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Hoy me sumo al manifiesto que Izquierda Unida emite en este 1 de mayo de 2012.

En este Primero de Mayo de 2012 nos enfrentamos al ataque más brutal y antidemocrático que hayan sufrido los derechos de trabajadores y trabajadoras en mucho tiempo. Se presentan como medidas contra la crisis lo que solamente es un redoblado intento de rapiña sobre los salarios, las conquistas de la clase obrera y los derechos sociales de la inmensa mayoría de la población. No importan las personas y su derecho al trabajo digno y estable, sino el beneficio de los bancos y las multinacionales.

Llevamos casi cinco años de agudización de la crisis y también de recortes de todo lo público, pero ni uno sólo de los países que ha aplicado esas medidas ha mejorado su situación económica y social. Ni uno sólo. Al contrario, sigue aumentando el paro, crece la deuda exterior, y estamos en una segunda ola de recesión económica.

Lo que se nos intenta vender como la única salida de la crisis es una mera estafa que ahonda más la injusticia y el sufrimiento, incrementa el paro y la pobreza, desprotege a los más débiles y pretende convertir en mercancía y negocio la educación y la salud.

Pero la salida real de la crisis viene de la mano de la lucha y la movilización. Quieren que nos encerremos en nuestras casas con el miedo al desempleo y la precariedad y con la pesadilla de un futuro peor que el pasado, pero no lo conseguirán. La salida social de la crisis, favorable a la inmensa mayoría, está en nosotros y nosotras.

La reciente Huelga General ha mostrado el camino. La derecha decía que no serviría para nada y el Gobierno que no estaba dispuesto a mover una coma de su reforma laboral. Hoy ya preparan enmiendas a sus propios textos, pero esta reforma laboral no es reformable y debe ser retirada. Además de esta consecuencia, la Huelga General ha fortalecido la conciencia y la organización del mundo del trabajo y ha mellado los ataques contra el sindicalismo de clase.

La ofensiva contra la educación y la sanidad públicas está encontrando cumplida respuesta en una creciente movilización ciudadana. El intento para hacer retroceder los derechos y libertades democráticas que el Gobierno quiere impulsar desde su mayoría absoluta encuentra una importante oposición.

Es el modelo económico, político y social asentado desde la transición el que está desmoronándose y son las políticas neoliberales (última expresión del sistema capitalista) las que aparecen, cada vez de forma más clara, como irreconciliables no solamente con los derechos del mundo del trabajo, sino también con el progreso económico, la sostenibilidad medioambiental y el bienestar de la inmensa mayoría de la ciudadanía.

Hace ahora 122 años que se celebró en España por primera vez el 1 de Mayo, "Día Internacional del Trabajo", y es necesario subrayar en esta ocasión el carácter internacionalista de esta fiesta y su contenido solidario que nos lleva, especialmente, a expresar nuestra solidaridad con el pueblo argentino, que tiene todo el derecho a decidir soberanamente sobre sus recursos naturales, como en su día lo harán los pueblos de España, y nuestra coincidencia en la lucha con todos los pueblos de la Unión Europea que se movilizan contra las políticas de recortes. Deseamos el éxito de los candidatos de la izquierda alternativa en las próximas elecciones de Francia y Grecia que pueden comenzar a abrir un horizonte nuevo en las políticas de la Unión Europea. Nos solidarizamos, como siempre, con la lucha del pueblo palestino que se agudiza en Gaza y con las reivindicaciones del pueblo saharaui.

La crisis tiene salida, el Gobierno no

Las políticas neoliberales de recortes, debilitamiento de lo público y retroceso de los derechos laborales, que inició el PSOE y ha profundizado el PP han fracasado.

No obstante, el Gobierno presenta unos Presupuestos Generales del Estado que son una auténtica declaración de guerra contra la mayoría del pueblo. Unos presupuestos que van a generar más paro, estancar la economía, y deteriorar la educación, la salud y otros servicios sociales y que estimulan el fraude fiscal mediante una amnistía para los defraudadores.

Izquierda Unida subraya que hay salida para la crisis y ha aportado propuestas positivas para hacerlo en beneficio de la mayoría.

Con una mayor justicia fiscal que lleve hasta una contribución fiscal equivalente a la media de la Unión Europea hay recursos suficientes para crear empleo, impulsar la economía real y, con ello, reducir el déficit.

Con una lucha firme contra el fraude fiscal y la economía sumergida, mediante los cambios legales necesarios y el reforzamiento de la Agencia Tributaria, habría ingresos para mejorar la educación y la sanidad públicas y atender la Ley de Dependencia. Hacer aflorar de trabajos sin contrato y exigir la igualdad de salarios entre hombres y mujeres, además de ser de justicia, permitiría sanear la Seguridad Social y mejorar las pensiones.

Con una política decidida de apoyar la creación de empleo desde lo público es posible crear cientos de miles de empleos verdes (reforestación y mantenimiento de zonas verdes, rehabilitación sostenible de viviendas, agricultura ecológica, energías renovables), sociales (aplicación de la Ley de Dependencia, escolarización de 0 a 6 años) y de interés estratégico (infraestructuras de proximidad, desarrollo de un sector público en la economía).

Con la creación de una Banca Pública, a partir de la nacionalización de las Cajas de Ahorro que han sido entregadas al capital financiero, sería posible que el crédito fluyera hacia las pequeñas empresas y las familias.

Con la implantación de un nuevo modelo productivo, que incluya más democracia en la sociedad y en la empresa, un sector público poderoso y el apoyo a la economía social, una apuesta por el desarrollo sostenible y el pleno empleo de calidad, la mejora de la educación, el esfuerzo a favor de la I+D+i civil, y un cambio progresista en las relaciones laborales.

Nuestra lucha es la lucha por el empleo

El objetivo central de cualquier política de izquierdas para salir de la crisis es la creación de empleo. Izquierda Unida defiende un empleo estable, digno y de calidad y, en consecuencia se opone a cualquier medida de abaratamiento del despido y de reducción de los costes salariales. No han sido esas, ni mucho menos, las causas de la crisis y no está ahí la solución. Por ese camino sólo se trata de asegurar de nuevo los beneficios de quienes ha generado esta situación, a costa de los trabajadores.

Crear empleo no puede ser considerado como un gasto porque sólo el trabajo humano genera la riqueza socialmente útil.

Izquierda Unida reivindica el reparto del trabajo para que puedan trabajar más personas, reduciendo la jornada a 35 horas semanales, sin pérdida de retribución, y bajando progresivamente la edad de jubilación

Por un 1 de Mayo de movilización

Izquierda Unida llama a todos los trabajadores y trabajadoras, a toda la ciudadanía a participar en los actos, concentraciones y movilizaciones convocadas por CCOO y UGT.

Izquierda Unida considera que este 1 de Mayo debe dejar claro que no estamos dispuestos a aceptar una salida de la crisis que no vaya a favor de la mayoría social de este país. Es precisa una auténtica rebelión ciudadana por nuestros derechos.

Izquierda Unida llama a extender y profundizar la movilización hoy y en los meses próximos por una salida social de la crisis, por el empleo, la defensa de lo público (comenzando por una educación y una sanidad públicas y de calidad), el derecho a la vivienda, la igualdad y la no discriminación.

Viva el 1 de Mayo de lucha y solidaridad

Para conocer la historia del 1 de Mayo y los “mártires de Chicago en 1886” http://www.multiforo.eu/PORTADA.htm

Se cumple un año del comienzo de las revueltas árabes y el optimismo inicial ha desaparecido. Dos son los obstáculos estructurales que se han interpuesto en su camino: Se han desencadenados a destiempo: reclaman democracia cuando la democracia está en retroceso en todo el mundo; Se han desencadenado en lugar equivocado: precisamente en la zona del planeta donde se concentran más tensiones y más intereses internacionales. Así comienza Santiago Alba Rico, su artículo publicado en Diagonal.

El caso de Siria es el más doloroso que el de las revueltas de Libia, Egipto o Túnez. Su revolución democrática es tan legítima y espontánea como la de sus hermanos árabes, pero parece amenazar el orden regional y la paz mundial y resucitar el fantasma de la Guerra Fría. Su insistencia heroica frente a la represión ha activado la intervención de toda una serie de potencias y subpotencias que tratan de explotar o anular el movimiento popular sin alterar de manera significativa el “equilibrio” de las últimas décadas. El sostén al régimen por parte de China, Rusia, Irán y Hizbulá se yuxtapone –más que oponerse– al interés de Israel, EE UU, la UE, Turquía y los países del Golfo en erosionar la dictadura en su provecho, pero evitando una verdadera democratización del país y una guerra a gran escala.

Santiago Alba Rico observa que la situación se encuentra en un callejón sin salida cuya agónica prolongación está generando ya cinco efectos muy negativos:

1. El aumento de la represión criminal de un régimen que se sabe impune y que está dispuesto a utilizar todos los medios militares y policiales contra la revolución, desde los bombardeos de barrios enteros -como ha ocurrido en Homs, Idlib o Hama- hasta la tortura y ejecución de cientos de opositores.

2. La militarización creciente e inevitable de la revolución, con el consiguiente riesgo de un conflicto civil armado en el que los automatismos de la venganza, con los crímenes que le van aparejados, se antepongan a cualquier lógica de orden político y de integración nacional.

3. La sectarización de las tensiones a escala local y global al mismo tiempo, como parte de una estrategia en la que convergen tanto el régimen de Al-Asad en el interior como Irán y Arabia Saudí en el exterior, dos dictaduras enfrentadas en una sorda guerra regional destinada a agravar el conflicto sunnismo/chíismo que la común resistencia antiisraelí había suspendido en Palestina y que la invasión estadounidense había reactivado en Iraq. Esta sectarización amenaza no sólo el curso de la revolución siria, sino el impulso ecuménico y democrático de la llamada Primavera Árabe.

4. La división creciente en el seno de la oposición al régimen, con un Consejo Nacional Sirio incapaz de obtener ningún éxito diplomático en el exterior ni de coordinar la lucha en el interior y que se enfrenta además a la Coordinadora Nacional por el Cambio Democrático, la coalición encabezada por Haythem Manaa, más izquierdista, contraria a toda intervención extranjera. Esta división se refleja en los barrios y ciudades de Siria, cuyas Coordinadoras Locales, que siguen convocando manifestaciones pacíficas todos los días, confían ya más en el Ejército Libre de Siria que en las fuerzas políticas que deberían representarlas.

5. La división creciente en el seno de las izquierdas árabes. Lo que no ocurrió con Libia, a pesar de la intervención militar de la OTAN, es ya un hecho en relación con Siria: el conflicto ideológico entre un sector que considera la dictadura de Al-Asad un obstáculo en el camino del imperialismo, de la ocupación sionista de Palestina y del islamismo; y otro que denuncia esa pretensión como puramente retórica y que, en cualquier caso, apoya el derecho del pueblo sirio a luchar por la libertad, la dignidad y la justicia social, igual que los otros países hermanos. Esta fractura –prolongación de la que se había producido antes a nivel mundial– amenaza también el neopanarabismo democrático y progresista que la llamada Primavera Árabe había movilizado tras décadas de retroceso y divisiones en el seno de la izquierda regional.

En Siria y en el resto del mundo árabe, el proceso será largo, sinuoso, tormentoso, pero “romper la maldición del miedo, adquirir conciencia del poder popular, tomar las calles sin temor y derrocar a los que han sido presidentes por demasiado tiempo pagando el precio de la sangre por la liberación, la dignidad, los derechos fundamentales, la justicia social y la participación política, todo ello constituye un gran paso adelante” (del sindicalista jordano Hisham Bustani). En contra de los que defienden el principio abstracto de no-injerencia, el hecho es que todas las fuerzas imaginables están ya interviniendo sobre el terreno o sobre el discurso. La izquierda también y de la posición que ella tome dependerá también el curso de los acontecimientos.

Ref. Santiago Alba Rico http://www.diagonalperiodico.net/Siria-ultima-parada-de-las.html

Noam Chomsky elaboró la lista de las “10 Estrategias de Manipulación” a través de los medios. En su libro “Armas Silenciosas para Guerras Tranquilas” Chomsky hace referencia a ese Decálogo de Estrategias.

¿Como se aprecian estas estrategias en la actual realidad española? ¿Cómo el Partido Popular en el poder, para llevar a cabo sus políticas, con el menor coste político y social, actúa estratégicamente siguiendo el decálogo?

1- La estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción, que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las elites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales, en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. "Mantener la Atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, ocupado, ocupado, sin ningún tiempo para pensar; de vuelta a granja como los otros animales".

Los políticos también utilizan estás técnicas de distracción. Ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, anunciaba que había solicitado al presidente Rajoy la desaparición de los “17 miniestados” para ahorrar 48.000 millones de euros. Esto es humo; mientras nos enzarzamos en otra guerra contra las autonomías y nacionalidades, perdemos de vista los recortes en sanidad y educación, que ya se están produciendo.

2- Crear problemas, y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado "problema-reacción-solución". Se crea un problema, una "situación" prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo: dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, u organizar atentados sangrientos, a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también: crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos.

La gran crisis que estamos padeciendo, en concreto en España, está sirviendo para que el gobierno del PP se empecine en una reforma laboral, que elimina derechos laborales esenciales como el despido por la sola voluntad del patrón, la negociación colectiva con la cláusula de descuelgue en las empresas, disminución de salarios; todo ello con el objetivo, nada probable de que se cumpla, de crear empleo. Todo ello bien orquestado por los medios informativos a su servicio.

3- La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas (neoliberalismo) fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990: Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicadas de una sola vez.

Desde mediados del 2010, los poderes económicos, financieros, con la ayuda de los gobiernos, están insistiendo en los riesgos de la crisis económica y del posible rescate por parte de la Unión Europea. Tanto insisten, que vemos normal que esto ocurra y podemos llegar a pensar que los recortes en servicios públicos son necesarios, sin percatarnos que puede y de hecho existen otras alternativas a la eliminación de derechos, recortes sociales y eliminación de servicios públicos ciudadanos.

4- La estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como "dolorosa y necesaria", obteniendo la aceptación pública, en el momento, para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente.

No hace falta ningún ejemplo sobre lo que Rajoy y su gobierno están haciendo, siguiendo esta estrategia de “diferir”. La ciudadanía tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que "todo irá mejorar mañana" y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento.

5- Dirigirse al público como criaturas menores de edad. La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante.

¿Por qué ocurre esto? "Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese 12 años de edad o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella tenderá, con cierta probabilidad, a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico como la de una persona de 12 años o menos de edad". Repasemos los programas de televisión de nuestro sistema TDT para comprobar el funcionamiento de esta estrategia.

6- Utilizar el aspecto emocional, mucho más que la reflexión. Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un corto circuito en el análisis racional, y finalmente al sentido critico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones, o inducir comportamientos.

Rajoy en estos pasados días está usado esta estrategia: “El Gobierno tiene una obligación que es gobernar y no podemos abdicar de esa responsabilidad porque es lo único que los españoles no nos perdonarían de ninguna de las maneras", O cuando dijo en Bruselas “la reforma laboral me va a costar una huelga”. O anteriormente el Presidente Rodríguez Zapatero con el “me cueste lo que me cueste”.

7- Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. "La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la mas pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposibles de alcanzar para las clases inferiores".

Los recortes de gastos en educación pública que está aplicando Rajoy y el PP, tiene un doble objetivo: reducir gastos en un servicio público fundamental, con el consiguiente deterioro del sistema, provocando la situación mencionada anteriormente.

8- Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto.

Esto se observa, cuando el poder mediático, los medios informativos al servicio del poder, carga contra los valores de la sociedad progresista o contra el sistema público educativo, acusándole de impulsor de valores alejados de sus propias convicciones; o en los programas reality show de televisión, incapaces de presentar una alternativa de calidad a la sociedad actual.

9- Reforzar la auto-culpabilidad. Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades, o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. Y, sin acción, no hay revolución!

En estos días, se está acusando a los trabajadores que no trabajan lo suficiente, a los enfermos que acuden demasiado a los servicios de salud, a las familias que se han endeudado más de lo que podían. El todo somos culpables es el mensaje; cuando los únicos responsables de la crisis actual ha sido el sistema económico financiero, quienes que no están soportando las consecuencias de lo que ellos mismos crearon, por su ambición especuladora. Les falta, por la obsesión reductora de gastos, promover la eutanasia activa o el suicidio de enfermos crónicos y ancianos.

Recientemente cayó en mis manos una viñeta de humor que representaba un entierro; del féretro sale una voz que dice “meteros la pensión por donde os quepa”. Sin ir más lejos los ciudadanos griegos inmolados, ante la crítica situación económica y social.

10- Conocer a los individuos mejor que lo que ellos mismos se conocen. En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídas y utilizados por las elites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el "sistema" ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo.

Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos. Nosotros sabemos lo que España necesita, se escucha en mítines e intervenciones de los políticos. Danos tu voto, que sabremos sacar partido de él. Nosotros, que tenemos una visión global de la realidad; tu no actúes, nosotros, nosotros sabemos. Y así están las cosas.

Se conmemora el 14 de Abril, el aniversario de la proclamación del sistema político más justo que ha existido en España: la Segunda República.

Esta conmemoración tiene lugar en uno de los momentos más duros en la historia reciente española. La Unidad Cívica por la República, aprovecha la efeméride no sólo para hacer memoria; sino también para proponer una solución al atolladero en que nos encontramos. Dicha solución pasa por un Proceso Constituyente hacia la III República. Un rehacer el Estado de abajo arriba en forma democrática, participativa y solidaria. Yo me sumo a esa propuesta.

No partimos de cero. Tenemos el precedente de 1931. Una República que nació de las urnas y fue posible -sobre todo- por la movilización popular y por la implicación de la ciudadanía en todas las esferas de la vida pública. Es un alto ejemplo que sigue vigente. Nada puede borrarlo. No pudieron cuarenta años de dictadura y crímenes franquistas.

En esta celebración por la memoria de la República, es preciso exigir “Verdad, Justicia y Reparación” para quienes fueron leales con la legalidad republicana. Verdad, justicia y reparación para las 143.353 personas (cifras de la Audiencia Nacional) desaparecidas, asesinadas por el franquismo, así como para decenas de miles de represaliados y 30.000 niños robados a sus familias. Verdad, justicia y reparación para quienes hoy están comprometidos con la búsqueda de los desaparecidos y por la revisión de los distintos procesos judiciales, pidiendo justicia y reparación por su memoria. No hay ley de amnistía que pueda justificar esa vergüenza. Los crímenes del franquismo, crímenes de lesa humanidad no prescriben y así está sentenciado por distintos organismos internacionales.

La impunidad hacia el franquismo y sus crímenes sólo se puede entender por el apoyo de las más altas instituciones del Estado. La monarquía, que ostenta la Jefatura del Estado, fue diseñada por Franco, quién nombro sucesor con el título de rey al actual monarca. Por ello la lucha por una democracia digna de tal nombre, pasa por hacer justicia con los crímenes franquistas, deslegitimando al régimen, que violentamente hizo fracasar la República española.

La monarquía, por su naturaleza, es antidemocrática; es un insulto a la igualdad de oportunidades y al principio constitucional de igualdad ante la ley. Un clan familiar se apropia de la Jefatura del Estado de por siempre y para siempre. La monarquía es fuente de privilegios injustificados, lo que supone una pérdida de la soberanía ciudadana.

La monarquía es un órgano del Estado, sobre el que el Estado no tiene ningún tipo de control: ni político, ni económico, ni de ninguna naturaleza. Las Cortes Generales, representantes de la soberanía nacional, no tienen competencia alguna sobre la gestión de la Casa Real. La persona del rey es inviolable constitucionalmente, lo que le sitúa por encima de las leyes. Todo esto hace que la corona sea un órgano opaco, que no da cuentas a nadie, sobre nada y de todo.

La situación crítica por la que estamos pasando -política, social y económica-, está originada por instancias ajenas a quienes la están sufriendo. El poder económico, apoyado por el poder político, aprovecha la causa para cargar contra los menos favorecidos, eliminando derechos sociales, laborales y políticos al conjunto de la ciudadanía. Cuantos menos derechos, más beneficios; por lo que la explotación es un arma contra l@s trabajadores.

Esto es una guerra sin cuartel. O nos salvamos colectivamente, o nos hundimos todos. Nadie nos rescatará si no nos rescatamos nosotros mismos. Y ese rescate pasa por luchar por el cambio del sistema que permite estos desmanes; por otro nuevo democrático, en el que la igualdad y la justicia social sean sus principales valores. La República es ese sistema. Independencia y soberanía nacional en forma de república federal, democrática y pluripartidista. Para ello se precisa la apertura democrática de un “Proceso Constituyente” que permita de manera eficaz optar por esta nueva forma de organización del Estado.

Una III República que posibilite y fomente la participación en todos los ámbitos y en clave de cohesión social y sostenibilidad medioambiental. Una República que organice la economía, mediante resortes estratégicos de titularidad pública, que se oriente al pleno empleo, estable y de calidad, con unos Servicios Públicos –Sanidad, Educación y Protección Social fundamentalmente - garantizados por el Estado. Una República que establezca una Legislación socio-laboral que garantice los derechos sociales, laborales y sindicales de la clase trabajadora asalariada. Una República que garantice el derecho a la vivienda digna y a la propiedad legítima, con penalización de las actividades especulativas. Un Estado republicano que apoye a l@s emprendedores capaces de activar la economía real y productiva y generar empleo. Una República que organice la Administración Pública basada en principios de subsidiariedad y cercanía, evitando duplicidades injustificadas.

El Estado será laico, garantizando la libertad de conciencia y confesión, con las políticas que pivoten en torno a la paz y la no-violencia activa, respetando los Derechos Humanos y de los Pueblos. Un Estado republicano que permita referendos vinculantes y plebiscitos como mecanismo normalizado de decisión democrática. Una III República que signifique la regeneración ética hacia valores de igualdad, democráticos y solidarios. Un Sentimiento republicano que vertebre en derechos y deberes recíprocos de convivencia, capaz de edificar la convivencia sobre los pilares clásicos, no por ello menos verdaderos, de “Libertad, Igualdad y Fraternidad”.

Por la igualdad y la justicia social y un Estado solidario y democrático ¡VIVA LA REPÚBLICA! ¡VIVA LA III REPÚBLICA!

El Gobierno, el PP y la CEOE, junto con los medios de informativos afines y la derecha reaccionaria, intentan descalificar la Huelga General convocada para el 29 de Marzo, arguyendo que no solo no está justificada, sino que generará enormes pérdidas, perjudicará la creación de empleo y retrasará la salida de la crisis. Todo es mentira y voy a rebatir sus argumentos.

Se dice que la huelga es política y no se hace para defender a los trabajadores sino para atacar al gobierno del PP. El adjetivo “política” se emplea en este caso de modo peyorativo, como un engaño que deslegitima su convocatoria. Todas las huelgas generales son políticas, porque se hace contra decisiones también políticas que afectan a todos los ciudadanos, que tiene derecho a intervenir en los asuntos públicos no solo con su voto, sino también con su opinión, y la huelga es una expresión ella.

Se dice que el país no está para huelgas. Las huelgas generales son el último recurso, una medida excepcional que se adopta cuando el Gobierno de turno aprueba medidas que recortan derechos y afectan a la calidad de servicios públicos esenciales, como la educación y la sanidad. Los paros generales no tienen sentido cuando hay un equilibrio entre los derechos de los trabajadores y los intereses de los empresarios, cuya consecuencia es la paz social.

Se dice que la huelga perjudica la imagen de España en el exterior. De nuevo se acusa a los sindicatos y a los trabajadores de ser en última instancia los responsables de que suba la prima de riesgo o de que Unión Europea no crea en las medidas económicas aprobadas por el Gobierno. Si alguien ha perjudicado la imagen de nuestro país han sido las agencias de calificación y los especuladores financieros.

Se dice que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades es otra frase hecha que pretende atribuir a los trabajadores la responsabilidad última de la crisis y de los recortes que el Gobierno no ha tenido más remedio que hacer. La crisis es consecuencia de la codicia de la banca, que en la etapa del boom inmobiliario se empeñó hasta las cejas con dinero barato para conceder crédito a las constructoras y a los compradores, a éstos incluso con hipotecas superiores al valor de tasación de las viviendas, cuyo precio creció un 28% entre 1996 y 2000. Ganaron mucho dinero, pero mataron a la gallina de los huevos de oro.

La burbuja estalló, pero a quien menos ha afectado es a la banca, que nunca pierde. Para eso están las ayudas públicas y del Banco Central Europeo, que ponen dinero con el que las entidades financieras están saneando sus balances en lugar de dedicarlos al crédito para facilitar la actividad económica, auténtico motor del crecimiento y del empleo. Un dato: entre 1996 y 2000 los beneficios empresariales crecieron por encima del 30% y los salarios por debajo del 3%, y como los precios también subieron el poder adquisitivo se redujo un 4%. Los trabajadores tienen que sacrificarse cuando las empresas van mal, y también cuando van bien.

Se dice que el mercado laboral es muy rígido (en beneficio de los trabajadores) y desincentiva la creación de empleo. También mentira. El Estatuto de los Trabajadores, que los empresarios califican de obsoleto, ha sufrido 52 reformas desde su aprobación en 1980. La reforma de 1984, por ejemplo, incentivo los contratos temporales (lo que los empresarios llaman flexibilidad del mercado de trabajo, que siempre les parece insuficiente), cuyos efectos aún sufrimos. En el periodo ya citado de 1996 a 2000, los años de la bonanza económica y los grandes beneficios, los contratos temporales eran ya 1 de cada 3 registrados, un 250% superior a la media europea. Con la actual reforma, más temporalidad.

Se dice que no hago huelga porque la convocan CCOO y UGT, dos sindicatos que no defienden ni a los trabajadores ni a los parados, sino sus propios intereses. Lo sustancial no es quien convoca, sino si la reforma laboral merece o no esta huelga general. Me pregunto si quienes culpan a las dos organizaciones sindicales mayoritarias de su decisión de no hacer huelga la harían si los convocantes hubiesen sido USO o la CGT, por ejemplo. Tampoco les he escuchado decir con qué organización sindical si habrían secundado la convocatoria. Estoy convencido de que con ninguna.

Se dice que la huelga había que haberla hecho antes de que el Gobierno aprobara el decreto ley; ahora ya no vale para nada. Falso, porque en su tramitación parlamentaria los partidos presentarán enmiendas para intentar su modificación. El PP no va a ceder en lo sustancial porque su mayoría absoluta se lo permite, pero hay precedentes de que aún así las movilizaciones ciudadanas pueden forzar cambios. Le ocurrió a José María Aznar en 2002 con otro decreto-ley, el “decretazo”, que suponía una drástica reforma del despido y la prestación por desempleo. Entonces, como ahora, el PP tenía mayoría absoluta y prescindió del diálogo social y del trámite parlamentario previo. Los sindicatos convocaron una huelga general el 20 de junio que fue un éxito y obligó al Ejecutivo a retirarlo. Cinco años después, el Tribunal Constitucional declaró el decreto contrario a la Constitución.

Se dice que no voy a la huelga porque me cuesta dinero. Obvio; si fueran gratis serían vacaciones. Se sacrifica un día de sueldo para intentar no perder derechos, como es, hablando de dinero, el abaratamiento del despido o el incremento del IRPF, que desde enero nos ha bajado el sueldo a todos.

Se dice que quiero ir a trabajar y no puedo. Muchos ciudadanos anteponen su derecho a acudir al trabajo al de quienes secundan los paros porque tienen, por ejemplo, dificultades para llegar a sus puestos. Las huelgas generales tienen como objetivo paralizar la actividad de un país, y su ejercicio incide por fuerza en el normal funcionamiento de los servicios públicos. Las huelgas generan siempre inconvenientes para quienes no las secundan, pero si esas personas tienen derecho a ir a trabajar, también el resto lo tiene a no hacerlo. Los servicios mínimos están pensados para equilibrar ambos derechos.

Se dice que los piquetes, sustantivo identificado siempre con violencia, no son otra cosa que un instrumento de presión para obligar a hacer huelga a quienes no quieren. Hay piquetes meramente informativos y otros que, efectivamente, recurren a la coacción. Tan cierto como que hay otros piquetes de los que nadie habla, los empresariales, mucho más discretos pero que atentan contra el derecho a la huelga. Lo hacen con amenazas encubiertas que estigmatizan a quienes deciden no ir al trabajo. Aquí radica el miedo de muchos trabajadores, sobre todo de pequeñas empresas, que estando de acuerdo con el paro deciden no secundarlo salvo, por ejemplo, que lo haga toda la plantilla. Diluyen una decisión personal en una colectiva para evitar represalias.

Lo cierto es que esta reforma laboral es contra los parados, porque la única forma de generar trabajo para los más de cinco millones de personas desempleadas es con crecimiento económico. Las previsiones económicas dicen que buena parte de los países de la Unión Europea entrarán en recesión a lo largo de 2012, al igual que nuestro país, para el que se prevé un crecimiento negativo del PIB del 1,7%. No es verdad que la reforma laboral sirva para crear empleo.

Es una reforma laboral discriminatoria, especialmente para las personas que no tienen prestación por desempleo, porque concede privilegios económicos a las empresas de menos de cincuenta trabajadores que contraten desempleados con prestación.

Es una reforma laboral contra l@s trabajadores porque convierte el despido en un recurso fácil, rápido y barato para los empresarios. Hay un consenso general en que con esta reforma ya no hay impedimento alguno para despedir a cualquier trabajador/a, y que la indemnización más habitual será de 20 días por año trabajado.

Es una reforma laboral contra l@s trabajadores, porque los salarios, los horarios, los puestos, la movilidad geográfica y cualquiera otra circunstancia laboral dependen ahora de la voluntad del empresario, sin que el trabajador tenga opciones de negociación.

Es una reforma laboral contra l@s trabajadores, porque inventa una nueva forma de contrato, especial para las empresas de menos de 50 trabajadores, es decir, para casi todas. Con ese nuevo tipo de contrato “para emprendedores”, cualquier trabajador contratado estará en el “limbo laboral” durante el primer año, porque se considerará que está “a prueba”, y por tanto susceptible de ser despedido en cualquier momento, sin requisitos, sin indemnización y sin derechos.

Es una reforma laboral contra l@s trabajadores, porque dificulta la acción colectiva, porque se pretende eliminar la protección de los derechos colectivos e individuales regulados en los convenios sectoriales y se impone la individualización de las relaciones laborales con la empresa, porque hace inflexible la renovación de los convenios colectivos, porque elimina, en muchos casos, la protección jurídica recuperando el laudo obligatorio en contra del derecho constitucional a la negociación colectiva. En definitiva, Es una reforma laboral que desregula, desvirtúa y desmantela los fundamentos básicos del Derecho del Trabajo.

Es una reforma laboral contra l@s jóvenes, porque no generará empleo, y por tanto no servirá para reducir el 48 por ciento de tasa de desempleo juvenil que se registró a finales de 2011. Porque amplía los contratos de formación y aprendizaje hasta los 33 años, porque esos contratos podrán ser de hasta tres años, y porque se prolonga el tiempo de trabajo efectivo hasta el 85 por ciento en el segundo, y tercer año y se podrán encadenar contratos en una misma empresa

Es una reforma laboral contra las mujeres, porque la discrecionalidad empresarial y la eliminación de muchos derechos y protecciones legales aumentarán las desigualdades retributivas que ya padecen, la infravaloración de su trabajo y la permanencia en formas de trabajo precario.

Es una reforma laboral contra el crecimiento económico, porque generará más paro y reducirá los salarios de los trabajadores con empleo. Ambas cosas supondrán un menor consumo de las familias, menos ingresos para el Estado, más dificultades para afrontar el ya anoréxico gasto público, y por tanto mayor peligro para la supervivencia de los servicios y prestaciones públicas… en una espiral suicida.

Es una reforma laboral contra la cohesión social porque no actúa a favor de la justicia y la eliminación de las desigualdades propiciando el crecimiento del número de personas por debajo del umbral de la pobreza, que ya se ha incrementado, de manera muy significativa, durante los cuatro años de la crisis. La reducción del déficit en 2012 en los términos planteados por el Gobierno y el techo de gasto impuesto a las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos agravará la situación de los servicios públicos esenciales como sanidad, educación, dependencia…que gestionan las citadas instituciones.

Es una reforma laboral contra las condiciones de trabajo de los empleados públicos autorizando, por primera vez en la historia, a las administraciones expedientes de extinción del personal laboral. La conjunción de una reforma basada en el despido y en recortes brutales provocará un aumento inasumible del desempleo como el propio Gobierno reconoce sin pudor. Todo ello acabará además afectando negativamente a la protección por desempleo de los trabajadores españoles.

Es una reforma laboral contra el diálogo y la concertación social, porque se ha hecho sin negociación con los interlocutores sociales y sin acuerdo político. Los brutales ajustes económicos que se están adoptando, en España y en toda Europa, son injustos socialmente, regresivos laboralmente, y nacidos para satisfacer a unos poderes financieros a los que nadie –y menos la Constitución Española- reconoce como depositarios de la soberanía democrática de nuestro país.

Es una reforma laboral contra el futuro, porque nos aboca a un presente de paro y precariedad, un presente en el que deberíamos tener la oportunidad de tejer nuestro futuro como personas y el de nuestros hijos, con más y mejores servicios públicos y con sistemas de protección social que nos aseguren los recursos para una vejez digna; un futuro en el que podamos crecer como personas en el marco de una sociedad basada en el entendimiento, la justicia, y la solidaridad.

Por todo esto, digo: no a la reforma laboral; por el empleo; por la protección social; contra el deterioro de los servicios públicos; por la justicia social; por unos presupuestos para reactivar la economía y el empleo; en defensa del estado de bienestar y de nuestro modelo de convivencia.

Porque lo quieren todo -derechos laborales, sociales, ciudadanos y políticos- y porque el sistema lo permite, Yo hago la huelga y clamo por la movilización ciudadana.

Ref. Manifiesto leído en las Puertas de Alcalá el 11 de Marzo de 2012 y el artículo de Carlos Fonseca el 24 de marzo de 2012 “Decálogo de mentiras contra la huelga general”

Tras varios meses de debate, el 19 de marzo de 1812, las Cortes, reunidas en Cádiz, promulgaban la primera Constitución de la monarquía española. Su testo definía a la nación como la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios y como españoles a todos los hombres libres nacidos y avecindados en los dominios de las Españas y los hijos de éstos.

La Constitución consagraba los principios de libertad individual, igualdad ante la ley y libertad de trabajo. Prometía una división del territorio por una ley constitucional y establecía la distinción de poderes, residenciando el legislativo en las cortes de Cádiz con el rey, el ejecutivo en el rey, y el judicial en los tribunales establecidos por la ley.

Era una Constitución democrática, que afirmaba la soberanía de la nación y el derecho de sufragio. Era también una constitución monárquica, que declaraba la religión católica como la única del Estado y establecía unas Cortes unicamerales con diputados elegidos por Juntas provinciales elegidas a su vez por sufragio universal masculino del que quedaban excluidos los “servidores domésticos” y, para los territorios de América, los criados y los negros.

La obra legislativa y constituyente de las Cortes de Cádiz fue de tanto calado que no se ha encontrado mejor palabra que revolución para definirla. Pero revolución social no lo fue, si por tal se entiende la rápida y profunda transformación del Estado y de las estructuras de clase. No, la sociedad española no sufrió esa rápida y profunda transformación.

Es discutible también que haya sido una revolución política. No olvidemos que la voz revolución lleva aparejada una toma violenta y rápida del poder del Estado y eso no se produjo. El trono estaba vacío y la monarquía no era un poder, sino un recuerdo.

De modo que no fue una revolución social, si acaso un conato de revolución política. En realidad las Cortes trataron de rellenar un vacío de poder con un texto constitucional que, bajo la apariencia de una restauración monárquica, limitara el poder de la monarquía y suprimiera los privilegios de la nobleza del Antiguo Régimen, declarara a la nación como sujeto de la soberanía e instaurara un régimen representativo.

La obra constitucional implicaba, a largo plazo, una transformación del Estado y de la sociedad, pero de inmediato se limitaba a promulgar unas leyes y una constitución cuya eficacia los diputados no tenían modo de garantizar porque carecían de poder sobre el territorio de la nación ocupado por un ejercito invasor. España tenía una Constitución, pero no tenía un Estado y la constitución estuvo vigente en un pequeño enclave del territorio peninsular.

La carencia de un Estado digno de ese nombre se agravó con la restauración de la monarquía en la persona del rey Fernando VII –el rey felón; considerado sin escrúpulos, vengativo y traicionero-, que nada más poner el pie en España se vio ya que hollaba, como lamentara Modesto Lafuente “no el suelo de una nación digna y orgullosa de sus derechos,… sino el de una nación fanática y esclava que adoraba humillada a su señor y besaba a la mano con que la había de encadenar”. Su propósito no era otro que restablecer la situación truncada en 1808 y lo hizo valiéndose de todas las artimañas, violencia y traiciones posibles. Pero esto es ya otra historia.

Ref. Historia de España de Santos Juliá

Ver más sobre las Cortes de Cádiz y la Constitución de Cádiz en http://www.multiforo.eu/Espana/constitucion1812.htm

EN DEFENSA DEL ESTADO DE BIENESTAR Y DE NUESTRO MODELO DE CONVIVENCIA

Manifiesto de CCOO y UGT 11 de Marzo de 2012

El Gobierno ha provocado un grave conflicto social y tiene en sus manos la posibilidad de desactivarlo. La reforma laboral aprobada, que acaba con derechos históricos de los trabajadores y trabajadoras puede y debe ser modificada. Los secretarios generales de CCOO y UGT han emplazado al presidente del Gobierno para que abra una mesa de diálogo social orientada a cambiar los capítulos esenciales de la reforma. No ha habido respuesta hasta el momento. Y los sindicatos no vamos a quedarnos parados.

Por el contrario, medios de comunicación afines al Gobierno y dirigentes del PP han puesto en marcha el ventilador de la calumnia y la difamación contra el movimiento sindical. Todo vale si se trata de difamar a los sindicatos. Sorprende que los expertos de la manipulación se sientan manipulados. Acusar a CCOO y UGT de insensibilidad con las víctimas de los atentados del 11 de marzo de 2004, por convocar manifestaciones en todo el país contra la reforma laboral ese mismo día, es, además de intolerable, un esfuerzo baldío de confundir a la ciudadanía para que se instale en la resignación ante la sistemática eliminación de derechos sociales y laborales que lleva a cabo el Ejecutivo.

Los trabajadores y las trabajadoras españolas hemos decidido hacer uso de nuestro legítimo derecho de movilización para expresar el más absoluto y contundente rechazo a la reforma laboral impuesta por el Gobierno. Es una reforma laboral injusta, ineficaz e inútil, enmarcada en un ataque sin precedentes al Estado del Bienestar y a los servicios públicos que van a provocar más recesión y más paro.

Quizá esta reforma laboral sirva al Gobierno para demostrar, ante los poderes financieros y los lobbys comunitarios, que es capaz de tomar decisiones agresivas frente a sus ciudadanos. Pero el Gobierno sabe, y nosotros también, que no servirá para dar solución a nuestro principal problema: el desempleo.

ES UNA REFORMA LABORAL CONTRA LOS PARADOS, porque la única forma de generar trabajo para los más de cinco millones de personas desempleadas es con crecimiento económico. Las previsiones económicas dicen que buena parte de los países de la Unión Europea entrarán en recesión a lo largo de 2012, al igual que nuestro país, para el que se prevé un crecimiento negativo del PIB del 1,7%. NO ES VERDAD QUE LA REFORMA LABORAL SIRVA PARA CREAR EMPLEO.

ES UNA REFORMA DISCRIMINATORIA, especialmente para las personas que no tienen prestación por desempleo, porque concede privilegios económicos a las empresas de menos de cincuenta trabajadores que contraten desempleados con prestación.

ES UNA REFORMA LABORAL CONTRA LOS TRABAJADORES porque convierte el despido en un recurso fácil, rápido y barato para los empresarios. Hay un consenso general en que con esta reforma ya no hay impedimento alguno para despedir a cualquier trabajador/a, y que la indemnización más habitual será de 20 días por año trabajado.

ES UNA REFORMA CONTRA LOS TRABAJADORES, porque los salarios, los horarios, los puestos, la movilidad geográfica y cualquiera otra circunstancia laboral dependen ahora de la voluntad del empresario, sin que el trabajador tenga opciones de negociación.

ES UNA REFORMA LABORAL CONTRA LOS TRABAJADORES, porque inventa una nueva forma de contrato, especial para las empresas de menos de 50 trabajadores, es decir, para casi todas. Con ese nuevo tipo de contrato "para emprendedores", cualquier trabajador contratado estará en el "limbo laboral" durante el primer año, porque se considerará que está "a prueba", y por tanto susceptible de ser despedido en cualquier momento, sin requisitos, sin indemnización y sin derechos.

ES UNA REFORMA CONTRA LOS TRABAJADORES, porque dificulta la acción colectiva, porque se pretende eliminar la protección de los derechos colectivos e individuales regulados en los convenios sectoriales y se impone la individualización de las relaciones laborales con la empresa, porque hace inflexible la renovación de los convenios colectivos, porque elimina, en muchos casos, la protección jurídica recuperando el laudo obligatorio en contra del derecho constitucional a la negociación colectiva. En definitiva, PORQUE ES UNA REFORMA LABORAL QUE DESREGULA, DESVIRTÚA Y DESMANTELA LOS FUNDAMENTOS BÁSICOS DEL DERECHO DEL TRABAJO.

ES UNA REFORMA CONTRA LOS JÓVENES, porque no generará empleo, y por tanto no servirá para reducir el 48 por ciento de tasa de desempleo juvenil que se registró a finales de 2011. Porque amplía los contratos de formación y aprendizaje hasta los 33 años, porque esos contratos podrán ser de hasta tres años, y porque se prolonga el tiempo de trabajo efectivo hasta el 85 por ciento en el segundo, y tercer año y se podrán encadenar contratos en una misma empresa ES UNA REFORMA LABORAL CONTRA LAS MUJERES, porque la discrecionalidad empresarial y la eliminación de muchos derechos y protecciones legales aumentarán las desigualdades retributivas que ya padecen, la infravaloración de su trabajo y la permanencia en formas de trabajo precario.

ES UNA REFORMA CONTRA EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, porque generará más paro y reducirá los salarios de los trabajadores con empleo. Ambas cosas supondrán un menor consumo de las familias, menos ingresos para el Estado, más dificultades para afrontar el ya anoréxico gasto público, y por tanto mayor peligro para la pervivencia de los servicios y prestaciones públicas… en una espiral suicida.

ES UNA REFORMA LABORAL CONTRA LA COHESIÓN SOCIAL porque no actúa a favor de la justicia y la eliminación de las desigualdades propiciando el crecimiento del número de personas por debajo del umbral de la pobreza, que ya se ha incrementado, de manera muy significativa, durante los cuatro años de la crisis. La reducción del déficit en 2012 en los términos planteados por el Gobierno y el techo de gasto impuesto a las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos agravará la situación de los servicios públicos esenciales como sanidad, educación, dependencia…que gestionan las citadas instituciones.

ES UNA REFORMA LABORAL CONTRA LAS CONDICIONES DE TRABAJO de los empleados públicos autorizando, por primera vez en la historia, a las administraciones expedientes de extinción del personal laboral. La conjunción de una reforma basada en el despido y en recortes brutales provocará un aumento inasumible del desempleo como el propio Gobierno reconoce sin pudor. Todo ello acabará además afectando negativamente a la protección por desempleo de los trabajadores españoles.

ES UNA REFORMA CONTRA EL DIÁLOGO Y LA CONCERTACIÓN SOCIAL, porque se ha hecho sin negociación con los interlocutores sociales y sin acuerdo político. Los brutales ajustes económicos que se están adoptando, en España y en toda Europa, son injustos socialmente, regresivos laboralmente, y nacidos para satisfacer a unos poderes financieros a los que nadie -y menos la Constitución Española- reconoce como depositarios de la soberanía democrática de nuestro país.

ES UNA REFORMA CONTRA EL FUTURO, porque nos aboca a un presente de paro y precariedad, un presente en el que deberíamos tener la oportunidad de tejer nuestro futuro como personas y el de nuestros hijos, con más y mejores servicios públicos y con sistemas de protección social que nos aseguren los recursos para una vejez digna; un futuro en el que podamos crecer como personas en el marco de una sociedad basada en el entendimiento, la justicia, y la solidaridad.

Por todo esto:

NO A LA REFORMA LABORAL

POR EL EMPLEO

POR LA PROTECCIÓN SOCIAL

CONTRA EL DETERIORO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

POR LA JUSTICIA SOCIAL

POR UNOS PRESUPUESTOS PARA REACTIVAR LA ECONOMIA Y EL EMPLEO

EN DEFENSA DEL ESTADO DE BIENESTAR Y DE NUESTRO MODELO DE CONVIVENCIA

¿Qué podemos celebrar este año, cuando derechos básicos de las mujeres están sufriendo un ataque brutal, en los ámbitos laboral y económico y desde la moral?

Europa Laica exige no dar ni un paso atrás en los derechos conquistados y luchar, con fuerza, por los que faltan por conquistar.

La igualdad de derechos entre mujeres y hombres, aun a pesar de los avances formales experimentados en las últimas décadas, está aún lejos de ser una realidad cultural, social e institucional, como consecuencia de un ambiente patriarcal que se vive en el seno de la familias, en los centros escolares, en los medios de comunicación, en los centros de trabajo, en la política y en la sociedad en general. Así que mientras esa cultura no se extinga, por muchos avances formales que haya, la desigualdad va a seguir persistiendo, fomentado por intereses e identidades de tipo religioso.

No hay que desdeñar que las diferencias de género, en donde las mujeres ocupan un papel secundario o de sumisión al varón, se gestan, básica e históricamente, desde lo libros sagrados de casi todas las religiones y a través de las múltiples normas eclesiásticas que han ido apareciendo a lo largo de la historia, desde los muy diversos grupos religiosos. Diferencias que tratan de extenderlas, a veces de forma muy beligerante, al conjunto de la ciudadanía, (fieles o no de una determinada creencia) a través de leyes civiles, sobre todo cuando las religiones forman parte del Estado o éste se deja intervenir, deliberadamente, por aquellas. Como ocurre, todavía, en España, con un cierto tufo de nacionalcatolicismo ancestral.

El 8 de marzo de 2012 no va a ser un Día de las Mujeres que, como en anteriores ocasiones, recordamos las muchas luchas que se han desarrollado en el pasado para llegar a la situación actual, en donde una parte de la humanidad puede disfrutar de ciertos derechos y de libertad formal y, como consecuencia de ello, muchas mujeres están en vías de su emancipación.

Este año es diferente, muy diferente. La realidad ha cambiado de manera sustancial. Estamos, inmersos en una crisis que la mayoría de la ciudadanía soporta, como consecuencia de una mala gestión y de la codicia de un grupo de políticos, empresarios y gestores de la economía sin escrúpulos.

Las medidas políticas, económicas y de pérdida de derechos que se están tomando en todos los niveles del Estado, están afectando -esencialmente- a las mujeres, incluso recortando derechos ya consolidados formalmente.

La reciente reforma laboral, junto a otras medidas tomadas, como la reforma de las pensiones de uno de agosto de 2011, además de constituir una enorme agresión al conjunto de las trabajadoras y trabajadores, nos situarán en un escenario de relaciones laborales y de prestaciones sociales, de la época de Charles Dickens, del que celebramos su centenario ahora. Pues de estás medidas, aun saldrán mucho peor paradas las mujeres.

La precarización, la pobreza, los contratos basura, ahora denominados mini-jobs (mini trabajos o trabajos precarios), tienen rostro de mujer y, en este escenario, es muy probable que una profundización de las políticas que igualen a hombres con mujeres en la vida laboral, se alejará por mucho tiempo.

La conciliación de la vida profesional y personal no puede implementarse si no hay recursos y si no se negocia con trabajadores y trabajadoras, en la plenitud de sus derechos y ese no es ahora el clima laboral existente.

¿Qué podemos celebrar este año en el que se ha cuestionado formalmente el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad? En el que las jóvenes ven entorpecido su acceso a fármacos que hasta hace semanas eran de libre compra. En el que se pretende limitar el derecho a una salud sexual y reproductiva, en libertad: Las mujeres no necesitan la tutela de nadie, son ciudadanas libres con plena capacidad de obrar y decidir.

¿Qué podemos celebrar cuando los ajustes presupuestarios que se están produciendo, están eliminando servicios básicos, que las mujeres maltratadas necesitan, para salir de esa espiral de terror que es la violencia de género?

¿Qué tienen que celebrar las mujeres españolas este 8 de marzo de 2012, en el que hay un expreso intento de anular su libertad de conciencia y sus derechos?

Europa Laica defiende y lucha por el universal y noble principio de la libre autonomía de la conciencia de las personas, hombres y mujeres en igualdad, para que este derecho de ciudadanía sea efectivo, real y permanente en la sociedad española.

En este recorte de derechos, que afecta -básicamente- a las mujeres, no sólo tiene un componente mercantil y económico, tiene un enorme contenido ideológico.

Por ello Europa Laica no puede aceptar este retroceso que nos afecta a todos y a todas, que pone de manifiesto, una vez más, la preponderancia de un ideario mercantil y religioso concreto, sobre los derechos cívicos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Constitución de 1978, diversas leyes de igualdad y en sentencias del Tribunal Constitucional.

La moral católica no puede prevalecer sobre las leyes que hemos aprobado, los derechos de las mujeres no pueden ser menoscabados y anulados en virtud de una creencia religiosa.

Europa Laica rechaza las reformas que no conducen a una profundización de la libertad y de la autonomía de las personas y DENUNCIA, en este Día Internacional de las Mujeres, la imposición para todas de un código moral que solo debe de obligar a quien libremente lo acepte y lo manifieste en su ámbito privado.

Europa Laica propone y exige no dar ni un paso atrás en los derechos conquistados y luchar, con fuerza, por los que faltan por conquistar.

Madrid, 5 marzo 2012

Fuente: Europa Laica

Las decisiones que están adoptando la mayoría de los gobierno de recortar el gasto social, a través del deterioro de las condiciones de trabajo y de la destrucción de empleo público, ponen en riesgo el Estado del Bienestar, patrimonio de todos. Es deber de la ciudadanía defenderlo y propugnar unos servicios públicos de calidad, universales, accesibles, que respondan con eficacia a las necesidades de las personas, sobre la base del principio de igualdad.

Tras cuatro años de profunda crisis económica, se sigue argumentando que, para salir de ella, se requiere una reducción del gasto social, una minoración de los sistemas fiscales y, en definitiva, una menor presencia de la actuación de los poderes públicos en la vida económica y social. La realidad está confirmando que estas políticas no solo han contribuido a ir superando la crisis, sino que la están manteniendo y agudizando; además de aumentar las desigualdades entre poblaciones y países, conduciendo al fracaso de Desarrollo del Milenio y la lucha contra el hambre y la pobreza, compromisos contraídos por España y exigencia ética de toda la sociedad.

La crisis ha incrementado las desigualdades sociales. En España, a la desigual distribución de la renta se ha unido un injusto sistema tributario, caracterizado por su regresividad, la descontrolada carrera por la bajada de impuestos y las políticas de ajuste para la reducción del gasto publico, y en particular, del gasto social, que es el que está llamado a asegurar la protección y la cohesión social y cuya reducción supone además un injustificado derroche de recursos de la sociedad.

La crisis económica no ha afectado a todos por igual, ni a todas las fuentes de renta con la misma intensidad, ni toda la ciudadanía, ni todas las empresas contribuyen al sostenimiento de los gastos públicos con arreglo a su capacidad económica. Sin recursos suficientes, los poderes públicos no pueden desarrollar una asignación equitativa de los recursos públicos que rende en el progreso social y económico y que garantice la asistencia y las prestaciones sociales para las situaciones de necesidad.

La protección integral y la universalización de la cobertura, parte indispensable del Estado social, han tenido su reflejo en las constituciones democráticas como la española, lo que supone un mandato a los poderes públicos para que desarrollen una política redistributiva activa que garantice de forma real y efectiva los principios de igualdad, libertad y participación. Por ello preocupa que la crisis sirva también de excusa para un retroceso en los derechos civiles ya alcanzados o en el avance de los derechos constitucionales que todavía no han sido aplicados a todos los colectivos de los empleados públicos por igual. Del mismo modo es destacable los riesgos de aumento de la discriminación de las mujeres o las consecuencias de la reducción de los servicios de prevención y atención en violencia de género.

La convergencia de las políticas de bienestar social y las propuestas relacionadas con los servicios públicos han sido elementos esenciales en el proceso de construcción europea que, ahora, está siendo un escenario de confrontación ideológica entre quienes defendemos la importancia del papel del Estado como regulador, supervisor, agente económico y proveedor de servicios sociales y de protección, y quieres reducen su papel a la mínima expresión y reclaman más mercado. La ausencia, relajación e irresponsabilidad de los instrumentos de control público de los mercados y de las propias administraciones han contribuido a la gravedad de la crisis.

La nueva estrategia europea se orienta hacia el saneamiento de las variables macroeconómicas y el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, en detrimento de los derechos sociales y lo s servicios públicos. Las propuestas de carácter neoliberal están sirviendo a los poderes públicos como pretexto para renuncia a ejercer sus potestades de provisión, financiación, gestión, organización, planificación y regulación, en aras de garantizas la cobertura de necesidades y tutelas los derechos sociales fundamentales.

No pueden compartirse esas propuestas. Los servicios de interés general son fuente de desarrollo económico, creación de empleo, prosperidad y cohesión social. Por ello los gobiernos deben rectificar en la orientación de las políticas sociales, recuperando el mantenimiento y mejora del Estado de Bienestar como uno de los ejes fundamentales de nuestro modelo social.

Hay que defender la gestión pública directa, como mejor formula de procurar el acceso universal a los servicios públicos, de favorecer la equidad y calidad de los mismos, incluyendo su acceso en las mismas condiciones en el ámbito rural, de garantizar y tutelas el ejercicio efectivo de los derechos subjetivos a la salud, la educación y la atención social; así como evitar desviaciones en la gestión mediante la adecuada acción inspectora.

Es exigible la reorientación de la política económica, retomando el objetivo de su reconversión hacia criterios de sostenibilidad y equidad como eje de la recuperación, y no basada exclusivamente en la reducción del déficit público a través del recorte del gasto, pues así no se asegura el desarrollo con criterios de justicia social, ni la creación de empleo.

Hay otra salida de la crisis: solidaria redistributiva, que en ningún caso puede suponer la vuelta a modelos económicos que se han mostrado injustos e ineficaces, que mantenga las políticas sociales públicas, sustentada en unos sistemas fiscales progresivos y suficientes y en el reforzamiento de la democracia a través de la negociación, la concertación y la participación social.

El mantenimiento de las políticas sociales y de igualdad es un principio y un derecho irrenunciable. La evolución de los estados democráticos en Europa ha estado vinculada al desarrollo del estado de Bienestar social, conocido como el Modelo social europeo. Un modelo basado en la redistribución de la riqueza como elemento correctos de las insuficiencias de la economía de mercado y de la solidaridad entre la ciudadanía, llevado a cavo a través de sistemas fiscales progresivos y justos y del gasto social equitativo y eficaz, contrapuesto a los modelos liberales que afrontan las necesidades sociales con acciones de beneficencia, sin reconocimiento de derechos subjetivos y apelando al individualismo y al mercado.

El gasto del Estado se ha estado financiación en proporción creciente con deuda, que hay que devolver con sus correspondientes intereses, en lugar de recurrir a la fiscalidad. En los años de la crisis, las cuentas públicas de España han sufrido un grave deterioro, pero el diferencial más relevante, tanto cualitativo como cuantitativo, de la economía española con los países de su entorno está en los ingresos tributarios. Mientras que en la media de la UE los ingresos tributarios solo bajan 0,9 puntos de PIB, en España se desploman en 6,5 puntos debido a las rebajas fiscales, el hundimiento de las operaciones inmobiliarias, junto al alto volumen de economía sumergida y del fraude fiscal.

Es imprescindible impulsar de forma inmediata una lucha decidida contra el fraude fiscal y acometer una reforma fiscal integral, con consenso social, que afecte al conjunto de impuestos y que sirva para devolverle a nuestro sistema tributario las características de suficiencia y equidad propias de los países más avanzados de Europa.

Es necesario ampliar el plazo del cumplimiento de los objetivos de déficit. La reciente y precipitada reforma constitucional a la que nos opusimos activamente por la forma y el fondo de la misma, introduce un límite adicional a las posibilidades de desarrollo del modelo social, proyectando un cambio de paradigma, subordinando los objetivos sociales y el papel del sector público a los objetivos económicos y los intereses de mercado. En este sentido, la reciente reforma laboral introduce nuevos mecanismos que facilitan el despido en el sector público, lo cual supone una amenaza para todos los trabajadores y trabajadoras del sector, así como un riesgo para la calidad, la suficiencia y la continuidad de los servicios.

Es necesario defender unos servicios públicos eficaces y eficientes, con capacidad para la gestión de las pensiones, la prestación por desempleo, la sanidad, la educación, la atención a la dependencia, el transporte, la vivienda, la seguridad pública, la promoción de la cultura, la cooperación para el desarrollo y los servicios de agua, gas y energía, como fundamento de una sociedad más democrática, más igualitaria y más libre, en pueblos y ciudades, basada en la justicia distributiva y la universalidad, en la que las empleadas y empleados públicos resulten imprescindibles. En España la población empleada en el sector público es inferior al 10%, mientras que la media en la UE-15 alcanza el 16%.Las medidas de ajuste, contención del gasto público y tasas de reposición muy restrictivas están provocando un mayor deterioro y destrucción del empleo público.

El gasto social destinado a mantener y mejorar la red pública educativa, sanitaria y de servicios sociales, es la contribución directa que las administraciones deben hacer para favorecer la salida de la crisis.

La evolución de nuestro gasto social, históricamente deficitario, no se ha correspondido con el crecimiento económico experimentado hasta 2007 y su reciente incremento se ha debido básicamente al aumento del gasto en desempleo y a la aplicación de la ley de dependencia; seguimos presentando un importante déficit con respecto a la media europea de 4,4 puntos del PIB (6,5 puntos si excluimos el gasto en desempleo). El Estado español debe reducir esta diferencia por lo que no puede permitirse una pérdida de gasto social sin poner en riesgo la calidad, la universalidad y la equidad alcanzada en los distintos sistemas de protección social.

Las políticas de ajuste en los servicios públicos no resuelven los problemas de nuestro país sino que provocan un agravamiento de la situación actual, por lo que la solución pasa por invertir la ecuación y centrarse en crear medidas que impulsen la recuperación económica para la generación de empleo.

En definitiva el objetivo que debe ser alcanzado pasa por la transformación a un modelo social basado en la justicia, los valores democráticos y los derechos sociales y laborales de toda la población.

Del manifiesto de UGT, CCOO y más de 40 organizaciones sociales, constituidas en la Plataforma en Defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos.

http://www.ugt.es/actualidad/2012/febrero/b20022012.html

Ayer domingo me he manifestado, contra una reforma laboral injusta, que el Partido Popular ha decretado. Se puede entender que, cuando el PP decreta algo, su interés está en beneficiar a la “patria” y a “España”; pero no a los españoles hombres y mujeres de la clase trabajadora -que somos los más-, sino beneficiar los intereses de sus propios patrimonios. Patria y España, que es como decir, intereses de sus empresas, intereses de las clases pudientes, de los poderosos -que son los menos.

Manuel Rico en Público decía ayer en su artículo que “Primero golpearon a los trabajadores en la nómina, al imponerles la mayor subida de impuestos de la democracia, luego les quitaron derechos laborales esenciales por la vía del decretazo, y finalmente montaron la enésima campaña de difamación de los sindicatos, conscientes de que para imponer su régimen deben eliminar los principales núcleos de resistencia.”

Las enumeradas, son razones suficientes para una manifestación de trabajadores de toda clase, también de la llamada clase media (ayer desclasada y que sufre hoy el retorno al lugar social del que nunca debió huir). Subida de impuestos (que conlleva bajada de dinero efectivo), eliminación de derechos (muchos de ellos conseguidos a fuerza de lucha y sacrificio, durante años) y ataque a los representantes legítimos de l@s trabajadores (que posiblemente no han defendido de la mejor manera posible los intereses de sus representados, en los últimos años, pero que son nuestros representantes).

Ayer me he manifestado por todo esto y por mucho más. Me he manifestado oponiéndome a una derecha cavernaria y despótica, que está haciendo una política antisocial e insolidaria con los más desfavorecidos, destruyendo derechos sociales, políticos y sindicales (eliminación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, reforma de la “Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo”, modificación del sistema de elección de los miembros del Poder Judicial, implantación de la prisión permanente revisable, …). Una política que, en tan solo un par de meses de gobierno, está llevándonos a edades anteriores, antidemocráticas y clericales.

El ataque es tan brutal que la respuesta también debe ser contundente. Ya es tarde para pactos y medias tintas. Ciudadanía en general, representantes sindicales y todas las fuerzas políticas y sociales de izquierdas, tenemos que estar a la altura de las actuales circunstancias y no permitir que la política de la derecha cercene derechos que tanto nos han costado conseguir.

Por nuestros derechos laborales, económicos, sociales y políticos, ni un paso atrás. Por todo ello, movilizaciones y huelga general.

Ref. “Yo me manifiesto” de Manuel Rico http://trincheradigital.com/?p=1831