Triple Poder México

El tema sobre democracia directa —los ciudadanos deciden— respecto a democracia representativa —los ciudadanos deciden quién decide— es un viejo debate. Su reinserción en estos tiempos se asocia a la crisis de las instituciones representativas, los partidos y el parlamento. En esta circunstancia, se escucha sugerente invocar la consulta directa en lugar de remitir las decisiones a los legisladores. Sin embargo, la situación es mucho más compleja y, en mi perspectiva, un gobierno sujeto a las veleidades de la opinión pública nos puede llevar por una senda peligrosa. La consulta ciudadana es un mecanismo de decisión que prevé la Constitución, pero sólo en los casos que la ley defina. El artículo 26 de la Carta Magna no es autoaplicable porque se refiere a atribuciones de órganos de autoridad, debe atenerse a la ley que establezca el Congreso para tales prepósitos.

La democracia moderna es la democracia representativa, su principal problema en la actualidad es la baja estima y credibilidad que tienen los partidos y los legisladores. Por esta razón es fundamental que los partidos mexicanos se conduzcan con apego riguroso a la legalidad y a la democracia en sus procedimientos internos, pues la crisis de la democracia representativa se origina en la crisis de los partidos y esto ha llevado también a la crisis del Congreso y a la baja estima y confianza de los ciudadanos en los legisladores.

En estos días, en todo el mundo, la democracia directa —la consulta popular—, se aplica sólo en forma extraordinaria. Lo regular y normal es que sean las instituciones representativas quienes tomen las decisiones. El plebiscito y el referendo funcionan como salvaguardas para ciertas decisiones críticas o fundamentales, cuando el tema por sí mismo garantiza que la decisión deba trascender el ámbito natural de la democracia representativa —partidos y parlamento— para llevarlo a los ciudadanos.

En esta circunstancia un procedimiento de democracia directa debe asegurar un elevado interés de la población para evitar que una baja participación de la población en la consulta subvierta la voluntad mayoritaria. De otra forma, en una consulta popular, la minoría activa se impondría sobre la mayoría silenciosa, la que ya se habría expresado en otro momento, cuando se votó por un representante, a quién corresponde asumir las decisión en nombre de dicha mayoría.

Por esta razón las consultas no pueden ser invocadas con ligereza; dañan en sus fundamentos la democracia representativa y propician que los representantes no asuman su responsabilidad, sino que trasladen el costo de sus decisiones a la sociedad misma. En otras palabras, la democracia directa, aplicada sin un sentido de su funcionalidad excepcional, bien puede ser la puerta grande al deterioro de las instituciones regulares de la democracia. Hay decisiones necesarias que deben tomar los representantes, no siempre cómodas o agradables, pero eludirlas, no sólo los hace irresponsables, sino que a la larga minan las condiciones de su legitimidad y credibilidad. Por ejemplo, si los temas fiscales o los relativos al pago de servicios estuvieren sujetos a referendo, se viviría en una situación de caos y descomposición generalizada, toda vez que estos nunca se darían, con las previsibles consecuencias del caso.

El buen gobierno, como lo señalé en mi pasada colaboración, se asocia al equilibrio fiscal. Finanzas sanas requieren decisiones incómodas y, por lo mismo impopulares. Incluso, una de las amenazas más serias que encara hoy el país, está en el frente económico si no se actúa con contundencia y oportunidad. Desde ahora se requieren políticas de austeridad y de incremento en los ingresos del Estado.

La pluralidad del Congreso no garantiza buenas decisiones y esto debe preocupar, más que al gobierno o a los opositores de la propuesta gubernamental de reforma energética, a la sociedad misma. Por ejemplo, la reforma fiscal quedó muy por debajo de las metas y objetivos que fundaron el cambio legal. En lugar de modernizar al sistema recaudatorio y crear reglas para formalizar a una significativa proporción de la economía en la ilegalidad, se llevó a medidas que gravan a los mismos de siempre y sólo marginal e indirectamente a nuevos causantes.

De la misma forma, la reforma electoral, si bien es cierto que contiene avances valiosos y pertinentes, también incorporó aspectos que dañan el ejercicio de las libertades en aras de un incierto principio de equidad. Además, al IFE se le convirtió en policía para vigilar a los medios, en lugar de propiciar la confianza para que la gente haga uso de su derecho de asociación a través de los partidos políticos o de voto activo o pasivo (ser votado).

La insuficiencia de nuestras instituciones representativas no debe llevar a su reemplazo a través del gobierno de la opinión pública. El debate actual debe trasladarse a un tema fundamental: cómo tener mejores representantes populares y partidos que cumplan su función con la democracia y el buen gobierno. Los partidos políticos son insustituibles y son fundamento para una democracia eficaz y vigorosa. La cuestión es que los partidos no pueden esperar ganar confianza pública si no están dispuestos a cambiar para representar mejor a los ciudadanos, sus anhelos y preocupaciones. Ninguno de los grandes partidos puede decir que está a la altura del desafío. Incluso, en diverso grado, todos viven deterioro en su vinculación con la sociedad.

Muy poco se ha hecho para actualizar a la democracia representativa. El Congreso ha pospuesto una y otra vez su reforma interna. Los partidos en lugar de someterse a la democracia, someten a la autoridad electoral y al órgano jurisdiccional. Nuestra joven democracia está enferma; en lugar de atenderla, se busca reemplazarla a través del gobierno de opinión pública. El desafío es aliviarla, la opción de la consulta popular la puede poner en la morgue.

Por Leo Agusto

La pregunta para calificar al presidente en la Encuesta Nacional. Gobierno, Sociedad y Cultura fue así:

Le voy a pedir que se imagine un presidente honesto, con liderazgo, carisma, buena presentación y tolerante a las distintas ideas que existen en México. Ahora, en una escala del cero al diez, donde cero es que no se parece nada y diez que es igual, ¿qué tanto se parece el presidente Felipe Calderón a su presidente ideal?

Y aquí viene el dato duro: La calificación de Felipe Calderón a nivel nacional es...

Pero no sólo le fue mal al Presidente, todos los gobernadores y/o jefe de gobierno o aprobaron con 6 de calificación o de de plano los ciudadanos los reprobaron. La clase política nos está quedando a deber muchísimo.

Los detalles de esta encuesta en la página de Gabinete de Comunicación Estratégica

Los tiempos que se aproximan se avizoran indeseables para todos, al menos así se deben considerar si lo que está de por medio es el bienestar de los mexicanos. El deterioro del escenario económico es inequívoco; han pasado muchos años de estabilidad macroeconómica, pero los signos a la vista son preocupantes y no hay evidencia de que haya ocurrido lo peor o de que estemos en un bache circunstancial.

El país y el mundo cambiaron, no así muchas de las instituciones públicas nacionales a partir de la nueva realidad que se impuso desde 1997. Si algún juicio crítico podría hacerse de los últimos 11 años —a partir del momento en que el presidente perdió mayoría en el Congreso—, sería que se mermó la capacidad de renovación institucional propia de la década anterior. Bastaría comparar los cambios que se hicieron de 1989 a 1997 para tener sentido de la diferencia.

La responsabilidad sobre esta pérdida es compartida por todas las fuerzas que concurren en la política y tiene que ver, más que todo, con las dificultades propias de un régimen presidencial en situación de gobierno dividido, es decir, cuando el Presidente no tiene mayoría que le respalde en las cámaras federales. Una reforma institucional de mayor calado fue pospuesta, particularmente la que modernizaría a la Presidencia en un entorno de gobernabilidad democrática. En el pasado la fortaleza de la Presidencia resultaba del dominio de un partido en la integración del Congreso, no de la formalidad constitucional.

De manera análoga se puede hablar de una reforma estructural que no fue llevada hasta su última etapa. Aquella que hiciera realidad la funcionalidad del mercado a través de una oferta mediante la concurrencia de competidores, que ampliara la inversión privada, que diera realidad a una eficaz capacidad de supervisión y control de los procesos económicos críticos por parte del Estado y, particularmente, que condujera a la modernización del sistema hacendario mexicano.

¿Está el país hoy equipado para enfrentar las dificultades de un entorno económico adverso? Sí, pero supone niveles de colaboración entre poderes y de corresponsabilidad política de la pluralidad, considerablemente superiores a los mostrados hasta ahora.

El PRI, con un enorme costo político y electoral, pero con singular responsabilidad y lealtad, en 1995 dio respuesta contundente y eficaz para enfrentar la crisis financiera y recuperar el crecimiento, lo que permitió un aumento ininterrumpido de más del 5% del PIB durante un lustro. Además, —y en mi apreciación lo más importante—, se crearon las condiciones para que el relevo de administración ocurriera en términos de estabilidad política y económica no conocidos desde 1964. La sucesión presidencial de 2000 es la única a lo largo de toda nuestra historia que ha tenido lugar en términos de normalidad institucional en el marco de un paradigma de democracia liberal. En 2000, al término de la gestión, con un crecimiento de 7.1% y estabilidad política, había razones sobradas para apreciar con optimismo el porvenir.

Los antecedentes revelan que no existe una respuesta gubernamental suficiente para evitar los efectos perniciosos de una crisis económica. Muestran, además, que un error de política económica puede incrementar su daño, especialmente si en el afán de contener sus efectos sociales se altera el equilibrio presupuestal o si las medidas correctivas no se ejecutan con oportunidad. Asimismo, si la información sobre lo que están haciendo las autoridades genera expectativas más allá de los resultados, esto provoca un sentimiento de engaño y frustración a la hora que el consumidor encara la realidad del mercado, como ocurrió en diversos episodios de un pasado que en la actual circunstancia resiste verse lejano.

La baja recaudación que caracteriza al sistema financiero, llama a la prudencia y a evitar la tentación de recurrir al gasto público indiscriminado en la atención a la crisis. Una política de ahorro del gasto corriente es urgente, pero esto no sólo debe ocurrir en el gobierno federal; los gobiernos estatales, los otros dos poderes federales y los órganos autónomos debieran pensar seriamente en la disminución de su gasto. Lamentablemente, la austeridad ha sido borrada del diccionario de la mayor parte de nuestra clase política.

Son ya casi 13 años de estabilidad macroeconómica; sus saldos no todos son materia de orgullo o satisfacción, en especial, no lo es la desigualdad, la migración de juventud y talento, la deuda pública, el desempleo y la concentración económica. Pero, al menos, generaciones del México urbano, no han conocido lo que significan elevados índices de inflación, escasez e incertidumbre. Sin embargo, frente a un escenario económico adverso, empieza a adquirir magnitud la vulnerabilidad del país, de sus instituciones y la disfuncionalidad de las actitudes y valores de su clase política.

Es previsible, como en cualquier democracia, que en la competencia política se busque ganar provecho de la inconformidad por la situación económica. En el pasado, desde el poder se invitaba a la oposición a conducirse dentro de una ética de responsabilidad, especialmente en el momento de aprobar presupuesto para evitar el desequilibrio fiscal, sin que nada ocurriera.

Un sector muy importante del sindicalismo nacional ha llamado la atención, desde su perspectiva, sobre el escenario económico. Las autoridades han implementado medidas preventivas y de contención que han sido críticamente evaluadas por un sector de opinión. Los legisladores demandan de las autoridades federales explicaciones. Los empresarios también han externado su preocupación por lo que acontece y lo que el gobierno hace.

Hoy día, lo importante es que los actores de la política y la economía entiendan que hay un terreno común que cuidar. Las diferencias y el debate son propios de la democracia. La lealtad de la oposición no es sometimiento, sino compromiso y adhesión a los principios para la coexistencia de la diversidad en la libertad. Hay una realidad económica indeseable; sus efectos nocivos potenciales sobre el bienestar de los mexicanos pueden ser graves, no debe ocurrir así sobre las instituciones de las libertades y la democracia. Ante lo indeseable de la realidad, es deseable que sus beneficiarios así lo entendieran. La singularidad del momento es ocasión para apreciar la cantera de la que provienen.