Como consecuencia de los últimos encontronazos entre el Gobierno y la Conferencia Episcopal españoles, en la opinión pública de este país ante las próximas elecciones generales ha quedado la imagen de que el Gobierno encabezado por Rodríguez Zapatero es un abanderado de la laicidad, frente a una jerarquía eclesiástica en su línea tradicional, es decir, oportunista, desagradecida, intolerante y, por encima de todo, clerical.
Y, sin embargo, como en otros tantos temas, una cosa es la fama y otra muy distinta los hechos. En este caso, por concretar y no disolver la cuestión en abstracciones que valen tanto para un roto como para un descosido, las circunstancias a través de las cuales se comprueba el momento histórico y social en que se encuentra la sociedad y el Estado españoles con respecto a esta cuestión son cuatro muy determinadas:
- La financiación de la Iglesia.
- El sostenimiento económico de los colegios concertados (religiosos y católicos)
- Mantener Religión (la católica) como asignatura de los planes de estudios de todos los colegios públicos, permitir que la impartan profesores seleccionados por la jerarquía católica y pagarles el sueldo con los presupuestos públicos.
- Los privilegios legales de los matrimonios celebrados por el rito católico, que, frente a algunas otras confesiones, tienen validez civil directamente, accediendo sin más requisitos al Registro Civil y permitiendo después, eventualmente, su anulación.
Pues bien, ¿qué ha hecho el Gobierno de Rodríguez Zapatero en sus cuatro años de legislatura respecto a esos tres temas?
Nada. No ha hecho absolutamente nada. Cero. En la cuestión más pendiente de normalización en la organización de la sociedad española, especialmente favorecida por una Transición política a la democracia obligadamente pactista, la segunda tanda de Gobiernos socialistas no ha hecho nada para poner definitivamente a la Iglesia Católica en su lugar, el de una confesión limitada al ámbito personal y privado de cada ciudadano y el de una organización mantenida exclusivamente por sus fieles.
Y ello en una legislatura en que el Gobierno de Zapatero tuvo la valentía de romper límites sociales e institucionales consolidadísimos al abrir la puerta a los matrimonios homosexuales y, aun más polémico, al permitir que adoptaran o, en el caso de las parejas lesbianas, que inscribieran desde el primer momento el hijo biológico de una de ellas como hijo natural de las dos. Es decir, se atrevió con algunas de las reivindicaciones más persistentes de un colectivo al fin y al cabo minoritario, pero no con las de una buena parte del conjunto de la sociedad: con aquéllas no se restaban derechos a nadie, sino que se incrementaba el número de ciudadanos que podían disfrutarlos, al tiempo que se obtenía un eco propagandístico proporcionalmente superior al porcentaje de población afectado, mientras que con las medidas eternamente pendientes para acabar de implantar una organización política y social auténtica e íntegramente laica, sí se les privaba, tanto a la jerarquía eclesiástica como a numerosísimos fieles acostumbrados a rentabilizar su fe, no de derechos, sino de prebendas, con la consiguiente previsible durísima oposición.
Así, en el balance público de la presidencia de Rodríguez Zapatero y del grupo parlamentario del PSOE en el Congreso consta como uno de sus grandes haberes el coraje de ser coherentes en la actividad legislativa con sus supuestos principios progresistas y modernizadores, cuando en realidad el debe en esta materia es infinitamente más abultado.
Especialmente decepcionante es la consideración de los dos primeros puntos:
Respecto a la financiación de la Iglesia, un Gobierno socialista sigue sin denunciar y renegociar, en su caso, el Concordato pre-constitucional con la Santa Sede, que permite a su sucursal en España recibir ingentes cantidades de dinero de todos los contribuyentes - españoles y residentes -, independientemente de la religión que profesen o, incluso, de las ideas anti-clericales o anti-religiosas que puedan seguir. Estamos igual que en 1980, casi nada.
Y en cuanto a los colegios concertados, a día de hoy se sigue permitiendo que el Estado mantenga económicamente a centros educativos cuyos profesores y programas pueden orientarse hacia la enseñanza católica y, lo que es más grave, cuyas reglas de ingreso resultan en una poco disimulada selección de alumnos que en la práctica se traduce en que se rechaza a los hijos de inmigrantes o de familias marginales, produciendo el grave efecto secundario añadido de concentrar a estos colectivos en los colegios públicos laicos, lo que a su vez favorece la huida de los hijos de españoles de origen y, con ellos, de muchos profesores, en una cuesta abajo sin fin que acaba degradando la enseñanza laica y auténticamente pública y produciendo en la sociedad civil una segregación social y racial peligrosísima.
Por supuesto, tampoco sería el Partido Popular (PP) quien nos sacaría de este clericalismo institucional, todo lo contrario. Eso quedaría para otros partidos como Izquierda Unida (IU), Ciudadanos (C') o Unión, Progreso y Democracia (UPyD), no incluyendo expresamente a otros que, aunque de adscripción teórica militantemente anti-clerical, como Esquerra Republicana (ERC) o el Bloque Nacionalista Gallego (BNG), desde sus ofrendas al altar de la tierra y la patria caen de lleno en un tipo de clericalismo no menos usurpador, anti-liberal y potencialmente totalitario que responde al nombre de nacionalismo.