Una patera con 27 inmigrantes, la mayoría menores, llega a Lanzarote

Una patera con al menos 27 inmigrantes
subsaharianos, la mayoría menores de edad, llegó hoy a la playa de la
Punta del Seifío, en el municipio de Haría, según ha informado a Efe el
alcalde de esta localidad, José Torres Stinga.

Vecinos de la zona que estaban en la playa alertaron sobre las 15.30 de la llegada de la patera.

Las
fuentes del Centro Coordinador han indicado que un dispositivo formado
por efectivos de la Policía Local, la Guardia Civil y Policía Nacional
busca al resto de los ocupantes de la embarcación.Nueve
de sus ocupantes, entre ellos dos menores, han sido detenidos por
efectivos de la Policía Local, han señalado fuentes del Centro
Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias.

Las fuentes del Centro Coordinador han
indicado que un dispositivo formado por efectivos de la Policía Local,
la Guardia Civil y Policía Nacional busca al resto de los ocupantes de
la embarcación.

Un total de 126 inmigrantes fueron interceptados el jueves por la noche en Almería y Granada cuando intentaban entrar ilegalmente en España en varias pateras, informó el viernes la Guardia Civil.

La luz al final del túnel que veía el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados el presidente Zapatero era, en realidad, otro tren que viene de frente y por la misma vía. Los datos publicados esta mañana por el Instituto Nacional de Estadística reflejan una pérdida sin precedentes de puestos de trabajo. Probablemente haya que mirar a los años 20, en la República de Weimar, para encontrar una situación similar en Europa.

Durante el primer trimestre de este año, y según la Encuesta de Población Activa (EPA), se han perdido nada menos que 766.000 empleos, lo que significa -en términos anuales- que se ha alcanzado un ritmo de destrucción de empleo del 6,43%, la tasa más alta de la reciente historia económica de España. Dicho en otros términos, en los tres primeros meses del año se han destruido cada día 8.606 puestos de trabajo. En términos anuales los datos son, igualmente, significativos. La economía española ha destruido en los últimos 365 días nada menos que 1,31 millones de puestos de trabajo, lo que significa que en estos momentos trabajan 19,09 millones de personas.

Las cifras son verdaderamente espectaculares y reflejan el progresivo deterioro de los indicadores macroeconómicos, hasta el punto de que el paro ha rebasado ya la cifra de los cuatro millones de desempleados. En concreto, 4.010.700, lo que supone el 17,36% de la población activa, la tasa más elevada desde el primer trimestre de 1999, lo que pone de relieve la intensidad del ajuste.

El fuerte aumento del desempleo hay que achacarlo, fundamentalmente, al enorme ritmo en la destrucción de empleo, pero también al hecho de que la población activa continúa subiendo de forma importante pese al deterioro general de la actividad económica, lo que suele desanimar la búsqueda de puestos de trabajo. La población activa crece un 2,33% en términos anuales.

Sin embargo, en términos trimestrales (respecto al cuarto trimestre de 2008) aumenta únicamente un 0,16%. Es decir, que se está desacelerando de forma intensa. Esto significa, ni más ni menos, que los 802.800 nuevos parados que se registraron entre enero y marzo no pueden achacarse al aumento de españoles que quieren trabajar, sino a la destrucción pura y dura de puestos de trabajo.

El PIB cae ya en el entorno del 4%

Con estos datos, y dado que la productividad debe estar creciendo en torno al 2%, esto significa que la economía habrá caído en el primer trimestre del año alrededor de un 4%, sin duda el mayor desplome desde que España abandonó la autarquía, en 1959.

La pérdida de empleo afecta a todos los sectores, salvo en la agricultura (aumenta en 34.000) por razones estacionales. Los ocupados en la industria bajan en 142.500 personas hasta un total de 2.900.100. En el sector de la construcción se produce un descenso en el número de ocupados de 202.800 en el primer trimestre, lo que sitúa el empleo total en el sector en 1.978.000 personas. Mientras que en los servicios el número de ocupados se cifra en 13.374.900, con una disminución de 454.700 respecto del trimestre anterior.

En variación interanual, la ocupación baja en 692.300 en construcción (–26%), en 413.300 en la industria (–12,47%), en 25.900 en la agricultura (–3%) y 180.000 en los servicios (–1,33%).

En cuanto a la calidad del empleo, la EPA muestra que el número de asalariados con contrato indefinido sube en 63.400 y se sitúa en 11.817.300. Los asalariados con contrato temporal descienden, por el contrario, en 528.500 personas, hasta un total de 4.025.700. Mientras que la tasa de temporalidad se sitúa en el 25,4%, con un descenso de 2,5 puntos respecto al trimestre precedente. Esto significa que el ajuste se está cebando en los contratos más precarios, mientras que los que tienen empleo fijo capean mejor el temporal, fundamentalmente en el sector público.

La Encuesta de Población Activa, por último, indica que el desempleo crece en 524.700 personas entre los españoles y en 278.100 entre los extranjeros. La tasa de paro de los españoles es del 15,2% (2,7 puntos mayor que la del trimestre anterior) y la de los extranjeros del 28,4% (7,1 puntos más).

Los servicios secretos alertan al Gobierno de una llegada masiva de inmigrantes subsaharianos este verano.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, viajará esta semana a Marruecos para tratar de persuadir a las autoridades del país vecino de que intensifiquen la lucha contra las mafias de la inmigración ilegal, semanas después de que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) advirtiese al Gobierno de que una avalancha de inmigrantes subsaharianos trataría de alcanzar las costas españolas este verano.

Los servicios secretos españoles han remitido varios informes a La Moncloa y a los ministerios de Interior, Defensa y Asuntos Exteriores, fechados en mayo y junio, en los que alertan de la llegada masiva de inmigrantes procedentes del Magreb y el África subsahariana durante los meses del verano, según han confirmado fuentes gubernamentales.

En esos informes, el CNI advierte de que no sólo el buen tiempo contribuiría a los desembarcos masivos de ilegales en las costas de Canarias y del sur peninsular. Un factor sobrevenido ha agudizado el fenómeno: el endurecimiento de la política de inmigración de la Unión Europea (UE), que está provocando una suerte de efecto llamada entre los más desfavorecidos del continente africano.

Los servicios de inteligencia, que en los últimos años han aumentado considerablemente el número de agentes desplegados en el África subsahariana –en la pasada legislatura la cifra de embajadas en África occidental pasó de cuatro a 10–, han detectado una reactivación de las mafias que trafican con seres humanos en la región a raíz del debate abierto en la UE sobre la aplicación de medidas más severas para frenar la inmigración ilegal, como la directiva de retorno de inmigrantes aprobada por el Parlamento Europeo.

Según el CNI, la información propagada por las propias mafias de que las fronteras de la UE se van a sellar, y que más adelante será casi imposible –y mucho más caro– entrar ilegalmente en el paraíso europeo, está disparando la salida de sin papeles desde las costas africanas, especialmente en países como Mauritania, convertido en la gran lanzadera del tráfico de inmigrantes hacia Canarias.

Casi el 90% de las embarcaciones que tratan de alcanzar el archipiélago canario parte de ese país de África occidental, uno de los más pobres del continente y paso casi obligado para los subsaharianos que aspiran a entrar en Europa. Y ello a pesar de que el CNI ha triplicado en los últimos cuatro años el número de agentes destinados en Mauritania, que, junto a miembros de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, colaboran con las autoridades locales en la detección y persecución de las redes de inmigración ilegal.

Ayuda condicionada

Esta misma semana, precisamente, el director de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, tiene previsto viajar a Nouakchott, la capital mauritana, para impulsar la creación de nuevas patrullas y equipos de investigación conjuntos. Pero Velázquez, según las fuentes consultadas, también llevará un mensaje disuasorio, que el Gobierno español ya ha trasladado en varias ocasiones a las autoridades de Mauritania: la ayuda al desarrollo seguirá estando condicionada a la colaboración en la lucha contra la inmigración ilegal, que incluye la readmisión automática de los sin papeles que sean deportados desde España.

Pero no sólo Mauritania –y en menor medida Guinea-Bissau y Senegal– es la fuente del problema. También Marruecos sigue siendo un quebradero de cabeza para el Gobierno español. Aunque los miembros del Ejecutivo siempre alaban en público la cooperación de Rabat en la lucha contra la inmigración irregular –el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, reiteró ese mensaje el pasado viernes en Oujda durante su entrevista con el rey Mohamed VI–, en privado muy pocos ocultan que el país vecino podría hacer mucho más para evitar que su territorio se convierta en plataforma de actuación de las mafias. De ahí que el ministro del Interior, Pérez Rubalcaba, vaya a viajar esta misma semana a Marruecos para reclamar del reino alauí una mayor implicación en el control y represión del tráfico de seres humanos.

Es cierto que la avalancha de pateras procedente de las costas marroquíes se ha frenado considerablemente en los últimos años, pero ello se ha debido no tanto a la colaboración del país vecino como al aumento de la vigilancia en el Estrecho de Gibraltar por parte de España, que ha reforzado el llamado Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE). En la actualidad ya hay desplegadas a lo largo del litoral andaluz 20 estaciones costeras de vigilancia dotadas con radares y cámaras térmicas y de visión nocturna.

Sin embargo, la implantación del SIVE es aún precaria en Andalucía oriental, de ahí que las mafias hayan creado nuevas rutas, mucho más largas, desde Marruecos hacia las costas de Granada, Almería e incluso Murcia.

El número de muertos del cayuco que ayer arribó a la isla canaria de La Gomera ha aumentado a seis, después de que hoy falleciera otro inmigrante, según fuentes de la Delegación del Gobierno. Esta víctima se suma a la muerte de otro inmigrante ayer y a los cuatro cadáveres que transportaba la embarcación.

El cayuco llegó a la playa de Alajeró con 55 supervivientes, de los que once estaban en mal estado de salud. Uno de ellos falleció ayer en el Hospital de La Gomera, mientras que otro murió pasada la media noche en el Hospital Universitario de La Candelaria, en Tenerife. De este modo, permanecen ingresados nueve de las personas que llegaron con vida, y de ellas tres están en hospitales de Tenerife, dos en el centro de salud de Alajeró y cuatro en el Hospital de La Gomera.

Los ocupantes de esta barcaza eran todos varones adultos y algunos de ellos dijeron a su llegada a La Gomera que durante la travesía arrojaron al mar los cuerpos de varios compañeros de viaje. La travesía se inició en Guinea Bissau, al parecer con 70 personas, por lo que el número de fallecidos antes de llegar a las costas canarias podría ser de once.

Los supervivientes dijeron que llevaban varios días sin beber agua y que se habían perdido durante la travesía, hasta que fueron avistados cuando estaban a un kilómetro de la costa de La Gomera.