Recordando. (Recalling)

Los servicios secretos alertan al Gobierno de una llegada masiva de inmigrantes subsaharianos este verano.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, viajará esta semana a Marruecos para tratar de persuadir a las autoridades del país vecino de que intensifiquen la lucha contra las mafias de la inmigración ilegal, semanas después de que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) advirtiese al Gobierno de que una avalancha de inmigrantes subsaharianos trataría de alcanzar las costas españolas este verano.

Los servicios secretos españoles han remitido varios informes a La Moncloa y a los ministerios de Interior, Defensa y Asuntos Exteriores, fechados en mayo y junio, en los que alertan de la llegada masiva de inmigrantes procedentes del Magreb y el África subsahariana durante los meses del verano, según han confirmado fuentes gubernamentales.

En esos informes, el CNI advierte de que no sólo el buen tiempo contribuiría a los desembarcos masivos de ilegales en las costas de Canarias y del sur peninsular. Un factor sobrevenido ha agudizado el fenómeno: el endurecimiento de la política de inmigración de la Unión Europea (UE), que está provocando una suerte de efecto llamada entre los más desfavorecidos del continente africano.

Los servicios de inteligencia, que en los últimos años han aumentado considerablemente el número de agentes desplegados en el África subsahariana –en la pasada legislatura la cifra de embajadas en África occidental pasó de cuatro a 10–, han detectado una reactivación de las mafias que trafican con seres humanos en la región a raíz del debate abierto en la UE sobre la aplicación de medidas más severas para frenar la inmigración ilegal, como la directiva de retorno de inmigrantes aprobada por el Parlamento Europeo.

Según el CNI, la información propagada por las propias mafias de que las fronteras de la UE se van a sellar, y que más adelante será casi imposible –y mucho más caro– entrar ilegalmente en el paraíso europeo, está disparando la salida de sin papeles desde las costas africanas, especialmente en países como Mauritania, convertido en la gran lanzadera del tráfico de inmigrantes hacia Canarias.

Casi el 90% de las embarcaciones que tratan de alcanzar el archipiélago canario parte de ese país de África occidental, uno de los más pobres del continente y paso casi obligado para los subsaharianos que aspiran a entrar en Europa. Y ello a pesar de que el CNI ha triplicado en los últimos cuatro años el número de agentes destinados en Mauritania, que, junto a miembros de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, colaboran con las autoridades locales en la detección y persecución de las redes de inmigración ilegal.

Ayuda condicionada

Esta misma semana, precisamente, el director de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, tiene previsto viajar a Nouakchott, la capital mauritana, para impulsar la creación de nuevas patrullas y equipos de investigación conjuntos. Pero Velázquez, según las fuentes consultadas, también llevará un mensaje disuasorio, que el Gobierno español ya ha trasladado en varias ocasiones a las autoridades de Mauritania: la ayuda al desarrollo seguirá estando condicionada a la colaboración en la lucha contra la inmigración ilegal, que incluye la readmisión automática de los sin papeles que sean deportados desde España.

Pero no sólo Mauritania –y en menor medida Guinea-Bissau y Senegal– es la fuente del problema. También Marruecos sigue siendo un quebradero de cabeza para el Gobierno español. Aunque los miembros del Ejecutivo siempre alaban en público la cooperación de Rabat en la lucha contra la inmigración irregular –el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, reiteró ese mensaje el pasado viernes en Oujda durante su entrevista con el rey Mohamed VI–, en privado muy pocos ocultan que el país vecino podría hacer mucho más para evitar que su territorio se convierta en plataforma de actuación de las mafias. De ahí que el ministro del Interior, Pérez Rubalcaba, vaya a viajar esta misma semana a Marruecos para reclamar del reino alauí una mayor implicación en el control y represión del tráfico de seres humanos.

Es cierto que la avalancha de pateras procedente de las costas marroquíes se ha frenado considerablemente en los últimos años, pero ello se ha debido no tanto a la colaboración del país vecino como al aumento de la vigilancia en el Estrecho de Gibraltar por parte de España, que ha reforzado el llamado Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE). En la actualidad ya hay desplegadas a lo largo del litoral andaluz 20 estaciones costeras de vigilancia dotadas con radares y cámaras térmicas y de visión nocturna.

Sin embargo, la implantación del SIVE es aún precaria en Andalucía oriental, de ahí que las mafias hayan creado nuevas rutas, mucho más largas, desde Marruecos hacia las costas de Granada, Almería e incluso Murcia.

El caso de David Domínguez Silva, primo segundo del delegado de Deportes, Francisco Manuel Silva (en la imagen), concejal procastrista del Ayuntamiento de Sevilla crece por momentos. Ahora se ha sabido, gracias a la denuncia del PP de la capital andaluza, que además de ser contratado como asesor de su familiar en el Instituto Municipal de Deportes con un sueldo de 42.000 euros y crear una empresa que le permitió acceder a contratos por más de 150.000 euros, es secretario de un club deportivo que se ha embolsado un total de 82.549 euros a partir de varios convenios con el Ayuntamiento de Sevilla. El escándalo crece, pues, hasta los 274.549 euros.

David Domínguez Silva, pariente de un concejal de Izquierda Unida, socio de gobierno del PSOE y edil de Juventud y Deportes. Además, está afectado ya por numerosos escándalos sobre el escándalo de las contrataciones con delegaciones de IU de una empresa de David Domínguez Silva. Éste era ex asesor del IMD y primo suyo, ya que sus abuelos, según la COPE, eran hermanos. Este aparente trato de favor ha podido ascender a 109.000 euros en diferentes contratos.

Igualmente, manifestó su «sorpresa» ante «la negativa del primo de Francisco Manuel Silva a reconocer su lazo familiar y la actitud de IU», a quienes recordó que «cuando para contratar sólo se llama a una empresa es algo más que sospechoso». «No son sospechas ni elucubraciones, se está poniendo sobre la mesa una realidad palpable», sentenció el edil popular, quien insistió en que el alcalde «también debe dar la cara».