Me no blind

Junto con otras ONG, nacionales e internacionales, y diversos órganos de derechos humanos de la ONU y del Consejo de Europa, Amnistía Internacional lleva anyos expresando su preocupación por casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes inflingidos por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Espanya y por la impunidad efectiva de los responsables en muchos de esos casos.

Amnistía ha investigado casos de personas que informaron de haber recibido golpes, patadas, punyetazos e insultos de agentes de policía, incluso estando esposad@s y tanto en la calle como bajo custodia policial. En sus denuncias, estas personas aseguran también que los agentes las amenazaron con una pistola o un cuchillo, las azotaron en las plantas de los pies y las amenazaron de muerte. En uno de los casos, los policias dijeron al detenido que si no cooperaba violarían a su novia. En otro, la víctima estuvo varias semanas sin oir por un oido a causa de los golpes que los agentes le habían propinado en la cabeza mientras estaba bajo custodia.

Esta situación tiene su origen en el hecho de que las autoridades espanyolas no han cumplido en múltiples ocasiones sus obligaciones jurídicas internacionales, en virtud de las cuales deben tomar diversas medidas legislativas, judiciales y administrativas para impedir que esto suceda, por ejemplo mediante la imvestigacion inmediata, independiente, imparcial y exhaustiva de cualquier caso en que se sospeche que se han inflingido malos tratos. Las autoridades tienen que asegurarse de que las personas responsables de tales violaciones de los derechos humanos sean puestas a disposición judicial para ser sometidas a un juicio justo. Asimismo las víctimas deben recibir una indemnización justa.

Muchas de las investigaciones sobre denuncias de malos tratos que Amnistía ha examinado revelan una aparente falta de imparcialidad y objetividad. Las investigaciones criminales de casos de presuntos malos tratos corren a cargo de jueces de instrucción, que reciben ayuda de la policía judicial, en algunos casos se asignó, incluso, la investigación de la denuncia a un agente del mismo cuerpo que los presuntos autores de los malos tratos .

La reputación de la gran mayoría de los funcionarios encargados de cumplir la ley que cumplen su deber con profesionalidad se ve empanyada injustamente por los actos de los que son responsables de malos tratos. Representantes sindicales de la policía entrevistados por AI pensaban que los agentes no intentaban encubrir a sus companyeros cuando obraban de manera indebida, pero algunos dijeron que los malos tratos eran tolerados hasta cierto punto debido a un "corporativismo" mal entendido.

AI ve con gran preocupación la falta de disposición del gobierno espanyol para afrontar el problema de los malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, pues teme que exarcebe el clima de impunidad en que actúa la policía. La falta de medidas de las autoridades espanyolas a este respecto constituye un incumplimiento de las obligaciones que han contraido en virtud del derecho internacional.

Para ver las obligaciones jurídicas de Espanya de prevenir la tortura y otros malos tratos o las recomendaciones que AI le hace a las autoridades pinchar aquí .