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23468 Tenga en cuenta que esta iniciativa existe y súmese a ella, dice una carta abierta presentada por tenedores de bonos impagos ante el Congreso y dirigida a los legisladores. Un grupo de bonistas volvió a reclamar mediante una carta dirigida al Congreso de Estados Unidos que sancione a la Argentina si no paga la deuda que mantiene en default. La nota, firmada por la American Task Force Argentina (AFTA, por sus siglas en inglés), alude a un proyecto de ley promovido en mayo por siete diputados del partido de Barack Obama. De aprobarse, la ley impediría que la Argentina regrese al mercado voluntario de capitales si antes no paga todo lo que debe a tenedores de títulos que reclaman en los tribunales de este país. El proyecto se llama Ley de Responsabilidad de Estados Extranjeros que Evaden Fallos Judiciales y excluye de los mercados de capitales de Estados Unidos a cualquier nación que no cumpla con los veredictos judiciales de los tribunales locales por más de US$ 100 millones durante más de dos años. La Argentina, con su fuerte incumplimiento de 2001, calzaría en la normativa que procura que se honren los compromisos en beneficio de quienes pagan sus impuestos y cumplen con las obligaciones que su estado les impone. El proyecto fue promovido por el diputado demócrata por Nueva York Eric Massa, hasta entonces, calificado de "un amigo" de la Argentina en la sede diplomática de nuestro país, donde obró como invitado de honor en algunas celebraciones con todo el cuerpo de la casa. La iniciativa ingresó en el Capitolio en mayo y, hasta ahora, no se ha movido mucho. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> El Congreso tiene hoy asuntos más urgentes entre manos. Pero eso no significa que se olvide del affaire, de los bonos Argentinos. Ahora la agrupación volvió por sus fueros e hizo una nueva presentación para urgir el debate de la normativa. Lo hace en momentos en que, en medios locales, empieza a diluirse la expectativa que, inicialmente, provocó el anuncio del ministro de Economía, Amado Boudou, de lanzar una nueva oferta para los tenedores de bonos. Los detalles de esa oferta aún no se conocen, pero lo que los bonistas sospechan es que, cualquiera sea el plan de pago, no será por el total de la acreencia. Y eso, para sus promotores, es "inaceptable". De allí, la nueva pulseada en el Congreso. Según el proyecto de ley, la Argentina tiene 163 demandas en curso ante las cortes de Nueva York, de las cuales 88 ya tienen fallos a favor de los bonistas y fondos buitres. El reclamo de la AFTA cuenta también con el respaldo de la secretaria de Estado, Hillary Clinton, quien así lo puso de manifiesto en una breve misiva a la entidad. El Ministerio de Economía prevé que el Senado apruebe la suspensión de la ley cerrojo hasta fines de 2010 y que las comisiones de valores de EE.UU. y de Europa hagan lo propio con la oferta técnica negociada con los bancos Citi, Deutsche y Barclays. El sindicato de bancos se comprometió a ingresar unos US$ 10.000 millones, la mitad del capital original que debe la Argentina luego del canje de 2005, que logró una aceptación del 76% de los bonistas. Además, se apuesta a captar entre US$ 2000 millones y 3000 millones de bonistas minoristas, a los que se les ofrecería una ventaja simbólica para que también se plieguen a los inversores institucionales. De todos modos estas son solo pretensiones de un gobierno al que solo le preocupa el 10 de diciembre, lo que venga a partir de esa fecha, y ciertamente no le interesa honrar sus deudas. <A href="mailto:BEPConsultora@aol.com">BEPConsultora@aol.com</A> <o:p></o:p> <o:p> </o:p> <o:p></o:p>

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23468 La Argentina tiene un largo historial de buenas y de malas experiencias en este menester, es verdad, pero ciertamente, no por ser un entendido y experimentado jugador puede jactarse de ser uno bueno. Las asociaciones entre el sector público y el privado son peligrosas pero inevitables para el desarrollo de grandes obras de infraestructura como rutas, puentes, puertos o servicios como el agua potable. De hecho, en Latinoamérica, Argentina es uno de los países menos aptos de la región para las asociaciones del sector público y el privado en obras de infraestructura. Para calificar a los países de América latina y el Caribe, se elabora un índice con una escala que va de 0 al 100, de 19 países analizados, la Argentina ocupa el puesto 14, con un puntaje de apenas 21,9, sólo superior al de países como Guatemala (18 puntos), Ecuador (14,5), Nicaragua (10) o Venezuela (7,1). La debilidad de la Argentina no se debe a un problema de falta de experiencia, el problema radica en que el índice pondera sobre todo el marco legal y regulatorio del país para la implementación de proyectos y representa un 42% de la calificación final, las instituciones que preparan, otorgan y supervisan los proyectos un 25%; y la capacidad del gobierno para observar leyes y reglamentos para concesiones, otro 25%. Hubo un avance muy fuerte en los años 90, pero después, con la crisis y la caída de todos los contratos, se hizo de un antecedente muy malo. Había 44 contratos que renegociar, y hasta hace dos años no se había avanzado ni en la mitad. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> En 2005, el por entonces ministro de Economía, Roberto Lavagna, impulsó mediante el decreto 967 una fórmula de cooperación entre actores públicos y privados, con la finalidad de atraer inversión privada para la realización de obras de infraestructura y servicios. Pero el decreto quedó completamente en el olvido al punto de que nunca llegó a ponerse en práctica. La falta de un marco regulatorio para determinar ajustes contractuales se presenta, como una de las debilidades de todos los países de la región, no sólo de la Argentina. Esto, multiplica la probabilidad y la frecuencia de cambios a los acuerdos originales, y causa problemas de transparencia. También los mecanismos de resolución de disputas son delineados infrecuentemente por las leyes, y si bien la imparcialidad y la transparencia de los procedimientos de licitación han progresado, la implementación de los criterios queda relegada al segundo plano ante consideraciones políticas. Una débil calidad institucional termina de hundir a la Argentina en el ranking regional. Lo que pasó en nuestro país es que muchas multinacionales que eran concesionarias de servicios públicos se fueron, y vendieron sus participaciones a inversores argentinos, que compraban muy barato especulando que en algún momento todo esto se iba a arreglar, o porque están más acostumbrados a manejar relaciones con entes reguladores. En otros casos, directamente el Estado ha estatizado, como sucedió con Aguas Argentinas, o Aerolíneas Argentinas. <o:p></o:p> Con la caída de la convertibilidad, la pesificación de las tarifas de los servicios públicos, y la rescisión de varios contratos, muchas compañías concesionarias reclamaron un resarcimiento por parte del gobierno argentino ante el Ciadi, un tribunal arbitral internacional dependiente del Banco Mundial, y ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral, por sus siglas en inglés). Sin embargo, una gran mayoría luego desistió de seguir con los proceso, tras alcanzar algún tipo de acuerdo con el Gobierno. Otras tantas empresas obtuvieron fallos a favor en el Ciadi, pero todavía están esperando ver resultados. De ahí que existe una preocupación especial, por países como la Argentina y Ecuador, los cuales demuestran creciente desgano al reconocer decisiones de arbitraje internacional. Por lo general, la contabilidad fiscal de los proyectos de concesión no es apropiada en América latina, dado que la posibilidad de remover gastos, crea un incentivo para desarrollar concesiones por razones políticas, asignando los costos de los proyectos a gobierno futuros. El éxito de los proyectos de concesiones es siempre un balance entre los riesgos de retrasos presentados por los concesionarios y el riesgo de expropiación que presenta el Estado. En la Argentina, Ecuador y Venezuela, la preocupación principal es el riesgo de la expropiación gubernamental. Sobran las pruebas bajo la administración kirchnerista. <A href="mailto:BEPConsultora@aol.com">BEPConsultora@aol.com</A> <o:p></o:p> <o:p></o:p> <o:p> </o:p>

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1 PROYECTOS PUBLICOS Y PRIVADOS EN LATINOAMERICA

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23468 Para quien tiene algún ahorro, la aspiración es siempre que le den una renta y correr el menor riesgo posible. Las rentas altas y el riesgo inexistente son fantasías en la que suelen creer muchos. El caso Madoff es una muestra. Pero tal vez, luego de ver el tamaño de la estafa perpetrada por el financista norteamericano, habrán pensado que el comediante Jerry Seinfeld tenía razón. "La gente siempre me dice: «Tendrías que poner tu dinero a trabajar. Pero he decidido que yo voy a hacer el trabajo y voy a dejar que mi dinero descanse. Porque ponés tu dinero por ahí, a trabajar y muchas veces lo echan. Volvés, preguntás qué pasó, y te contestan «Sí, me acuerdo de tu dinero; no trabajaba nada bien; llegaba tarde. Lo tuve que echar»". Todos los que habían puesto su dinero a trabajar con el "fantástico" Madoff, cuyas inversiones nunca daban pérdidas se encontraron, con lo que tal cual satiriza Jerry Seinfeld, que el dinero había desaparecido. Sería un estafador más con un sistema viejo y burdo, si no fuera que era un personaje destacadísimo, que fue presidente del Nasdaq, que trabajó durante años y estafó a muchas de las personas y bancos más ricos del mundo y que soportó ni más ni menos que 15 inspecciones de la SEC (Comisión de Valores norteamericana), que, además, tampoco hizo mucho caso de varias denuncias contra él. ¿Puede pasar aquí, en la Argentina, en un mercado mucho más pequeño, pero donde las regulaciones, en cualquier materia, suelen ser menos eficientes que las norteamericanas? <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> <o:p> </o:p> Las opiniones están divididas. Desde el Banco Central dicen que las regulaciones son tan buenas que es absolutamente imposible que en el sistema formal de inversiones ocurra algo semejante, claro, desde el Banco Central. Si las supervisiones son razonables el riesgo es bajo, aunque de vez en cuando surge algún problema, de una magnitud y duración muchísimo menor que la del famoso Bernie. Pero la figura de un gestor de inversiones, un canalizador de ahorros, como era Madoff, no existe en la Argentina. En Estados Unidos hay por estos días un debate, porque la SEC no entiende cómo se les pudo escapar este hombre, al que lo habían auditado 15 veces. Un aspecto por tener en cuenta hoy es la complejidad del mercado americano, donde los dineros manejados por gestores como Madoff se multiplicaron casi por cuatro y el número de gestores se duplicó, es un universo grande y complejo. Así y todo, las contrapartes del estafador, cuando eran grandes bancos, que en definitiva utilizan mecanismos semejantes deberían haber podido detectar las fallas. El sistema local es muy pequeño, aunque de vez en cuando aparecen casos, aunque el Banco Central afirme que la posibilidad de que ocurra un «caso Madoff» es nula, dado el estricto esquema de supervisión que rige sobre el sistema financiero. La regulación en vigencia permitió que en los últimos años, pese a los efectos de la crisis internacional y a distintos episodios de tensión financiera, ninguna entidad haya corrido peligro y tampoco haya habido riesgo sobre los depósitos de inversores y ahorristas. <o:p></o:p> <o:p> </o:p> Las normas de Basilea estipulan que, para asegurar el correcto funcionamiento de una entidad, el capital debe representar un 8% de sus activos. En el sistema financiero argentino, en promedio, esa proporción alcanza el 17%. Este excedente de capital sirve como resguardo ante cualquier contingencia. Quien destine su dinero a cualquier alternativa de inversión prevista dentro de la formalidad, no debe tener temor alguno sobre sus fondos. Asimismo, cabe destacar que muchos de los productos financieros que generaron los perjuicios sobre los inversores en el «caso Madoff» resultan de una complejidad y sofisticación ausentes en el sistema financiero argentino. En los últimos 30 años, los casos más resonantes de caídas de entidades financieras fueron los del Banco de Intercambio regional (BIR), Banco de Los Andes (Grupo Grecco), Banco de Italia, Banco del Oeste, Banco del Acuerdo, Banco Alas y más recientemente, el Extrader, Banco Integrado Departamental, Banco Patricios y Banco Mayo, entre otros. Es difícil comparar el mercado más grande del mundo con el más chico del mundo. La Argentina, desde el punto de vista institucionalizado, es chico y poco diversificado. Lo que sí existe y ha existido son cosas no institucionalizadas, como las mesas de dinero, oficinas de representación, que salen a la luz en períodos de crisis. Lo institucionalizado está muy atado por el Banco Central y las sociedades de bolsa por el Mercado de Valores. <A href="mailto:BEPConsultora@aol.com">BEPConsultora@aol.com</A> <o:p></o:p> <o:p> </o:p>

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1 BERNIE Y EL MERCADO FINANCIERO ARGENTINO

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23468 En la ultima reunión de la Cámara Argentina de Anunciantes, que preside Luis Mario Castro, varios ejecutivos de diferentes empresas manifestaron la máxima de sus innumerables inquietudes, el pavor ante llamadas desde la Jefatura de Gabinete pediendo, con urgencia, aportes publicitarios para las transmisiones de fútbol por el canal estatal que durante cada partido, bombardea vergonzosamente la pantalla con publicidad de las obras y bondades del Gobierno nacional. La rueda la abrió la representante de Cencosud, grupo chileno que controla los hipermercados Disco, Easy, Jumbo y Unicenter. La ejecutiva contó allí haber recibido una llamada del jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, con esta orden, que razonablemente desoyó. La compañía reconoce estar ya curada de espanto, han tenido otras amenazas de Guillermo Moreno, secretario de Comercio Interior. La directiva de Cencosud, agregó que la sugerencia consistió en un mensaje claro, "hagan promociones como siempre le aconsejó". Resulta al menos anecdótico, ver la nueva función del jefe de gabinete devenido ahora un experto publicitario. Luis Mario Castro venía de contactarse, hacía algunos días, con el secretario de Medios, Enrique Albistur, al que le había transmitido la preocupación de los publicitarios por la normativa de la nueva ley de medios para las agencias. El "fútbol para todos" es un emprendimiento de gran potencial, pero deficitario. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> Desde la Jefatura de Gabinete, no hubo respuestas respecto de los llamados y amenazas que denuncian los empresarios. Pero lo cierto es que hasta ahora no se llevan vendidos más de $7 millones en 15 fechas de campeonato en publicidad privada. Para alcanzar los 600 millones que incluye el contrato anual con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) la venta debería ser por lo menos de $16 millones por cada una de las 38 fechas (las de los dos torneos del año). De ahí las urgencias del Gobierno, expresadas ante varias empresas. El fútbol es pasión de multitudes, pero las cosas no están tan claras para los avisadores, por que aun cuando es una oferta de partidos demasiado grande, la gente no siempre los ve, sino que los pone de fondo, y además, la marca va acompañada por 20 organismos oficiales que saturan el mensaje, y mata cualquier producto. Este es el escenario posterior a la estatización de los goles. La Jefatura de Gabinete, a través de Fútbol para Todos, es la dependencia que gerencia el negocio, y ésa es la razón por la cual desde allí se llama a las empresas. En el mismo encuentro en la Cámara de Anunciantes, una representante de la firma L´Oreal aprovechó para quejarse de la solicitud, áspera, de un empresario periodístico de muy buena relación con la Casa Rosada. Le ofrecía el espacio de su revista y le reprochaba, al mismo tiempo, estar anunciando en la competencia. Las tarifas del Gobierno por el espacio en las transmisiones son hasta un 40% más caras que las que cobraba el anterior operador, Televisión Satelital Codificada (TSC), del Grupo Clarín y otros. <o:p></o:p> Son precios de mercado porque ahora se trata de televisión abierta, no por cable. Las planillas fijaron, por ejemplo, en 1700 pesos el segundo en la tanda para el último Boca v. River, y en 3400 pesos el sobreimpreso en el zócalo. Valores similares a los de cualquier programa de pantalla caliente. El problema es que Aníbal Fernández, más allá de su retórica deslumbrante, no se siente tan cómodo como Moreno en el rol de vendedor. Yo no soy especialista ni tengo vocación de serlo, dijo al programa A dos voces, que se emite por el canal TN, el día en que adelantó que el Gobierno estaba pensando en convocar a una licitación para operar el negocio. Lo que nos permitiría, sí, es buscar alguien que conozca el medio mucho más de lo que lo conocemos nosotros, agregó. El apuro puede justificarse en cifras. Según los datos, de los 172.800 segundos disponibles hasta la 12a. fecha del Apertura se vendieron apenas 2609 segundos a firmas privadas. El resto fue buena voluntad de dependencias o emprendimientos estatales como propaganda para la ley de medios, varios ministerios, Radio Nacional, Registro Nacional de Personas Menores Extraviadas, Atucha II o Juegos Nacionales Evita, y Noti Social del ministerio de Desarrollo pero antes que el hijo de Emilio Pérsico fuera detenido con seis plantas de marihuana en un vehículo del mismo ministerio. <A href="mailto:BEPConsultora@aol.com">BEPConsultora@aol.com</A> <o:p></o:p> <o:p></o:p>

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1 LOS NUMEROS DEL FOOTBALL PARA TODOS

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23468 El fiscal Guillermo Marijuán pidió al juez federal Claudio Bonadío que solicitara informes sobre el llamativo incremento de bienes, que les ha permitido construir casas millonarias, complejos de cabañas, comprar departamentos y terrenos, y fundar empresas en el lapso de cinco años. Si, solo en cinco años. Pero no hablaremos de exitosos empresarios que han invertido en el país y de allí su incremento patrimonial sino que de los cuatro secretarios privados que asisten a la presidenta Cristina Kirchner. Quedaron formalmente imputados por enriquecimiento ilícito. Los investigados son Isidro Bounine, Fabián Gutiérrez, Daniel Muñoz y Daniel Alvarez. Los dos primeros asisten a diario a la Presidenta; los otros dos son históricos ayudantes de Néstor Kirchner, aunque siguen designados oficialmente al servicio de la Presidencia de la Nación. Gutiérrez ya era investigado por Bonadío luego de que se conoció que estaba construyendo una casa lujosa en El Calafate, con un valor estimado superior al millón de dólares. Marijuán decidió, por lógica investigar también, el crecimiento patrimonial de los otros tres, y pidió a Bonadío que la Oficina Anticorrupción enviara las declaraciones juradas, tanto públicas como privadas, de estos tres secretarios y que la AFIP le mandara copia de sus declaraciones de bienes personales y ganancias. También quiere que la Anses informe sobre sus aportes provisionales, informe del Registro de la Propiedad Automotor y que el de la Propiedad Inmueble le diga qué casas, terrenos, departamentos o vehículos tienen o tuvieron a su nombre. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> Los mismos datos busca el fiscal en los registros de las provincias de Buenos Aires y Santa Cruz. Marijuán quiere que el juez federal de Santa Cruz realice una inspección en los terrenos y casas que tienen los secretarios en esa provincia. En el caso de Muñoz, el fiscal quiere que el juez federal con jurisdicción en Mar de las Pampas, en el partido de Villa Gessel, también inspeccione el terreno que declaró haber comprado en esa zona. Pero el fiscal no solo busca probar el enriquecimiento ilícito por el lado de los bienes que poseen sino que también está interesado en las sociedades constituidas por los secretarios de la Presidenta y por eso pidió los informes a la Inspección General de Justicia. Bounine, que fue designado en 2005, ya se encuentra investigado por la OA, tras analizar sus declaraciones juradas que revelan que sus bienes crecieron 50 veces en tres años. Declaró en 2005 tener 15.000 pesos en efectivo y en 2008 su patrimonio era de unos 750.000 pesos, casi el doble del de Gutiérrez. Y todo con un sueldo de 15.000 pesos, sueldo que perciben por ser secretarios de la Presidente de la nación, que no tiene nada que ver con el que perciben como testaferros eso va por otra vía. De sus declaraciones juradas, las de Bounine, se desprende que el crecimiento de su patrimonio desde 2005 es mayor que la suma de todos los ingresos que declaró en el mismo período. <o:p></o:p> Este funcionario es de máxima confianza de la Presidenta. Su madre, Maquena, trabajaba en la casa de los Kirchner en Santa Cruz y cuidaba a Florencia Kirchner cuando era chica. En el caso de Gutiérrez, su patrimonio aumentó más de diecisiete veces desde que acompaña a los Kirchner. Ingresó en 2003 con $ 52.590 y en 2008 reconoció bienes por más de $ 900.000. Julio Daniel Alvarez, a quien Kirchner llama "Danielito" cada vez que lo necesita, también está bajo investigación. En 2003, cuando asumió, Alvarez tenía un patrimonio de $ 5860. Según su última declaración jurada, sus bienes ascienden a $ 298.400. En el caso de Héctor Daniel Muñoz, el incremento patrimonial es del 11.000%. Si entiendase bien pasó de $14.000 en 2003 a $1.579.172 en 2008. Declara un Volkswagen Gol valuado en $15.000 y admite tener un complejo de seis cabañas en El Calafate sobre un terreno de 1285 metros cuadrados que compró en 2003 por $9637, que en 2008 le generó ingresos por $472.314 en alquileres. En el rubro "mejoras" declara que invirtió $269.347 en el emprendimiento. También tiene $450.000 en efectivo, una caja de ahorro con $10.673 y una cuenta corriente con $42.273. El 24 de noviembre de 2008 ingresaron a sus arcas $170.000 por la venta de un terreno en Río Gallegos que había comprado en 2006 por $44.700. Y la Sra. Presidente de la nación habla de la distribución equitativa de la riqueza. <A href="mailto:BEPConsultora@aol.com">BEPConsultora@aol.com</A> <o:p></o:p> <o:p></o:p>

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1 LOS SECRETARIOS PRIVADOS

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23468 Nuestro Estado sigue persiguiendo sistemáticamente a las Fuerzas Armadas, que aparte de haberse convertido en las "fuerzas más desarmadas" de América latina, tienen presos y sin debido proceso a seiscientos oficiales y suboficiales. Nuestro Estado, que tolera el auge de la delincuencia cuyos atentados conmueven cada día más a los argentinos, discrimina desde 2003 a las fuerzas de seguridad pese a que el principal cometido de ellas es defender a la sociedad y al mismo Estado. En cuanto a las fuerzas policiales, abandonadas por falta de recursos técnicos y de salarios dignos, son las más corruptas del mundo, no sirviendo ya siquiera para que los jueces utilicen los testimonios que se hayan emitido libremente en sede policial. Los delincuentes "entran por una puerta de la cárcel y salen por la otra", los encargados del orden los utilizan para todo tipo de ilícitos hasta que no les son más útiles y recién ahí los desapareces plantándoles alguna causa bien armada. Sin embargo todavía quedan aquellos policías de carrera, y no pueden sino sentir desaliento e incluso desamparo, porque las autoridades hasta desdeñan homenajear debidamente a los caídos en el cumplimiento de su deber. Esta circunstancia se agrava todavía más cuando los delitos son cometidos por menores de edad porque ellos gozan, en los hechos, de impunidad. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> A esto deben agregarse las continuas trabas que ha impuesto el Poder Ejecutivo al proyecto del gobierno de la ciudad de organizar al menos una reducida fuerza de agentes bien entrenados y bien remunerados. La democracia admite tensiones en la conducción de la política, disensos que generalmente terminan en negociaciones. Cualquier gobierno, sin embargo, está obligado a preservar el orden público y a garantizar la seguridad de la sociedad. El cumplimiento de esa responsabilidad asegura la tranquilidad pública y la libertad de todos los ciudadanos. Pero en el gobierno de los Kirchner, las cosas son exactamente al revés de los manuales y de la lógica. La conducción de la política es férrea y no admite ni disenso ni negociación; las cosas deben aprobarse institucionalmente tal como se decidieron en la intimidad de Olivos. La Policía Federal criticó, en un hecho inédito, al gobierno elegido de Macri. Le reprochó una deuda de $40 millones, que la estaba obligando a retirar la custodia de varias zonas de la ciudad. Por mucho menos, Néstor Kirchner hubiera echado del servicio activo hasta los estudiantes de la escuela de la policía. Pero la conducción de la policía equivoca el destinatario del relamo ya que esa deuda no pertenece a la administración Macri, esa deuda es del gobierno nacional, que jamás acepto el pedido del titular del gobierno de la ciudad, de asumir esa deuda y tener una policía propia. <o:p></o:p> Kirchner ya lo dejó desairado en el Senado a Carlos Reutemann; ahora intenta mostrarlo como un incapaz a Macri. Macri les debe a los capitalinos más eficiencia y prontitud en el conflicto de la seguridad, cierto. Pero también es cierto que, a falta de calor popular en torno a su propia figura, Néstor Kirchner está tratando de exhibir a sus competidores presidenciales como hombres ineficientes en el control del poder. El kirchnerismo es lo que más se asemeja ante la mirada social al descontrol en los recursos del poder. Nada se puede hacer, nada se puede mejorar cuando se trata del espacio público. Esos son los mensajes implícitos que llegan desde la cresta del gobierno nacional. Tales incapacidades no eliminan, con todo, el descalabro institucional. ¿Qué hacía Aníbal Fernández peleándose con Macri en nombre de la Policía Federal? ¿No es Julio Alak, acaso, el ministro de Justicia y Seguridad y, por lo tanto, el jefe directo de la policía? ¿O la policía es un coto reservado del ministro Fernández? ¿Era necesario tanto para hacer tan poco? ¿Qué debería suceder con los piquetes para que los que gobiernan se acuerden de ese interminable tormento social? Sea como fuese, los funcionarios nacionales decidieron hablar y escuchar a Macri cuando, el ex futbolista Cáceres entró tres veces al quirófano con el cráneo perforado por la bala de un criminal adolescente. Solo la conmoción social que provocó el definitivo infortunio de Cáceres logro el acercamiento. <A href="mailto:BEPConsultora@aol.com">BEPConsultora@aol.com</A> <o:p></o:p> <o:p></o:p>

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23468 Un proyecto de ley que aprobó la Cámara de Diputados, por el que se restringe la posibilidad de que los particulares obtengan medidas cautelares para frenar actos del Estado y de los organismos públicos, ha generado, fuerte preocupación y controversia entre muchos juristas. Esta iniciativa, originalmente redactada por el diputado oficialista Juan Mario Pais, que logró el apoyo de 135 diputados en la sesión, mejora la posición del Poder Ejecutivo, la Anses, la AFIP, el Energas, un hospital público o la futura autoridad de medios audiovisuales, y, en general, cualquier otro organismo público autárquico o descentralizado. En efecto, si un particular presenta una acción judicial para protegerse de un acto o decisión estatal que, supuestamente, lo daña, el juez interviniente, antes de suspender esa decisión, deberá darle al Estado tres días para hacer su descargo. Pero, además, ese plazo podrá estar precedido por otro de quince días si el reclamo se inició ante la administración pública. En todos los casos, el particular deberá presentar pruebas que a consideración del juez, léase “El Ejecutivo”, resulten muy convincentes. Mientras Pais afirma que la iniciativa aprobada no fue pensada para restringir los amparos, sino para evitar los abusos, los constitucionalistas no abandonan las críticas. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> El proyecto es una vez más, vergonzoso, viola la división de poderes y la Constitución, y por otra parte impone al particular una prueba pesada y compleja. En rigor de verdad, es posible obtener medidas cautelares mediante acciones de amparo y, también, mediante presentaciones de otra naturaleza técnica, pero el proyecto no se limita a los amparos, sino que, en general, afecta a todos los pedidos de medidas precautorias contra el Estado o sus organismos. A nivel nacional, cuando un particular solicita una medida precautoria, en muchos casos los jueces, en forma inaudita, sin escuchar al Estado, deciden suspender la decisión estatal. Ahora, el trámite, que nunca fue sencillo, será más lento, intervendrá el Estado y su resultado será más incierto aún. El proyecto había obtenido dictamen favorable de la Comisión de Justicia en diciembre último. No hubo disidencias, pero no lo firmaron los radicales ni los integrantes de la Coalición Cívica. Luego, en varias ocasiones fue incluido en el plan de labor parlamentaria, pero su tratamiento fue reiteradamente postergado, hasta que en la última semana de octubre, y sin que se advirtiera demasiado, fue aprobado por amplia mayoría y obtuvo sólo siete votos negativos y una abstención. Este tipo de avasallamiento a los derechos de la gente, en detrimento de la constitución y las instituciones se han convertido en una nefasta muestra de la idea Kirchnerista de lo que significa vivir en democracia. <A href="mailto:BEPConsultora@aol.com">BEPConsultora@aol.com</A> <o:p> </o:p>

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1 VIVIR EN DEMOCRACIA

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23468 No es novedad, ya hace unos meses en otro artículo al respecto comenzamos a explicar la situación de la carne Argentina, la ganadería profundizó la crisis en la que entró hace tres años. Aquellas cifras se sostienen sólo por la faena de hembras es decir, la matanza de la "fábrica" de carne y lo cierto es que los pronósticos más sombríos están cerca de consumarse, el año próximo habrá entre 3 y 4 millones menos de terneros. Sin embargo, la producción de carne es récord, las exportaciones de cortes bovinos se recuperan y el consumo per cápita en el mercado interno es histórico. Pero esos animales no nacieron porque sus madres fueron enviadas al matadero y su faltante podría generar una merma de carne del orden de las 600.000 toneladas, lo que obligará a reducir el consumo per cápita entre 12 y 15 kilos anuales. La menor producción de carne por lógica impactará en los precios de la hacienda que podría subir hasta el 30% y en los valores de los cortes al consumidor, que se elevarían un 15%. Aún así la cadena de comercialización tiene un margen extraordinariamente alto, y por eso podría absorber la mitad de la suba. El stock ganadero, cuya medición más aproximada es la vacunación contra la fiebre aftosa, que coordina el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), marca el ritmo de la desinversión. El año próximo la Argentina tendrá 52 millones de cabezas, ocho millones menos que en 2007, un año después de que el entonces presidente Néstor Kirchner cerrara las exportaciones para frenar el aumento de los precios al consumidor. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> Para encontrar una caída semejante en la cantidad de vacas hay que remontarse hasta la segunda mitad de los años 90, cuando se perdieron 7 millones. El informe mensual de la Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes de la República Argentina (Ciccra), difundido lo confirma. Comparados los primeros diez meses de 2009 con igual período de 2008, el consumo interno de cortes vacunos trepó hasta los 73,2 kilos per cápita; la producción de carne aumentó el 11,6% y las exportaciones que siguen restringidas y administradas por el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno crecieron el 56,7%. Para lograr estos resultados, se faenaron 12,2 millones de cabezas, 1,2 millones más que en 2008. Más de la mitad de ese incremento, unas 650.000 cabezas, eran hembras. Técnicamente, cuando las vacas representan más del 40% del total de la faena se considera que se está en proceso de liquidación de vientres. O, en palabras de los ganaderos, están desinvirtiendo en su negocio, achicándose. En octubre de 2009, el proceso de liquidación de hembras cumplió tres años ininterrumpidos y se constituyó en la fase contractiva más extensa de las últimas décadas. La participación de las hembras en la faena total se mantuvo en torno al 50% en lo que va de 2009. Esto es el fruto de las políticas públicas y de la fenomenal sequía que estamos pasando. La carne que deberíamos comer más adelante nos la estamos comiendo ahora. En efecto, ningún otro país del mundo tiene los niveles de consumo de carne que se registran en la Argentina y que desde 2003 no paran de crecer. <o:p></o:p> Aquel año, según la Ciccra, el argentino promedio ingería 58,7 kilos anuales, casi 15 kilos menos que en la actualidad. Después de la crisis de 2001/2002, se produjo un crecimiento fenomenal, se llego a los 55 millones de cabezas. De 2002 a 2005, la producción de carne aumentó un 25%, creció el stock y, a la vez, se expandió la agricultura. Si hubiéramos seguido en ese camino, que se produjo en la misma administración Kirchner, de seguro no estaríamos en esta situación. Que hasta ahora no haya faltado la carne se debió a la fuerte actividad en los feedlots (engorde de ganado a corral), que en agosto y en septiembre llegaron a entregar unas 600.000 cabezas mensuales. Ese esquema, basado en los subsidios que paga la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca), entró en crisis cuando se denunciaron irregularidades en los pagos. El Estado les debe a los feedlots no menos de $1050 millones. De allí que las empresas estén achicando el encierro y así su producción podría caer por debajo de las 400.000 cabezas mensuales si no se regularizan los pagos. Los próximos meses serán definitorios, será que en 2010 los argentinos tendremos que espaciar la frecuencia de los asados o si, simplemente, habrá que pagar más por ellos. <A href="mailto:BEPConsultora@aol.com">BEPConsultora@aol.com</A> <o:p></o:p> <o:p></o:p>

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1 LA CARNE ARGENTINA II

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23468 Aplausos para las críticas al Gobierno, inesperados faltazos de funcionarios y empresarios afines, voces que se animaron a decir en voz alta lo que antes callaban. Todo apunta a una brecha que parece cada vez más insalvable. El 45° Coloquio de IDEA desnudó, todavía más que en las ediciones anteriores, la distancia que hoy separa al kirchnerismo del mundo empresarial. Dos ausencias en los paneles llamaron la atención de los cerca de 800 empresarios y ejecutivos y que participaron del encuentro. En el panel sobre reinserción laboral no estaba Noemí Rial, viceministra de Trabajo y única funcionaria del gobierno nacional que había comprometido su presencia en este foro. Sí participaron el secretario de Hacienda porteño, Néstor Grindetti; el gremialista Carlos West Ocampo, el presidente de Toyota, Aníbal Borderes, y el especialista Ernesto Kritz. En la charla sobre el rol empresario, el presidente de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), Jorge Brito de muy buena relación con el matrimonio presidencial, dejó vacía su silla en el debate con los representantes de la Sociedad Rural (SRA), Hugo Biolcatti, y de la Unión Industrial Argentina (UIA), Héctor Méndez. Lo cierto es que no fueron porque se los pidió directamente el Gobierno, por el malestar de la Casa Rosada con los empresarios. Y también fue cancelada la sorpresiva visita que iba a realizar para el cierre el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> Voceros de la cartera laboral informaron que Rial decidió cancelar su visita porque tenía que atender los conflictos de petroleros y del subte. El vacío que le hizo, una vez más, el Gobierno al Coloquio de IDEA tuvo su contracara en los gestos que el empresariado mostró cada vez que pudo. Los más elocuentes los dos aplausos de pie que recibió el ex presidente de Perú, Alejandro Toledo, tras haberle dedicado no pocas críticas y alguna que otra chicana a Néstor y Cristina Kirchner, aunque sin nombrarlos. Ironías sobre la inflación, críticas a los que se reeligen por medio de sus familiares, cuestionamientos a la política internacional de Hugo Chávez, precedieron al guiño con el que terminó de ganarse a la audiencia. Los tiempos son relativos, no se desesperen, son sólo 2 años, dijo Toledo, e hizo un silencio cómplice que el público llenó con risas y para completar agrego, dos años para las próximas elecciones en Perú. ¿Qué pensaban? Los únicos que no aplaudimos fueron Cristóbal López y el legislador porteño kirchnerista Diego Kravetz. Cristóbal López, que fue por primera vez a IDEA dijo que en 2011 le gustaría votar por Kirchner, pobre ¿no? <o:p></o:p> Pese a que muy pocos de los asistentes son empresarios ligados al campo, servicios e industria lideran la convocatoria en mayoría, Biolcatti recibió una aprobación mucho más ruidosa que el jefe de la UIA. Ocurrió, por ejemplo, cuando Méndez argumentó que la industria no se unió nunca como el campo en la Comisión de Enlace porque esos procesos se producen cuando hay un enemigo común. La respuesta de Biolcatti encendió al público, que hizo sonar sus palmas, ya que fue contundente, al decir que disentía con Héctor Méndez por que el suyo era un error básico, el creer que no es un enemigo común el que tienen, las empresas y el campo, refiriéndose al Ejecutivo Nacional. El Gobierno se está quedando con la rentabilidad nuestra, con la de ustedes y con la de todas las empresas, dijo Biolcatti. Más allá de las declaraciones en los paneles y los aplausos, hubo otras formas que encontraron los empresarios de expresar su descontento, como en las preguntas anónimas, aquellas que provenían de ignotos empresarios a los panelistas, que en mas de una ocasión dejaban mudos a todos los presentes. <A href="mailto:BEPConsultora@aol.com">BEPConsultora@aol.com</A> <o:p></o:p> <o:p></o:p>

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1 UNA GRIETA CADA VEZ MAS AMPLIA

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23468 La respuesta de las organizaciones piqueteras no kirchneristas después del anuncio de oficial de extender las asignaciones familiares a los hijos de desocupados y trabajadores en negro, no fue precisamente la esperada. Cortes en los accesos a la Capital, advertencias de un recrudecimiento de la lucha en los próximos dos meses y la amenaza de boicotear los actos presidenciales en el conurbano. No es que los movimientos de base rechacen el beneficio económico de 180 pesos para los menores, lanzado por la Presidenta, aunque por otra parte, sí cuestionan que los fondos salgan de la Anses, lo que si denuncian, es haber perdido la batalla contra los intendentes del conurbano por el acceso al multimillonario plan de cooperativas anunciado en agosto por Cristina Kirchner. Culpan de eso al Ministerio de Desarrollo Social, que conduce la hermana del ex presidente Alicia Kirchner, y al que acusan de haber preferido el "manejo clientelar" de los 9000 millones de pesos del plan, en detrimento de los intereses de los más necesitados. El fin de la tregua entre el Gobierno y los piqueteros no oficialistas se dio a conocer mediante un comunicado de unas 20 organizaciones que habían logrado un principio de acuerdo con Desarrollo Social por el plan de cooperativas, pero se concretó con cuatro cortes simultáneos de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) en los puentes Pueyrredón y Saavedra, que conectan la Capital con los partidos de Avellaneda y Vicente López, respectivamente, y la intersección de las avenidas Juan B. Alberdi y General Paz, que sirven de acceso a La Matanza, y de la avenida Gaona con la ruta 23, en Moreno. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p> El caos vehicular en la Capital se completó con las manifestaciones de familiares de las víctimas de Cromagnon, que marcharon desde plaza Miserere hasta Tribunales; una clase pública de estudiantes en Alsina y Entre Ríos, y en Hipólito Yrigoyen al 3200, y fue coronado con una movilización de organizaciones sociales y partidos de izquierda desde el Obelisco hasta la Jefatura de Gobierno porteño. Exigieron la disolución de la Policía Metropolitana y la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP). La situación empeorará en noviembre y diciembre, según la advertencia de las 20 organizaciones piqueteras que dicen haber sido dejadas de lado por el Gobierno en el reparto de los planes de cooperativas. Anunciaron un recrudecimiento del conflicto social por irresponsabilidad del Gobierno, alertó el comunicado, firmado, entre otros, por el Frente Popular Darío Santillán y el Frente Territorial 26 de Junio, el MTL Rebelde y el MTD Aníbal Verón Nueva Fuerza. Los referentes de estas organizaciones analizaron las medidas por tomar a partir de la segunda semana de noviembre, que podrían incluir un campamento permanente frente a Desarrollo Social, pero que seguramente comprenderán nuevos cortes en los accesos de la Capital, y esta vez, junto a otras fuerzas que nunca avanzaron en las negociaciones por las cooperativas con el Gobierno, como el Movimiento Barrios de Pie, el Movimiento Territorial de Liberación y la CCC. <o:p></o:p> No obstante, el plan de protesta más ambicioso que tienen entre manos involucra el boicot de los actos que la Presidenta encabece en el conurbano, la idea, pensada originalmente como un elemento de presión, podría tomar fuerza si se mantiene el silencio en Desarrollo Social. Las organizaciones apuntan a la vicejefa de Gabinete de la cartera, Yeni Amaya, a quien le atribuyen haberse comprometido para que los 100.000 puestos de trabajo cooperativos no quedaran sólo en manos de los intendentes. Desde el ministerio no hay respuestas a partir de la aparición del comunicado. Los jefes barriales reconocen que siguen las inscripciones de trabajadores en el conurbano, aunque acotadas dentro de la red del PJ. Las camionetas del ministerio de desarrollo siguen paseando por los barrios, siguen anotando a gente de los punteros, mientras a las organizaciones con cooperativas ya armadas les dicen que está todo frenado, por problemas administrativos. Ya estaban todos los papeles listos y la gente desesperada por volver a sentirse útil, pero al momento en que anunciaron en asamblea que el Gobierno había frenado los planes, la gente casi encolerizo. De muy poco sirvió entonces el anuncio oficial de la universalización de asignaciones familiares. El problema del matrimonio presidencial con todas las políticas de gobierno no son los miles de anuncios y proyectos, sino que son solo eso anuncios. <A href="mailto:BEPConsultora@aol.com">BEPConsultora@aol.com</A> <o:p></o:p> <o:p> </o:p>

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1 DERECHOS, ABUSOS Y UN SOLO CULPABLE

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