Tutti frutti

Desconfío de cualquier juicio que se haga sobre acontecimientos demasiado próximos, incluso si es mío. Sin duda se trata de una deformación profesional, el historiador necesita de una cierta distancia respecto de los sucesos que analiza para sentirse cómodo, sin la inevitable presión de las emociones. Todo lo contrario de lo que es corriente hoy arrastrados por los modos que priman en la empresa, en donde los actos de conocer, juzgar y tomar una decisión son prácticamente simultáneos; ¿será por eso que siempre puse en duda la pretendida eficiencia de la empresa privada? El caso es que, pasados unos días de las elecciones, empiezan a serenarse los juicios que se hacen sobre ellas y el inmediato porvenir que nos depararán; se leen y se oyen argumentos de más peso, reflexiones más atinadas; la emoción se calma y gana en calidad y profundidad el análisis juicioso y racional. Hablemos pues.

La primera lectura que puede hacerse de unas elecciones es el veredicto que los ciudadanos han dictado sobre la legislatura anterior. Si ha vencido la opción gubernamental es porque en conjunto ha merecido el beneplácito de la mayoría, que es quien manda en democracia. Esto es obvio, pero merece unas puntualizaciones. En todos los análisis que he leído u oído, tanto desde el conservadurismo como desde el progresismo, se da por hecho que el PSOE ha obtenido votos de la izquierda en mayor medida que en otras ocasiones; el brutal descenso de IU y de ERC lo avalan, la elevada participación descarta que hayan ido a la abstención. Vienen diciendo las encuestas que la mayoría de los votantes del PP consideran a los dirigentes del partido situados más a la derecha que ellos mismos; sería interesante saber si en el PSOE se da ahora la misma circunstancia pero invertida. En mi opinión creo que mucho menos. Ocurre que, con todas las suspicacias que queramos, Zapatero ha sabido conectar con la población que se siente de izquierdas con acciones muy apreciadas e imposibles de imaginar desde la derecha (ley de igualdad, divorcio exprés, ley de dependencia, matrimonio de homosexuales, etc.), favorecido por la bonanza económica. Hace tiempo que la izquierda ha abandonado la idea de que la batalla sea hoy posible sobre la base de un cambio de sistema económico. Insisto, con más o menos melindres, la izquierda ha reconocido a Zapatero como uno de los suyos; ojalá él sea consciente de ello y actúe en consecuencia.

Por su parte la derecha, aunque derrotada, ha quedado a un paso de los vencedores. En este caso el incremento del voto no ha venido de su derecha, porque ya lo tenía, sino del centro, como ha quedado de manifiesto, sobre todo, en Andalucía. Puede ser que buena parte de esos votos procedan de ciudadanos que han creído que era realmente peligrosa la política autonómica del gobierno, la negociación con ETA y las alianzas con nacionalistas. Lo cierto es que al PP le ha quedado claro que ese, el centro, es el ámbito en el que puede medrar en el futuro. La derechización en que se embarcó desde que obtuvo la mayoría absoluta en el 2000 no le ha acarreado sino sinsabores. Sólo falta que Rajoy sepa y pueda desembarazarse del lastre que le dejó la herencia de Aznar.

Lo más sorprendente es el retroceso de los nacionalismos con escasas excepciones. Sin duda todos los casos no son iguales, pero sí cabría apuntar de modo general un cierto cansancio en sus seguidores que empiezan a alarmarse de sus excesos. ERC ha debido perder muchos votos que eran más de izquierdas que nacionalistas. CIU ha mantenido el tipo a duras penas. En Andalucía el Partido Andalucista, ha sido fagocitado por el PP –por estas tierras el nacionalismo es más un anticatalanismo que otra cosa–. En Euskadi la abstención no ha sido tan alta como para que los abertzales puedan cantar victoria y el PNV ha sufrido un varapalo del que forzosamente se resentirá su proyecto soberanista.

Decía en una entrada anterior que me sentía esperanzado ante el desenlace final, es fácil imaginar por qué: el PSOE se ha decantado,como nunca antes, hacia la izquierda y es ahí donde debe afianzar sus fidelidades; el PP puede redescubrir una nueva vocación de centro alejándose de tentaciones ultras; los nacionalismos han dejado de estar boyantes y tendrán que medir sus pasos en el futuro. Si se saben aprovechar son excelentes oportunidades para que tengamos una legislatura fructífera y sin la odiosa crispación que hemos padecido en la anterior.

Hay algo que me gusta de Zapatero y es que, aunque parezca hacerlo a tropezones y sin saber muy bien a donde va, acaba por encontrar un buen camino. ¿O es pura ilusión?

Cómo somos y cómo queremos que nos vean no siempre coincide. En muchas ocasiones el interés por dar una imagen diferente es muy fuerte, lo que genera ansiedad y conduce irremisiblemente a que se nos vea el plumero, que dice la expresión popular. En la política el arte del disfraz siempre ha sido una habilidad muy practicada; no siempre el interés y la condición del político coinciden con lo que desearía la mayoría así que no queda más recurso, si se quiere triunfar, que el transformismo. El problema es cuando falta habilidad o se considera simple y de pocas luces al público al que se dirige, entonces la máscara se hace visible y el objetivo se pierde.

Me ha llamado la atención el ejercicio transformista del PP en los últimos tiempos y mucho más la torpeza con que se práctica, de modo que a todo el mundo le resulta evidente. Ha ejercido durante toda la legislatura una política durísima y agresiva, mostrándose como una opción conservadora sin paliativos, con unos protagonistas fijos que han alcanzado merecida fama de halcones. De pronto, nada más convocarse las elecciones, Zaplana y Acebes desaparecen de escena para dejar sólo a Rajoy, que se busca la compañía de un técnico presuntamente no contaminado por la anterior política de oposición. Los temas y latiguillos que nos han torturado por la reiteración y la desmesura con que se han utilizado durante cuatro largos años, desaparecen o se edulcoran adecuadamente. Ya no es el terrorismo con la complicidad del gobierno, ya no es el peligro de la fragmentación de España por la incuria e irresponsabilidad de Zapatero, ahora son “los problemas que preocupan a la gente corriente”, aunque nadie aclare en qué consisten exactamente esos problemas.

El fracaso de Rajoy en el debate se debió fundamentalmente a que se le vio el plumero. No es un actor y, como hombre tímido que parece ser, no tiene demasiada confianza en sí mismo; fuera de su escenario habitual, el Congreso de Diputados, donde siente el arropo y el aliento de los suyos, se desconcierta. Se le vio inquieto, poco seguro y sobre todo dio la impresión de no creer una palabra de lo que decía. Cuando pareció más creíble fue en los momentos en que volvió al discurso tradicional estéril y agresivo, sin duda por falta de control. La fábula final de la niña fue la guinda para dar la impresión de que estábamos ante un cuentacuentos.

Pero además, como el PP ha adoptado una estructura de partido leninista, con una férrea disciplina en la que ninguno de sus miembros dice lo que piensa, sino que se limitan ha manifestarse a golpe de consigna, con un sentido de la obediencia casi monástica, nos produce la sensación de estar ante robots con una dialéctica ridículamente limitada por la programación que se les ha practicado en función de las circunstancias. Los eslóganes han suplantado a los argumentos y todo resulta falso, caricaturesco y teatral.

O falta respeto a los ciudadanos o son demasiado torpes, quizás ambas cosas. De momento, lo que resulta más visible es el plumero.

Los telespectadores del debate Solbes-Pizarro sumaron millones, muchos más se esperan para esta noche con la confrontación Zapatero-Rajoy. ¿Cuántos decidirán su voto tras escucharlo? Yo diría que muy pocos. El debate no es más que un espectáculo en el que se dramatiza una oposición y se ofrece al gran público como una ceremonia ritual de la democracia. En un partido de fútbol cada equipo acude con sus hinchas que, gane o pierda, le seguirán siendo fieles, salgan felices o frustrados del encuentro; derrotas sucesivas, un mal quehacer reiterado en el campo, producirá desapego y a la larga el equipo tendrá dificultades. Los políticos se la juegan en la gestión diaria, el debate sólo mostrará la habilidad de los contendientes para visualizar sus éxitos o los errores del contrario, pero nada más; las fidelidades se han fraguado antes y el fracaso o el triunfo de los dos políticos servirá tan sólo para levantar o herir la moral de los seguidores, lo que les inducirá a levantar la voz en la barra del bar o a callar prudentemente, nada más. Pero nuestro instinto lúdico y nuestro apego al rito garantizan el éxito de estos eventos.

Terminada la confrontación, mil y una encuesta, mil y una tertulia, analizarán los fallos y aciertos y nos darán un veredicto sobre quien ganó, como si ese triunfo dialéctico fuera la clave del éxito en las elecciones o garantizara los aciertos en la próxima legislatura. No puedo creer que haya muchos españoles a los que, a estas alturas, tenga que sacarlos de dudas un debate televisado. Cuatro años de gobierno y de oposición han dado suficiente de sí para despejar incógnitas. En todo caso, si alguno se guía por el resultado del debate, no tendrá el acierto asegurado mucho más que si hubiera decidido a cara o cruz. Las políticas posibles no son buenas o malas, sino que se acomodan más o menos a nuestros intereses económicos, ideológicos… etc. Para determinar cual está más próxima a nosotros no precisamos del debate, es más, las cualidades dramáticas y dialécticas de los actores, pueden confundirnos. De hecho, la propia celebración del evento, nos dificulta visualizar otras opciones en liza, nos induce a pensar en los dos contendientes como en los únicos posibles, tergiversa el sentido parlamentario, no presidencialista de nuestro sistema político.

J. M. Ridao comentaba hoy en El País cómo la proliferación de tertulias han venido a sustituir por delegación a los debates políticos no celebrados en tantos años. Pues bien, las tertulias tienen sus fieles en función de la ideología de cada medio: los que sintonizan la COPE no escuchan la SER y viceversa, no importa tanto la calidad del debate como el sentirse identificado en él. Justo como ocurrirá esta noche.

A quince días de las elecciones y con la campaña abierta es pertinente hacer una reflexión sobre las opciones políticas presentes. Los programas son públicos ya en todos los casos, aunque su consulta puede resultar tediosa y cotejar unos con otros desanima a cualquiera. Son documentos de doscientas páginas o más, con diferente estructura y en los que abundan declaraciones de principios en las que hay que leer entre líneas, exposición de intenciones con frecuencia vagas y pocas propuestas concretas y claras que especifiquen mecanismos y recursos a utilizar. Sin embargo, una lectura rápida y selectiva puede proporcionarnos una imagen suficiente de ante qué tipo de política estamos. No voy a hacer una comparación exhaustiva de programas sino una reflexión sobre las opciones políticas que representa cada candidatura, siempre bajo mi punto de vista y después de haber husmeado en sus propuestas y sus declaraciones de principios[*].

PSOE. Llama la atención en su programa la ausencia de propuestas novedosas. Da la sensación de que opta por consolidar y desarrollar la política que ha iniciado en esta legislatura en el terreno social y de los derechos y en el ámbito autonómico. En estos cuatro años se ha mostrado como una opción claramente socialdemócrata y progresista, realizando avances y produciendo cambios que requieren asentarse con legislación complementaria y que se pueden perder o desvirtuar si no tuviera otra legislatura más. En la política económica el continuismo es más obligado dado el éxito anterior y el hecho de que las perspectivas de futuro no acaban de visualizar una auténtica crisis. La rebaja fiscal es moderada y asumible, menos atrevida que la que proponía para la anterior legislatura; la supresión del impuesto sobre el patrimonio y los cambios en sucesiones obedecen a una necesaria modernización y parece que beneficiarán más a las clases medias. Se echa de menos que no avance más por el camino de los derechos (derecho a una muerte digna) y el Estado laico. Es una propuesta moderada, situada en el ámbito de la socialdemocracia que parece haber renunciado a los sobresaltos de la legislatura anterior.

PP. Es probablemente, o a mí me lo parece, el programa más difícil de analizar por ciertas incongruencias y contradicciones, que obligan a una lectura cuidadosa buscando interpretaciones a palabras y expresiones por debajo de su significado más evidente. Dedica mucho espacio al terrorismo y a la seguridad ciudadana con alguna propuesta discutible (reducción de la edad penal). Propone una reforma de la constitución pero sólo en la línea de fortalecer al gobierno central frente a los autonómicos, dando por cerrado el proceso e insinuando incluso alguna vuelta atrás en el asunto de las transferencias y las lenguas. Hace referencia a una reforma de la ley electoral pero sin precisar nada, proponiendo sólo una reflexión. En política exterior habla de recuperación del prestigio internacional, lo que cabría interpretar como una vuelta a la política de Aznar. Se define en varias ocasiones como un partido liberal, pero en política de familia, en su oposición al Estado laico y en otras cuestiones lo contradice. La rebaja en política fiscal es importante, beneficiando por un lado a mileuristas y por otro a grandes fortunas, pero no cuantifica el coste ni especifica claramente como compensarlo por lo que resulta poco creíble. Puede considerarse una opción puramente conservadora de la derecha tradicional y nacionalista.

IU. Hace una apuesta decidida por la política social y de los derechos proponiendo el desarrollo de lo conseguido en esta legislatura y prometiendo legislar sobre eutanasia y liberalizar el aborto mediante una ley de plazos. Se pronuncia claramente por el Estado laico, la salida de la religión de la escuela y la revisión de la enseñanza concertada, reduciéndola al máximo en beneficio de la pública. En la configuración del Estado es el único que apuesta claramente por la república anunciando un referéndum sobre la cuestión y proponiendo la superación del Estado de las autonomías mediante el establecimiento del federalismo. Desarrolla más que ningún otro una política medioambiental optando, entre otras cuestiones, por el cierre de las centrales nucleares. En contraste con los dos anteriores no propone ninguna rebaja fiscal pero sí una política económica más intervencionista que los anteriores. Puede considerarse una opción tradicional de izquierdas enriquecida con el ecologismo.

UPyD. En su definición se declara como fuerza transversal superadora de la dicotomía izquierda-derecha y compuesta por gentes de diversa procedencia ideológica (socialdemócratas y liberales de izquierda). Opta claramente por la revisión del Título VIII de la Constitución sobre la definición territorial del Estado y otros artículos, con propuestas muy concretas y precisas. El objetivo es cerrar el proceso autonómico y restaurar derechos que considera lesionados por el nacionalismo (lengua), así como fijar las transferencias para que no sean más objeto de negociación. En algún caso propone que algunas competencias (educación) vuelvan al gobierno central. Aunque haciendo formulaciones más precisas, en este terreno coincide en parte con el PP. Por el contrario, se aleja de él considerablemente y se acerca a la izquierda en la necesidad de construir un Estado completamente laico. Propone también la revisión de la ley electoral sin ambigüedades, pronunciándose por las listas abiertas, por un sistema más proporcional y la nueva configuración de los distritos que evite la sobrerepresentación de los grandes partidos y la valoración del territorio sobre el indivíduo. A mi modo de ver, es una opción básicamente liberal y antinacionalista.

Naturalmente en algunas comunidades hay que agregar las opciones nacionalistas que aquí no he analizado.

Decía R. Aron, “En política no se elige entre el bien y el mal, sino entre lo preferible y lo detestable”. Se refería al quehacer de los políticos pero podemos aplicarlo a la decisión de los electores; es probable que ninguna opción cubra por completo nuestras expectativas pero improbable que alguna no merezca la consideración de preferible. La abstención, con todos mis respetos por los que eligen esta opción, sólo la encuentro justificada cuando se rechaza el sistema, lo que en democracia es, cuando menos, difícil de explicar.

Del griego demos, pueblo y agós, conducir, por demagogia entendemos el arte de conducir al pueblo con halagos, diciéndole lo que quiere oír, apelando a las emociones, anhelos y miedos colectivos. Es una práctica política tan antigua como la sociedad misma. El caudillismo, como fórmula política, es esencialmente demagógico. En democracia es una práctica corruptora, que ataca y corroe la esencia del sistema que, en puridad, considera al pueblo autónomo y depositario de la soberanía.

El demagogo es un manipulador que utiliza la ignorancia y la pereza intelectual como aliados necesarios. Sus armas son el lenguaje, redefiniéndolo y manipulando el significado de las palabras; la argumentación, utilizando falacias, argumentos que parten de falsas premisas o establecen relaciones equívocas, creando falsos dilemas y generando visiones maniqueas de la realidad para demonizar las opciones contrarias; el uso tendencioso de estadísticas u otros datos objetivos. En fin, un arsenal bien pertrechado.

Por esas señas me diréis que ninguno de los políticos en liza se puede excluir. Es cierto, la tentación es fuerte y la carne débil; pero hay una categoría entre ellos que no tiene auténtica “fe” en la democracia, que cuando resultan rechazados, en lugar de indagar en qué han errado, prefieren pensar que los que se equivocaron fueron los electores. Esos utilizarán la demagogia como práctica habitual.

En la campaña actual hemos tenido ocasión ya de encontrar algunas joyas extraordinarias de este género político. El “talantoso” Zapatero destapó las esencias de la demagogia con su oferta de los 400 E., en la forma de presentarla, porque en el fondo una rebaja de impuestos está en la más pura ortodoxia de las medidas para estimular la demanda en situación de crisis.

El caso más flagrante, el que más canta, es el protagonizado por el PP estos últimos días con dos propuestas que están dando que hablar: las medidas contra la inmigración y las que acaba de anunciar a favor de la seguridad. En ambos casos se juega con miedos oscuros y ancestrales anclados en la profundidad de la conciencia de los colectivos humanos: el temor al diferente, el miedo al que no es como nosotros, que representa lo ajeno y la amenaza de aquello que creemos nuestras señas de identidad y nuestros valores esenciales; y la seguridad, por la que frecuentemente e irreflexivamente justificamos a veces incluso la pérdida de la libertad y, por supuesto, también de otros valores, como la justicia. En los dos casos no hay un simple defecto de forma, son en el fondo demagógicos. Ni la inmigración ni la inseguridad son una amenaza real, pero en su análisis se han utilizado argumentos falaces, se han manipulado estadísticas, se han establecido falsas relaciones, se han amplificado y tergiversado causas y consecuencias. El resultado es una propuesta represora que no busca la solución del problema, sino que el elector perciba que lo hay. Pura demagogia.

No existe peor momento para emprender un debate serio sobre cualquier tema que en tiempo de elecciones. Los debates se emprenden para obtener conclusiones prácticas y en periodo electoral nada es más práctico que conseguir votos, así que la demagogia suele ensuciar estas polémicas e invalidarlas para su verdadero objetivo. Es lo que está ocurriendo con la inmigración, sacada a la palestra por el PP, no con ánimo de buscar soluciones sino con fines exclusivamente electoralistas, y contestada desde el PSOE con modos similares.

Hay que partir de la base de que la inmigración es inevitable por dos razones: 1) España precisa inmigrantes y los necesitará durante bastantes años más, por la sencilla razón de que el reemplazo generacional que permite nuestra demografía seguirá arrojando un gran déficit de adultos en edad laboral para los próximos veinte o veinticinco años, y para esto la única solución es la inmigración; 2) la distribución geográfica de la riqueza, que ejerce una presión muy difícil de contener, sobre todo por las facilidades de comunicación y la fluidez de la información modernas.

Puesto que responde a dos necesidades imperiosas, en los países de acogida y en los de salida, habrá que deducir que es buena. Sin embargo, a nadie escapa que la inmigración acarrea nuevos problemas. Son muchos, en un punto y en otro, pero el que ahora me interesa es el de la integración. No pongo en cuestión que la integración es siempre preferible a la segregación, pero aquella es un proceso de doble dirección: los inmigrantes han de hacer el esfuerzo de integrarse y la población anfitriona debe tener la voluntad de acogerlos sin amurallarse tras el prejuicio de un modo de vida superior.

Dadas estas premisas es difícil comprender la frivolidad, rayana en la irresponsabilidad, con que se está abordando el problema. Primero Rajoy presenta la idea de un contrato con el que se obligarían los inmigrantes a asumir unos deberes, sin decir, probablemente sin saber, que tal contrato existe ya para los inmigrantes que se acogen al derecho de reagrupamiento familiar, que es cuando interesa. Por su parte el PSOE responde ignorándolo también. Después, miembros de primera fila del PP, aparecen en los medios de comunicación con salidas de pata de banco, asimilables a las sandeces y borricadas que se pueden escuchar en un casino de pueblo, pero impropias de un responsable político. Por último se presentan oficialmente las propuestas del PP, que parecen no buscar más que despertar el recelo y la desconfianza, halagando y estimulando prejuicios, que por desgracia existen ya, sin apuntar auténticas medidas integradoras.

Si los responsables del partido de la oposición no tienen otra cosa que ofrecer, habrá que concluir que no sólo serán incapaces de solucionar el problema sino que lo agravarán si les damos la oportunidad de gobernar. Casi añoro los tiempos en que Blas Piñar se sentaba en el Congreso, porque él hubiera sido el promotor de este programa y todos quedariamos tranquilos porque no tendría la más mínima oportunidad de aplicarlo; ahora la amalgama de todas las tendencias de derechas en unas siglas únicas convierten en posible el triunfo de tales propuestas.

Enfrascados en la confrontación electoral nos preocupa sobre todo quién triunfará por fin el día 9 de marzo; si la madrugada del 10 dormiremos felices y satisfechos o frustrados porque los resultados favorecieron a los otros. Tendemos en cambio a perder de vista algunos problemas difíciles que planteará la próxima legislatura a cualquiera que sea el ganador. Haré hoy de aguafiestas recordando uno de ellos, aunque eso sólo contribuya a que depositemos la papeleta con cierto temblor, por muy decidido que tengamos el voto.

Me preocupa especialmente el problema del nacionalismo que, de momento, parece haber desaparecido de las preocupaciones de unos y de otros, pero que aguarda agazapado la resolución de los comicios. Leí ayer una frase de Ortega que pronunció a propósito del nacionalismo catalán en la II República, que viene hoy muy a cuento: “El nacionalismo es un problema que no se puede resolver, que sólo se puede conllevar”. Hasta ahora, en efecto, lo hemos conllevado mal que bien, pero hay signos en el horizonte que permiten sospechar que la carga se nos va a hacer más y más pesada.

El lendakari, aunque de momento guarde silencio, seguramente por una argucia táctica, tiene el firme proyecto, hecho suyo por el Parlamento Vasco, de convocar un referéndum sobre la soberanía en el próximo otoño. El nacionalismo catalán, por su parte, nos ha anunciado también su decisión de que lo mismo ocurrirá en Cataluña para el 2014; ésta parece una fecha lejana, desde luego escapa a la próxima legislatura, pero servirá para mover las aguas a tenor de lo que vaya ocurriendo en el País Vasco. Que el proyecto no encaje en la Constitución no resuelve el problema, lo agrava; que un gobierno legítimo convoque su celebración, a pesar de todo, nos situaría en un escenario resbaladizo.

Esta situación es inquietante por muy sólido que fuera el gobierno de la nación; sin embargo el que resulte de las elecciones será, sin duda, un gobierno mediatizado (¿chantajeado?) por los grupos parlamentarios nacionalistas. Todos los pronósticos, hasta ahora, nos vienen anunciando un empate técnico, la victoria de quien por fin se lleve el gato al agua será por la mínima. Para formar gobierno necesitará apoyos parlamentarios que, dada la previsible debilidad de IU y la problemática presencia de UPyD, sólo podrá obtener en los nacionalistas. ¿A cambio de qué venderá Ibarretxe su apoyo? ¿y CiU? Teniendo en cuenta el horizonte que se han marcado a tan corto plazo no hay que ser un lince para imaginarlo. Por extraño que parezca, la paulatina desaparición del terrorismo incrementará la presión de los nacionalismos democráticos, ahora más libres para plantear sus reivindicaciones y, lógicamente, con más posiblilidades de aumentar sus votos a costa del radicalismo ilegalizado.

Si al empate añadimos una fuerte abstención, tendríamos el peor de los resultados posibles, ya que la debilidad se incrementaría por la legitimidad que resta la falta de participación.

Las elecciones ponen en movimiento a las maquinarias de los partidos en un afán, más que justificado, por obtener la mayoría de los votos que les permitan aplicar sus respectivos programas. Con un análisis simplista o ingenuo de la situación podríamos pensar que en los documentos programáticos se explicita todo aquello que un partido desea y está dispuesto a aplicar, sin más, con límites claros para que todos lo entendamos: esto sí, aquello no; esto así, aquello de la otra manera. Pero pocas cosas son simples en esta vida, y esto tampoco.

La necesidad prioritaria de obtener la mayoría, sin la cual no se gobierna, conduce a la ocultación o al enmascaramiento de objetivos, a resaltar intereses que no nacen de la ideología que parece promocionarlos, a esquivar el análisis de conductas comprometedoras. Todo tiene su justificación, bien por la esperanza de conseguir más votantes, bien por la necesidad de no perder los ya logrados. Puede que alguien califique a esto de fraude, yo no voy tan lejos. Cada uno de nosotros, en nuestra vida diaria, recurrimos a estos trucos, evitando mostrarnos tal cual somos o, al menos, retocando nuestra imagen, para obtener más aceptación. Es una conducta natural, pero que nos obliga a ver más allá de lo que se nos muestra.

Un fino y astuto político liberal español, Romanones, dijo: “Haced vosotros las leyes y dejadme a mí los reglamentos”. Sabía perfectamente que la ley era la materialización de un programa político, pero su aplicación, los reglamentos, permitirían adecuarla a los objetivos no declarados, al programa oculto.

La teoría hay que contrastarla con la realidad, así que propondré algún ejemplo. En la Comunidad de Madrid el PP nunca propuso públicamente trabajar por la privatización de servicios públicos básicos y, sin embargo, sin alterar las leyes en vigor, ha logrado invertir la proporción de educación pública y privada en beneficio de esta última y ha concentrado en aquella todo el flujo de inmigrantes, contribuyendo así a su degradación; se propone la construcción de nuevos hospitales, pero todos privados, a la vez que se desprestigia a la sanidad pública con el escándalo de Leganés; no se trabaja abiertamente por la modificación de la ley del aborto, pero se dificulta su aplicación actuando contra las clínicas y violando la intimidad de las mujeres que se acogieron a ella. Por terminar, no porque se haya agotado la relación de pruebas a aportar: ¿duda alguien de que en el programa oculto de Pizarro existe la voluntad de privatizar total o parcialmente el sistema público de pensiones?

Conviene tener en cuenta que las acciones tendentes a desarrollar el Estado de Bienestar, que la sociedad mayoritariamente considera una conquista, forman parte del proyecto progresista (ha sido un logro de la socialdemocracia europea). Los conservadores se guardarán mucho de oponerse abiertamente, pero en su programa oculto figura claramente su desmantelamiento, como la experiencia en el mundo occidental (Teatcher, Reagan, Bush) y en España (Aznar, Aguirre) demuestran.

Pese a que, a primera vista, todos nos parezcan iguales, lo cierto es que sigue existiendo una izquierda y una derecha o, lo que es lo mismo, una sensibilidad progresista y una conservadora, que, al margen de lo que digan los programas, tiene estilos diferentes, talantes y modos desiguales, objetivos contrapuestos, que darán lugar a sociedades también distintas, más o menos acordes con la ideología que subyace en el fondo o entre líneas de los programas publicados. Ese proyecto no explicitado o escondido constituye su programa oculto.

No arriendo la ganancia a los encargados de diseñar la campaña electoral en los dos grande partidos que se juegan el gobierno en estas elecciones. Las dificultades para presentar una oferta atrayente y diferenciada ante el electorado son a todas luces muy grandes.

En EE.UU. demócratas y republicanos han alcanzado un consenso, en plena campaña, sobre las medidas económicas frente a la crisis. Materializar un acuerdo semejante en España en tales circunstancias resulta impensable; pero ambos partidos se verán obligados a aplicar políticas semejantes, así que sus ofertas de precapaña tampoco pueden diferir en el fondo; de hecho son perfectamente intercambiables. Además la responsabilidad de la crisis es evidente que no es achacable al partido en el gobierno, lo que ha obligado a la oposición a rebajar el nivel de la crítica (Rajoy: el gobierno no ha hecho nada malo, pero tampoco nada bueno). La elección se centrará en la confianza que nos inspiren unos u otros para gestionar las dificultades, en datos personales: o Solbes o Pizarro.

La situación del problema del terrorismo conduce igualmente a una identidad de políticas. El fracaso espectacular de la negociación a conducido al PSOE a adoptar una política dura que en nada difiere de la que podría aplicar el PP, arrebatándole a éste argumentos muy valiosos en la campaña. Aunque matizada, en el programa del PSOE se ha incluido la propuesta de Ibarra de no negociar con ETA sin consenso. La ilegalización de ANV y PCTV, en marcha, y los recientes éxitos policiales contribuyen a neutralizar las críticas en este campo, en el que tampoco hay expectativas de políticas muy diferentes.

En el vidrioso asunto de la configuración territorial del Estado se han mostrado diferencias sustanciales durante la legislatura: el gobierno proclamó su fe en el sistema de autonomías y se lanzó a desarrollarlas, con acierto o no, esto es opinable, pero con decisión; la oposición, a mi juicio con una actitud muchas veces cínica, hizo lo posible por desacreditarla y frenarla. Ahora, ante las elecciones, unos se abstienen de mostrar lo realizado porque está por ver los resultados y porque se dejaron jirones en la lucha, y los otros guardan silencio porque les puede costar más votos en la periferia y lastrar posibles acuerdos postelectorales.

En el terreno de la política social y de derechos los éxitos del gobierno han sido evidentes. La actual oposición se guardará mucho de alterarlos si gobierna y en la campaña no puede alardear ni de mantenerlos ni de quitarlos; su actitud sólo puede ser ambigua. El gobierno, teniendo aquí su mejor baza, no se atreve a una política más decidida (está pendiente la modificación de la ley del aborto y la redacción de una sobre la eutanasia) porque teme la influencia de la Iglesia. También parece que la discusión en este campo será de bajo nivel.

Me temo que esta situación incentiva la abstención, que según todos los análisis, beneficiaría al PP. Y, sin embargo, a mí me parece crucial que en este momento se consolide una opción progresista. Al margen de los mensajes electorales, a los que doy poco valor, existe toda una concepción de la política, de las relaciones sociales, del valor de la democracia, sustancialmente diferentes en una y otra opción. Un triunfo de la derecha podría acarrearnos un retroceso que costará décadas superar. La experiencia en otros países de nuestro entorno es aleccionadora.

El giro que ha dado el PP en su campaña frente a las elecciones sustituyendo sus temas estrella durante toda la legislatura por la economía, hasta ahora la mejor baza del gobierno, es explicable por dos razones: una, que los signos de una posible crisis se multiplican y la mayoría de los ciudadanos la dan ya por segura; y dos, la falacia, muy extendida por cierto, de que la derecha gestiona mejor las crisis. Descarto la idea de la responsabilidad del ejecutivo en la desaceleración económica por la evidencia incontestable de sus raíces americanas, en todo caso, foráneas. Un superávit histórico, una caja en la seguridad social no menos histórica, el crecimiento del PIB en los últimos años y el resurgir de otros sectores al margen de la construcción, son pruebas irrefutables que hacen que suenen a hueco las críticas de la oposición sobre el particular.

La certeza de la crisis, desaceleración o recesión, como queramos imaginarla, está por confirmar, aunque quizás sea más sensato especular sobre su alcance que sobre su llegada, que parece cierta.

En todas las crisis habidas y por haber los sectores que las sufren con mayor dureza son los más débiles económicamente: la pequeña empresa, los trabajadores, los autónomos y profesionales, los funcionarios, los pensionistas… Al gran capital le basta con retraerse y esperar; puede convulsionarse la bolsa, pueden tambalearse grandes empresas, pero, como siempre, para el capital no será más que una crisis de crecimiento de la que saldrá fortalecido.

¿Cuál debe ser la misión del gobierno ante una crisis? Desde luego tratar de frenarla y remontarla lo antes posible; izquierda y derecha estarán de acuerdo en esta obviedad. Pero el valor de la economía en la política debe ser sólo instrumental, debe ser la herramienta con la que mejorar el bienestar de los ciudadanos; una economía saneada no es un fin en sí misma, sino la plataforma que permita un desarrollo integral de la ciudadanía. Perder esta perspectiva es perder el sentido de la política, el arte de la convivencia. Justamente aquí es donde se bifurcan los caminos: uno a la izquierda, otro a la derecha. Un gobierno responsable, desde mi punto de vista, sería aquel que, sin abandonar el primer objetivo señalado al principio de este párrafo, ponga las medidas necesarias para que los sectores más expuestos la sufran menos, para que de la crisis renazca una sociedad más igualitaria, a costa naturalmente de los poderosos, que no necesitan protección.

¿Cuál ha sido el primer movimiento de la derecha? Colocar a un representante del gran capital, Pizarro, al frente de la economía. A menos que este señor haya sufrido lo que Pablo de Tarso cuando el impacto de la fe repentina le derribó del caballo, sus intereses, su formación y su ideología es la menos indicada para emprender una política económica que no consista en recuperar la “normalidad económica” en la que el capital siga haciendo su agosto, sin detenerse siquiera en contar los cadáveres que deje atrás. Sus éxitos en la empresa privada son todo menos una garantía de buen hacer en la gestión pública. La excelencia técnica nada tiene que ver con la excelencia política, que mira a los ciudadanos antes que a los índices.

La crisis, si llega, se remontará; de aquí a unos años será historia. La cuestión es ¿a costa de quién? Si queremos que no sea a costa nuestra, es decir, de los de abajo, el camino de la derecha es un espejismo.