La dignitat de la llei... i prou

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4918 <center><img src="http://img.photobucket.com/albums/v666/cxlxsx/senera.jpg"></center>A raíz del <a href="http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=665224&idseccio_PK=1006" target="_blank">editorial conjunto</a> publicado por varios periódicos catalanes sobre la posible sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el texto del posible nuevo Estatut para Catalunya, llevamos unos días que no hay quien lea frases que no lleven aparejado lo de la dignitat de Catalunya. Bajo mi punto de vista, es bueno que lo aclare, que si no luego vienen los dignos de diferentes colores a decir que si soy un españolista, o que no lo soy y estas cosas cogidas con papel de fumar - fíjate tú-, no veo nada inconstitucional en el nuevo texto - chorradas que se esgrimen, como que el término nación puede chocar con el texto constitucional, son tonterías como la copa de un pino, sobre todo porque el texto constitucional reconoce al Estado español y, por lo tanto, que Catalunya se defina como nación o como villorrio no parece que sea problema (es mi punto de vista sobre el ajuste legal del texto, que, por mucho que cacareen nacionalistas de uno u otro lado, es lo que importa aquí)-. Y llegado el caso de que el texto tenga que ser retocado, aquí lo importante, hablamos de una ley, es que no sea <a href="http://enriquefriki.wordpress.com/2009/11/26/dignitat-de-catalunya-para-los-politicos-o-para-la-ciudadania/#more-1915" target="_blank">vaciado de contenido ciudadano</a>. El resto importará a los políticos, pero un político, sea catalán o lo que sea, no es más importante que un ciudadano, el político trabaja para el ciudadano, no a la inversa. Ahora, hablando de cosas que desde el punto de vista de la ley no tienen la más mínima importancia - son respetables, pero no importantes-, hay quien, en medio de un proceso de ajuste a la legalidad de un texto que, no lo olvidemos, es una ley, sí, sí, niñas y niños, una ley, <a href="http://geografiasubjetiva.com/2009/11/26/dignidad-de-catalunya-y-de-espana/" target="_blank">habla</a> de lo sígnico y lo simbólico, que no digo que no esté bien de cara a la galería nacionalista catalana y nacionalista hispana, pero que no tiene nada que ver a la hora de dicho proceso - las leyes no se aprueban o se descartan porque sean símbolos, sino porque se ajustan a derecho, porque no entran en conflicto con los derechos y deberes de todos los ciudadanos - catalanes incluidos-, derechos y deberes recogidos en la norma básica y máxima legal de nuestra Democracia, la Constitución. Hay quien incluso se permite decir que si una ley no es constitucional no tiene porque no ser democrática (¿...?), argumento raquítico donde los haya si tenemos en cuenta que nuestra Democracia descansa sobre el texto constitucional. Para aclararlo emplean la vieja diatriba de que el TC no es un ¿tribunal legal? porque, según ellos, tampoco es legal la Constitución, pero esto no voy ni a comentarlo... porque califica por si mismo a quien lo dice. Hay otros comentarios que preocupan más o, por lo menos a mi, me preocupan más. Hay quien <a href="http://www.lorem-ipsum.es/blogs/materiasgrises/" target="_blank">ha dicho</a>, con razón, que el TC es alegal, porque lo es - bajo mi punto de vista una de las reflexiones más acertadas-. Pero lo es a pesar del propio TC, es alegal por culpa de políticos inútiles, incapaces y poco dados a hacer su trabajo. Aprovecho, de paso, para recordarles, señorías, que tener el culo sentado en su bancada del Congreso y montar espectáculos lamentables NO es un trabajo. Es precisamente esta circunstancia, la evidente alegalidad del TC, la que pondrá en entredicho la sentencia que se emita sobre el nuevo texto del Estatut. Cuidado, la pondrá en entredicho ya sea sentencia de retoque del texto, o de no retoque. Si es de retoque ese será el único argumento sólido, y legal, para ponerla en entredicho, y si no es de retoque, lo mismo a manos de los de siempre - claro que si es de retoque los dignos pondrán el grito en el cielo, y si no lo es estos no dirán ni pio sobre la alegalidad (cosas de lo sígnico y lo simbólico, imagino). He de decir que coincido con este último planteamiento. Un tribunal alegal no puede emitir una sentencia sobre derecho constitucional. Por mi parte, sea de retoque o no - porque a mi, dicho sea con todo el respeto que me merece, la dignitat de Catalunya y, ya que estamos, la de España no me importan en lo más mínimo a la hora de hablar de textos legales-, tengo muy claro que la sentencia no se ajustará a derecho, y aquellos que no estén de acuerdo con ella, sean de un signo simbólico o de otro, tendrán en sus manos todas las armas legales necesarias para echarla al traste... y será culpa de los políticos, porque son incapaces de hacer su trabajo. Aquí sí que se va a poder decir eso de que la independencia judicial se va a ver comprometida por el poder y la incompetencia política. Y es grave porque hablamos de la independencia del más alto tribunal de nuestra Democracia. P.D. He leído otro comentario que, por lo vergonzoso, penoso, arrastrado, imbécil y calimero es digno, sígnico y simbólico de ser mencionado. Textual, <a href="http://twitter.com/jaumedurgell/status/6096795504" target="_blank">Si más gente supiera como se coopta a los magistrados del Tribunal Constitucional, habría una revolución</a>. Imagino que cuando dice si más gente... lo dirá porque él sabe que es así y, por lo tanto, le conmino a que lo exponga y, de paso, que se acerque a un juzgado y lo denuncie (No hay huevos). Sin darse cuenta el señor en cuestión se ha puesto a la altura de insignes como <a href="http://www.elmundo.es/opinion/tribuna-libre/2009/11/21261641.html" target="_blank">Don Jorge de Esteban</a>... mismo perro, diferente collar. <center>Tele MACO Un artículo, un vídeo</center> La dignitat de les persones i els ciutadans no depèn de signes o símbols augmentats o disminuïts pels polítics, depèn del seu caràcter, de la seva cultura i de l'obert de la seva mentalitat. A veure si els polítics i aquells que els fan cor des dels editorials ho entenen d'una vegada per sempre. La dignitat de Catalunya és la dignitat de les seves gents, no dels seus polítics. Els segons representen als primers, no a la contrària, i tractar-los d'estúpids fa un flac favor a la ciutadania catalana, a la democràcia i a la dignitat de tots els catalans <center><embed src="http://www.youtube.com/v/UACL4nfpGRc&hl=es_ES&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344"></embed></center> Buenas noches, y buena suerte... Ôo-~

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1 La dignitat de la llei... i prou

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10374 <div style="text-align: justify;">Si alguien tenía dudas de que los diarios editados en Catalunya (y emisoras de radio) están supeditados a la oligarquía catalana ya queda bien claro con la famosa <a href="http://www.lavanguardia.es/politica/noticias/20091126/53831111238/la-prensa-catalana-publica-un-editorial-conjunto-en-defensa-del-estatut-tribunal-constitucional-cort.html">Editorial</a> de hoy. Es más de lo mismo, aunque su efecto sea multiplicador. Hablan en nombre de Catalunya y defienden su dignidad (nada menos) pero lo que representan es sólo el pensamiento de una parte de catalanes. Lo preocupante es el cariz antidemocrático del texto. Se postulan como intérpretes de la voluntad de los catalanes. El que democráticamente el Estatut fuese aprobado no supone que los que lo aprobaron estén en contra de que el Estatut sea revisado por el Constitucional, eso es una interpretación. No supone que el Estatut pase a tener supremacía sobre la Constitución, sino al contrario, el propio Estatut ha de estar formulado de forma que, como queríamos los catalanes, se ajuste a la Constitución (y así lo dice el propio texto). Si no es así, también una mayoría de catalanes (un 90% frente al 73% del Estatut) democráticamente indicamos como debería resolverse el conflicto, y es anulando aquellos artículos que sean inconstitucionales. Los catalanes no todos somos juristas, y por ello no se nos puede culpar si votamos ciertos parágrafos anti-constitucionales. Eso es responsabilidad de los juristas y políticos que redactaron tal chapuza. Interpretar que nuestro voto al Estatut "desmiente" al voto que dimos a la Constitución es tergiversar los hechos. El voto al Estatut no era un voto contra la Constitución. Y la "Dignidad de Catalunya" está al menos tan representada en ella (con un 68% de la participación) como lo está en el Estatut, en el que la mayoría de catalanes ni siquiera fue a votar, y eso a pesar de todo el circo mediático que montaron estos medios tan uniformemente defensores de una idea, no compartida por todos, de Catalunya.</div>

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1 Por la Dignidad de Catalunya los medios catalanes deberían defender la Constitución.

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19677 -Reproducción del editorial publicado hoy en Cataluña al que me adhiero y al que debería adherirse, también, este diario- Después de casi tres años de lenta deliberación y de continuos escarceos tácticos que han dañado su cohesión y han erosionado su prestigio, el Tribunal Constitucional puede estar a punto de emitir sentencia sobre el Estatut de Catalunya, promulgado el 20 de julio del 2006 por el jefe del Estado, rey Juan Carlos, con el siguiente encabezamiento: "Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado, los ciudadanos de Catalunya han ratificado en referéndum y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica". Será la primera vez desde la restauración democrática de 1977 que el Alto Tribunal se pronuncia sobre una ley fundamental refrendada por los electores. La expectación es alta. La expectación es alta y la inquietud no es escasa ante la evidencia de que el Tribunal Constitucional ha sido empujado por los acontecimientos a actuar como una cuarta cámara, confrontada con el Parlament de Catalunya, las Cortes Generales y la voluntad ciudadana libremente expresada en las urnas. Repetimos, se trata de una situación inédita en democracia. Hay, sin embargo, más motivos de preocupación. De los doce magistrados que componen el tribunal, sólo diez podrán emitir sentencia, ya que uno de ellos (Pablo Pérez Tremps) se halla recusado tras una espesa maniobra claramente orientada a modificar los equilibrios del debate, y otro (Roberto García-Calvo) ha fallecido. De los diez jueces con derecho a voto, cuatro siguen en el cargo después del vencimiento de su mandato, como consecuencia del sórdido desacuerdo entre el Gobierno y la oposición sobre la renovación de un organismo definido recientemente por José Luis Rodríguez Zapatero como el "corazón de la democracia". Un corazón con las válvulas obturadas, ya que sólo la mitad de sus integrantes se hallan hoy libres de percance o de prórroga. Esta es la corte de casación que está a punto de decidir sobre el Estatut de Catalunya. Por respeto al tribunal –un respeto sin duda superior al que en diversas ocasiones este se ha mostrado a sí mismo– no haremos mayor alusión a las causas del retraso en la sentencia. La definición de Catalunya como nación en el preámbulo del Estatut, con la consiguiente emanación de "símbolos nacionales" (¿acaso no reconoce la Constitución, en su artículo 2, una España integrada por regiones y nacionalidades?); el derecho y el deber de conocer la lengua catalana; la articulación del Poder Judicial en Catalunya, y las relaciones entre el Estado y la Generalitat son, entre otros, los puntos de fricción más evidentes del debate, a tenor de las versiones del mismo, toda vez que una parte significativa del tribunal parece estar optando por posiciones irreductibles. Hay quien vuelve a soñar con cirugías de hierro que cercenen de raíz la complejidad española. Esta podría ser, lamentablemente, la piedra de toque de la sentencia. No nos confundamos, el dilema real es avance o retroceso; aceptación de la madurez democrática de una España plural, o el bloqueo de esta. No sólo están en juego este o aquel artículo, está en juego la propia dinámica constitucional: el espíritu de 1977, que hizo posible la pacífica transición. Hay motivos serios para la preocupación, ya que podría estar madurando una maniobra para transformar la sentencia sobre el Estatut en un verdadero cerrojazo institucional. Un enroque contrario a la virtud máxima de la Constitución, que no es otra que su carácter abierto e integrador. El Tribunal Constitucional, por consiguiente, no va a decidir únicamente sobre el pleito interpuesto por el Partido Popular contra una ley orgánica del Estado (un PP que ahora se reaproxima a la sociedad catalana con discursos constructivos y actitudes zalameras). El Alto Tribunal va a decidir sobre la dimensión real del marco de convivencia español, es decir, sobre el más importante legado que los ciudadanos que vivieron y protagonizaron el cambio de régimen a finales de los años setenta transmitirán a las jóvenes generaciones, educadas en libertad, plenamente insertas en la compleja supranacionalidad europea y confrontadas a los retos de una globalización que relativiza las costuras más rígidas del viejo Estado nación. Están en juego los pactos profundos que han hecho posible los treinta años más virtuosos de la historia de España. Y llegados a este punto es imprescindible recordar uno de los principios vertebrales de nuestro sistema jurídico, de raíz romana: Pacta sunt servanda. Lo pactado obliga. Hay preocupación en Catalunya y es preciso que toda España lo sepa. Hay algo más que preocupación. Hay un creciente hartazgo por tener que soportar la mirada airada de quienes siguen percibiendo la identidad catalana (instituciones, estructura económica, idioma y tradición cultural) como el defecto de fabricación que impide a España alcanzar una soñada e imposible uniformidad. Los catalanes pagan sus impuestos (sin privilegio foral); contribuyen con su esfuerzo a la transferencia de rentas a la España más pobre; afrontan la internacionalización económica sin los cuantiosos beneficios de la capitalidad del Estado; hablan una lengua con mayor fuelle demográfico que el de varios idiomas oficiales en la Unión Europea, una lengua que en vez de ser amada, resulta sometida tantas veces a obsesivo escrutinio por parte del españolismo oficial, y acatan las leyes, por supuesto, sin renunciar a su pacífica y probada capacidad de aguante cívico. Estos días, los catalanes piensan, ante todo, en su dignidad; conviene que se sepa. Estamos en vísperas de una resolución muy importante. Esperamos que el Tribunal Constitucional decida atendiendo a las circunstancias específicas del asunto que tiene entre manos –que no es otro que la demanda de mejora del autogobierno de un viejo pueblo europeo–, recordando que no existe la justicia absoluta sino sólo la justicia del caso concreto, razón por la que la virtud jurídica por excelencia es la prudencia. Volvemos a recordarlo: el Estatut es fruto de un doble pacto político sometido a referéndum. Que nadie se confunda, ni malinterprete las inevitables contradicciones de la Catalunya actual. Que nadie yerre el diagnóstico, por muchos que sean los problemas, las desafecciones y los sinsabores. No estamos ante una sociedad débil, postrada y dispuesta a asistir impasible al menoscabo de su dignidad. No deseamos presuponer un desenlace negativo y confiamos en la probidad de los jueces, pero nadie que conozca Catalunya pondrá en duda que el reconocimiento de la identidad, la mejora del autogobierno, la obtención de una financiación justa y un salto cualitativo en la gestión de las infraestructuras son y seguirán siendo reclamaciones tenazmente planteadas con un amplísimo apoyo político y social. Si es necesario, la solidaridad catalana volverá a articular la legítima respuesta de una sociedad responsable

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1 "La dignidad de Catalunya" y, digo yo, de toda España

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4981 <IMG height=308 src="http://www.ojosdepapel.com/blogs/images/144/Aza%C3%B1a1.gif" width=560> Manuel Azaña. Yo no veo que se puede hacer una interpretación demasiado restrictiva con la actual Constitución... en eso le doy la razón al Sr. Montilla...todo depende de la argumentación, otra cosa es que lo transformen en federal...cosa que no creo...federar es unir manteniendo diferencias... esa intención se mantuvo en Cataluña desde la primera República...el catalanismo no es un foralismo...o no lo fue... ; incluso la Lliga de desvío de el... para marcar un aparte respecto al carlismo...de la tercer guerra .En el actual estatuto los independentistas... soberanistas...ect, se mantuvieron desunidos en su aprobación o sea que este estatuto no es el de ellos...ni proclama ninguna separación... que el preámbulo mencione la nación no tiene valor...es puramente retórico. Lo podían cambiar por nacionalidad. Eso si, seria lo mismo. La normalización lingüística esta aprobada por los tribunales. La balanza fiscal regional es lo mismo. Lo vemos en el caso alemán, sus ajustes continuos . Ya sume la estructura jurisdiccional del Estado nada parecida a la que funciona en Alemania, Suiza o Canadá. Y es un Estatuto ya recortado en su momento . Una interpretación tipo programa Rosa Diez sin modificar la Constitución me parece un grave error. Más de un Constitucionalista de prestigio mantiene que es Constitucional. Además de ser aprobado legalmente en todas las instituciones. Entonces la historia es... si estos jueces... pasaran a ella (la historia)... como los que provocaron el auge del independentismo en Cataluña y su unión o su disolución. Por muy tribunal que sea , pueden meter la pata como en la Segunda República , el Tribunal de Garantías Constitucionales , con la ley de Contratos de Cultivo...denunciada en este caso por la Lliga y derogada por jueces afines ..Sin ninguna sensibilidad social sobre los derechos de usufructo y sobre la economía real del campo en Cataluña. Ni sobre los derechos sociales sobre la propiedad que mantenia la Constitución . Los jueces del tribunal son nombrados la mayoría por los partidos nacionales y por consenso... si este fuera un tribunal independiente totalmente, tendría un valor irrepochable... así, es discutible. Y además algunos ya tienen mandato caducado . Las peleas del PP por su control, y digo el PP, demuestra su falta de independencia. Y además es el PP el que presento el recurso. Y lo que se pide es que tenga la misma inteligencia que tenia cuando en el estaban juristas de la categoría de Valente o otros que supieron administrar la implantación de la Constitución y de las autonomías sin conflictos. Como ciudadano de a pie, pienso que es mucho mejor la poliarquía que la oligarquía...Con la independencia solo cambiaríamos de una oligarquía a otra. Y seguiríamos teniendo la misma dependencia de la soberanía europea o de las multinacionales, más incluso que ahora, pues un pequeño estado, es una hojarasca, en sus límites de soberanía. Lo importante es que este dividida la oligarquía, es lo que permite el verdadero pluralismo...del Estado , España ya es prural .La democracia...nunca es absoluta pero la soberanía tampoco hoy en dia. Toda formulación absoluta es absolutismo...dictadura... teocracia. Digo formulación. La realidad puede ir por otro lado. Ya decía Marx, que en España, siglo XIX, las leyes las había, lo que pasaba era que no se aplicaban. Diría lo mismo de las leyes municipales o de administracion local franquistas. Acaso no permitió la restauración de la Generalitat, con Tarradellas , como una Mancomunidad de Diputaciones. Para tapar la ruptura en Cataluña , que si que hubo , cuando ganaron las primeras elecciones generales al Parlamento Nacional las izquierdas en Cataluña . Por eso dejémonos de monsergas .. Es una cuestión de interpretación el recortarlo o dejarlo como está y por supuesto de política .¿Qué no lo es? .En estos casos . <IMG src="http://www.elconfidencial.com/fotos/noticias/2009071810casas_d.jpg"> María Emila Casas -------------------------------- Discurso de Azaña <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> en defensa del Estatuto catalán<o:p></o:p> El 6 de mayo de 1932, el presidente del Gobierno de la República, Manuel Azaña, se dirigía al plenario de las Cortes para defender la aprobación del que, a la postre sería el primer Estatuto de Autonomía de Cataluña. El proceso político y administrativo que siguió aquel texto legal fue muy similar al que ha recorrido el actual proyecto de reforma del actual Estatut. Seis meses antes, un referéndum en Cataluña había dado mayoritariamente luz verde a una primera redacción que, de ese modo, llegaba al Parlamento nacional. Como sucede ahora, fue estudiado y enmendado en una comisión parlamentaria que, finalmente emitía un dictamen y trataba de eliminar del documento definitivo aquellos artículos y aspectos que, a su criterio, entraban en contradicción con la Constitución republicana.<o:p></o:p> En el jugoso discurso pronunciado por Azaña se encuentran innumerables claves que parecen recién extraídas de la lectura de la prensa española de los últimos meses. Las apelaciones a la “ruptura de España” esgrimidas hoy por algunas personalidades públicas y grupos políticos opuestos al texto, los “miedos”, los enfrentamientos exacerbados o el proceso de desgaste y acoso al Gobierno de turno se detectan en sus palabras como parte del clima que se vivía en aquellos momentos. Pero también resultan muy familiares las apelaciones a los límites constitucionales, a la delimitación clara de las competencias, a la reivindicación de la exclusividad del Estado en determinadas parcelas que, curiosamente, como hoy tenían sus puntos de fricción en la definición del territorio catalán que daba el Estatut –entonces lo denominaba “Estado catalán”-, en la financiación, en la justicia, en la educación, en la reclamación de competencias. Azaña pretendía encontrar una fórmula que pusiera fin a la discrepancia secular y a las disputas eternas por esta causa, y que pudiera contentar a todos. Como apelaba en el vibrante final de su alocución, reclamaba el consenso de todos los grupos para una tarea de pacificación y de lo que él denominó “buen gobierno”.<o:p></o:p> “Señores diputados, no necesita justificarse, ni menos disculpar, la intervención del presidente del Consejo de Ministros al remate de la discusión sobre la totalidad del proyecto de Estatuto de Cataluña, para trazar las líneas generales y determinar la política del Gobierno en este problema, y fijar, al mismo tiempo, la posición del Gobierno en la contienda parlamentaria.<o:p></o:p> No dejaré de congratularme del giro que ha llevado la discusión y de los términos en que la han sostenido sus mantenedores, destruyendo con esto el miedo, no sé si a la esperanza, de quienes presagiaban en las Cortes un espectáculo incivil, como si las Cortes no hubiesen ya probado cien veces que están a la altura de su función. El tono, la sustancia misma del debate prueban que la discusión del problema ha venido a las Cortes en el momento oportuno: acerca de esto, y con el propósito de combatir al Gobierno, que es, como sabéis, un deporte socorrido, se han dicho cosas contradictorias y que, por serlo, mutuamente se destruyen. Se ha dicho, de una parte, que el Gobierno quería soslayar el asunto, darle largas, ganar tiempo para sumergirnos en no sé qué innominadas ociosidades veraniegas, más allá de las cuales estaría políticamente lo imprevisto, lo desconocido; y se ha dicho contrariamente, que traer ya este problema a discusión era una imprudencia, una ligereza peligrosa. Ya se está viendo que no es así.<o:p></o:p> Todos los problemas políticos, señores diputados, tienen un punto de madurez, antes del cual están ácidos ; después, pasado ese punto, se corrompen, se pudren. La reflexión, la discusión, el lapso de cierto tiempo, maduran en cada cual el sentimiento de su propia responsabilidad y traen las cuestiones al grado de sazón en que se encuentra ésta que está ante nuestra deliberación.<o:p></o:p> Así, pues, el primer efecto del debate que conviene señalar, porque tiene cierto interés político, ha sido restablecer la calma, y en algunos ha venido después la sorpresa de esta calma; en algunos, es decir, en todos aquellos que se han pasado unas cuantas semanas combatiendo a los fantasmas de su propia aprensión.<o:p></o:p> No se puede negar, señores diputados, que en los albores de esta discusión, en las semanas que precedieron a este debate se ha producido en España una agitación, una propaganda, una protesta, una alarma; yo creo que esta alarma, esta protesta y esta propaganda son mucho más extensas que profundas; pero a nadie le puede parecer mal, ni al Gobierno, que estas demostraciones de carácter político se produzcan: eso es salud, y todas las ocasiones son buenas para que España medite y recapacite sobre sus graves problemas internos, y esta ocasión es buena como ninguna. Pero yo creo, como opinaba el otro día el Sr. Lerroux, que el 90 por ciento de los que protestan contra el Estatuto no lo han leído, y suscribo y subrayo la segunda parte de la opinión del Sr. Lerroux en este particular; es a saber: que si lo hubieran leído, tal vez no protestarían (...)<o:p></o:p> Patriotismo<o:p></o:p> (...) Una gran parte de la protesta en contra del Estatuto de Cataluña se ha hecho en nombre del patriotismo, y esto, señores diputados, no puede pasar sin una ligera rectificación. El patriotismo no es un código de doctrina; el patriotismo es una disposición del ánimo que nos impulsa, como quien cumple un deber, a sacrificarnos en aras del bien común; pero ningún problema político tiene escrita su solución en el código del patriotismo. Delante de un problema político, grave o no grave, pueden ofrecerse dos o más soluciones, y el patriotismo podrá impulsar y acuciar y poner en tensión nuestra capacidad para saber cuál es la solución más acertada; pero una lo será; las demás, no, y aún puede ocurrir que todas sean erróneas. Quiere esto decir, señores diputados, que nadie tiene el derecho de monopolizar el patriotismo, y que nadie tiene el derecho, en una polémica, de decir que su solución es mejor porque es la más patriótica; se necesita que, además de patriótica, sea acertada.<o:p></o:p> Ha habido también en esta cuestión un poco de malevolencia política, un poco de malquerencia política; un poco, no mucho: la que basta para que en esta polémica no nos falte la sal del encono. Esto también es normal, porque al acercarse el problema del Estatuto a su situación parlamentaria no habrá faltado quien piense que podría ser una dificultad seria, no para la República –que es más fuerte que todos sus problemas, y sale resueltamente a su encuentro, y los afronta cara a cara-, pero sí para el gobierno, y quién sabe -¡Ilusión dorada!- si para las Cortes mismas quizá se ha pensado que el Gobierno iba a encontrarse en un desfiladero donde podría ser destruido con facilidad, o que las Cortes entrarían en tal confusión inextricable que saltarían hechas pedazos. Yo he observado con un silencio escéptico estas previsiones funestas. Si ahora resulta, señores diputados, que no hay desfiladero y que las Cortes no saltan en añicos, ¡qué le vamos a hacer!; otra vez será (...)<o:p></o:p> Ubicación histórica <o:p></o:p> del catalanismo<o:p></o:p> (...) A nosotros, señores diputados, nos ha tocado vivir y gobernar en una época en que Cataluña no está en silencio, sino descontenta, impaciente y discorde. Es probable que el primer Borbón de España creyese haber resuelto para siempre la divergencia peninsular del lado de allá del Ebro, con las medidas políticas que tomó. Sigue un largo silencio político en Cataluña; pero en el siglo XIX vientos universales han depositado sobre el territorio propicio de Cataluña gérmenes que han arraigado y fructificado, y lo que empezó revestido de goticismo y romanticismo, no se ha contentado con ser un movimiento literario y erudito, sino que ha impelido, robustecido y justificado un movimiento particularista, nacionalista como el vuestro, que es lo que constituye hoy el problema político específico catalán. Cuando este particularismo, cuando este sentimiento particularista, alza primado por todos los elementos históricos y políticos de que acabo de hacer breve mención, se precipita en la vida del Estado español como un estrobo funcional, como una deformidad orgánica, cuando esto invade los sectores de la opinión catalana y no catalana, cuando esto determina la vida de los partidos políticos, sus relaciones, sus encuentros, sus choques, entonces es cuando surge el problema político y su caracterización parlamentaria, delante de la cual nos encontramos. Y esta es nuestra ambición. Cataluña dice, los catalanes dicen: “Queremos vivir de otra manera dentro del Estado español”. La pretensión es legítima; es legítima porque la autoriza la ley, nada menos que la ley constitucional. La ley fija los trámites que debe seguir esta pretensión y quién y cómo debe resolver sobre ella. Los catalanes han cumplido estos trámites, y ahora nos encontramos ante un problema que se define de esta manera: conjugar la aspiración particularista o el sentimiento o la voluntad autonomista de Cataluña con los intereses o los fines generales y permanentes de España dentro del Estado organizado por la República. Éste es el problema y no otro alguno. Se me dirá que el problema es difícil. ¡Ah!, yo no sé si es difícil o fácil, eso no lo sé, pero nuestro deber es resolverlo sea difícil o fácil. Ya sé yo que hay una manera muy fácil de eludir la cuestión. Es frecuente en la vida ver personas afanadas en un problema y que cuando lo eliminan, lo destruyen, creen que lo han resuelto. Hay dos modos de suprimir el problema. Uno, como quieren , o dicen que quieren los extremistas de allá y de acá: separando a Cataluña de España; pero esto, sin que fuese seguro que Cataluña cumpliese ese destino de que hablábamos antes, dejaría a España frustrada en su propio destino. Y otro modo sería aplastar a Cataluña, con lo cual, sobre desarraigar del suelo español una planta vital, España quedaría frustrada en su justicia, en su interés y, además, perpetuamente adscrita a un concepto de Estado completamente caduco e infeliz. Hay, pues, que resolverlo en los términos del problema político que acabo de describir. (...) ¿Es que nosotros vamos ahora a cometer la tontería de decir a gentes de hace cinco siglos que se equivocaron? Por qué se habían de equivocar? Nosotros pensamos de otro modo; pero no podemos hablar de errores, comparando los actos ajenos con las ideas que no habían nacido aún. España constituyó su Estado, su gran Estado moderno; pero, ¿cómo lo constituyó? ¿Por la fuerza de las armas y la conquista? Tampoco. Por uniones personales; agrupándose Estados peninsulares, en los cuales, lo único común era la Corona, pero sin que existiese entre ellos comunicación orgánica. Tan no existía, que la monarquía entonces ni siquiera se llamaba española, sino católica, porque España no era el todo de la monarquía católica, universal, sino la parte principal política y directora, pero no del todo. La monarquía y sus hombres y sus soldados jamás se llamaron soldados, hombres políticos o gobernantes de la monarquía española, sino de la monarquía católica. (...)<o:p></o:p> Defensa de Castilla<o:p></o:p> (...) No puede admitirse por parte de los teorizantes autonomistas el concepto de que Castilla (metiendo en esta expresión no sólo los confines geográficos de una región, sino todo lo que no es región autónoma o autonomizante); no puede admitirse, repito, el concepto de que esta parte de España ha confiscado las libertades de nadie: Quien ha confiscado y humillado y transgredido los derechos o las franquicias o las libertades de más o menos valor de cada región, ha sido la monarquía, la antigua corona, en provecho propio, no en provecho de Castilla, que la primera confiscada y esclavizada fue precisamente la región castellana. (...)<o:p></o:p> Constitucionalidad del Estatuto<o:p></o:p> (...) Supongamos que Cataluña –permitidme que discurra en estas hipótesis extremas- en ese plebiscito hubiera dicho: no me habléis de autonomía; deseo ser centralista; absorbedme lo que queráis. Las Cortes no tenían aquí nada que hacer. Supongamos el caso inverso, con pudor lo expreso, por lo que contiene, pero sólo en hipótesis; supongamos que Cataluña hubiese dicho: no quiero nada con España, unánimemente me quiero separar de España. Ya no era este problema legislativo. Pero, desde el momento en que Cataluña dice que su voluntad es permanecer dentro del Estado español, como lo ha dicho en el plebiscito, ¿quién va a resolver este problema orgánico del Estado español, sino su órgano legislativo, las Cortes de la República? De suerte que por haberse producido la voluntad de Cataluña en un plebiscito, de acuerdo con el Estatuto que se quiere presentar a la soberanía de las Cortes, por este camino se llega a la soberanía plena y absoluta de las Cortes, a una política autonomista dentro de la Constitución, con la autoridad de las Cortes. La consecuencia está bien clara, señores diputados: el Estatuto de Cataluña lo votan las Cortes en uso de su libérrimo derecho, de su potestad legislativa y en virtud de facultades que para votarlo le confiere la constitución. El Estatuto sale de la Constitución, y sale de la Constitución porque la Constitución autoriza a las Cortes para votarlo. (...)<o:p></o:p> Límites constitucionales<o:p></o:p> (...) En la Constitución se establecen, al propio tiempo que la potestad legislativa de organizar las autonomías, límites para las autonomías; es decir, en el texto legal votado por las Cortes se transfieren a las regiones autónomas estas o las otras potestades, y estos límites son de dos clases: unos son taxativos, enumerativos, en cuanto van relacionando las facultades de Poder que pueden no ser objeto de transferencia; pero otros límites no son de este orden, sino límites conceptuales, en cuanto la Constitución, tácita o expresamente, está fundada en ciertos principios que presiden la reorganización del Estado de la República, y nada podrá admitirse en el texto legal que regule las autonomías de las regiones españolas que contradiga, no ya los límites taxativos y enumerativos de la Constitución, sino los límites conceptuales implícitos en los dogmas que presiden la organización del Estado de la República. <o:p></o:p> Pues bien; cuando yo tomé el dictamen de la Comisión, lo primero que me encontré es una oposición entre los límites conceptuales de la Constitución relativos a la naturaleza, a la índole del Estado de la República y lo que aquí se define con el contenido del poder autónomo. Esto me lo explico, indudablemente, porque el proyecto de Estatuto ha sido elaborado en un tiempo en que no se había votado la Constitución, en que muchos republicanos españoles deseaban y creían que se iba a votar una república federal. Se confeccionó así y se votó así el Estatuto antes de haber Constitución. Ha venido el proyecto a las Cortes, ha pasado a la Comisión, y la Comisión ha rectificado en el dictamen algunos de estos conceptos incompatibles con la Constitución, por ejemplo, el de que Cataluña era un Estado, etc. Ahora dice el dictamen: “Cataluña es una región autónoma de la República española”. Pero quedan otros más; queda el art. 2º, que no es compatible con los límites conceptuales de la Constitución, que es unitaria, no federal, y este art 2º yo rogaría a la Comisión que lo reestudie, que lo refunda con el art. 1º, haciendo desaparecer del dictamen una expresión, que no es que a mí me parezca buena ni mala, ni disgregadora ni no disgregadora. No; es que no cabe dentro del concepto de la Constitución respecto de lo que es el Estado español de la República, que es un Estado unitario y no un Estado federal, y, no habiendo Estado federal, no puede hablarse de “el Poder”, etc., de que habla el art. 2º. Esto es clarísimo.<o:p></o:p> Cosa análoga ocurre con otro artículo del mismo título en que se habla de la ciudadanía. ¿Para qué vamos a reñir por esta expresión, que si la aquilatamos podría no significar nada, pero si significa algo, significa una cosa que no es compatible con la Constitución, por la misma razón que acabo de dar? Por consiguiente, habrá que pensar en sustituir esta expresión por otra más llana, en la que no se tropiece, por ejemplo: “los derechos concedidos en este Estatuto pertenecerán a tales o cuáles”; haciendo además la salvedad, no la salvedad, la declaración expresa (que está en la Constitución, pero no se pierde nada en traerla al Estatuto) de que los ciudadanos de la República española no tendrán nunca en Cataluña derechos menores de los que tengan los catalanes en el resto del territorio de la República española. Esto, señores diputados, no hace falta decirlo: está escrito en la Constitución; pero a mí no me parece mal que se diga cien veces, porque, como en torno del Estatuto y de la autonomía circulan fantasmas abracadabrantes, bueno será demostrar a las gentes, a fuerza de repetírselo, que tales fantasmas no tienen razón alguna de existir, y no se pierde nada haciéndolo constar una vez más en el Estatuto, aunque está dicho varias veces, directa o indirectamente, en la Constitución. (...)<o:p></o:p> Frente a la alarma<o:p></o:p> (...) Ahora, respecto de los demás problemas de este género, yo me permitiría dar a los señores diputados una opinión, una modesta opinión, que no tiene, ni muchísimo menos, las pretensiones de un consejo; no: más que nada es una explicación de los motivos, de los móviles psicológicos que uno tiene para juzgar el tema político de la autonomía. Y es ésta: no se puede entender la autonomía, no se juzgarán jamás con acierto los problemas orgánicos de la autonomía si no nos libramos de una preocupación: que las regiones autónomas –no digo Cataluña-, las regiones, después que tengan la autonomía, no son el extranjero; son España, tan España como lo son hoy, quizá más, porque estarán más contentas. No son el extranjero; por consiguiente, no hay que tocar respecto de las regiones autónomas las precauciones, las reservas, las prevenciones que se tomarían con un país extranjero, con el cual acabásemos de ajustar la paz, para la defensa de los intereses españoles. No es eso. Y, además, está otra cosa: que votadas las autonomías, ésta y la de más allá, y creados éste y los de más allá Gobiernos autónomos, el organismo de gobierno de la región –en el caso de Cataluña, la Generalidad- es una parte del Estado español, no es un organismo rival, ni defensivo ni agresivo, sino una parte integrante de la organización del Estado de la República española. Y mientras esto no se comprenda así, señores diputados, no entenderá nadie lo que es la autonomía. (...)<o:p></o:p> Hacienda catalana<o:p></o:p> (...) Es una cosa indiscutible, señores diputados, que hay que dotar de una hacienda propia a las regiones autónomas. Éste es un principio infrangible; hay que dotarlas de una hacienda propia. La hacienda de las regiones autónomas, además de ser propia, ha de tener elasticidad. Es decir, que los recursos con que se dote a las haciendas de las regiones autónomas, han de poder dilatarse y crecer a medida que la economía de la región lo permita o lo impulse o lo consienta; y si fuesen tan desgraciadas que su economía se contrajera o se arruinase, que la repercusión sea igual en toda la hacienda de la región autónoma. (...) los recursos con que se dote a esta hacienda han de tener un mínimum de gastos que ha de tener siempre el Poder autónomo. Mas no se podría tomar, no sería justo tomar como tipo para graduar la dotación de las haciendas autónomas lo que ahora gasta el Estado en los servicios correspondientes que se ceden, porque siendo miserable la dotación del Estado en sus servicios, lo mismo en Cataluña que fuera de Cataluña, y dándose la autonomía, entre otras cosas, para que los servicios que hoy el Estado no atiende bien, prosperen y se robustezcan, parecería un poco de burla decir a una región autónoma: yo, que no consagro más que equis pesetas a este servicio, con los cuáles no puedo vivir, tú lo vas a desarrollar con las mismas pesetas. Eso sería condenar la autonomía al fracaso desde el primer momento.<o:p></o:p> La dotación de la hacienda de las regiones autónomas no puede representar nunca un privilegio para ninguna región; eso no podría aceptarse. Si alguien lo hubiera pretendido, y sería injuria y falsedad suponer que la representación catalana haya pretendido nunca, ni directa ni indirectamente, que la dotación de su autonomía representase para Cataluña una ventaja con respecto a las demás regiones españolas. Si eso lo hubiera pretendido alguien, no hubiera sido escuchado. (...) Por consiguiente, señores diputados, cualquier determinación que se adopte en materia de hacienda para la región autónoma, cualquier sistema que se implante -porque lo que importa es el sistema, las cifras importan mucho menos-, ha de ser un sistema sujeto a rectificación, a rectificación periódica ante las Cortes. De suerte que de esta manera eliminamos todo motivo de pavor, toda la preocupación que pesaba y pesa sobre todas las personas, que somos todos, que miramos estas cosas con desinterés y gravedad. (...) Se puede hacer del Presupuesto de la República, del Presupuesto general del Estado, dos partes. El doble presupuesto lo hay en todos los Estados federales. Se pueden hacer dos partes. En la primera se habrían de consignar los gastos ocasionados por los servicios que retiene el Estado central, los gastos generales del Estado o los gastos no cesibles ni cedidos a las regiones autónomas. Y a cubrir los gastos de estos servicios se atribuirían los rendimientos y los tributos no cedidos ni cesibles a las regiones autónomas. En la segunda parte del presupuesto, se consignarían los gastos ocasionados al Estado central por los servicios en los territorios no estatutarios, correspondientes a los servicios cedidos a las regiones autónomas, y se haría la misma atribución de los tributos; es decir, que en esta segunda parte del presupuesto se atribuiría a cubrir los gastos, el rendimiento en los territorios no autónomos, de los tributos cedidos a las regiones autónomas, al Poder local. (...) En lo relativo a la Hacienda, el Gobierno admite el principio de la cesión de tributos. No digo ahora si se cederá uno, diez o ninguno; lo que afirmo es que el Gobierno admite el principio de la cesión de tributos, y ya se determinará, según vayamos encajando la fórmula de la dotación de la Hacienda autonómica, con arreglo a esas ideas generales que estoy emitiendo, cómo y en qué forma habrá de hacerse; pero repito que la cesión de tributos la admite el Gobierno y está bien seguro de que, al aceptarla, no cede ni parte ni toda la soberanía nacional.<o:p></o:p> Política lingüística<o:p></o:p> (...) Hay que insistir, cuando se trata de esta cuestión, en lo que yo antes decía: Cataluña no es el extranjero; hay que tener presente que el temor, el pánico, casi, ante una posible desaparición de la lengua castellana en las regiones autónomas no tiene fundamento alguno; y no lo tiene, en primer lugar, porque la competencia lingüística en el territorio español no puede estar sometida en su victoria o en su derrota al régimen político; eso sería un desatino, porque desde el momento que nosotros mantuviéramos un régimen político para la defensa de la lengua castellana, menguada sería la fortuna de la lengua que necesitase de esta protección; y, además, empalmando o incrustando en un régimen político una defensa, una protección, como quien protege una mercancía, de la lengua castellana, inevitablemente se produce la reacción contraria, porque viene el apego, no ya natural, sino político y apasionado, a otra lengua que se siente menospreciada o vejada o poco protegida por el régimen político de que acabo de hacer mención. Y haré, además, otra consideración: que no puedo suponer que los catalanes o los vascos, o quien fuera autónomo en España, puedan dejar de hablar en castellano; y si dejaran, allá ellos; la mayor desgracia que le pudiera ocurrir a un ciudadano español sería a tenerse a su vascuence o a su catalán, y prescindir del castellano para las relaciones con los demás españoles, con los cuales vamos a seguir tratándonos, y para las relaciones culturales, mercantiles, etc., con toda América. ¿A dónde va a ir un fabricante catalán, un exportador catalán sin el castellano? (...) En otros países donde se ha dado el bilingüismo, la doble universidad ha fracasado, y no hay que ir muy lejos para comprobarlo. No podemos admitir la doble universidad, ni crear dos hogares rivales que mantendrían lo que haya de rivalidad o de hostilidad entre la cultura en castellano y la cultura en catalán; sería conservar esa competencia, esa rivalidad, y eso debe desaparecer.<o:p></o:p> Nosotros estimamos que la universidad única y bilingüe es el foco donde pueden concurrir unos y otros; en vez de separarlos, hay que asimilarlos, juntarlos y hacerlos aprender a estudiar y a estimarse en común; ése es el carácter que tiene la cultura española en Cataluña: doble, pero común. (...)<o:p></o:p> Justicia y control<o:p></o:p> (...) Según el art. 15 (del Estatuto de autonomía), corresponde al Estado la legislación y podrá corresponder a las regiones autónomas la ejecución, y lo que había que determinar aquí es en qué consiste esto de la ejecución y atenernos, como nos hemos atenido, al párrafo segundo del número primero del artículo, que dice que “la ejecución de las leyes sociales (que el mismo artículo atribuye o permite atribuir a la región) será inspeccionada por el Gobierno de la República para garantizar su estricto cumplimiento y los Tratados internacionales que afecten a la materia”. De modo que esto no ofrece discusión : la ejecución puede corresponder, y el dictamen propone que corresponda, al Gobierno de la Generalidad, y nosotros estamos conformes; pero la inspección corresponde al Estado de la República. (...) La organización de la inspección se hará de la siguiente manera: la Generalidad de la región autónoma extenderá por la división comarcal del territorio catalán los servicios, agentes y funcionarios que necesite para la inspección, pero en un punto determinado de la jerarquía se insertará el enlace con la jerarquía del Ministerio, y cuando ocurra una infracción de la legislación social, ese inspector del Ministerio reclamará ante la Generalidad de Cataluña el cumplimiento de la ley, y si los agentes de la Generalidad de Cataluña no rectifican la infracción, entonces el Ministerio, usando una potestad gubernativa de coacción, corregirá al infractor, sea quien fuere; no al funcionario de la Generalidad; no tendrá nada que ver con el Gobierno de la Generalidad para evitar conflictos jurisdiccionales o de otra especie, sino al infractor que, como tal y como sujeto de la legislación social que es general y del Estado de la República, es posible de la corrección gubernativa. (...) En las demás materias de Justicia, lo importante para nosotros es declarar que recabamos, o creemos que debe permanecer afecta al Poder Judicial del Estado de la República, la casación en todas aquellas materias cuya legislación pertenece al Estado de la república. A mí esto me parece incontestable. (...) La fuente de Derecho en la interpretación de la ley debe estar atribuida a la misma categoría funcional del Estado que tiene el que dicta la ley. De modo que donde está el poder legislativo debe estar, correspondientemente, el poder de interpretación de la ley o la facultad interpretativa de la ley por medio de la jurisprudencia, y no tendría sentido atribuir al Parlamento la legislación en una materia y atribuir la facultad de sentar jurisprudencia a un tribunal local. (...)<o:p></o:p> Apelación al consenso y conclusiones<o:p></o:p> (...) Señores diputados: con este sentimiento de colaboración, con este sentimiento de unidad profunda e interior de todos los españoles, es con el que yo invito al Parlamento y a los partidos republicanos a que se sumen a esta obra política, que es una obra de pacificación, que es una obra de buen gobierno. Es una obra de pacificación, señores diputados, porque por cualquier parte donde tiréis un corte al volumen de la sociedad española encontraréis que hormiguean las discordias; de estas discordias, unas son útiles, bienvenidas, necesarias para el progreso político y social y fomentan y alzapriman la vida pública; pero otras son deplorables y disgustosas, porque vienen heredadas de contiendas históricas abolidas, las cuales nosotros estamos llamados a cancelar. Ésta es una parte de la obra de pacificación que es base de una obra de buen gobierno, porque España necesita estar urgentemente bien gobernada. Yo no puedo creer, señores diputados, que haya españoles bastante ofuscados para contristarse del buen gobierno de España con tal de que la gloria de este buen gobierno no recaiga en la República; seguramente los hay, pero eso no les excusará de tener que reconocer algún día nuestra obra de gobierno.<o:p></o:p> Sé que es más difícil gobernar España ahora que hace 50 años, y más difícil será gobernarla dentro de algunos años. Es más difícil llevar cuatro caballos que uno solo. El país está en pie, cruzado por apetitos de toda especie, por ansias de toda clase. Es más difícil gobernarla ahora que hace 50 años, cuando se dirigía desde un despacho del Ministerio de la Gobernación fumando cigarrillos a medianoche. Ahora hay que velar de día y de noche. ¿Pero creéis que a España le va a faltar, no ya fuerza de puños, sino destreza y agilidad de entendimiento para gobernarse ella misma? ¡Cómo le va a faltar! A esta obra de pacificación, de buen gobierno, señores diputados, yo, que paso por un hombre sectario, intransigente y duro, convoco a todos los españoles. Todos los españoles están convocados a esta obra. Cada cual desde sus sitio. Pero si no acuden, de todos modos, vosotros, republicanos y socialistas, tenéis la parte más grave de la responsabilidad, porque sobre vosotros pesa el presente y el porvenir de España, y hemos de declarar, republicanos y socialistas, ahora unidos espiritualmente en esta gran labor de refacción de España, que en el fondo de nuestra conducta política alienta una noble y gran ambición. ¿Por qué no lo vamos a decir? Nosotros no queremos seguir siendo los guardianes de un ascua mortecina arropada en las cenizas de este hogar español desterrado de la Historia. Queremos reinstalar la Historia en nuestro hogar; que la tea pasada de mano en mano en las generaciones que nos han precedido y llegó a las nuestras, podamos transferirla a la generación que nos suceda, más brillante, más ardorosa, más fogosa, iluminando los caminos del porvenir. Lo que importa es el porvenir, republicanos y socialistas. Lo que importa es navegar. Ahora tened presente que para esta navegación no os basta llevar el timón de la nave, sino que hay que sacar del pecho el aliento que ha de impulsar las velas. Para esto os invito y convoco desde el último lugar, pero permitidme que lleve vuestra voz en este momento. Pecho al porvenir y revestíos de arrojo para ensayar, del arrojo grave de los hombres responsables que saben para lo que están en la vida y quieren dejar algo en la vida, y estad vigilantes para saludar jubilosos a todas las auroras que quieran despegar los párpados sobre el suelo español.<o:p></o:p> <o:p></o:p>

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1 Los Estatutos de Cataluña.- Un paralelismo .

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2568 <IMG id=img_0 class=imgcen src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/lopezdelavega63/TC.jpg">

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-obreros-explotados-tienen-trabajar-agosto-es

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1 ¡Obreros explotados... tienen que trabajar en agosto! Es intolerable

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2568 <IMG id=img_0 class=imgcen src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/lopezdelavega63/284599_Maria_Emilia_Casas.jpg"> <H1 style="MARGIN: 24pt 0cm 0pt">La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), María Emilia Casas… ha advertido de que la agenda de esta institución "no es la agenda política ni la de la política".<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></H1>

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-ah-no-y-eso-desde-cuando-senora-

2009-06-18T17:00:30Z

1 ¿Ah, no? ¿Y eso, desde cuándo, Señora?

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1657 Los jueces del Tribunal Constitucional de Sudáfrica decidieron en el año 1995 que su sede debía estar en la prisión de Old Fort de Johannesburgo. En dicha prisión estuvieron Gandhi y Nelson Mandela. Constituye, pues, todo un símbolo en el país, y en el mundo entero. Constitution Hill tiene un museo que pretenden mostrar cómo era la prisión, además de cuestiones relacionadas con la justicia, el diálogo, el proceso de transición a la democracia en el país, y las funciones de la nueva institución, garantizadora de los derechos. Estos son los datos: Contacto: Darryl Petersen, Director del Establecimiento P.O. Box 31005 Braamfontein, 2017, Johannesburgo, Sudáfrica Tel: +27-11-880-2567 Fax: +27-11-381-3108 Correo electrónico: <A href="mailto:dpetersen@constitutionhill.org.co.za">dpetersen@constitutionhill.org.co.za</A> Ver: <A href="http://www.sitesofconscience.org/recursos/networks/africa/es/">http://www.sitesofconscience.org/recursos/networks/africa/es/</A>

2009-06-14T16:37:52Z

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1 Constitution Hill

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1615

1657 Se incluye la noticia del diario "El País" sobre el recurso de Garzón al Auto del Supremo: Garzón insta en su recurso a que siga la investigación de los crímenes franquistas El juez cree "jurídicamente inaceptable" la decisión del Supremo de admitir la querella. MANUEL ALTOZANO - Madrid - 02/06/2009 No sólo se defiende del delito que se le imputa, también reafirma el derecho de las víctimas a que los crímenes del franquismo se investiguen. Baltasar Garzón recuerda que, de todos los jueces y magistrados que analizaron sus resoluciones, al menos cuatro consideraron, como él, que la Audiencia Nacional era competente para juzgar los crímenes de los sublevados durante la Guerra Civil y la dictadura. No sólo se defiende del delito que se le imputa, también reafirma el derecho de las víctimas a que los crímenes del franquismo se investiguen. En su recurso de súplica contra la decisión del Tribunal Supremo de admitir a trámite una querella por prevaricación presentada por Manos Limpias, Baltasar Garzón recuerda que, de todos los jueces y magistrados que analizaron sus resoluciones, al menos cuatro consideraron, como él, que la Audiencia Nacional era competente para juzgar los crímenes de los sublevados durante la Guerra Civil y la dictadura. Eso demuestra, según el juez, que no se dictaron resoluciones injustas a sabiendas en esa causa, en la que, afirma, sólo existió una "discusión jurídica" que se resolvió -en su contra- mediante los recursos previstos por la ley. Por ello considera "jurídicamente inaceptable" la decisión del Supremo. "Reiteramos nuestra convicción de que los hechos objeto del sumario [es decir, la sublevación franquista y los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura] deben ser investigados", asegura el recurso. Esa convicción nace, según el escrito, de dos sentencias del Constitucional que establecieron que no investigar torturas o tratos inhumanos o degradantes "vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas". "Ésta, y no otra, ha sido siempre la intención [de Garzón]", dice el escrito: "Garantizar la tutela judicial de las víctimas". Esa finalidad la compartían los magistrados de la Sala Penal José Ricardo de Prada, Clara Bayarri y Ramón Sáez. El recurso -redactado por el abogado Gonzalo Martínez-Fresneda- recuerda que los tres sostuvieron en un voto particular que Garzón era competente al considerar que el golpe de Estado franquista estaba tipificado en el Código Penal de 1932 (el de la II República) y sigue vigente como delito "contra la forma de gobierno". Unos crímenes, señalaban esos magistrados, que deben juzgarse en la Audiencia. El segundo órgano judicial que mantuvo que Garzón podía y debía investigar esos hechos, fue el Juzgado de Instrucción 3 de Granada, cuya titular, Aurora Fernández -la que debía decidir sobre la apertura de la fosa del poeta Federico García Lorca-, rechazó el jueves investigar los crímenes franquistas, al considerar que correspondían a la Audiencia. "Si la competencia se atribuye [a la Audiencia] para delitos de lesa humanidad cometidos fuera de nuestras fronteras, con más razón cuando el delito es realizado en España", razonaba la juez. También se refiere el recurso al papel de la fiscalía que, a pesar de oponerse a la investigación, no cuestionó "la legitimidad de la postura del instructor". El fiscal, recuerda el escrito, asumió como "hipótesis jurídicamente defendible" calificar la sublevación franquista como "un delito contra la forma de gobierno", como hizo Garzón, y así lo recogió en su recurso a la Sala de lo Penal. "Con todos estos antecedentes no parece que la decisión de Garzón, avalada por otros magistrados y no cuestionada como extravagante o absurda por quienes resolvieron sobre ella, merezca que se incoe una instrucción penal" por prevaricación, afirma el recurso. Los pronunciamientos de Garzón, continúa, "responden a una interpretación defendible y no delirante del ordenamiento jurídico; interpretación que comparten otros magistrados en la Audiencia". Respecto de la segunda razón argüida por el Supremo para admitir a trámite la querella -que los cargos franquistas a los que se acusaba era "notorio" que murieron "decenios antes"-, el recurso recuerda cómo la fiscal solicitó el jueves que se detenga a tres miembros de la SS alemana por actos de la II Guerra Mundial. "¿Le consta a la fiscalía si estas personas, que eran adultas en los mismos años en que se produjeron los hechos objeto del sumario están hoy vivas o muertas?", pregunta retóricamente el escrito. La Asociación pro Derechos Humanos de España rechazó ayer la decisión del Supremo de admitir a trámite la querella contra Garzón al considerarla "insostenible y ayuna de cualquier razonamiento jurídico lógico". Argumentos del juez contra la querella - Voto particular de la Sala de lo Penal. Los magistrados José Ricardo de Prada, Clara Bayarri y Ramón Saez mantuvieron, como Garzón, que la Audiencia era competente para investigar los crímenes de la dictadura al considerar el golpe de Estado franquista "un delito contra altos organismos de la nación y la forma de gobierno". Lo reflejaron en un voto particular al auto de la Sala de lo Penal con el que se dio carpetazo a la causa. - Auto del Juzgado de Instrucción 3 de Granada. Su titular, Aurora Fernández, rechazó el pasado jueves hacerse cargo de las desapariciones de su partido judicial al afirmar que si la ley atribuye a la Audiencia "los delitos de lesa humanidad cometidos fuera de nuestras fronteras, con más razón aún cuando el delito es realizado en España". - Sentencia del Tribunal Constitucional. "Vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva que no se abra o se clausure la instrucción cuando existan sospechas razonables de que se ha podido cometer el delito de torturas o de tratos inhumanos o degradantes". <A href="http://www.elpais.com/articulo/espana/Garzon/insta/recurso/siga/investigacion/crimenes/franquistas/elpepiesp/20090602elpepinac_2/Tes?print=1" target=_blank>http://www.elpais.com/articulo/espana/Garzon/insta/recurso/siga/investigacion/crimenes/franquistas/elpepiesp/20090602elpepinac_2/Tes?print=1 </A>

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sobre-recurso-garzon

2009-06-03T18:24:53Z

1 Sobre el recurso de Garzón

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21363 Estos días atrás he seguido atentamente como se iban desarrollando los acontecimientos en relación a la candidatura de Iniciativa Internacionalista. A los miembros de la coalición les daba perecilla condenar el terrorismo, decían que es simplista… Olvidaron señalar que además, la no condena del terrorismo etarra tiene sus ventajas, por ejemplo, no estar en el punto de mira de ETA, cosa que otros que si caen en el “simplismo” de condenar la violencia sin paliativos si sufren.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> <o:p></o:p> En esto llegó la sentencia del Supremo que impedía a los candidatos de dicha formación política presentarse a las elecciones europeas. En seguida saltaron algunas personas y sectores de opinión rasgándose las vestiduras y como no despotricando contra el PSOE y Rubalcaba – hay que ver que manía persecutoria tienen algunos contra todo lo que huela a socialismo democrático – y de paso desprestigiando a nuestro sistema democrático… En esas estábamos cuando de repente ¡tachán! Para sorpresa de algunos el Tribunal Constitucional sentencia que no hay elementos probatorios suficientes de la vinculación de la candidatura con ETA y por consiguiente no se les puede privar a sus miembros del derecho a presentarse a las elecciones. Por cierto, hablando de los componentes de la lista, la nº 2 de ésta, Doris Benegas (hermana del histórico socialista Chiqui Benegas) es de sobra conocida en los ambientes políticos y siempre se ha sabido de su estrecha vinculación con el entorno de Batasuna desde hace décadas, y no sólo porque haya ido a un entierro…<o:p></o:p> <o:p></o:p> Al día siguiente, aparece Otegi en rueda de prensa, para oficializar el apoyo de la “izquierda abertzale” a la candidatura de Iniciativa Internacionalista. Casualidades de la vida, 24 horas después de la sentencia del máximo intérprete de la Constitución aparece el portavoz de la antigua Batasuna pidiendo el voto para dicha coalición.<o:p></o:p> <o:p></o:p> ¿Cuál es mi opinión sobre Iniciativa Internacionalista? Pues sinceramente, a mi el hecho en si de que una formación política más concurra a las elecciones no me parece mal, lo que no me gustaría sería que las subvenciones que consiguiera gracias a los escaños o los votos logrados, fueran desviadas a ETA, teniendo en cuenta que es una organización criminal. Esto es lo que verdaderamente me preocuparía en caso de suceder, que no digo yo que vaya a ocurrir, pero si sucediera sería muy grave.<o:p></o:p> <o:p></o:p> <o:p></o:p> <o:p></o:p> <o:p></o:p> <o:p></o:p> <o:p></o:p> <o:p></o:p> <o:p></o:p> <o:p></o:p> <o:p></o:p> <o:p></o:p> <o:p></o:p> <o:p></o:p> <o:p></o:p> <o:p></o:p> <o:p></o:p>

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sobre-iniciativa-internacionalista

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1 Sobre Iniciativa Internacionalista

2009-05-26T16:10:07Z

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2568 <IMG id=img_0 class=imgcen src="http://lacomunidad.elpais.com/blogfiles/lopezdelavega63/TConst.jpg"> Es sabido (desde el caso RUMASA hasta el de los ALBERTOS pasando por muchos otros) que el mundo mundial se asombra y admira de la finura jurídica de las sabias decisiones de nuestro prestigioso y cada vez más prestigiado Tribunal Constitucional. Cuando las adopta (o, incluso, no las adopta, véase la vergüenza del caso Estatuto de Cataluña) todos nos preguntamos, ¿qué buscarán esta vez? ¿a quién desean proteger? ¿qué querrán ocultar? (Vaya, recuerdo aquel príncipe alemán que presumía soberbio algo así como “Hago lo que me da la gana y siempre habrá un arrastrado que me lo justifique en Derecho”) Esta vez también la gente se hizo preguntas con ocasión de la “legalización” de la lista de Sastre y cia. En alguna tertulia (ayer noche), buscando el argumento jurídico (que siempre lo hay) se insinuaba, sin recato, nada menos, que tras la decisión estaba “un guiño del Gobierno al entorno batasuno”. Pues ahora leo el editorial de El País y no: parece que es otra cosa (jurídica también, por supuesto). Transcribo: “…la sentencia protege lo que podía haber sido un flanco débil de la ley (de Partidos) con vistas al recurso planteado ante el Tribunal de Estrasburgo: que se expanda, sin las garantías del Estado de derecho, a partidos legales preexistentes. Ya no puede defenderse esa teoría”.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> ¡Bendito sea Dios… acabáramos!

2009-05-23T14:08:06Z

2009-05-23T14:05:00Z 326659

2009-05-24T11:07:39Z

la-sagaz-finura-juridica-del-tribunal-constitucional

2009-05-23T14:08:06Z

1 La sagaz finura "jurídica" del Tribunal Constitucional

2009-08-15T08:37:04Z