Recordando. (Recalling)

Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España sondea en una encuesta las intenciones de sus compatriotas de acogerse al Plan de Retorno Voluntario de Zapatero | "Ni un solo marroquí se mostró favorable al proyecto"

-De chantaje financiero. Así han tachado los marroquíes al Plan de Retorno Voluntario lanzado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Un Plan que comenzaría a aplicarse en el próximo mes de septiembre y que permitiría a los extranjeros desempleados (con papeles) en España regresar a su país con la prestación del paro debajo del brazo. Los marroquíes, ecuatorianos y colombianos serían los principales colectivos en beneficiarse de esta medida, según anunció la vicepresidenta del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, el pasado 18 de junio, tras el Consejo de Ministros que dio luz verde al Plan.

Pero la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (Atime) asegura que sus compatriotas no están dispuestos "a cambiar toda una vida por un puñado de euros" y que la mayoría de marroquíes que viven en España, unos 600.000, dirán "no" al Plan del Ministerio de Trabajo e Inmigración que dirige Celestino Corbacho. "Esta propuesta lo único que provocaría sería desequilibrio social", según Khalil Jemmah, presidente de la Asociación de Familiares y Víctimas de la Inmigración Clandestina, que trabaja codo con codo desde Marruecos con Atime.

"No" volverían a Marruecos ahora

Para valorar si los marroquíes con papeles que viven en España se acogerían al retorno voluntario de Zapatero, Atime ha hecho una encuesta. "Pensábamos sondear a 1.000 compatriotas de Barcelona, Murcia, Madrid y Sevilla, que es donde está implantada Atime, pero cuando llevábamos 600 paramos porque teníamos claro que la respuesta unánime era de rechazo".

La primera respuesta de la encuesta siempre era "no", dice Jemmah: "Nadie marcó la casilla del sí cuando se le preguntaba si volvería a Marruecos en estos momentos". La siguiente cuestión hacía referencia al precio que pondrían los afectados si llegasen a aceptar la propuesta del Ministerio de Trabajo e Inmigración que dirige Celestino Corbacho. "Todos hablaban de cantidades desorbitadas, y hubo quien llegó a poner un uno, un cero y luego el signo de infinito".

Por último, se dejaba un espacio en blanco para comentarios. "La mayoría argumentaban que llevan años en España y que están totalmente integrados, que sus hijos van a la escuela y hablan español o que tienen allí ya su trabajo, sus amigos o su familia". Según Jemmah, además, "muchos de estos inmigrantes salieron de las costas africanas en pateras pagando sumas muy altas de dinero y arriesgando su vida, ¿cómo van a querer volver ahora?".

"Los marroquíes ven el anuncio como una amenaza"

Si aceptaran el plan que España les propone tendrían que esperar tres años antes de solicitar una nueva autorización para vivir y trabajar aquí. Según esta propuesta, transcurridos cinco años tendrían derecho preferente para regresar y formar parte del contingente de empleo. Pero hay un alto grado de desconfianza: "Los marroquíes con los que nos hemos puesto en contacto temen que una vez se acojan al Plan y salgan de España, luego no sea tan fácil volver", cuenta.

Tanto es así que "incluso algunos de los marroquíes que trabajan entre España y Marruecos se están quedando en el primero por miedo a que les pongan problemas para pasar la frontera; ven en el anuncio una amenaza, un posible recrudecimiento de las políticas migratorias".

Los servicios secretos alertan al Gobierno de una llegada masiva de inmigrantes subsaharianos este verano.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, viajará esta semana a Marruecos para tratar de persuadir a las autoridades del país vecino de que intensifiquen la lucha contra las mafias de la inmigración ilegal, semanas después de que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) advirtiese al Gobierno de que una avalancha de inmigrantes subsaharianos trataría de alcanzar las costas españolas este verano.

Los servicios secretos españoles han remitido varios informes a La Moncloa y a los ministerios de Interior, Defensa y Asuntos Exteriores, fechados en mayo y junio, en los que alertan de la llegada masiva de inmigrantes procedentes del Magreb y el África subsahariana durante los meses del verano, según han confirmado fuentes gubernamentales.

En esos informes, el CNI advierte de que no sólo el buen tiempo contribuiría a los desembarcos masivos de ilegales en las costas de Canarias y del sur peninsular. Un factor sobrevenido ha agudizado el fenómeno: el endurecimiento de la política de inmigración de la Unión Europea (UE), que está provocando una suerte de efecto llamada entre los más desfavorecidos del continente africano.

Los servicios de inteligencia, que en los últimos años han aumentado considerablemente el número de agentes desplegados en el África subsahariana –en la pasada legislatura la cifra de embajadas en África occidental pasó de cuatro a 10–, han detectado una reactivación de las mafias que trafican con seres humanos en la región a raíz del debate abierto en la UE sobre la aplicación de medidas más severas para frenar la inmigración ilegal, como la directiva de retorno de inmigrantes aprobada por el Parlamento Europeo.

Según el CNI, la información propagada por las propias mafias de que las fronteras de la UE se van a sellar, y que más adelante será casi imposible –y mucho más caro– entrar ilegalmente en el paraíso europeo, está disparando la salida de sin papeles desde las costas africanas, especialmente en países como Mauritania, convertido en la gran lanzadera del tráfico de inmigrantes hacia Canarias.

Casi el 90% de las embarcaciones que tratan de alcanzar el archipiélago canario parte de ese país de África occidental, uno de los más pobres del continente y paso casi obligado para los subsaharianos que aspiran a entrar en Europa. Y ello a pesar de que el CNI ha triplicado en los últimos cuatro años el número de agentes destinados en Mauritania, que, junto a miembros de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, colaboran con las autoridades locales en la detección y persecución de las redes de inmigración ilegal.

Ayuda condicionada

Esta misma semana, precisamente, el director de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, tiene previsto viajar a Nouakchott, la capital mauritana, para impulsar la creación de nuevas patrullas y equipos de investigación conjuntos. Pero Velázquez, según las fuentes consultadas, también llevará un mensaje disuasorio, que el Gobierno español ya ha trasladado en varias ocasiones a las autoridades de Mauritania: la ayuda al desarrollo seguirá estando condicionada a la colaboración en la lucha contra la inmigración ilegal, que incluye la readmisión automática de los sin papeles que sean deportados desde España.

Pero no sólo Mauritania –y en menor medida Guinea-Bissau y Senegal– es la fuente del problema. También Marruecos sigue siendo un quebradero de cabeza para el Gobierno español. Aunque los miembros del Ejecutivo siempre alaban en público la cooperación de Rabat en la lucha contra la inmigración irregular –el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, reiteró ese mensaje el pasado viernes en Oujda durante su entrevista con el rey Mohamed VI–, en privado muy pocos ocultan que el país vecino podría hacer mucho más para evitar que su territorio se convierta en plataforma de actuación de las mafias. De ahí que el ministro del Interior, Pérez Rubalcaba, vaya a viajar esta misma semana a Marruecos para reclamar del reino alauí una mayor implicación en el control y represión del tráfico de seres humanos.

Es cierto que la avalancha de pateras procedente de las costas marroquíes se ha frenado considerablemente en los últimos años, pero ello se ha debido no tanto a la colaboración del país vecino como al aumento de la vigilancia en el Estrecho de Gibraltar por parte de España, que ha reforzado el llamado Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE). En la actualidad ya hay desplegadas a lo largo del litoral andaluz 20 estaciones costeras de vigilancia dotadas con radares y cámaras térmicas y de visión nocturna.

Sin embargo, la implantación del SIVE es aún precaria en Andalucía oriental, de ahí que las mafias hayan creado nuevas rutas, mucho más largas, desde Marruecos hacia las costas de Granada, Almería e incluso Murcia.

El número de muertos del cayuco que ayer arribó a la isla canaria de La Gomera ha aumentado a seis, después de que hoy falleciera otro inmigrante, según fuentes de la Delegación del Gobierno. Esta víctima se suma a la muerte de otro inmigrante ayer y a los cuatro cadáveres que transportaba la embarcación.

El cayuco llegó a la playa de Alajeró con 55 supervivientes, de los que once estaban en mal estado de salud. Uno de ellos falleció ayer en el Hospital de La Gomera, mientras que otro murió pasada la media noche en el Hospital Universitario de La Candelaria, en Tenerife. De este modo, permanecen ingresados nueve de las personas que llegaron con vida, y de ellas tres están en hospitales de Tenerife, dos en el centro de salud de Alajeró y cuatro en el Hospital de La Gomera.

Los ocupantes de esta barcaza eran todos varones adultos y algunos de ellos dijeron a su llegada a La Gomera que durante la travesía arrojaron al mar los cuerpos de varios compañeros de viaje. La travesía se inició en Guinea Bissau, al parecer con 70 personas, por lo que el número de fallecidos antes de llegar a las costas canarias podría ser de once.

Los supervivientes dijeron que llevaban varios días sin beber agua y que se habían perdido durante la travesía, hasta que fueron avistados cuando estaban a un kilómetro de la costa de La Gomera.