ocupación o los servicios de interés público, la alimentación, el alojamiento, la vestimenta, el transporte o la salud de la población del país ocupado. No se podrá obligar a que las personas protegidas realicen trabajos que las hagan tomar parte en las operaciones militares. La Potencia ocupante no podrá obligar a las personas protegidas a garantizar por la fuerza la seguridad de las instalaciones donde lleven a cabo un trabajo impuesto. El trabajo sólo se hará en el interior del territorio ocupado donde estén las personas de que se trata. Cada persona a quien se haya impuesto un trabajo seguirá residiendo, en la medida de lo posible, en el lugar de su trabajo habitual. El trabajo deberá ser equitativamente remunerado y proporcionado a las capacidades físicas e intelectuales de los trabajadores. Será aplicable, a las personas protegidas sometidas a los trabajos de los que se trata en el presente artículo, la legislación vigente en el país ocupado por lo que atañe a las condiciones de trabajo y a las medidas de protección, especialmente en cuanto al salario, a la duración del trabajo, al equipo, a la formación previa y a las indemnizaciones por accidentes de trabajo y por enfermedades profesionales. En todo caso, las requisas de mano de obra nunca podrán implicar una movilización de trabajadores bajo régimen militar o paramilitar. <B>Artículo 52 - Protección de los trabajadores</B> Ningún contrato, acuerdo o reglamento podrá atentar contra el derecho de cada trabajador, sea o no voluntario, dondequiera que esté, a dirigirse a los representantes de la Potencia protectora para solicitar su intervención. Se prohíbe toda medida que tienda a provocar el paro o a restringir las posibilidades de empleo de los trabajadores de un país ocupado con miras a inducirlos a trabajar para la Potencia ocupante. <B>Artículo 53 - Destrucciones prohibidas</B> Está prohibido que la Potencia ocupante destruya bienes muebles o inmuebles, pertenecientes individual o colectivamente a personas particulares, al Estado o a colectividades públicas, a organizaciones sociales o a cooperativas, excepto en los casos en que tales destrucciones sean absolutamente necesarias a causa de las operaciones bélicas. <B>Artículo 54 - Magistrados y funcionarios</B> Está prohibido que la Potencia ocupante modifique el estatuto de los funcionarios o de los magistrados del territorio ocupado o que dicte contra ellos sanciones o cualesquiera medidas de coacción o de discriminación por abstenerse de desempeñar sus funciones basándose en consideraciones de conciencia. Esta última prohibición no ha de ser óbice para la aplicación del párrafo segundo del artículo 51. Deja intacto el poder de la Potencia ocupante para privar de sus cargos a los titulares de funciones públicas. <B>Artículo 55 - Abastecimiento de la población</B> En toda la medida de sus recursos, la Potencia ocupante tiene el deber de abastecer a la población en víveres y productos médicos; deberá, especialmente, importar víveres, medicamentos y cualquier otro artículo necesario cuando sean insuficientes los recursos del territorio ocupado. La Potencia ocupante no podrá requisar víveres, artículos o suministros médicos que haya en territorio ocupado nada más que para sus tropas y su personal de administración; habrá de tener en cuenta las necesidades de la población civil. A reserva de lo estipulado en otros convenios internacionales, la Potencia ocupante deberá tomar las medidas adecuadas para que toda requisa sea indemnizada en su justo precio. Las Potencias protectoras podrán siempre verificar sin trabas el estado del aprovisionamiento en víveres y medicamentos en los territorios ocupados, a reserva de las restricciones temporales que imperiosas necesidades militares puedan imponer. <B>Artículo 56 - Higiene y sanidad pública</B> En toda la medida de sus medios, la Potencia ocupante tiene el deber de asegurar y mantener, con la colaboración de las autoridades nacionales y locales, los establecimientos y los servicios médicos y hospitalarios, así como la sanidad y la higiene públicas en el territorio ocupado, en particular tomando y aplicando las medidas profilácticas y preventivas necesarias para combatir la propagación de enfermedades contagiosas y de epidemias. Se autorizará que el personal médico de toda índole cumpla su misión. Si se instalan nuevos hospitales en territorio ocupado y si los organismos competentes del Estado ocupado ya no desempeñan sus funciones, las autoridades de ocupación efectuarán, si es necesario, el reconocimiento previsto en el artículo 18. En circunstancias análogas, las autoridades de ocupación deberán efectuar también el reconocimiento del personal de los hospitales y de los vehículos de transporte, en virtud de las disposiciones de los artículos 20 y 21. Cuando tome las medidas de sanidad y de higiene, así como cuando las aplique, la Potencia ocupante tendrá en cuenta las exigencias morales y éticas de la población del territorio ocupado. <B>Artículo 57 - Requisa de los hospitales</B> La Potencia ocupante no podrá requisar los hospitales civiles más que provisionalmente y en caso de urgente necesidad, para asistir a heridos y a enfermos militares, y con la condición de que se tomen a tiempo las medidas apropiadas para garantizar la asistencia y el tratamiento de las personas hospitalizadas y para satisfacer las necesidades de la población civil. No se podrá requisar el material y las existencias de los hospitales civiles, mientras sean necesarios para satisfacer las necesidades de la población civil. <B>Artículo 58 - Asistencia espiritual</B> La Potencia ocupante permitirá a los ministros de los diversos cultos la asistencia espiritual a sus correligionarios. Aceptará, asimismo, los envíos de libros y de objetos que requieran las necesidades de índole religiosa y facilitará su distribución en territorio ocupado. <B>Artículo 59 - Socorros. I. Socorros colectivos</B> Cuando la población de un territorio ocupado o parte de la misma esté insuficientemente abastecida, la Potencia ocupante aceptará las acciones de socorro en favor de dicha población, facilitándolas en toda la medida de sus medios. Tales operaciones, que podrán emprender, sea Estados sea un organismo humanitario imparcial, como el Comité Internacional de la Cruz Roja, consistirán, especialmente, en envíos de víveres, artículos médicos y ropa. Todos los Estados contratantes deberán autorizar el libre paso de estos envíos y garantizar su protección. Una Potencia que permita el libre paso de envíos destinados a un territorio ocupado por una parte adversaria en el conflicto tendrá, no obstante, derecho a verificar los envíos, a reglamentar su paso según horarios e itinerarios prescritos, y a obtener de la Potencia protectora garantías suficientes de que la finalidad de tales envíos es socorrer a la población necesitada, y que no se utilizan en provecho de la Potencia ocupante. <B>Artículo 60 - II. Obligaciones de la Potencia ocupante</B> Los envíos de socorros no eximirán, en absoluto, a la Potencia ocupante de las responsabilidades que se le imponen en los artículos 55, 56 y 59. No podrá desviar, en modo alguno, los envíos de socorros del destino que se les haya asignado, excepto en los casos de urgente necesidad en interés de la población del territorio ocupado y con el asenso de la Potencia protectora. <B>Artículo 61 - III. Distribución</B> Se hará la distribución de los envíos de socorros mencionados en los artículos anteriores con la colaboración y bajo el control de la Potencia protectora. Este cometido podrá también delegarse, tras un acuerdo entre la Potencia ocupante y la Potencia protectora, a un Estado neutral, al Comité Internacional de la Cruz Roja o a cualquier otro organismo humanitario imparcial. No se cobrará ningún derecho, impuesto o tasa en territorio ocupado por estos envíos de socorros, a no ser que el cobro sea necesario en interés de la economía del territorio. La Potencia ocupante deberá facilitar la rápida distribución de estos envíos. Todas las Partes contratantes harán lo posible por permitir el tránsito y el transporte gratuitos de estos envíos de socorros con destino a territorios ocupados. <B>Artículo 62 - IV. Socorros individuales</B> A reserva de imperiosas consideraciones de seguridad, las personas protegidas que estén en territorio ocupado podrán recibir los envíos individuales de socorros que se les remitan. <B>Artículo 63 - Cruces Rojas nacionales y otras sociedades de socorro</B> A reserva de las medidas provisionales que excepcionalmente se impongan por imperiosas consideraciones de seguridad de la Potencia ocupante: a) las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja (de la Media Luna Roja, del León y Sol Rojos) reconocidas podrán proseguir las actividades de conformidad con los principios de la Cruz Roja tal como los han definido las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja. Las otras sociedades de socorro podrán continuar sus actividades humanitarias en condiciones similares; b) la Potencia ocupante no podrá exigir, por lo que atañe al personal y a la estructura de dichas sociedades, cambio alguno que pueda perjudicar a las actividades arriba mencionadas. Los mismos principios se aplicarán a la actividad y al personal de organismos especiales de índole no militar, ya existentes o que se funden a fin de garantizar las condiciones de existencia de la población civil mediante el mantenimiento de los servicios públicos esenciales, la distribución de socorros y la organización del salvamento. <B>Artículo 64 - Legislación penal. I. Generalidades</B> Permanecerá en vigor la legislación penal del territorio ocupado, salvo en la medida en que pueda derogarla o suspenderla la Potencia ocupante, si tal legislación es una amenaza para su seguridad o un obstáculo para la aplicación del presente Convenio. A reserva de esta última consideración y de la necesidad de garantizar la administración efectiva de la justicia, los tribunales del territorio ocupado continuarán actuando con respecto a todas las infracciones previstas en tal legislación. Sin embargo, la Potencia ocupante podrá imponer a la población del territorio ocupado las disposiciones que sean indispensables para permitirle cumplir las obligaciones derivadas del presente Convenio, y garantizar la administración normal del territorio y la seguridad, sea de la Potencia ocupante sea de los miembros y de los bienes de las fuerzas o de la administración de ocupación, así como de los establecimientos y de las líneas de comunicación que ella utilice. <B>Artículo 65 - II. Publicación</B> Las disposiciones penales promulgadas por la Potencia ocupante no entrarán en vigor sino después de haber sido publicadas y puestas en conocimiento de la población en el idioma de ésta. No podrán surtir efectos retroactivos. <B>Artículo 66 - III. Tribunales competentes</B> La Potencia ocupante podrá someter a los acusados, en caso de infracción de las disposiciones penales por ella promulgadas en virtud del párrafo segundo del artículo 64, a sus tribunales militares, no políticos y legítimamente constituidos, a condición de que éstos funcionen en el país ocupado. Los tribunales de apelación funcionarán preferentemente en el país ocupado. <B>Artículo 67 - IV. Disposiciones aplicables</B> Los tribunales sólo podrán aplicar las disposiciones legales anteriores a la infracción y conformes a los principios generales del derecho, especialmente por lo que atañe al principio de la proporcionalidad de las penas. Deberán tener en cuenta el hecho de que el acusado no es súbdito de la Potencia ocupante. <B>Artículo 68 - V. Castigos. Pena de muerte</B> Cuando una persona protegida cometa una infracción únicamente para perjudicar a la Potencia ocupante, pero si tal infracción no implica atentado a la vida o a la integridad corporal de los medios de las fuerzas o de la administración de ocupación, si no origina un serio peligro colectivo y si no atenta gravemente contra los bienes de las fuerzas o de la administración de ocupación o contra las instalaciones por ellas utilizadas, esa persona es punible de internamiento o de simple encarcelamiento, entendiéndose que la duración del internamiento o del encarcelamiento será proporcionada a la infracción cometida. Además, el internamiento o el encarcelamiento será la única medida privativa de libertad que pueda tomarse, por lo que respecta a tales infracciones, contra las personas protegidas. Los tribunales previstos en el artículo 66 del presente Convenio podrán convertir libremente el castigo de prisión en internamiento de la misma duración. En las disposiciones de índole penal promulgadas por la Potencia ocupante de conformidad con los artículos 64 y 65 no se puede prever la pena de muerte con respecto a las personas protegidas más que en los casos en que éstas sean culpables de espionaje, de actos graves de sabotaje contra las instalaciones militares de la Potencia ocupante o de infracciones intencionales que causen la muerte de una o de varias personas, y a condición de que, en la legislación del territorio ocupado, vigente antes del comienzo de la ocupación, se prevea la pena de muerte en tales casos. No podrá dictarse sentencia de muerte contra una persona protegida más que después de haber llamado la atención del tribunal, en particular acerca del hecho de que el acusado, por no ser súbdito de la Potencia ocupante, no está obligado con respecto a ella por deber alguno de fidelidad. En ningún caso podrá dictarse sentencia de muerte contra una persona protegida cuya edad sea de menos de dieciocho años cuando cometa la infracción. <B>Artículo 69 - VI. Deducción de la detención preventiva</B> En todos los casos, la duración de la detención preventiva será deducida de cualquier castigo de encarcelamiento a que sea condenada una persona protegida. <B>Artículo 70 - VII. Infracciones cometidas antes de la ocupación</B> Las personas protegidas no podrán ser detenidas, procesadas o condenadas por la Potencia ocupante a causa de actos cometidos o de opiniones expresadas antes de la ocupación o durante una interrupción temporal de ésta, exceptuadas las infracciones contra las leyes y costumbres de la guerra. Los súbditos de la Potencia ocupante que, antes del comienzo del conflicto, hayan buscado refugio en el territorio ocupado no podrán ser detenidos, procesados, condenados o deportados fuera del territorio ocupado, si no es por infracciones cometidas después del comienzo de las hostilidades o por delitos de derecho común cometidos antes del comienzo de las hostilidades que, según la legislación del Estado cuyo territorio está ocupado, habrían justificado la extradición en tiempo de paz. <B>Artículo 71 - Diligencias penales. I. Generalidades</B> Los tribunales competentes de la Potencia ocupante no podrán dictar condena alguna a la que no haya precedido un proceso legal. Se informará a todo acusado enjuiciado por la Potencia ocupante sin demora, por escrito y en un idioma que comprenda, acerca de cuantos cargos se hayan formulado contra él; se instruirá la causa lo más rápidamente posible. Se informará a la Potencia protectora acerca de cada proceso incoado por la Potencia ocupante contra personas protegidas, cuando los cargos de la acusación puedan implicar sentencia de muerte o castigo de encarcelamiento de dos o más años; dicha Potencia podrá siempre informarse acerca del estado del proceso. Además, la Potencia protectora tendrá derecho a conseguir, si la solicita, información de toda índole sobre tales procesos y sobre cualquier otra causa incoada por la Potencia ocupante contra personas protegidas. La notificación a la Potencia protectora, tal como está prevista en el párrafo segundo del presente artículo, deberá efectuarse inmediatamente, y llegar, en todo caso, a la Potencia protectora tres semanas antes de la fecha de la primera audiencia. Si al iniciarse las diligencias penales no se aporta prueba de haber sido íntegramente respetadas las disposiciones del presente artículo, no podrá tener lugar la audiencia. La notificación deberá incluir, en particular, los elementos siguientes: a) identidad del acusado; b) lugar de residencia o de detención; c) especificación del cargo o de los cargos de la acusación (con mención de las disposiciones penales en las que se base); d) indicación del tribunal encargado de juzgar el asunto; e) lugar y fecha de la primera audiencia. <B>Artículo 72 - II. Derecho de defensa</B> Todo acusado tendrá derecho a hacer valer los medios de prueba necesarios para su defensa y podrá, en especial, hacer que se cite a testigos. Tendrá derecho a ser asistido por un defensor calificado de su elección, que podrá visitarlo libremente y que recibirá las facilidades necesarias para preparar su defensa. Si el acusado no elige defensor, la Potencia protectora le proporcionará uno. Si el acusado debe responder de una acusación grave y si no hay Potencia protectora, la Potencia ocupante deberá, previo consentimiento del acusado, proporcionarle un defensor. A todo acusado, a no ser que renuncie voluntariamente, asistirá un intérprete tanto durante la instrucción de la causa como en la audiencia ante el tribunal. Podrá, en todo momento, recusar al intérprete y solicitar su sustitución. <B>Artículo 73 - III. Derecho de apelación</B> Todo condenado tendrá derecho a recurrir a los procedimientos de apelación previstos en la legislación aplicada por el tribunal. Se le informará plenamente acerca de sus derechos de apelación, así como de los plazos señalados para ejercerlos. El procedimiento penal previsto en la presente Sección se aplicará, por analogía, a las apelaciones. Si en la legislación aplicada por el tribunal no se prevén recursos de apelación, el condenado tendrá derecho a apelar contra la sentencia y la condena ante la autoridad competente de la Potencia ocupante. <B>Artículo 74 - IV. Asistencia de la Potencia protectora</B> Los representantes de la Potencia protectora tendrán derecho a asistir a la audiencia de cualquier tribunal que juzgue a una persona protegida, a no ser que el juicio haya de tener lugar, excepcionalmente, a puerta cerrada en interés de la seguridad de la Potencia ocupante; ésta avisará entonces a la Potencia protectora. Se deberá remitir a la Potencia protectora una notificación en la que conste la indicación del lugar y de la fecha de comienzo del juicio. Cuantas sentencias se dicten que impliquen la pena de muerte o el encarcelamiento durante dos o más años, habrán de ser comunicadas, con indicación de los motivos y lo más rápidamente posible, a la Potencia protectora; comportarán una mención de la notificación efectuada de conformidad con el artículo 71 y, en caso de sentencia que implique castigo de privación de libertad, la indicación del lugar donde haya de cumplirse. Las otras sentencias serán consignadas en las actas del tribunal y podrán examinarlas los representantes de la Potencia protectora. En el caso de una condena a pena de muerte o a un castigo de privación de libertad de dos o más años, los plazos de apelación no comenzarán a correr más que a partir del momento en que la Potencia protectora haya recibido comunicación de la sentencia. <B>Artículo 75 - V. Sentencia de muerte</B> En ningún caso podrá negarse a los condenados a muerte el derecho a solicitar el indulto. No se ejecutará ninguna sentencia de muerte antes de que expire un plazo de, por lo menos, seis meses a partir del momento en que la Potencia protectora haya recibido la comunicación de la sentencia definitiva confirmando la condena de muerte o la decisión de denegar el indulto. Este plazo de seis meses podrá abreviarse en ciertos casos concretos, cuando de circunstancias graves y críticas resulte que la seguridad de la Potencia ocupante o de sus fuerzas armadas esté expuesta a una amenaza organizada; la Potencia protectora recibirá siempre notificación de tal reducción de plazo y tendrá siempre la posibilidad de dirigir a tiempo solicitudes a las autoridades de ocupación competentes acerca de tales condenas a muerte. <B>Artículo 76 - Trato debido a los detenidos</B> Las personas protegidas inculpadas quedarán detenidas en el país ocupado y, si son condenadas, deberán cumplir allí su castigo. Estarán separadas, si es posible, de los otros detenidos y sometidas a un régimen alimenticio e higiénico suficiente para mantenerlas en buen estado de salud y correspondiente, por lo menos, al régimen de los establecimientos penitenciarios del país ocupado. Recibirán la asistencia médica que su estado de salud requiera. También estarán autorizadas a recibir la ayuda espiritual que soliciten. Las mujeres se alojarán en locales separados y bajo la vigilancia inmediata de mujeres. Habrá de tenerse en cuenta el régimen especial previsto para los menores de edad. Las personas protegidas detenidas tendrán derecho a recibir la visita de los delegados de la Potencia protectora y del Comité Internacional de la Cruz Roja, de conformidad con las disposiciones del artículo 143. Además, tendrán derecho a recibir, por lo menos, un paquete de socorros al mes. <B>Artículo 77 - Entrega de los detenidos al final de la ocupación</B> Las personas protegidas que hayan sido procesadas o condenadas por los tribunales en territorio ocupado serán entregadas, al final de la ocupación, con el expediente respectivo, a las autoridades del territorio liberado. <B>Artículo 78 - Medidas de seguridad. Internamiento y residencia forzosa</B> Si la Potencia ocupante considera necesario, por razones imperiosas, tomar medidas de seguridad con respecto a las personas protegidas, podrá imponerles, como máximo, una residencia forzosa o internarlas. Las decisiones relativas a la residencia forzosa o al internamiento se tomarán según un procedimiento legítimo, que determinará la Potencia ocupante de conformidad con las disposiciones del presente Convenio. En tal procedimiento se debe prever el derecho de apelación de los interesados. Se decidirá, por lo que atañe a esta apelación, en el más breve plazo posible. Si se mantienen las decisiones, serán objeto de revisión periódica, a ser posible semestral, por un organismo competente constituido por dicha Potencia. Las personas protegidas obligadas a la residencia forzosa y que, por consiguiente, hayan de abandonar su domicilio, se beneficiarán, sin restricción alguna, de las disposiciones del artículo 39 del presente Convenio. <A name=8></A> Ver: <A href="http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/iwpList103/AB1C1C7C1F0BA414C1256DE10053D111">http://www.icrc.org/Web/spa/sitespa0.nsf/iwpList103/AB1C1C7C1F0BA414C1256DE10053D111</A> 0 2009-08-17T08:32:51Z 2009-08-17T08:25:00Z 363409 iv-convenio-ginebra-cuarta-parte 2009-08-17T08:32:51Z 1 1 2009-08-17T08:32:51Z 0.0.0.0 23535 15945 <IMG class=imgcen id=img_1 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/merhum/201612_FRAN_CGT_SD_PresosRepCanalBajoGuadalquivir.jpg">Presos trabajando en la construcción del Canal del Bajo Guadalquivir (Sevilla) <HR id=null> <IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/merhum/20070506elpepisoc_2.jpg"> <P align=justify><B><FONT face=Arial color=#000080 size=4></FONT><FONT face=Arial color=#000000>En la cárcel de Carmona (Sevilla), Besteiro, en el centro se fotografía rodeado de curas vascos presos del franquismo, probablemente ninguno de ellos tuvo jamás nada que ver con hechos de armas, y menos con supuestos crímenes, pero aquí están, uno por socialista y los otros por nacionalistas vascos.</FONT></B><FONT color=#000000> </FONT> <HR id=null> <IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/merhum/15a2-presosfranquismo.jpg"> Presos en el penal de Ocaña <HR id=null> <IMG class=imgcen id=img_0 src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/merhum/FRAN_SD_PianistaJoseIturbiPenalBurgos1957.jpg">1957: el pianista Iturbi junto con los presos del penal de Burgos trás un concierto. <HR id=null> Más medio millón de muertos, unos cuatrocientos mil exiliados, y la represión de la posguerra encarceló, ingresó a muchas personas en los psiquiátricos, hospicios e internados llenos de hijos de rojos, ¡cuántos horrores! ni se sabe todavía... <FONT color=#000000><STRONG> <P align=justify><FONT color=#000000>La guerra supuso una verdadera fractura moral del país.</FONT> <P align=justify><FONT color=#000000>Varias <B>generaciones marcadas</B> por el sufrimiento de la </FONT> <P align=justify><FONT color=#000000>guerra y l</FONT><FONT color=#000000>a represión </FONT><FONT color=#000000>de la larga posguerra.</FONT> <P align=justify><FONT color=#000000>El régimen de <B>Franco nunca buscó la reconciliación </B></FONT> <P align=justify><FONT color=#000000>de los españoles y <B>siempre recordó y celebró su </B></FONT> <P align=justify><FONT color=#000000><B>origen bélico</B>. Las heridas de la guerra civil perduraron </FONT> <P align=justify><FONT color=#000000>durante decenios y la <B>persecución y represión de los</B></FONT> <P align=justify><FONT color=#000000><B>vencidos fue un</B> rasgo clave del franquismo. </FONT> <FONT color=#000000>(Historia siglo XX).</FONT> <P align=justify></STRONG></FONT> En estos enlaces podéis ampliar sobre el tema. <A href="http://todoslosrostros.blogspot.com/">http://todoslosrostros.blogspot.com/</A> <A href="http://www.sbhac.net/Republica/Imagenes/Hombres/Hombres.htm">http://www.sbhac.net/Republica/Imagenes/Hombres/Hombres.htm</A> 9 2008-10-29T18:44:04Z 2009-07-29T00:20:00Z 224902 2009-07-30T11:43:16Z presos-durante-franquismo 2008-10-29T19:28:45Z 1 1 2009-08-21T16:18:38Z