Marín y Berrueto a un paso de la cárcel

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13974 Liébano Sáenz Los directores de un diario nacional y de una empresa de encuestas están a un paso de la cárcel. En días pasados la Procuraduría Judicial del DF le notificó al segundo comparecer como responsable. El aludido no defraudó al fisco; tampoco invadió una propiedad ni cometió perjurio ni atropelló a persona alguna o incurrió en falta grave. Berrueto, como suelen llamarle, en opinión de las autoridades del DF cometió el terrible delito de publicar encuestas electorales, según ellos, en un periodo prohibido. Aduce la autoridad electoral que es constitutivo de delito el hecho de que el diario Milenio haya referido en un reportaje del sábado 27 de junio, página 23, la encuesta que GCE presentó el 26 en Milenio Televisión. La publicación fue una decisión editorial del diario en ejercicio de la libertad de prensa; sin embargo, es importante subrayar que el diario no publicó la encuesta como tal, sino que la refirió dentro del género, tan es así que no tiene firma de la empresa encuestadora, tampoco vitrina metodológica. Los medios y los periodistas tienen libertad editorial. En otras palabras, la cuestión es si las malas leyes electorales e inconstitucionales deben prevalecer sobre la libertad de expresión.<img src="http://lacolumna.wordpress.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" mce_src="http://lacolumna.wordpress.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gif" alt="" class="mceWPmore mceItemNoResize" title="(más...)"> Carlos Marín es uno de los periodistas más importantes y leídos de las últimas tres décadas, forjador de los mejores proyectos en la prensa nacional y respetado por sus pares. Berrueto, que obtuvo un doctorado en Ciencia Política por la Universidad de Essex en el Reino Unido, es abogado y sabe lo que significan los líos con la justicia; sin embargo, no lo advierto preocupado. Lo conozco de muchos años y sé que para él, hay causas en las que se debe dar la batalla, sobre todo, en las que está de por medio un principio fundamental de las libertades. Ha sido y es maestro en universidades de prestigio y conferencista en distintas ciudades del país y del extranjero. Lo he acompañado a la cátedra donde enseña a sus alumnos que el costo de la complacencia o la sumisión a un acto autoritario es peor que el riesgo de una pena corporal. Ese es Federico Berrueto. El periodo de veda que la Ley establece para la difusión de encuestas, es ocho días previos a las elecciones y hasta el cierre de casillas (seis de la tarde). Pues bien, los resultados de las elecciones en las delegaciones Miguel Hidalgo y Benito Juárez, motivo de la causa penal que se le sigue, fueron difundidos por GCE en Milenio TV, después de las seis de la tarde; los primeros 8 minutos del programa, se dedicaron a las elecciones en Nuevo León. No hay delito que perseguir, la información, materia del supuesto ilícito, no se difundió dentro del periodo de veda y, por tanto, no se da el tipo penal que invocan contra Berrueto en la ampliación de la denuncia; la elección en esas delegaciones había concluido 8 minutos antes. No está por demás señalar que todos los pronósticos difundidos ese día por GCE y Milenio fueron coincidentes con el resultado de la elección. La pretensión de los legisladores de regular las encuestas y su difusión es un despropósito. Parten de la hipótesis de que la divulgación puede confundir al electorado, como si éste fuera un menor de edad al que hay que proteger. No entienden que la sanción más severa para un diario como Milenio o una empresa de encuestas deviene de la sociedad; una encuestadora sin credibilidad no tiene futuro. En México hay buenas casas encuestadoras y que bajo protesta han respetado las reglas restrictivas; no son infalibles pero las inspira un compromiso con la verdad. Valdría la pena reflexionar qué tiene el DNA de los habitantes del DF en donde es delito divulgar encuestas con nueve días de anticipación. La ley electoral federal establece tres días y la violación representa una falta administrativa. Es pertinente señalar que las encuestas de salida que motivaron este procedimiento penal sólo tuvieron el propósito de mantener oportunamente informado al auditorio sobre asuntos de interés público, actividad que se realiza en todas las democracias del mundo en tiempos electorales. En el fondo el tema no son Marín ni Berrueto, tampoco las encuestas, sino la libertad de expresión. Muchos políticos ven a los medios como intrusos en las elecciones, algo que creen les es exclusivo. La reforma de 2007, ha sido severamente restrictiva. Los particulares no pueden acceder a radio y Tv para asuntos políticos y lo que es peor, tampoco los partidos si no es mediante un proceso lento y desastrosamente burocrático. La espotización ha desplazado al debate y los votantes no aumentan en las urnas. Con la reforma de 2007, ganaron los enemigos de la libertad de expresión; la auténtica política, la de confrontación de ideas y proyectos, ha sido lanzada de los medios y secuestrada por las cúpulas de los partidos. Sus únicos alcances están en la decisión editorial de los medios, los que afortunadamente son más plurales y accesibles a todas las opiniones que los espacios formales de la política. La reforma electoral se hizo a espalda de la sociedad. Todas las advertencias fueron vistas en el Senado con desdén y prejuicio. Se impuso un cambio claramente centralista, antiliberal y regresivo; sólo queda la lejana esperanza de que el amparo interpuesto por un grupo de acreditados ciudadanos pueda, al menos, ganar la batalla de la inconstitucionalidad de la reforma de 2007. Quienes perdieron la elección presidencial en 2006, se la cobraron al IFE y a los medios de comunicación. Quienes triunfaron, en el afán de ganar espacio y tiempo, en el absurdo, concedieron a su adversario el argumento que ponía en entredicho la legitimidad del resultado. Las partidocracias han ganado la batalla: sometieron al IFE y al Tribunal; la democracia y la legalidad en la vida interna de los partidos es casi inexistente. Ahora van por la libertad de expresión. Lo ocurrido a Carlos Marín y a Federico Berrueto no es accidental. Es la secuela de la acción de los enemigos de las libertades. El caso servirá para hacer evidente a lo que han llegado los legisladores en su afán de restringir la libertad de expresión. En un país de impunidad, de justicia colapsada, donde policías en no pocas ocasiones están del lado de los delincuentes, el caso de Marín y Berrueto puede servir de llamada de alerta: un periodista y un encuestador enfrentan un proceso penal por hacer su trabajo. Admiro el valor civil de ambos y denuncio públicamente el hecho porque constituye un asalto a la razón.

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13974 En este espacio desde hace tiempo hemos compartido la preocupación por la salud de la economía del país. La estrategia de comunicación del gobierno federal fue la de no activar la desconfianza frente al escenario adverso para que ésta, a su vez, no se volviera un elemento adicional que agravara la situación; seguramente ese fue el explicable propósito del gobierno. La estrategia dio un aceptable resultado: en la gente hubo menos preocupación sobre la economía respecto a su situación personal o la del país, hasta que lo más severo de la crisis se hizo presente. Las malas noticias sobre la economía han sido el común denominador de la semana, aunque hay dos aspectos positivos: signos de mejoría en la economía internacional en el mediano plazo y la relativa recuperación del peso frente al dólar. Casi todo lo demás apunta a los efectos de la recesión. Afortunadamente no hay inflación o debacle del sistema financiero, como ha ocurrido en el pasado. Pero las cifras son incontestables: estamos en una muy difícil circunstancia, a deteriorarse aún más por el fin del seguro sobre el precio del petróleo y la baja en la recaudación. Se aplaudía la estrategia anticíclica del gobierno bajo la ilusión de que nadie tendría que apretarse el cinturón; ahora debemos pagar todos un poco para salir de la crisis o los costos serán elevadísimos en el corto y largo plazos. Lo que es inviable es no hacer nada, o que sean unos pocos –los mismos de siempre– los que paguen. Lo que se hizo en el pasado, después de las dificultades de 1994-95, ha permitido que la crisis no haya afectado al sector financiero. De igual manera fue importante el seguro sobre el precio del petróleo. Sin embargo, no se ha hecho lo suficiente. Quizás lo más costoso es que se han dejado pasar dos oportunidades para resolver el insostenible régimen hacendario. Bajo estándares internacionales México es uno de los países que menos invierte en desarrollo social e infraestructura, precisamente porque tiene uno de los regímenes recaudatorios más ineficientes del mundo. No es que los impuestos sean bajos, son elevados, pero muy pocos soportan la carga fiscal. Es inmensa la proporción de la economía que no paga impuestos, lo que plantea no sólo un problema de finanzas públicas, también de justicia y de cultura de legalidad. ¿Qué es lo que hay que hacer frente a la crisis? A nada conduce ignorarla. Los coordinadores del PRI en el Senado y en la Cámara de Diputados, quizás, más movidos por un injustificado sentimiento de agravio que en función de una genuina preocupación, han reaccionado a lo dicho por el ex Presidente Zedillo para atender el grave problema de las finanzas públicas. Zedillo habló con el mismo talante de responsabilidad con el que siempre actuó como gobernante y en su calidad de profesional de una disciplina que ha practicado en el taller de la realidad, como un economista que sabe bien que la solución de los problemas económicos no puede regatearse ni posponerse sin correr el riesgo de que la situación se deteriore aún más y, sobre todo, que se pase el costo de lo no realizado a las nuevas generaciones. Zedillo puede ser cualquier cosa, menos un irresponsable. No es nuevo que la política conspire contra la economía. Ocurrió cuando el PRI gobernaba y ahora cuando es oposición en el Congreso o, si se quiere, cuando el PAN era oposición y cuando es gobierno. El hecho y las cifras económicas así lo revelan; México es de los países con menor crecimiento en la región latinoamericana, situación que empezó a configurarse en los primeros años del gobierno del Presidente Fox y que continúa hasta hoy día. La desconcentración del poder no ha generado gobiernos más responsables o con mayor respaldo para cumplir su tarea frente a la economía. Los primeros tres años de este gobierno muestran el regateo permanente de apoyo por parte del Congreso. La propuesta de reforma fiscal –degradada desde el momento de su propia redacción para hacerla viable– fue modificada y no pudo cumplir con los propósitos que la motivaron. Semejante situación se presentó con la reforma energética; sí hay avances, pero no fueron suficientes ni por mucho para resolver el problema de fondo del sector energético. Es explicable que el gobierno y los legisladores aprecien esas reformas como un gran paso. Empero la realidad no se puede soslayar y hay que encararla con decisiones legislativas, las que, ciertamente, pueden ser impopulares, incómodas y hasta inoportunas, pero tan necesarias como urgentes. El momento electoral es el menos propicio para debatir sobre la necesidad de una profunda reforma hacendaria. Es común que los partidos eludan la cuestión, incluso que anticipen un voto negativo. El debate mismo se dificulta porque es evidente que la gente no quiere un cambio que sólo signifique mayores impuestos. Esto ocurre, también, porque existe la impresión de que un gobierno con mayores recursos no necesariamente significa un mejor gobierno, tesis que se acredita con el dispendio y la corrupción, que la creencia popular remite a los políticos. El mejor camino para una solución de fondo es un pacto de todos los sectores, no sólo de los políticos, para definir el contenido de los cambios legales en materia fiscal. Las medidas deben tener una aplicación gradual, para no gravar de un solo golpe a la economía familiar, como ocurrió en 1995. Esto debe acompañarse de varios compromisos colaterales, como es el de la rendición de cuentas y una mayor transparencia tanto del sector gubernamental y paraestatal, como también de los partidos políticos, el Congreso y el Poder Judicial federal. En el mismo sentido debe haber un compromiso medible y concreto por una política de austeridad en materia de gasto. La política no puede conspirar contra la economía. La realidad no puede someterse a los apetitos de poder personal o de grupo, tampoco a los calendarios de conveniencia. Para quienes tienen la responsabilidad legislativa es fundamental tomar en serio los problemas, darles respuesta, aunque sea impopular. Importa el 5 de julio, pero importa más lo que le sigue.

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13974 <div style="text-align: right;">Liébano Sáenz</div> El Secretario de Hacienda ha señalado que México ha pasado ya lo más crítico de las dificultades económicas; afirmación tan discutible como deseable. En lo que sí tiene toda la razón es en la necesidad de las reformas estructurales para recuperar el crecimiento económico. La salud nacional dependerá, en buena parte, de la capacidad de los actores políticos para hacer realidad los cambios que el país requiere. Puede haber crisis financiera internacional, epidemia de influenza y otras cosas fortuitas más, pero lo que no es permisible es que no resolvamos aquello que sí está en nuestras manos; es inexcusable que la política no dé curso a los cambios necesarios. Preocupa mucho que en las campañas electorales el debate –por diseño o accidente– esté dominado por el pasado. Libros, entrevistas, publicaciones de diversa índole han trasladado la discusión a los personajes de tiempo atrás y a lo acontecido en su turno. Los que sí son vigentes son los problemas y las insuficiencias. Esto es lo que debe ser objeto de atención y propuesta. La calumnia y el insulto envilecen a la política, niegan el diagnóstico y obstruyen que el debate se centre en las alternativas de solución. El problema no es quienes estuvieron en altas responsabilidades de gobierno o de partido, sino una realidad presente, la que hay que encarar sin maniqueísmo, como es el tema de la impunidad. La elección pasará. El gobierno, los partidos y, muy particularmente, los legisladores deberán cumplir con la responsabilidad que el voto les ha conferido. El debate habrá de continuar, pero el lugar privilegiado lo deben tener las soluciones y los acuerdos. Lo que ahora ocurra condiciona los alcances de los compromisos; un proceso electoral cargado de agresión e insulto inevitablemente afecta las condiciones de entendimiento. Por salud pronta de la convaleciente economía, el Secretario de Hacienda, más que anuncio, hace un llamado a la política para que las reformas estructurales tengan lugar. No es fácil, ya que en política lo necesario o conveniente no siempre es popular o electoralmente redituable. Los publicistas convencionales de campañas no recomiendan postular responsabilidad frente a oportunidad. Esta renuncia a la política ha significado la trivialización de la política y el imperio de la oferta fácil. Ha llegado la hora en la que los partidos precisen los términos de su compromiso con la reforma. Importa mucho el 5 de julio, día de los comicios. Importa más, mucho más, lo que suceda a lo largo de los próximos tres años de la legislatura. No es retórica ni exagerado señalar que es México y su sociedad lo que está de por medio. Los signos de descomposición no son de un régimen que quedó en el pasado, sino de una incapacidad de la política para propiciar la responsabilidad y la eficacia de la función pública. El cambio estructural ha perdido ímpetu desde 1997. Han sido casi doce años de reformas pospuestas o regateadas como ha sido la laboral, la energética, la educativa o la hacendaria. También es urgente atender la reforma judicial. La Corte realizó un espléndido trabajo de estudio y consulta ahora expuesto en su Libro Blanco, el que continúa siendo marco válido para un cambio amplio y profundo en el sistema de justicia. Es urgente una reforma en el gobierno y en los organismos descentralizados; el burocratismo ahoga a la economía y abre la puerta grande al cohecho y a la extorsión, lo mismo vale para un trámite administrativo menor, que para contar con fluido eléctrico en la industria o en la vivienda. Los sindicatos del Estado deben aportar su cuota para la modernización de un país que se quedó medio siglo atrás. La reforma electoral de 2007 resolvió temas relevantes de la agenda política, sin embargo, el cambio legal también dañó severamente al IFE al hacerlo administrador del acceso de los partidos a radio y Tv, tema complejo en extremo, al igual que dejó expuesto al órgano electoral a un permanente conflicto con partidos y medios. Además, el cambio limitó desproporcionadamente la libertad de expresión y, de paso, frenó las atribuciones de los órganos electorales y del Tribunal para que los partidos salvaguardaran el derecho a ser votado, así como las condiciones que aseguren legalidad en sus procesos internos. La reforma logró que las campañas quedaran dominadas por los spots que poco contribuyen a la calidad del debate o a la de la oferta partidaria. El saldo de los comicios en puerta será el de la urgencia de una reforma que corrija y enmiende muchos de los errores; ir a las elecciones presidenciales con las mismas reglas sería un acto temerario de irresponsabilidad. Por otra parte, hay reformas que se requieren para que pueda haber buenas reformas. Me refiero a dos fundamentales: la ley de partidos y la reforma del Congreso. La baja estima de los ciudadanos por el Congreso y los partidos no es un invento de encuestadores o resultado del intencionado desprestigio de los medios de comunicación. No hay conspiración de tal tamaño como para tales efectos. El problema es auténtico y en la medida en que los legisladores o los partidos no adviertan la magnitud del problema, mayor será el desprestigio y el deterioro de su imagen. Los partidos deben ser escuela de democracia y de ética política de acuerdo a la ideología y programa que cada organización postule. La querencia oligárquica de los partidos es realidad de origen en todos, como lo destacan los teóricos, pero esto no debe ser pretexto ni impedimento para su modernización y democratización. Mucho es lo que se ha hecho para salvaguardar el derecho a votar; todavía está pendiente la reforma para asegurar el derecho a ser votado. Las candidaturas independientes son solución parcial y marginal. Lo importante es democratizar a los partidos, de la misma forma que el Congreso debe hacer realidad muchas de las propuestas existentes para que sus trabajos se agilicen y, especialmente, para aproximar al legislador al sentimiento de sus representados. Todos estos temas son urgentes para la salud nacional.

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13974 <div style="text-align: right;">Liébano Sáenz </div> Cualquier acontecimiento trascendental es propicio para evaluar al país en amplia perspectiva. La visita del presidente Barack Obama sirve a tal propósito, lo mismo ocurre con la proximidad de una elección intermedia o la víspera de la celebración centenaria de la Independencia, génesis de la nación. ¿Cómo estamos los mexicanos ante nosotros mismos? Lo más destacable en nuestra generación fue el arribo a la llamada normalidad democrática. Todavía más relevante, por el hecho de que el proceso sucesorio presidencial del 2000 ocurrió por primera vez en toda nuestra historia sin crisis política, social o económica; sin impugnación y con el reconocimiento de los derrotados. Adquiere mayor relieve que esto se haya presentado en una situación de alternancia en la Presidencia, después del dominio de un solo partido por más de 70 años y que el relevo de administraciones haya sido ejemplarmente ordenado. Tengo la impresión de que ni aprendimos ni apreciamos lo que en esa fecha sucedió; por eso, en 2006 volvimos a la senda de la impugnación, el encono y la desconfianza. Una elección cerrada —hecho fortuito— lo facilitó, pero también contribuyó el acumulado de errores producto de la inmadurez de los actores. Así, por ejemplo, fue un desacierto que en 2004, el nuevo Consejo General del IFE haya sido integrado sin consenso de las tres fuerzas políticas fundamentales. De igual manera fue un traspié el intento de desafuero a uno de los principales contendientes, acción que, de haber prosperado, lo hubiese inhabilitado para competir en la elección. Sin embargo, en 2006, el error más costoso fue el involucramiento del presidente Fox en la contienda, precisamente lo contrario de lo que Fox candidato vivió en los comicios en los que resultó electo. No tiene sustento lo que señala el candidato presidencial del PRI que llevó a su partido en 2006 a casi una quinta parte de los votos, cuando declara que los gobernadores partidariamente afines, la dirigente de los maestros o quien haya sido, conspiraron contra su triunfo. No es cierto ni es creíble, simplemente por la enorme distancia entre su votación y la de los otros dos contendientes y porque de los 300 distritos electorales nada más perdió en 291. En todo caso, la cuestión a clarificar es por qué muchos votos potenciales priistas optaron por Calderón en el norte y por López Obrador en el centro y el sur. Los votos no tienen otro dueño que no sean los anhelos y temores de los propios electores. Por lo ocurrido después de la elección del 2000, desde la observación a distancia del poder y de la política, he hecho explicito en este mismo espacio un sentimiento de fracaso de esta generación de políticos, gobernantes y líderes a la que pertenezco. Después del 2000, mi partido derivó en una dirigencia que cultivó el encono por la derrota e ignoró la aportación histórica del PRI a la modernización del país y la construcción democrática. La causa profunda de la alternancia fue el anhelo de mejorar la calidad de la política y del gobierno. El triunfo de Vicente Fox era el desenlace de una prolongada lucha cívica de muchos héroes anónimos en todos los partidos, con no pocos momentos destacables y con sólidos prestigios individuales como el de Manuel Gómez Morín, Heberto Castillo, Jesús Reyes Heroles, Demetrio Vallejo, Manuel Clouthier, Luis H. Álvarez, Cuauhtémoc Cárdenas, Luis Donaldo Colosio y Carlos Castillo Peraza, entre otros muchos. No ocurrió, quizás porque en 2000, no fue el PAN quien triunfó, sino su candidato presidencial en una situación de poder dividido que limitó lo que podía hacerse, acrecentado por la ausencia de lealtad democrática de quienes perdieron. En 2006 ganó Calderón, el primer presidente en décadas, con una efectiva trayectoria partidista y parlamentaria. El desenlace de la elección y las dificultades le llevaron a construir un entendimiento con personajes del Poder Legislativo que, lamentablemente, derivó en una situación de degradación de la política, debilidad del mandato por la reforma y de retroceso en las libertades políticas y en la democracia, como se ha advertido. Todo proyecto en el poder busca construir las razones de su propia legitimidad, bien sea en términos de historia, de propósitos trascendentes o resultados. Poco hay que presumir: la ancestral desigualdad prosigue, la distancia entre el ciudadano y su representante legislativo es kilométrica, el crecimiento económico del país ha sido uno de los más bajos de toda la región. A los viejos problemas se agrega el embate del crimen organizado o la concentración productiva. Las malas cuentas son imputables a todos, incluso al pasado; pero no hay que desdeñar el principio apodíctico de que a mayor poder mayor responsabilidad. El gobernar no sólo está en la capacidad de designar funcionarios, decidir proyectos o administrar la burocracia, sino en evaluarse y transformar inercias, en anticiparse; el poder está también fuera del gobierno, en el Congreso, en los partidos, en la Corte, en los órganos autónomos, en los medios de comunicación, en el sector social y el empresarial. En su conjunto todos debemos asumir nuestra responsabilidad y, más que ello, hacer lo propio para cambiar el estado de cosas. La ruta son las libertades y la reforma a la medida de las necesidades del país, no de las ambiciones personales de los actores políticos formales como ha ocurrido en este pasado reciente. Un relevo generacional plantea una esperanzadora perspectiva, pero esto por sí mismo no es virtuoso si no se acompaña de nuevos hábitos y actitudes. Las élites continúan con mucho temor o ambivalencia a los valores propios de la democracia, como es la corresponsabilidad o el imperio irrestricto de la legalidad. La incertidumbre de cambio preocupa, aunque la certeza sobre el estado de cosas debiera dejar poca tranquilidad como lo muestran los efectos de la crisis económica o la violencia del crimen organizado. En estricta inteligencia, hay razón para reformar mucho de lo que ya no funciona. La visita de un presidente norteamericano con la frescura de su sólido liderazgo, una elección federal en puerta o una centenaria conmemoración nacional, constituyen la ocasión propicia para una reflexión sobre la realidad y circunstancia de esta generación de políticos.

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13974 Liébano Sáenz El presidente Calderón efectuó en días pasados un ajuste al gabinete; en la Secretaría de Economía, Eduardo Sojo es reemplazado por el titular de la Oficina de la Presidencia, Gerardo Ruiz Mateos, uno de sus colaboradores más cercanos política y personalmente. El momento del relevo no llamaría la atención, de no ser por la particularidad del entorno, por el repunte del tema de la inseguridad en la preocupación pública, a raíz del trágico desenlace del secuestro y homicidio del joven Fernando Martí. La economía es de gran importancia para el gobierno nacional. Es un juego difícil que se dirime frente a reglas que no se escogen, aspectos sobre los que no se tiene control y un impreciso espacio decisorio que sí está bajo el dominio del gobierno. A diferencia de la situación en que inició el gobierno actual, el entorno internacional ha cambiado de manera importante e impacta negativamente los objetivos de política económica; preocupa el repunte de la inflación, especialmente la que repercute en la calidad de vida de las personas y sus familias. Para atenuar su impacto en la economía familiar, el gobierno destina costosos subsidios al gas y la gasolina. La inversión y el empleo, que no registran signos alentadores, obligan a un replanteamiento de la estrategia inicial, posible razón del ajuste en el equipo. Todo ocurre frente a una reforma fiscal que no alcanzó los objetivos que el Ejecutivo se propuso a partir del diagnóstico de las finanzas públicas y su impacto en el desarrollo nacional. A la luz de los hechos, el desempeño del responsable de Economía careció de una posición realista sobre la situación del país, lo que hizo que el gobierno perdiera credibilidad. Generalmente la opinión pública da la bienvenida a los cambios en el gabinete; sin embargo, al interior del equipo no necesariamente devienen positivos estos ajustes. La discontinuidad de programas y la incertidumbre de los altos funcionarios no son del todo favorables al buen gobierno. Los cambios deben ocurrir cuando el costo de la continuidad es mayor que el de la renovación; nunca es recomendable que obedezcan a propósitos de imagen o percepción; lo importante es el desempeño. Además, reducen el margen del Presidente en el reclamo frente a la insuficiencia de resultados, una vez que se da el relevo se dificulta trasladar al nuevo designado la persistencia de lo negativo. Los antecedentes profesionales del nuevo titular de Economía no han despertado optimismo en los comentaristas ni confianza de que habrá un cambio significativo en la dependencia. Serán los hechos los que hablen por sí mismos y para ello no hay tiempo, dada la circunstancia que se vive en el país. Se entiende que una vez pasada la elección intermedia, con base en el nuevo equilibrio, el Presidente haga un ajuste en el equipo, para así corresponder a los dos procesos diferenciados de ejercicio del poder presidencial: el despegue y el aterrizaje. Una nueva alianza gobernante para un nuevo entorno y nuevo momento. La selección de colaboradores depende del perfil mismo del Presidente. El del actual es el de un político en el sentido natural de la expresión; en décadas, es el primer mandatario cuyo origen ha sido su partido y el Poder Legislativo; por otra parte, ha mostrado inclinación hacia la renovación de la política, por lo que, desde ese criterio particular, se explica que ciertas carteras del gabinete sean integradas con jóvenes de trayectoria partidista y con cercanía personal, como los titulares de Gobernación, Desarrollo Social y, ahora, Economía. El juicio a un equipo de colaboradores no depende de la coyuntura, ni de la visibilidad o popularidad de sus integrantes, sino de resultados, y éstos, en ocasiones, no trascienden al ámbito de lo públicamente evaluable. Un funcionario eficaz no necesariamente contará en automático con la aceptación de las áreas del Congreso a cargo de la oposición. Tampoco tendrá el respaldo del partido gobernante, si el funcionario privilegia su responsabilidad y lealtad al Presidente respecto a la de su proyecto político. Se dan casos que desde el interior de la misma dependencia hay crítica o resistencia, porque el funcionario está comprometido en renovar a la institución. De igual manera, la coordinación de los secretarios y directores se vuelve crucial, por lo que es indispensable una oficina presidencial vigorosa, enérgica y sensible para hacer valer la autoridad presidencial y un sentido de proyecto común. No está por demás señalar —y es el caso no sólo de México— que las presidencias más exitosas en lo político y en la ejecución de las llamadas políticas públicas, son aquellas con un Presidente acompañado de un equipo inmediato estable, profesionalmente capaz, desprendido de su proyecto personal futuro y, por lo mismo, claramente comprometido con el propio Presidente. Es un equipo poco visible, con la autoridad que el mandatario le concede, sin otro objetivo que seguir la suerte de éste, incluso concluido el ejercicio. La fortaleza y confianza de que gozan al momento del cargo, será la razón y causa de su marginal circunstancia política futura. He sostenido en repetidas ocasiones la necesidad de una Ley de la Presidencia como parte de la modernización de esta institución. El gabinete y los organismos descentralizados son muy importantes para la ejecución del proyecto de gobierno; pero también se requiere una oficina presidencial vigorosa, al igual que un organismo técnico, cuyo mando inmediato sea el mismo Presidente, ajena al gabinete, competente para la elaboración del Presupuesto a manera de que éste exprese el proyecto democráticamente decidido en las urnas y no el de una burocracia que obstruya el mandato en el complejo juego de cifras, técnica, política e intereses o que negocie “su” presupuesto ante la Cámara de Diputados, como sucedió en el pasado gobierno. La decisión de reestructuración de la oficina presidencial —y de la entidad responsable de la preparación del presupuesto— no puede estar en la discrecionalidad de un decreto presidencial, sino en el marco de una ley, para que el conjunto de la administración pública federal, tenga claramen-te definidas sus atribuciones y responsabilidades.

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13974 <div class="entry"> <div class="snap_preview">Liébano Sáenz La definición de quién habrá de presidir la mesa directiva del Senado reviste mayor importancia que la que nos ofrece la coyuntura y la circunstancia. Más allá de las calificaciones o méritos de las opciones existentes (los senadores Beltrones, Navarrete, Creel y Madero), la cuestión es si el PAN y el PRI, con votos suficientes en el Pleno, facilitarán, como sería de esperarse en condiciones normales, que el PRD presida los trabajos parlamentarios de septiembre de 2008 a agosto de 2009. La relevancia y trascendencia del tema tiene que ver con la manera de resolver el dilema inclusión o exclusión. Los legisladores y una parte destacada de la opinión pública, ha padecido la manera como un grupo minoritario de parlamentarios, agrupados en el Frente Amplio Progresista, ha obstruido los trabajos legislativos a través de acciones claramente contrarias al orden reglamentario del Congreso. Este espectáculo ha afectado seriamente al Poder Legislativo; las acciones directas, por justificadas que pudieran parecerles a quienes las ejecutan o las ordenan, son contrarias a la civilidad propia del parlamento, además, en nada contribuyen a superar la desconfianza ciudadana sobre los partidos políticos y los legisladores. Un sector del Congreso, seguramente respaldado por una parte importante de la opinión pública, considera que el grupo parlamentario perredista perdió el derecho a presidir el Senado, a manera de sanción por el desorden de algunos de sus miembros en el curso de la legislatura. La cuestión es que el PRD supera 25% de los asientos y en la Ley Orgánica del Congreso, esta representación le da una condición especial, si no para presidir en automático al Senado, sí para tener un trato equivalente al de las otras dos fracciones, lo que quiere decir, que en condiciones regulares, contaría con el derecho de presidir los trabajos en el Senado cada dos años. No verlo así, es una forma de exclusión de una mayoría sobre una minoría que representa a casi una tercera parte de los sufragios en los comicios que decidieron la integración del órgano legislativo. Es posible que la preocupación de quienes tienen mayor influencia en las decisiones del PRI y del PAN, no sea el momento actual, sino el último año de la próxima legislatura, es decir, el año del proceso electoral presidencial. Ellos saben bien que si se concede que un legislador del PRD presida al Senado ahora, lo presidiría también, en el año 2011 a 2012. Es una pena que el mal precedente del desenlace de la elección de 2006 afecte los términos de confianza y corresponsabilidad entre las fuerzas políticas; después de todo a ningún partido se le tienen escrituradas las instituciones ni su salvaguarda y la sociedad no distingue entre partidos cuando de expresar su desconfianza en los legisladores se trata. La tarea no es profundizar las heridas que resultaron de un proceso electoral muy competido, polarizado y con un resultado electoral extraordinariamente cerrado, sino superarlas; mirar hacia el futuro deseable es la tarea, promover el principio de la corresponsabilidad, no minarlo por una desconfianza anticipada. En todo caso es necesario revisar si la fracción –una entidad independiente a la de quienes la integran–, debe ser penalizada del derecho de presidir los trabajos por la conducta impropia de algunos de sus miembros o de correligionarios que sin ser legisladores, cuentan con un significativo poder de influencia, sean o no dirigentes. Estimo que es un error. Además, los coordinadores parlamentarios del PRD en ambas Cámaras, han jugado un papel importante para mediar entre los impulsos de la polarización que caracteriza a un sector de su fracción legislativa y un sentido de responsabilidad y lealtad a la institución parlamentaria. En realidad a quien se sanciona o excluye no es al extremismo, sino a quienes, dentro del PRD legislativo, han promovido el entendimiento y la prudencia. En otras palabras, la penalización tiene efectos contrarios, incluso, al interior del grupo parlamentario y del partido: hace dar la razón a quienes con mayor dificultad se han avenido a las reglas y al orden parlamentario, así como a los que creen que nada hay que cuidar en las instituciones porque todo está podrido. Lo acontecido en la Cámara de Diputados es ilustrativo del dilema y de su desenlace. Antes de que la diputada Ruth Zavaleta fuera designada por el Pleno, Presidenta de la Cámara y por ende, del Congreso y, por lo mismo, responsable para conducir los trabajos al momento de la comparecencia del Presidente Calderón en la apertura de las sesiones de 2007, había serias preocupaciones sobre lo que sucedería. Después de 11 meses de ejercicio de la Presidencia de la diputada del PRD, el balance es claramente positivo, no obstante los muy difíciles momentos que se han vivido en la Cámara baja. Nuevamente, el capítulo es más relevante de lo que indica la coyuntura y la crónica de individualidades: lo más relevante de todo el proceso es que quien preside al Congreso tenga la capacidad para asumirse en esa responsabilidad y no como parte de un segmento o de un proyecto ideológico. El precedente tiene mucho valor para el futuro de la vida parlamentaria mexicana. La democracia es un proceso de autoaprendizaje; nadie nace demócrata, sobre todo por las autolimitaciones que este paradigma impone. Son los beneficios de su vigencia lo que propicia que cobre fuerza, incluso que tenga el poder para someter a su propia lógica a quienes se resisten o lo ven con desconfianza. Sus dos encantos, por decirlo con una metáfora válida, son las libertades y la coexistencia; éstas deben tener vigencia plena, por ejemplo, la coexistencia debe estar acompañada de la posibilidad de participar efectivamente en el ejercicio del poder; no está por demás señalar que la exclusión, aunque tenga el aval mayoritario, es una negación democrática. No son los números los que siempre mandan, el paradigma obliga también a pensar en los principios, como lo señalara el parlamentario británico Edmund Burke, en su genial y trascendente obra Reflexiones sobre la Revolución Francesa. Por argumento democrático, no por afinidad ideológica o política, es el PRD el que debe presidir el Senado. </div></div>

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1 El PRD en el Senado

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13974 Liébano Sáenz Mañana domingo tendrá lugar la consulta sobre la reforma energética, promovida por Marcelo Ebrard y organizada por el IEDF. La polémica se ha hecho sentir en todos los aspectos: su base legal, la organización, la publicidad, su confiabilidad, sus efectos y hasta las preguntas a plantearse a los ciudadanos. El debate sobre la consulta se asocia a la discusión de la reforma petrolera. En el nivel político formal, quienes favorecen la iniciativa presidencial están en contra del ejercicio ciudadano; aquellos contrarios a la propuesta del Ejecutivo favorecen la consulta. Entre los ciudadanos la situación cambia; diversos estudios coinciden en el deseo de que la gente decida sobre el tema, y no los legisladores. Considerada la opinión ciudadana con cuidado, la situación no es tan positiva, ya que esta respuesta es una forma de desconfianza o rechazo al poder decisorio del Congreso, no necesariamente la pretensión ciudadana de participar en esta modalidad de democracia directa.Existe una vieja controversia entre la democracia directa (los ciudadanos deciden) y la democracia representativa (los representantes de los ciudadanos deciden); el argumento democrático purista favorece a la primera, el de funcionalidad en el mundo real, claramente a la segunda. Lo cierto es que el régimen constitucional vigente excluye a la democracia directa, aunque con alguna excepción poco relevante y ambigua en cuanto al sistema de planeación consignado en el artículo 26. Algunas legislaciones locales, incluyendo la del DF, han reconocido formas de democracia directa, entre éstas, la consulta ciudadana, aunque nada de qué presumir en cuanto a resultados; estos ejercicios de muy poco han servido. La apatía ha prevalecido, comprometiendo la validez o fuerza de las conclusiones; no hay veredicto ciudadano que no sea el de la frágil confianza ciudadana sobre los procedimientos formales de participación. Sin embargo, precedentes adversos no necesariamente descalifican a este tipo de recursos para la toma de decisiones; los legisladores están inmersos en una reforma institucional por lo que bien vale repensar el tema de la democracia directa más allá del debate sobre de la reforma petrolera o del expediente en práctica mañana domingo; necesario resulta revalorizar el debate y definir formas de democracia directa en apoyo al proceso decisorio público. Refrendo, plebiscito, iniciativa popular y revocación de mandato son las modalidades más comunes de democracia directa. Se ha dicho que su uso indiscriminado mina la responsabilidad de los funcionarios electos, en especial, cuando se trata de asumir decisiones necesarias, pero circunstancialmente impopulares; en contrapunto, se dice que hay decisiones fundamentales para el conjunto de la nación que no pueden estar exclusivamente en manos de políticos o de mayorías calificadas de corte legislativo. Ambas posturas tienen una parte de razón. Mi postura es a favor de la democracia representativa, pero estimo que existen supuestos particulares en los que la democracia directa debe hacerse presente. Por ejemplo, en materia de reforma constitucional, el procedimiento para un cambio de tal naturaleza requiere del voto de las dos terceras partes de los legisladores federales presentes, así como de una forma de refrendo por la mayoría de las legislaturas de los 31 estados. La historia de las reformas a la Carta Magna prueban que el procedimiento constitucional vigente no asegura buenas transformaciones, tampoco que el consenso político exprese el consenso social; incluso ahora en una situación de mayor pluralidad, se advierten reformas recurrentes a la carta magna; de 1997 a la fecha se han publicado 38 decretos de reforma constitucional. No todo lo aprobado resiste la prueba de las exigencias de un cambio positivo. El relevante y encomiable amparo interpuesto por un grupo de intelectuales contra la reforma electoral obliga a una reflexión más allá de la constitucionalidad del cambio a la Constitución, valga la expresión. ¿Es aceptable que una mayoría legislativa absoluta o calificada pueda cambiar partes significativas de la Carta Magna, o de lo que teóricos del constitucionalismo llaman la parte dogmática de la ley fundamental? Dos valores fundamentales compiten en la controversia sobre dicha reforma (independientemente de su dimensión legal), la equidad en las elecciones (tema de los políticos) y la libertad de expresión (tema de los ciudadanos). ¿Cómo resolver la cuestión sin acudir al Poder Judicial o a la Suprema Corte a través del singular argumento de inconstitucionalidad de la Constitución? Al menos para la reforma de los capítulos fundamentales de la Constitución, como ocurre para efectos prácticos con la reforma en comentario o la de justicia penal, estos aspectos debieran ser sujetos de un procedimiento de refrendo popular y con ello asegurar que la decisión política legislativa cuente con el aval social del ciudadano. Repetidas son las evidencias de que el parlamento mexicano no es infalible ni inmune al error; sorprende la facilidad con que los legisladores, independientemente de sus diferencias ideológicas y partidarias, pueden alcanzar consenso en temas en los que se esperaría una mayor diferencia dado su contenido controvertido o intereses en pugna; existen casos de unanimidad contra lo más elemental de un sentido de responsabilidad, como ocurrió en la Cámara de Diputados en la legislatura pasada, cuando se aprobaron diversos ordenamientos, entre éstos, el voto de los mexicanos en el extranjero. Frente a esta realidad, el Congreso debe abordar con más sentido de necesidad que de urgencia, el tema de la democracia directa, y considerar su excepcionalidad y los supuestos de su empleo. Es posible que la consulta de mañana profundice el prejuicio contra la democracia directa; el procedimiento, en sus resultados y función, pierde sentido cuando no cuenta con el aval de los polos en el debate. La consulta puede ser un recurso políticamente rentable frente al desgaste del Congreso; sin embargo, poco contribuye para promover una cultura de auténtica participación ciudadana, independientemente de la voluntad de los organizadores o de los méritos hipotéticos de dicho procedimiento.

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1 La consulta a debate

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13974 La televisión, al igual que la política, ha evolucionado en términos positivos. En ambos sectores ha habido abusos y excesos, pero un adecuado diagnóstico de sus causas y la realidad de su impacto conduciría a soluciones inteligentes, viables y consistentes con las aspiraciones de medios y políticos La revolución tecnológica modifica lo cotidiano en la vida de las personas. Recuerdo que un viejo y extrañado profesor me comentaba sobre la resistencia de su padre para usar el teléfono; decía que hablar sin ver a la cara era una falta grave a la urbanidad. Hace unos días, en uno de esos nuevos teléfonos ahora muy demandados, pude acceder a un programa gratuito en el que tarareando una melodía, el instrumento hace una búsqueda en la red para dar un inventario de intérpretes diversos de la pieza musical, con posibilidad de reproducirla o adquirirla desde el mismo teléfono móvil. ¿Magia o productos del demonio? Lo cierto es que la innovación es el desafío mayor; y eso va en todas las actividades humanas, más en las que hay competencia… como en el mundo de las encuestas. Hacer una pregunta no es acto de revelación del dueño, sino un ejercicio colectivo de especialistas en la comunicación, no en los números. Dos transformaciones profundas e independientes han cobrado vida: la política y la televisión. No obstante el cambio positivo en ambas, la relación es difícil. Para los políticos —de todas las persuasiones ideológicas— es difícil convivir con la televisión. Para unos, propicia frivolidad e indolencia, para otros, es una intrusa; para los estatistas es ambas cosas. En la televisión se resiente que los políticos no entiendan que, independientemente de su función social y carácter público, el medio cobra expresión en empresas, en negocios que dependen de la relación entre auditorio y anunciante. Como en el caso de un libro, para la televisión no es suficiente el autor, ni siquiera el texto; también se requiere del lector o del receptor, más aun, los costos conllevan la necesidad de patrocinio a través de la publicidad. El desencuentro ha propiciado una improcedente exigencia de sometimiento de los medios televisivos a la política, bajo el discutible argumento de que al ser instrumentos concesionados del Estado, el gobierno o los legisladores pueden y deben imponerse. Criterio válido si se tratara de fortalecer las libertades y la calidad de información, inaceptable si el propósito es establecer criterios a los que deben someterse los contenidos de programación y la misma publicidad. Así por ejemplo, los políticos no están preocupados por el uso indebido de los menores en la programación, pero sí en la publicidad política. La reforma electoral reciente lo muestra con claridad: se privilegia una aspiración de equidad (interés de los políticos) sobre la libertad de expresión (interés de la sociedad). La televisión, al igual que la política, ha evolucionado en términos positivos. En ambos sectores ha habido abusos y excesos, pero un adecuado diagnóstico de sus causas y la realidad de su impacto conduciría a soluciones inteligentes, viables y consistentes con las aspiraciones de medios y políticos. En materia de libertades no corresponde a las autoridades decidir qué está bien o mal, tampoco son válidos los criterios burocráticos sobre lo aceptable. Llevar al IFE a la calidad de policía ha sido uno de los más graves errores de los políticos; la tarea de la institución es otra e insustituible: propiciar el ejercicio de las libertades políticas —asociación y derecho del voto— no es lo suyo vigilar como gendarme de esquina, si particulares, candidatos, partidos o funcionarios están haciendo uso adecuado de la radio y tv. La decisión legislativa pervierte a una de las instituciones más importantes para la democracia electoral y habrá de llevarla a un previsible desgaste por la polémica sobre su desempeño por omisión o exceso. En esta embestida la televisión no ha actuado con inteligencia. En ocasiones se ve justamente lo contrario, lo que ha dado argumento para que el sector más antiliberal y regresivo avance en su deseo de someter a la tv. Existen estándares incuestionables sobre el desempeño de los medios de comunicación que debieran ser promovidos por la tv; los códigos de ética y la autorregulación no son realidad en el gremio o en las empresas, recursos valiosos para conciliar responsabilidad, libertad de expresión y de industria. Es muy desafortunado para el desarrollo del país que el desencuentro que se da entre los políticos y la tv ocurra en medio de una revolución en las telecomunicaciones. La condición de “abierta” de la televisión queda en duda por el crecimiento exponencial de la televisión “restringida”, tema del que se ocupó el legislador en la reforma electoral con una ambigüedad tal que revela miopía e ignorancia. La red modifica hábitos informativos. El uso del teléfono se diversifica, además no hay persona que no haga uso cotidiano de estos instrumentos. La televisión convencional no será desplazada, coexistirá con otros medios, formatos o modalidades electrónicas de entretenimiento, información, y comunicación. Es útil observar lo que sucede en el mundo en materia de comunicación electrónica. Por ejemplo, la manera como el candidato presidencial demócrata Barack Obama, construye su camino para ganar la presidencia en EU, sería suficiente para advertir la velocidad y profundidad del cambio, la manera como éste afecta y transforma las fijaciones colectivas de mayor calado en la sociedad. Es urgente que la tv y la política lleguen a un encuentro. No será la tv la que modifique a la política, tampoco los políticos los que transformen positivamente a la tv. Debe partirse del reconocimiento de cada una de las actividades, de sus reglas y procesos, así como del enorme potencial que política y tv tienen para una transformación profunda de la sociedad mexicana. La agenda del cambio es amplia; no todo está en manos del Estado o del gobierno; la globalidad y el cambio tecnológico no conocen fronteras y, con frecuencia, los criterios burocráticos de control suelen ser ineficaces si no es que contraproducentes. Hay un cambio político y tecnológico en curso. Se requiere claridad para hacerlos converger en beneficio de los mejores valores de la modernidad, como es el respeto a la dignidad humana y el ejercicio efectivo de las libertades. Los políticos tienen por ahora la palabra.

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1 Las televisoras y los políticos

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13974 Desde hace tiempo el PAN ha planteado regresar al texto original de la Constitución de 1917 que permitía la reelección consecutiva o inmediata de legisladores. Es decir, revertir ese cambio de 1933 que facilitó al poder nacional imponerse sobre los poderes regionales fácticos y formales, proceso crucial para la estabilidad política y la consolidación del Estado. El dominio de un solo partido y de un presidencialismo excesivo es secuela de ese periodo fundacional. En fechas pasadas, la ex titular de la Sedesol, la senadora yucateca Beatriz Zavala, presentó una iniciativa al respecto. Antes, lo hizo el presidente Calderón cuando era legislador, así como el actual presidente del PAN, Germán Martínez. La reelección consecutiva no sólo es una bandera de partido, también cuenta con la adhesión de un sector del PRI y el aval de buena parte de la academia. Esta postura claramente favorable no necesariamente goza de la simpatía de la mayoría de los mexicanos según revelan los estudios de opinión. Cabe destacar que la iniciativa de la senadora también contempla la disminución de los diputados y senadores de representación proporcional a la mitad del número actual. Una de las tesis para restablecer la reelección consecutiva es la noción de que con ésta los legisladores rendirían cuentas a sus representados al momento de encarar nuevamente las urnas. Se asume que los legisladores serían más cuidadosos en su desempeño, ya que así no comprometerían su eventual reelección; los diputados y senadores estarían atentos al sentimiento popular y de esta manera los haría más responsables y representativos. La tesis es válida, pero la realidad es mucho más compleja, sobre todo, si partimos del hecho de que los partidos son los sujetos fundamentales del proceso electoral, de representación y de organización parlamentaria. Como sucede con casi todos los parlamentos, en el Congreso mexicano prevalece la unidad partidaria, lo que significa que el legislador, en la práctica, no actúa de manera individual o independiente respecto a la postura de sus correligionarios diputados o senadores. Los titulares del financiamiento para campañas y de la plataforma electoral son los partidos no los candidatos. ¿Es conveniente que los diputados sean independientes de su fracción parlamentaria? Nuevamente, en teoría sí, pero la realidad plantea retos que es preciso reconocer. Un diputado independiente no necesariamente es más responsable o más congruente con los deseos de sus electores, puede ser el caso de cooptación por parte de los competidores políticos o el gobierno, incluso abre espacio a la corrupción por los intereses económicos en juego en muchas decisiones legislativas. La independencia del legislador respecto a la línea partidaria es muy sugerente en la teoría, en la realidad hasta puede ser un paso peligroso como lo revela la historia de los orígenes del parlamentarismo democrático. Lo mismo ocurre en la pretensión de ganar su reelección. El voto no es una manera muy eficaz de rendición de cuentas, no sucede con partidos mucho menos con candidatos. Lo que sí puede ocurrir es que legisladores responsables queden expuestos a la malquerencia de los electores por decisiones necesarias pero impopulares, como suele ocurrir en los temas fiscales o bien que se lastimen poderosos intereses que puedan cobrar revancha al momento de la reelección. De esta manera lo que se supone en teoría que es un incentivo para un ejercicio responsable del encargo, en la práctica puede resultar justamente lo contrario. Yo me he pronunciado por la reelección consecutiva, pero por razones distintas y sólo para el caso de los diputados en ocasión de la elección intermedia. La idea es que el equilibrio político al momento mismo del inicio de la gestión sexenal del Presidente tenga posibilidad de reproducirse en la segunda mitad de la gestión, toda vez que la evidencia muestra que quien pretende reelegirse cuenta con enorme ventaja respecto a quien le compite, como lo constata lo que sucede en EU, donde la tasa de éxito de quienes buscan reelegirse es superior a 97 por ciento. No está por demás destacar que en las pasadas dos gestiones presidenciales mexicanas, en la elección intermedia, el partido gobernante perdió espacio, situación que los analistas dicen que es muy probable vuelva acontecer en 2009. Disminuir legisladores es popular, pero no es el número lo que preocupa a la población, sino la eficacia del Poder Legislativo, lo que no se resuelve con un Congreso con menos legisladores, tampoco con medidas que generan sobrerrepresentación de los partidos más grandes y subrepresentación de los pequeños, como lo implica la disminución sólo de los legisladores de representación proporcional. Al respecto he señalado que el número de diputados debe disminuirse, pero con integración igualitaria de legisladores de mayoría y de minoría. Por otra parte, mi propuesta es que los electores cuenten con dos boletas, una para elegir a su diputado distrital y otra para determinar al de representación proporcional, mismo que sería elegido por listas desbloqueadas con pocos candidatos para que sea el ciudadano y no la cúpula del partido el que determine quién debe llegar al cargo. En el Senado deben desaparecer los 32 senadores electos por lista, para así recuperar el sentido originario de la institución sobre la representación igualitaria de las entidades de la Federación. Una modalidad sugerente a evaluar es que los cuatro senadores que se elijan por entidad, se hagan por una modalidad de representación proporcional, para evitar el caso de una desproporcionada sobrerrepresentación de los grandes partidos. Las instituciones deben revisarse con rigor y a la luz de las necesidades del país, de su historia y de la naturaleza del régimen político que prevalece. Para el caso de la integración del Congreso, su revisión casi siempre ha ocurrido en una perspectiva de corto plazo y de la posición de los partidos en la circunstancia. Ha hecho falta visión y perspectiva. En el debate han sido frecuentes los lugares comunes, las ambiciones personales y la falta de imaginación. El Congreso debe ser la base para un buen gobierno. El problema más que de los actores o de responsabilidad política es deficiencia institucional.

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1 La reelección y el PAN

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13974 <div style="text-align: right;">Liébano Sáenz</div> Las reglas sobre los partidos políticos han sido deficientes desde su origen. Tarde llegaron a la Constitución y la apertura de las organizaciones a la formalidad se dio en una circunstancia particular, en ese entonces se facilitó el reconocimiento a través de un registro condicionado al resultado electoral para así resolver la resistencia de los partidos para entregar los registros de sus miembros. De ese entonces, 1977, el país ha conocido muchos partidos, incluso casos de organizaciones muy discutibles en cuanto a su condición y representatividad; en algunos casos conocidos y muy lamentables, el verdadero incentivo para obtener registro, era acceder al régimen de prerrogativas, más que el de acceder al cargo público o ganar un espacio para la defensa o promoción de intereses legítimos. El capítulo más reciente de las reglas sobre los partidos es la determinación de la Corte el jueves pasado, al declarar inconstitucional el artículo 96 del Cofipe, con lo que se obliga a los partidos pequeños a alcanzar por si mismos el 2% de los votos para preservar su registro. Ha sido un error de origen condicionar el ejercicio de diversos derechos a un solo evento, esto es, el porcentaje de votación. La libertad de asociación –formar un partido político–, no debiera tener ninguna condición; en cambio, lo que si debiera estar condicionado es el derecho para participar en elecciones (acreditar un mínimo de miembros y formalidad en los ordenamientos internos). Requisitos adicionales como un mínimo de votación deben ser la base para obtener privilegios como el financiamiento público o el acceso a medios de comunicación y, todavía más, para tener derecho a la representación nacional o al cargo público. Por los abusos que se han dado, hay un descrédito de la pluralidad de partidos; sin embargo, la diversidad de opciones no sólo plantea al ciudadano un espectro mayor para el ejercicio del voto, sino que además esto es consecuente con la diversidad social, más en un país tan complejo como es el nuestro. Hay lugar para muchos partidos representativos de causas, regiones o demandas sociales. El PAN, el PRI y el PRD, son la expresión de proyectos políticos con profundas raíces históricas. Independientemente de las vicisitudes de circunstancia que les hacen variar de preferencia electoral, cuentan con un ascendiente considerable para superar por mucho el mínimo legal que les permite preservar el registro. La situación de los partidos llamados “pequeños” es distinta, su situación es más vulnerable a la prueba de los votos. El proteccionismo que les había concedido la legislación, al permitirles eludir el desafío de los sufragios cuando se coaligaran, les lastimó en la consolidación de su base social y representatividad política diferenciada. De acuerdo a las normas anteriores, para los partidos era más razonable y ventajoso coaligarse, especialmente en la elección presidencial, que luchar por los votos que avalaran a sus proyectos y candidatos propios. El convenio de coalición establecía cuántos votos habría de asignarse a cada partido. Lo que determinaba la representación de las organizaciones políticas era la negociación entre las dirigencias de los partidos y no la voluntad ciudadana. La reforma electoral reciente cambió las cosas, ahora los partidos, aun coaligados, deberán presentar sus emblemas en la boleta para que el ciudadano pueda expresar su preferencia; el porcentaje de votos ya no será más el resultado del acuerdo entre las cúpulas, sino de los votos que cada partido obtenga. El artículo 96 del Cofipe, concedía a los partidos pequeños coaligados, la posibilidad de transferencia de votos para alcanzar 2%, siempre y cuando obtuvieran, por sí mismos 1% de los votos, cláusula llamada “de la vida eterna” y ahora considerada inconstitucional por la Corte. La decisión de la Corte entraña un desafío importante para la mayoría de los partidos existentes. Las prerrogativas de ley, sobre todo, para los que participaron de manera coaligada en la elección federal de 2006, son suficientes para acometer el reto electoral que les permita preservar su registro y acceso a la representación nacional. En 2009, 2% de los votos significarán aproximadamente 650,000 sufragios, suma que puede apreciarse enorme si los partidos no trabajan desde ahora con seriedad en su empeño. Es una llamada de atención a un año de la elección para que construyan una estructura territorial estable, un programa diferenciado de sus pares, así como una base social consecuente con el proyecto que abandera el partido. No empiezan de cero. Todos los partidos, incluso los de registro reciente, tienen proyecto e historia. La cuestión es que los recursos –tiempo, oferta política, dineros públicos y prerrogativas mediáticas– tendrán que orientarlos hacia los objetivos electorales. El dispendio deberá llegar a término porque la supervivencia de la organización está de por medio. Sin duda, la determinación de la Corte les obligará al reencuentro y desarrollo de su base social; a la presentación de candidatos capaces de obtener el voto ciudadano, a tomar en serio el desafío electoral; en suma, ahora tendrán que realizar lo que en teoría les dio origen y que una mala y deficiente legislación inhibió o pervirtió. Al margen de las malas experiencias que en México ha vivido el pluralismo, es preciso reivindicarlo. La dinámica social, las diferencias sociales y regionales, así como la existencia de demandas que normalmente no son atendidas por los grandes partidos, hacen necesaria la existencia de una pluralidad partidista. Para ello es menester revisar el marco legal existente. Recuperar en su sentido originario la libertad amplia para asociarse con motivos políticos y establecer criterios diferenciados para el derecho de participar en elecciones, acceso a las prerrogativas y merecer integrar la representación nacional. La Corte, con un criterio unánime, ha declarado inconstitucional un aspecto importante de la reforma electoral que afecta a los partidos pequeños. Es paradójico que esto haya ocurrido a partir de un recurso legal que los mismos afectados interpusieron. También es paradójico que una decisión que les afecta, a su vez, abre una posibilidad para su propia transformación y recuperar el sentido originario de su existencia.

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1 Los partidos “pequeños” en jaque

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